La Marea /Dani Domínguez
Como denuncia Ceaqua, la transición se hizo sobre el principio del olvido y el pasar página, lo que estamos sufriendo en la actualidad es fruto de no haber realizado una ruptura con la dictadura y haber continuado las instituciones con los mismos franquistas
Familias y asociaciones muestran cautelas ante la futura ley de memoria histórica. “Vamos a pedir más cosas”, sostiene Emilio Silva.
“Había miedo y sigue habiéndolo ahora”. Quien habla es Inma Rey, sentada a escasos metros de la fosa común en la que pueden estar los restos de su abuelo paterno, Vicente Rey. El mercurio se acerca a los 40ºC en el cementerio de Fuentes de León, en Badajoz, mientras el equipo del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (PREMHEX) trabaja a destajo para tratar de encontrar a las personas asesinadas que llevan casi 84 años bajo una tierra ácida que acelera el paso del tiempo.
Es agosto de 2020 y la guerra acabó hace más de ocho décadas. Sin embargo, una de las palabras más repetidas durante toda la mañana es “miedo”. Un sentimiento que late todavía en nuestra sociedad y que paraliza a muchos familiares. “En estas fosas hay 84 personas y mira los familiares que estamos aquí, que somos cuatro. Creen que puede pasar otra vez lo de antes”, explica mientras mira a su alrededor, donde se congregan media docena de personas, entre ellas su hermana Loli, que también remarca que hay personas mayores que todavía “saben muchísimas cosas” pero que no atreven a contarlas por la misma razón: “Porque tienen miedo”. Carmen Méndez, de 84 años, recuerda los inicios de su lucha por recuperar los restos de su padre José: “Estábamos solas. No se atrevía a venir nadie”.
El pasado martes 15 de septiembre, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige la vicepresidenta primera Carmen Calvo llevó al Consejo de Ministros el anteproyecto de la nueva Ley de Memoria, que vendrá a sustituir a la anterior de 2007. Esta primera versión de la nueva norma establece que será la Administración General del Estado la encargada de capitanear la búsqueda de las personas fusiladas durante la Guerra Civil y la dictadura, aunque el resto de administraciones seguirán contando con sus propias competencias. Esto, según Calvo, hace que se trate de “una ley que tardará mucho en el tiempo para que pueda aplicarse plenamente».
