El sábado 28 de septiembre se ha vuelto a colocar en Pamplona la placa en recuerdo y homenaje a las personas reprimidas en los Sanfermines del año 1978, que ha sido varias veces sustraída
Inauguración de la nueva placa de la escultura Gogoan, en memoria de los Sanfermines de 1978. (Sanfermines 78 Gogoan)
El colectivo Sanfermines 78 Gogoan ha inaugurado este sábado, en el marco de los actos de la celebración de las fiestas de San Fermín de Aldapa, la placa de la escultura Gogoan, instalada en memoria de los sucesos de Sanfermines de 1978 y que había sido sustraída tras varios ataques durante este verano.
La placa fue respuesta el pasado lunes por el Departamento de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra. Junto a la reposición se procedió a cimentar de manera más sólida la zona en la que se ubica el soporte que contiene la misma.
Esta escultura, junto con la estela de homenaje a Germán Rodríguez, fueron declarados Lugares de la Memoria Histórica de Navarra por el Ejecutivo el pasado 18 de junio.
Con motivo de la inauguración de la nueva placa, decenas de personas se han dado cita en la avenida de Roncesvalles de Pamplona en un acto que ha contado con un aurresku, los zanpantzar, una fanfarre, la presencia de las peñas y txistularis.
El colectivo Sanfermines 78 Gogoan quería introducir la inauguración de la nueva placa dentro de las actividades que se están realizando con motivo de las fiestas de San Fermín de Aldapa para «recordar así aquellos otros de 1978 con los que, en alguna medida, se trató de recuperar las fiestas reventadas por la agresión policial padecida durante los Sanfermines».
Presiento que tras la noche
vendrá la noche más larga.
Quiero que no me abandones,
amor mío, al alba
Al Alba, de L.E. Aute
Esta canción de amor, compuesta por Luis Eduardo Aute, se convirtió en un himno de homenaje a los últimos fusilados del franquismo, aquel 27 de septiembre de 1975. Cosas del dolor y la rabia que inundaron los corazones de las personas de bien en todo el mundo ante el último y cruel zarpazo de la dictadura de Franco.
En 1975, la dictadura se encontraba con la dificultad de seguir manteniéndose en el poder sin Franco, que ya estaba muy enfermo, haciendo frente a una fuerte crisis económica que amenazaba su pretendida “estabilidad” y “paz social”. También tenían que combatir la fuerte presión de las luchas contra el régimen franquista que habían ido aumentando considerablemente al ampliarse la base social del movimiento antifranquista. Porque a los obreros y obreras, que habían llevado el peso fundamental, se les habían unido otros sectores que hasta el momento habían permanecido al margen. A las huelgas y paros de grandes empresas del sector del metal, del textil, de la construcción, se añadía la incesante movilización universitaria y estudiantil junto con un combativo movimiento vecinal que luchaba por mejorar las condiciones de vida en los barrios obreros, con las mujeres a la cabeza, y una amplia contestación de artistas, escritores, cantantes… Paralelamente, grupos armados como ETA (y después, aunque en menor medida, el FRAP), mantenían un pulso contra el aparato del Estado, con golpes como el atentado contra Carrero Blanco, delfín de Franco, realizado dos años antes. En ese mismo año, destacaron la huelga de actores y actrices por la función única en la que hubo varios detenidos, y la de médicos contra la implantación del MIR, así como la detención de once oficiales de las fuerzas armadas que formaban parte de la Unión Militar Democrática, una organización clandestina. Esto último causó terror entre los franquistas: los “rojos” habían llegado a uno de sus pilares básicos, y la Revolución de los Claveles que había depuesto al dictador Salazar en Portugal, en abril de 1974, estaba demasiado cercana.
