La Comuna de ex presos y ex presas del franquismo
Hoy a mediodía se ha informado en los medios del rechazo por la Junta de Portavoces del Congreso a hacer pública la llamada ‘hoja de servicios’ del torturador J.A. González Pacheco, alias Billy el Niño, con la sorprendente coincidencia en el voto de los representantes del PSOE y Unidas-Podemos junto a los partidos de derecha. La petición de hacerla pública había sido formulada por el grupo parlamentario de EH-Bildu.
Posteriormente, el portavoz de UP, Pablo Echenique, ha difundido una ‘explicación’ según la cual su voto venía motivado por la duda sobre la legalidad de la difusión del documento. También se ha comentado que la ‘hoja de servicios’ había sido ya difundida, al menos parcialmente por un medio de comunicación, en concreto, eldiario.es.
Hay que recordar que el personaje al que se refiere esa ‘hoja de servicios’ ha protagonizado no sólo actuaciones represivas y violaciones de los derechos humanos durante el franquismo, sino que también ha estado involucrado con la guerra sucia y las cloacas del Estado durante la transición y posteriormente, actuaciones por las que ha sido en algunos casos recompensado en forma de condecoraciones y beneficios económicos, que constituyen una afrenta a sus víctimas y al estado de derecho en general, al igual que lo es la impunidad que sigue amparando a los crímenes del franquismo y a tantos de sus responsables aún enquistados en, o protegidos por, el aparato de Estado.
Desde La Comuna, asociación a la que pertenecemos un buen número de víctimas directas del torturador Pacheco, y contra el que nos hemos querellado tanto en Argentina como en el Estado español, expresamos nuestra decepción por esta oportunidad perdida para que desde la izquierda parlamentaria se enviara un mensaje claro en defensa de la transparencia y los derechos humanos.
Creemos que las dudas sobre la legalidad de la publicación de la ‘hoja de servicios’, son una pobre excusa para ese voto, en primer lugar porque, estando clara la relevancia democrática y social de su publicación, serían en todo caso los servicios jurídicos los encargados de dictaminar su viabilidad legal; y además, porque los posibles obstáculos legales deberían ser a su vez cuestionados, y en su caso sujetos a revisión legislativa, frente a los valores superiores de la transparencia y el escrutinio público.
Confiamos en que este triste incidente no señale una tendencia y, que, por el contrario, este gobierno de coalición y la mayoría parlamentaria progresista que lo sostiene, muestren su compromiso real con la memoria democrática y los derechos a la verdad, justicia y reparación, postergados durante tanto tiempo en nuestro país.
