El Salto/Alkimia
La jueza Servini ha tomado declaración esta semana al exministro franquista Rodolfo Martín Villa, en el marco del procedimiento abierto desde hace diez años en la Querella Argentina, el último intento de familiares y víctimas del régimen contra los crímenes de lesa humanidad. Martín Villa es ese siniestro personaje que admitió públicamente -tras el montaje político, policial y judicial del Caso Scala (1978) que tenía como objetivo acabar con la reorganización del Movimiento Libertario en el Estado español- que estaba más preocupado por los anarquistas que por ETA. Bajo su responsabilidad política, durante el tardofranquismo y los años de la transición, se cometieron muchísimos crímenes que no fueron investigados, ni sus responsables juzgados.
Macarena Amores García Charo Arroyo Militantes anarcosindicalistas de la CGT
El otro día leía a compañeros de la asociación ‘Montañas de Libertad, Recuperando la Memoria’ que la impunidad del franquismo es la tranquilidad de la que hoy disfrutan sus máximos representantes, aún con vida, teniendo la certeza de que sus actos no tendrán consecuencias. Y más de cuatro décadas después de la instauración de lo que conocemos como “Régimen del 78”, quienes lo “pactaron” vuelven a desafiarnos recordándonos que sus leyes, sus jueces, sus instituciones, sus parlamentos les pertenecen. Las manifestaciones de apoyo a criminales y asesinos fascistas de los últimos días lo constatan. Tendremos que arreglárnoslas por nuestra cuenta. Como antes. Como siempre.
Este jueves, 3 de septiembre de 2020, se ha dado un paso más. La justicia del Estado argentino, al que víctimas del franquismo y sus familias recurrieron con la esperanza de encontrar la verdad y una reparación a años de dolor y olvido, ha tomado declaración a quien durante mucho tiempo fue fiel servidor del régimen genocida de Francisco Franco, incluso después de su muerte en 1975. Quienes participan y apoyan esta iniciativa aseguran que la Querella Argentina contra los crímenes de lesa humanidad del franquismo es un proyecto ilusionante ante la actitud de la judicatura española. Porque si la justicia española hubiese hecho su trabajo, hoy en día esta iniciativa no existiría. Paloma, de CeAQUA, siempre consigue que lo entendamos perfectamente cuando lo explica: “En el Estado español se instauró una política de impunidad que niega sistemáticamente la represión que se ejerció durante la dictadura y la transición. Esta política está perfectamente protegida por los tres poderes que se han dedicado en estos diez años a boicotear el trabajo que se ha venido haciendo para buscar la verdad, la reparación, la justicia y la garantía de no repetición”.
La impunidad en el Estado español es absoluta durante esta “democracia”, “su” democracia, porque no ha existido una verdadera intención de afrontar esta realidad, de aplicar los numerosos tratados de derecho internacional para asistir a quienes reclamaban justicia.
Si todavía hoy, a finales de 2020, todavía hay quienes esperan una reparación a tanto dolor, es porque quienes siguen teniendo el control en este país son los mismos que ganaron la guerra en 1939.
“Nos estábamos organizando. Empezaba a haber un movimiento huelguístico muy potente aquellos años en todo el territorio. La fuerza de este movimiento, que crecía por días, asustó mucho al Gobierno. La represión el 3 de marzo de 1976 fue brutal. Yo perdí un ojo de una paliza de la policía. Solo tengo con él un dos por ciento de visión”. Quien lo cuenta es Andoni Txasko, miembro de la Asociación Tres de Marzo. Andoni es uno de los participantes de la Querella Argentina, impulsada hace ahora diez años contra los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura franquista y la posterior transición española hacia el actual (y supuesto) Estado de Derecho.
A quienes nacimos y crecimos con el invento socialdemócrata del “Estado del Bienestar” nos dijeron muchas veces, en nuestros coles sobre todo, que la democracia española quedó instaurada definitivamente en 1982. Sin embargo, lo que nadie nos contó “mejor”, en aquellas clases de historia contemporánea, fue el precio que tuvo la llegada de esta “democracia”. “Fijaos bien, niñas, entended lo que tuvo que ser para políticos de diferente ideología, llegar a acuerdos, aparcando sus diferencias en unos momentos inestables política y socialmente. Y lo hicieron para traernos la democracia”. Que se lo digan a los padres de Arturo Ruiz, a los de Manuel García Caparrós, a los de Yolanda González, a los de Mari Luz Nájera, a los de Javier Verdejo, a los de Germán Rodríguez, etc., A las familias de todas aquellas personas que se rebelaron contra un régimen totalitario que ya duraba 40 años y que todavía andan pidiendo justicia.