Para cualquier antifranquista participar en estas luchas entrañaba un gran riesgo porque la represión fue aumentando a la par que las protestas. La falacia de que en el tardofranquismo la dictadura se había ablandado es tan grande como que se pasó de la dictadura a la democracia sin un atisbo de violencia (Calvo dixit). La prueba está en que se produjeron decenas de asesinatos a manos de las fuerzas represivas del régimen (Guardia Civil y Policía Armada) y aumentaron considerablemente las detenciones y procesos judiciales contra los luchadores demócratas (1) –previo paso por las torturas de la Brigada Político Social–, con imposición de multas, condenas de cárcel y condenas a muerte. Sí, el régimen siguió utilizando durante toda la dictadura la pena máxima contra los antifranquistas: en 1963 contra Julián Grimau, Joaquín Delgado y Francisco Granado; en 1974 contra Salvador Puig Antich. Y las últimas, el 27 de septiembre de 1975, dos meses antes de la muerte del dictador.
Entre el 28 de agosto y el 19 de septiembre de 1975 se sucedieron cuatro Consejos de Guerra sumarísimos en los que se dictaron ¡¡once condenas a muerte!!. En el primero de ellos, realizado en Burgos, condenaron a muerte a Ángel Otaegui Echeverría y José Antonio Garmendia, militantes de ETA. En el segundo, celebrado en El Goloso (Madrid), se impusieron tres condenas a muerte contra Xosé Humberto Baena Alonso, Manuel Blanco Chivite y Vladimiro Fernández Tovar, militantes del FRAP. En el tercer consejo de guerra (2), celebrado también en El Goloso una semana después, se dictaron cinco penas de muerte contra José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Manuel Cañaveras de Gracia, Concepción Tristán López y María Jesús Dasca Penelas, militantes del FRAP. En este juicio fueron expulsados, a punta de pistola, todos los abogados defensores, que tan solo un día antes habían recibido el sumario de manos del juez militar. Se les había dado ¡cuatro horas! para leer un expediente de casi 300 páginas, entrevistarse con los acusados y presentar el escrito de defensa y la petición de pruebas (3). El último consejo de guerra se celebró en Barcelona, fue condenado a muerte Juan Paredes Manot, “Txiki”, militante de ETA.
Estas condenas a muerte desataron una oleada de indignación y rabia con numerosas acciones por todo el país, en especial en Euskadi, que fueron reprimidas brutalmente; así como una enorme movilización internacional contra la dictadura franquista como no se conocía desde los años cuarenta. Se retiraron los embajadores, y el régimen franquista quedó aislado internacionalmente, aunque no le faltó la ayuda inestimable de EEUU.
Tras la confirmación de las sentencias por parte de las capitanías generales de Burgos, Madrid y Barcelona, el 26 de septiembre, Franco y su gobierno (4), presidido por Arias Navarro, conocido como el “carnicero de Málaga” por su papel como fiscal en la sangrienta represión franquista de la guerra y postguerra, dieron el enterado a cinco sentencias de muerte contra Otaegui, Baena, Sánchez Bravo, García Sanz y Txiki, que fueron asesinados al amanecer del 27 de septiembre.
En medio del recuerdo de estos “asesinatos legales”, como los denominó Miguel Castells, abogado de Vladimiro, habría que resaltar el hecho de que entre los condenados a muerte había dos mujeres: Concepción Tristán y María Jesús Dasca.
