CTXT/Luis Suárez-Carreño
En memoria de Carlos Slepoy y Chato Galante, que lo hicieron posible.
Este jueves 3 de septiembre se ha producido un hecho trascendental en la historia de España: la toma de declaración indagatoria de Rodolfo Martín Villa ante la jueza María Servini, titular del Juzgado nº 1 de Buenos Aires, por teleconferencia en la embajada argentina en Madrid. Esta declaración es probablemente el primer trámite judicial en un proceso abierto por crímenes cometidos por el franquismo, entendiendo por franquismo no solo el periodo hasta la muerte del dictador, sino también los años de la Transición, cuando se mantuvieron las instituciones y leyes antidemocráticas de la dictadura y el aparato represor de esta siguió aplastando las libertades civiles.
Precisamente son de este último periodo, en concreto de los años 1976 a 1978, los crímenes que se achacan, a título de responsable máximo de los cuerpos armados que los cometieron –o ampararon–, a Martín Villa, que durante esos años fue ministro, primero de Relaciones Sindicales (1975), luego de Interior (ministerio que hasta 1977 se llamó de Gobernación), en aplicación del principio básico en derecho de “la responsabilidad del superior”.
Ya se ha repasado sobradamente estos días en los medios la singular y dilatada biografía del encausado, por lo que ahorraré su repetición. Solamente, para quienes se acaben de caer de un guindo (o sean muy jóvenes), recordaré rápidamente unos trazos: de precoz figura en los sindicatos fascistas de la dictadura, a ministro postfranquista y predemocrático en la Transición, y muñidor de los pactos de la Moncloa, para acabar reposando en sucesivos consejos de administración de grandes empresas, públicas y privadas, cobrando los favores prestados como político.
También se ha informado de los crímenes de los que se le acusa: un total de 12 homicidios y cientos de heridos causados por las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo su mando como ministro, o por fuerzas parapoliciales de extrema derecha ayudadas o protegidas por aquellas. Pero, aunque sea reiterativo, permítanme que quiera de nuevo recordar los crímenes y nombrar a las víctimas: – Vitoria, 3 de marzo de 1976. Asesinato de Romualdo Barroso, Francisco Aznar, Pedro Martínez Ocio, José Castillo y Bienvenido Perea; obreros tiroteados cuando celebraban una asamblea en la iglesia de San Francisco; los dos primeros murieron allí mismo, los tres últimos posteriormente, por las heridas allí recibidas.
– Arturo Ruiz: asesinado en una manifestación por fascistas parapoliciales el 23 de enero 1977 en Madrid.
– Rafael Gómez Jáuregui: asesinado en Rentería, el 12 de mayo de 1977, por la Guardia Civil.
– José Luis Cano Pérez: asesinado por la Policía Armada en Pamplona, el 14 de mayo de 1977.
– Francisco Javier Núñez: asesinado mediante torturas por policías el 15 de mayo de 1977, en Bilbao.
– José María Zabala Erasun, asesinado el 8 de septiembre de 1976 en Hondarribia, por la Guardia Civil.
– María Norma Menchaca: asesinada por fascistas parapoliciales el 9 de julio de 1976 en Santurce.
– Germán Rodríguez: asesinado a tiros el 8 de julio en Pamplona por la policía nacional.
Sin olvidar que en los casos de Vitoria y Pamplona hubo, además de esas víctimas mortales, cientos personas fueron heridas, muchas de ellas tiroteadas por la policía; ni que la mayoría de los crímenes siguen impunes, o, si algunos de sus culpables han sido perseguidos y castigados, como en el caso de Arturo Ruiz, estos han sido rápidamente excarcelados o ayudados a huir.
Es importante subrayar que las acusaciones están respaldadas por años de investigación, testimonios directos, pruebas y documentación laboriosamente reunida; dossieres técnicamente consistentes gracias al trabajo silencioso y altruista de un gran equipo de letrados y letradas, además del apoyo de las organizaciones que forman parte de la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua). Aunque resulte una obviedad, conviene dejar constancia de que ni se trata de acusaciones ligeras o improvisadas, ni el juzgado instructor argentino habría aceptado imputaciones como la de Martín Villa si los expedientes aportados no tuvieran la necesaria consistencia indiciaria y probatoria.
La primera Transición: franquismo sin Franco
Martín Villa ha argumentado en su defensa, al parecer, que no se puede hablar de una situación de genocidio durante la Transición, negando así el carácter de lesa humanidad de los crímenes para alegar su prescripción y su posible beneficio por la amnistía.
¿Pero fueron crímenes aislados, casuales? La respuesta la brinda el propio ‘espíritu de la Transición’ de la no-ruptura, de la perpetuación del sistema represivo franquista: Como es bien sabido, los posfranquistas que negociaron los pactos de la Transición, entre los que estaba, por cierto, Martín Villa, impusieron esa continuidad del aparato militar, policial y judicial, como instrumento de control y chantaje a la naciente democracia. Durante la primera Transición, este siguió con la inercia de la represión a tope. Por eso, los casos en los que Martín Villa está imputado son solo una pequeña parte de los crímenes políticos cometidos por las fuerzas ‘del orden’ y los grupos parapoliciales de extrema derecha durante esos años: se estima que las muertes por motivos políticos a ellos achacables en esos años rondan las 140 (desde la muerte de Franco hasta finales de 1980); sin olvidar, de nuevo, personas heridas y otros daños colaterales.