Durante los años de transición no solo se asesinaba en las calles, a ojos de toda la sociedad. La tortura física y psíquica fue una de las estrategias del régimen para acabar con la disidencia, con quienes no aceptaron las reglas del juego de la transición ni se doblegaron a su pantomima. Un ejemplo de esto, precisamente, fue el asesinato de Agustín Rueda, el 14 de marzo de 1978 en la cárcel de Carabanchel. Agustín, de 25 años, era militante de la CNT y miembro de la COPEL. Los hechos que rodearon su muerte en prisión y sus torturadores fueron juzgados diez años después. Los responsables de su asesinato solo cumplieron unos meses de prisión.
“La muerte de mi hermano Arturo hay que situarla en un contexto de nuestra historia muy concreto. La extrema derecha estaba muy rabiosa. Durante aquellos años la policía se dedicó a matar, y a matar menores de edad. Mi hermano era menor de edad”, dice Manuel Ruiz, hermano de Arturo Ruiz, un joven estudiante granadino, militante de izquierdas, que fue asesinado en Madrid el 23 de enero de 1977 por dos pistoleros de ultraderecha. El último día de su vida, Arturo lo dedicó a luchar por la amnistía de quienes seguían encarcelados por sus ideas políticas. Manuel asegura que las declaraciones por escrito del “socialista” José Luis Rodríguez Zapatero han desilusionado mucho a su familia. Y no es para menos, porque aunque este tipo de cosas y a estas alturas ya no nos sorprendan, no deja de ser chocantes conociendo la cantidad de compañeros que el Partido “Socialista” “Obrero” Español tiene todavía en cunetas o desaparecidos. Además, estos apoyos en forma de cartas de líderes de partidos que dicen ser de “izquierdas” y organizaciones sindicales, que dicen defender a la clase trabajadora, también demuestran el engaño en el que se construyó aquella transición, un “nuevo” sistema político donde los mismos de siempre continuaran “estando” y “siendo” pero ya con el uniforme de demócratas que les legitimaba a ojos de la sociedad. La Ley de Amnistía, por ejemplo, representa esta idea a la perfección porque quienes se beneficiaron realmente de ella fueron los verdugos y no quienes habían pagado con su libertad y con su vida el desafiarles y combatirles. Los artífices de aquella mentira- PSOE, UGT, CCOO, etc.-, saben que ahora no pueden echarse atrás porque sin sus apoyos hace más de 40 años, el “Régimen del 78” no habría sido posible. Nos mintieron y nos vendieron.
Fermín Rodríguez, miembro de la Asociación SanFermines 78, es otra víctima de nuestra modélica transición. Cuando tienen lugar los sucesos de Pamplona aquel 7 de julio de 1978, Rodolfo Martín Villa ostentaba el cargo de ministro de Interior. Después de aquellos hechos, afirmó en unas declaraciones que lo ocurrido por parte de la policía “eran errores” que no podían compararse a “otros crímenes”. Pero en absoluto fueron errores. “No fue un caso aislado de violencia policial. Durante aquellos años se estaban viviendo en Navarra muchas luchas obreras e identitarias, y esto era algo que la derecha no podía permitir. Los sucesos de los Sanfermines de 1978, donde se produce el asesinato de Germán Rodríguez, fueron la consecuencia de una estrategia global del régimen tras la muerte del dictador”. Todos los actos sangrientos estaban encaminados a romper esta lucha que, como admite Andoni de la Asociación Tres de Marzo, estaban dirigidos a un objetivo, a romper esa lucha. “Martín Villa es la representación fascista del poder reaccionario del franquismo y la transición. Que finalmente hoy, 3 de septiembre, haya tenido que declarar ante la justicia argentina, es un primer paso para romper la impunidad. “No podemos dejar este encargo a futuras generaciones. Tenemos que solucionarlo nosotros y hoy, en este momento”
