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Canarias aprobará una ley de memoria autonómica que recogerá un banco de ADN
La diputada del grupo Nacionalista Canario Guadalupe González Taño dijo a los periodistas que en la reunión de este lunes se ha avanzado “bastante” en la línea del consenso.
Los grupos parlamentarios han acordado este lunes que en la ley de memoria histórica de Canarias se establecerá la creación de un banco de ADN para identificar a víctimas de la represión y a bebés robados, pero aún dudan sobre el procedimiento para retirar símbolos y monumentos franquistas.
Estos han sido parte de los asuntos tratados este lunes en la reunión de la ponencia nombrada para la proposición de ley sobre memoria histórica de Canarias, y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista, que volverá a celebrar un encuentro la próxima semana.
A su término la diputada del grupo Nacionalista Canario Guadalupe González Taño dijo a los periodistas que en la reunión de este lunes se ha avanzado “bastante” en la línea del consenso y ha habido unanimidad respecto a la creación del banco de ADN, una de las cuestiones que más han reclamado las asociaciones de memoria histórica de las islas.
No obstante, señaló también que se intenta redactar una ley que tenga una fácil aplicación y ello genera algunas dudas, en concreto, sobre cómo debe tratarse la retirada de símbolos y monumentos franquistas en lo concerniente a las excepciones por razones artísticas o religiosas.
En concreto los grupos debaten sobre si la ley debe abordar esta cuestión de forma genérica o si debe detallar las razones que avalen una excepción para que no haya dudas, por lo que han pedido asesoramiento al respecto.
Se busca una ley clara, concisa y, sobre todo, de fácil aplicación para evitar que posteriormente haya estar haciendo consultas o reglamentos que la desarrollen, precisó González Taño.
El representante de Podemos en la ponencia, el diputado Manuel Marrero, indicó que también se ha aceptado la propuesta de su grupo de ampliar de dos a cuatro el número de miembros de las asociaciones de memoria histórica en la comisión encargada de la ley, y que una de ellas sea vicepresidente o presidente de dicho órgano para evitar “que sea dirigido desde la Administración”.
Manuel Marrero dijo que ha variado “el talante” en la reunión pero aún hay asuntos en los que la posición es encontrada, como el hecho de que Podemos defiende que la investigación sobre los bebés robados se extienda más allá de 1978 y el resto de grupos pide que se mantenga ahí el límite, lo que supone “una discrepancia importante”.
Los otros grupos consideran que las secuelas del franquismo acabaron cuando se aprobó la Constitución “y no es así”, advirtió Marrero, quien dijo que en el caso de los bebés robados puede haber “matices” al considerar su petición de que la investigación se extienda hasta 2001 pero globalmente, explicó, “el modus operandi y en muchos casos los actores seguían siendo los mismos”.
También queda pendiente si la denominación de la ley incluye además el término de “democrática” para incluir la reparación integral a las víctimas de la dictadura, una cuestión de fondo a la que el diputado de Podemos confía que ayude una posible revisión de la ley de amnistía del franquismo por parte del Congreso de los Diputados.
Al respecto recordó que los relatores de las Naciones Unidas han advertido de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