En otras palabras, la no-ruptura y la impunidad, y por lo tanto la no depuración de los cuerpos represivos –incluso con los mismos torturadores que alternaban su puesto oficial con el trabajo ‘voluntario’ en las tramas parapoliciales y las bandas armadas ultra–, supusieron la continuidad, durante los años posteriores a la muerte de Franco, de la represión sistemática, institucionalizada y planificada por parte del Estado de toda forma de oposición.
Los crímenes de la Transición fueron, por lo tanto, crímenes de lesa humanidad de un franquismo sin Franco, como lo habían sido los que perpetró el mismo régimen con Franco. En este periodo el papel de Franco lo ejerció el jefe de Estado de recambio elegido por él: el Borbón. Este, al menos hasta la Constitución promulgada en diciembre de 1978, fue, técnicamente, un dictador.
Los custodios del régimen del 78 cierran filas
El simple anuncio de la toma de declaración a Martín Villa por parte de la jueza argentina ha producido una marejadilla en los habitualmente remansados estanques donde languidecen los nenúfares de la transición. Los cuatro expresidentes y varios exsindicalistas, convocados por el encausado, se han apresurado a enviar misivas a la jueza loando al personaje y su trascendente papel en la Transición. Cartas que, por lo insólito –incluso, procesalmente improcedente–, se han convertido de hecho en el centro de la noticia en los días previos a la toma de declaración.
Más allá de lo contradictorio de esta búsqueda de apoyos a última hora por parte de Martín Villa, frente a la confianza hasta ahora mostrada en su inocencia, el principal efecto de las cartas ha sido el de desnudar a sus remitentes ante la opinión pública. Políticamente, como supuestos demócratas de toda la vida que acuden en tropel a defender a ciegas –pues no conocen el expediente acusatorio ni este parece interesarles lo más mínimo– a un relevante epígono franquista; éticamente, porque demuestran poner su complicidad con este muy por delante de los derechos de las víctimas y el respeto a la independencia judicial. Semejante carencia de criterio, no ya democrático, sino simplemente humanitario, resulta alarmante al punto de preguntarnos en manos de quién hemos estado.
La ocurrencia misma de exponer los méritos del imputado para echarle una mano es tan absurda que sorprende en personas adultas: ¿qué tendrá que ver la supuesta astucia política de Martín Villa con sus responsabilidades como “la porra de la Transición”? ¿O es que, por ejemplo, es incompatible ser un maltratador con ser también un buen vecino y ejemplar empleado? ¿O ser un jefe de Estado campechano con ser al mismo tiempo un corrupto y evasor fiscal? Ni son incompatibles, ni lo uno exime o redime de lo otro.
Por lo demás, la operación cartas-de-gente-importante-para impresionar-a-una-jueza ha generado un animado debate social sobre el que podríamos llamar “club del 78”, ese conglomerado de resistentes que se han plantado en la excepcionalidad del inmediato posfranquismo al grito de aquí no nos mueve ni dios. Misma caterva que tuvo a bien regalarnos recientemente otro momento de pasmo, también vía capitular, con motivo de la tocata y fuga del campechano emérito. La cartita, en aquella ocasión, iba firmada por una nutrida nómina de exministros y altos cargos del PSOE y PP, pero igualmente recurría a la Transición a modo de vacuna que inmuniza (o ‘impuniza’) de ronchas y sabañones (faltas y delitos) a sus protagonistas de por vida.
La herencia del 78: fin de un tabú
Y no perdamos de vista que ese muro –el de la sacralización de la Transición y del régimen del 78– no pretende blindar únicamente la impunidad de los crímenes ‘políticos’ franquistas: protege igualmente crímenes como el trabajo esclavo y el expolio masivos con los que se fundaron algunas de las fortunas y grupos empresariales actuales; pero es también el mismo dique que impide replantear cuestiones como la forma de Estado, el derecho a la autodeterminación, los privilegios eclesiásticos, etc. En definitiva, una jaula en la que algunos quieren mantenernos de por vida.
Volviendo al momento histórico, aun cuando los abogados de la querella han insistido en que no se trata de ningún juicio político, que la querella contra Martín Villa no va sobre la Transición, sino sobre hechos muy concretos, los argumentos de la defensa y las cartas en su apoyo han desplazado, por el contrario, el plano de la discusión al de la política, y en concreto, a la ejemplaridad del proceso de Transición y a la vigencia del régimen del 78.
Su empecinamiento es, paradójicamente, el que suscita el debate social sobre mitos como el de la transición pacífica y armoniosa. Aunque son ya numerosos los estudios desmontando esa fábula, la comparecencia de un dinosaurio de la política española como Martín Villa ante un tribunal tiene un potente efecto en la percepción de nuestra historia reciente, multiplicado en esta ocasión por la línea de defensa del imputado y sus defensores.
Mientras ese debate va madurando, aseguremos de momento, por las víctimas y la memoria democrática, luz y taquígrafos sobre estos crímenes y sus responsables políticos. Procrastinada una y otra vez, bienvenida sea por fin esta primera visita de la justicia a un pasado en penumbras.
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Luis Suárez-Carreño, miembro de La Comuna presxs y represaliadxs del franquismo.