Concepción, Concha, era enfermera, había nacido en Ciudad Real y trabajaba en la sanidad pública en Madrid. En su militancia en el FRAP y el PCE (m-l) había participado en los piquetes sanitarios que acompañaban a los manifestantes en previsión de que hubiera heridos –algo bastante frecuente porque las fuerzas represivas disparaban ante la menor sospecha–, y también había desempeñado otras tareas organizativas. En el momento de su detención, a finales de agosto de 1975, tenía 21 años y estaba embarazada, lo que no fue ningún óbice para sufrir malos tratos y torturas. Años después, contaba que ya entrando por los pasillos de la DGS varios policías se habían abalanzado sobre ella propinándole puñetazos y patadas: “Ninguna parte de mi cuerpo quedó libre de los golpes”. Le amenazaron con que no iba a salir viva de allí. Contó también que Conesa intentó hacer de poli-bueno, pero no se libró de sus tirones de pelo, golpes y puñetazos, dejándole la marca de su anillo en la cara, como atestigua la fotografía de ella que publicó la prensa. A primeros de septiembre fue conducida a la cárcel de mujeres de Yeserías donde permaneció en celdas de aislamiento casi todo el tiempo. Apenas pudo compartir unos pocos días con el resto de las presas políticas. Concha estaba tranquila, muy serena y, como el resto, esperanzada con el resultado de las movilizaciones contra las penas de muerte. Su abogada defensora, Francisca Sauquillo, hizo constar su embarazo (5) para intentar conseguir una condena menor. No hubo tal. Los franquistas ya habían asesinado a mujeres embarazadas y no les iba a temblar el pulso. El 26 de septiembre supo que su condena había sido conmutada por pena de prisión, pero que tres de sus camaradas iban a ser ejecutados a la mañana siguiente. En la soledad de su celda pasó esa larga y angustiosa noche. Después, fue trasladada a la cárcel de Alcalá de Henares. Dio a luz a su hija, en 1976, en la cárcel de Yeserías que era donde había paritorio y sección de madres, y en agosto de ese mismo año volvió a pasar 72 días en celdas de castigo por haber subido al tejado de la prisión con una pancarta en la que se pedía amnistía total. Salió de prisión en 1977, precisamente con la ley de Amnistía. Siguió ejerciendo su profesión y luchando contra las injusticias. Murió en febrero de 2009, a los 54 años.
Ellas y ellos fueron condenados sin pruebas ni garantías procesales. La indefensión de los acusados fue tal que los observadores internacionales no cabían en su asombro. El régimen franquista moría como había empezado, matando. Podría haber sido cualquier antifranquista porque les daba igual a quiénes o a cuántos. “No se verán nunca hartos de sangre mientras que estén en el poder” escribió Florencio Soto a su mujer, antes de ser fusilado en 1940. Acertó (6).
Ninguna de las dos mujeres pudo ver anuladas sus infames condenas ni encarcelados sus torturadores y jueces porque la Ley de Amnistía, que les permitió salir de la cárcel, llevaba un artefacto escondido: un artículo que también concedía la amnistía para todos los responsables de la represión franquista. Y explotó como una ley de punto final ante todos los que habían arriesgado su vida y las de los suyos por luchar contra la dictadura, por la República, la democracia y la libertad. A día de hoy, la justicia de esta parca democracia monárquica se sigue agarrando a ese artefacto engañoso para negarse a enjuiciar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante una de las más sanguinarias dictaduras del mundo. Vergüenza debería darles, si la tuvieran.
>María Jesús Dasca y Concepción Tristán a su salida de la cárcel de Alcalá de Henares, el 16 de julio de 1977.
Por estas y tantas otras mujeres valientes que no se resignaron al papel que les habían querido imponer –calladas, resignadas, ausentes– y lucharon con todas sus fuerzas contra toda opresión es por lo que merece la pena tener memoria y conseguir justicia y reparación. Recordarlas y reconocerlas. Queda mucho por conseguir y quedan muchos nombres por rescatar del olvido. En eso estamos. Por ellas y ellos seguimos.
Notas
(1) J.J. DEL ÁGUILA. El TOP, La represión de la libertad (1963-1977), Barcelona, Planeta, 2001. pág. 260
(2) El segundo Consejo de Guerra de El Goloso estaba compuesto por los siguientes militares: Presidente, coronel de caballería, Ricardo Oñate de Pedro. Vocal ponente, Carlos Rodríguez Devesa, comandante auditor. Vocales: el capitán de caballería José García Guerrero, capitán de artillería Pedro Sánchez Castro y capitán de ingenieros, José Miguel de la Calle (nombrado Jefe del Mando Logístico del Ejército de Tierra, en 2008, siendo ministra de Defensa Carme Chacón). Los capitanes Julio Nieto González y Fernando Redondo Díaz actuarían como suplentes. El fiscal fue el coronel Agustín Puebla Fernández.
(3) FRAP. 27 de septiembre de 1975. Equipo Adelvec. Colección Documentos. Madrid, Ediciones Vanguardia Obrera SA, 1985. págs. 151-172.
