Lo que hay detrás de las denuncias contra la abogada de Pablo Hasél.

La AVT y el sindicato policial SUP han denunciado a Alejandra Matamoros, abogada de Hasél. El Movimiento Antirrepresivo de Madrid incide en que las denuncias se enmarcan dentro de una “campaña de acoso y derribo”

Por Guillermo Martínez en www.elsaltodiario.com

Alejandra Matamoros, abogada de Hasél. Foto cedida

Denunciada por enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la Policía Nacional, Alejandra Matamoros se reafirma en sus palabras. Esta abogada, que defiende al rapero Pablo Hasél, reivindica el derecho de odiar a la Policía y defiende que la tortura en el Estado español es una realidad estructural. Aunque la avalan los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Sindicato Unificado de Policía (SUP) vio en sus declaraciones un posible delito de injurias y calumnias al cuerpo armado. Por otra parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha rescatado un vídeo en el que aparece la letrada para denunciarla por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo. A ello se suma la posible apertura de un expediente deontológico por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a raíz de una queja de la Confederación Española de Policía (CEP) y que actualmente se encuentra en la primera fase informativa. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto?

La entrada en prisión de Pablo Hasél suscitó numerosas movilizaciones en su apoyo por todo el Estado español, y algunas de ellas terminaron en fuertes disturbios, sobre todo en Barcelona y una noche en Madrid. Durante esos días la abogada participó en algunos debates televisivos. En uno de ellos dijo que la Policía española torturaba, algo que no gustó al SUP y denunció por un posible delito de injurias y calumnias.

En España se tortura

Precisamente, ayer 9 de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por una agresión policial que tuvo lugar en septiembre de 2012 tras el Rodea el Congreso. Estrasburgo también incide en que la agresión no fue investigada debidamente en los tribunales españoles. La sentencia obliga al Estado español y no a los agentes antidisturbios que pegaron a la denunciante, pues ha sido imposible reconocerlos al no llevar visible su número de identificación, a indemnizarla con 1.000 euros.

Carlos Morales, portavoz del sindicato policial SUP, explica que “denunciamos a la señora Matamoros por reivindicar el derecho de odiar a la Policía, pero también por sus declaraciones sobre que en los cuarteles de la Guardia Civil se torturaba todos los días y en el resto de Cuerpos también”. Los datos oficiales ofrecidos por el CGPJ recogen que entre 2013 y 2019 se efectuaron 448 condenas por el delito de tortura.