Aunque confían en que en fase parlamentaria el texto recoja algunas de sus demandas y aceptan que el actual mejora la norma de 2007, la aprobación de la proposición de ley tal y como está redactada supondría "seguir sin ofrecer justicia a las víctimas de la dictadura, y sin justicia no hay reparación, ni verdad, ni garantías de no repetición", en palabras de Jacinto Lara.
Él es el abogado de la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo (CEAQUA) y considera que la recién tramitada Ley en el Consejo de Ministros "presenta una serie de insuficiencias, sobre todo en materia de justicia, que son muy manifiestas". Según la opinión de este letrado, "el problema es que la ley no está orientada a reconocer la tutela judicial efectiva de las víctimas de la dictadura y Transición".
Como prueba de ello, se refiere al protocolo de actuación en cuanto a la localización y exhumación de aquellas personas que se encuentran en situación de desaparición forzada: "El Estado pretende otorgar algunas subvenciones a asociaciones y familiares mediante concursos, pero lo que no podemos hacer es entrar en una especie de competición entre víctimas para conseguir esas dotaciones económicas cuando es el propio Estado el que debe asumir esa responsabilidad". Lara, al igual que las demás fuentes consultadas, ve como un acierto la introducción en el temario curricular el estudio de lo sucedido en España durante gran parte del siglo XX, pese a que "no deja de ser un aspecto sustraído a la sociedad en su conjunto durante estas cuatro décadas de democracia".
El letrado, que pone el foco en la justicia, ve como un gran error no remover los obstáculos invocados en los juzgados y tribunales españoles para no investigar los crímenes del franquismo. "Seguiremos instalados en un modelo de impunidad que ya ha sido criticado por organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU", dice al respecto, concluyendo que la Ley, por el momento, es "timorata y tibia".
Él es el abogado de la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo (CEAQUA) y considera que la recién tramitada Ley en el Consejo de Ministros "presenta una serie de insuficiencias, sobre todo en materia de justicia, que son muy manifiestas". Según la opinión de este letrado, "el problema es que la ley no está orientada a reconocer la tutela judicial efectiva de las víctimas de la dictadura y Transición".
Como prueba de ello, se refiere al protocolo de actuación en cuanto a la localización y exhumación de aquellas personas que se encuentran en situación de desaparición forzada: "El Estado pretende otorgar algunas subvenciones a asociaciones y familiares mediante concursos, pero lo que no podemos hacer es entrar en una especie de competición entre víctimas para conseguir esas dotaciones económicas cuando es el propio Estado el que debe asumir esa responsabilidad". Lara, al igual que las demás fuentes consultadas, ve como un acierto la introducción en el temario curricular el estudio de lo sucedido en España durante gran parte del siglo XX, pese a que "no deja de ser un aspecto sustraído a la sociedad en su conjunto durante estas cuatro décadas de democracia".
El letrado, que pone el foco en la justicia, ve como un gran error no remover los obstáculos invocados en los juzgados y tribunales españoles para no investigar los crímenes del franquismo. "Seguiremos instalados en un modelo de impunidad que ya ha sido criticado por organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU", dice al respecto, concluyendo que la Ley, por el momento, es "timorata y tibia".
