El abogado que representa a las víctimas del franquismo en la causa judicial abierta en Argentina, Jacinto Lara, señala otros escollos que han impedido juzgar a los verdugos del régimen más allá de la Ley de Amnistía: el principio de legalidad y la prescripción de los delitos.
"El grueso de los argumentos de los tribunales giran más en torno a estos elementos que a la Ley de Amnistía", ha esgrimido Lara en declaraciones a este medio, en las que ha opinado además que la enmienda del Gobierno supone "una respuesta política respecto a cómo debe ser interpretada" la ley de 1977, utilizada "políticamente por parte de los juzgados y tribunales".
Por tanto, insiste en que la cuestión jurídica "más peliaguda" es este principio de legalidad, un derecho fundamental que está incorporado en el Código Penal: "Si no se modifica, los jueces se seguirán acogiendo a este principio para negarse a juzgar los crímenes franquistas", ha vaticinado.
Este abogado también ha expresado su rechazo hacia la corrección introducida por el Ejecutivo para garantizar el trabajo especializado y efectivo del Fiscal de Sala en aquellas violaciones de derechos humanos producidas desde el golpe de Estado. "Por un lado, al depender de la Fiscalía General del Estado, habrá que ver en qué queda cuando haya un cambio de Gobierno. Por otro, la Fiscalía se orienta más hacia la utilización de la jurisdicción voluntaria de carácter civil que a la jurisdicción penal para enjuiciar estos crímenes".
"El grueso de los argumentos de los tribunales giran más en torno a estos elementos que a la Ley de Amnistía", ha esgrimido Lara en declaraciones a este medio, en las que ha opinado además que la enmienda del Gobierno supone "una respuesta política respecto a cómo debe ser interpretada" la ley de 1977, utilizada "políticamente por parte de los juzgados y tribunales".
Por tanto, insiste en que la cuestión jurídica "más peliaguda" es este principio de legalidad, un derecho fundamental que está incorporado en el Código Penal: "Si no se modifica, los jueces se seguirán acogiendo a este principio para negarse a juzgar los crímenes franquistas", ha vaticinado.
Este abogado también ha expresado su rechazo hacia la corrección introducida por el Ejecutivo para garantizar el trabajo especializado y efectivo del Fiscal de Sala en aquellas violaciones de derechos humanos producidas desde el golpe de Estado. "Por un lado, al depender de la Fiscalía General del Estado, habrá que ver en qué queda cuando haya un cambio de Gobierno. Por otro, la Fiscalía se orienta más hacia la utilización de la jurisdicción voluntaria de carácter civil que a la jurisdicción penal para enjuiciar estos crímenes".