(4) El Gobierno de Arias Navarro en septiembre de 1975, que dio el “enterado” de las cinco sentencias de muerte estaba compuesto por: Antonio Carro (después fue diputado por Alianza Popular), Santos Blanco, Nemesio Fernández Cuesta, Martínez Esteruelas, Rodríguez de Miguel, Alejandro Fernández Sordo, Licinio de la Fuente, Pedro Cortina Mauri, Joaquín Giménez Cano, Tomás Allende y García Baxter (después fue presidente de Telefónica), Rafael Cabello de Alba, Ruiz Jarabo y cinco militares-ministros: León Herrera, José Solís, Francisco Coloma Gallego, Gabriel Pita da Veiga y Mariano Cuadra Medina.
(5) El doctor Ángel Sopeña Ibáñez, extraordinario ginecólogo, progresista e impulsor de los métodos anticonceptivos y comprometido defensor de los derechos de las mujeres, atendía a las presas en la cárcel de Yeserías. Él fue quien certificó que Concha y Xussa estaban embarazadas para evitar que fueran ejecutadas y quién peleó para que la mujer de Sánchez Bravo, también encarcelada y embarazada, saliera de prisión. En 1975 presentó su dimisión en protesta por las condenas de muerte.
(6) “El tabú de la represión franquista y la carta que Florencio escondió en su ropa antes de ser fusilado en Toledo”. Fidel Manjavacas, en toledodiario.es (14.04.2019). Recogido por A. Torrús para Publico.es en “Cartas de amor y esperanza en una cárcel franquista a la espera de tu fusilamiento” (03.09.2019)
Se cumplen 44 años de los últimos fusilamientos perpetrados por el franquismo el 27 de septiembre de 1975, por pelotones de voluntarios de la Guardia Civil: José Humberto Baena, José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García Sanz (militantes del FRAP), Jon Paredes Txiki, y Ángel Otaegui (de ETA) fueron sus víctimas.
“Escuché los primeros disparos y no sabía si era mi hermano Después, los segundos y los terceros. Hubo un silencio muy grande y vimos bajar riéndose a los miembros de los pelotones de fusilamiento”.
Relato de Victoria Sánchez-Bravo en Hoyo de Manzanares el 27 de septiembre de 1975
“La consulta de los más de dos mil folios de los procesos que se instruyeron contra ellos no deja lugar a la duda: fueron víctimas de un simulacro de justicia que los sentenció antes de juzgarlos”. Carlos Fonseca sentencia en su libro Mañana cuando me maten la “condena macabra” de aquellos últimos Consejos de guerra que terminaron con la vida de cinco jóvenes militantes de izquierdas. “Las pruebas fueron obtenidas mediante torturas o burdamente manipuladas y se les privó de las mínimas garantías de defensa”. Sus familias nunca han recibido ningún gesto de perdón ni de justicia por aquel crimen. Victoria Sánchez-Bravodestaca en el 44 aniversario de los asesinatos a Público que “ninguno de los gobiernos democráticos ha querido pedir disculpas ni anular esta condena”.
Cuatro Consejos de guerra en el último verano
En el verano de 1975, había pendientesvarios Consejos de Guerra y condenas a muerte en el eclipse del régimen para once militantes, dos de ellos eran mujeres. El primero se celebró en el Regimiento de Artillería de Campaña 63 de Burgos el 28 de agosto. En él fueron juzgados José Antonio Garmendia Artola y Ángel Otaegui Etxebarria, ambos de la organización ETA. Otaegui sería el único ejecutado.
En las dependencias militares de El Goloso, en la capital madrileña, se celebró los días 11 y 12 de septiembre de 1975 un Consejo de Guerra sumarísimo contra militantes del FRAP. De los tres fueron condenados a muerte; solo José Humberto Baena Alonso sería ejecutado en Hoyo de Manzanares (Madrid). Cinco días más tarde había otro Consejo de Guerra sumarísimo contra otros militantes del FRAP. Dos militantes fueron ejecutados, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez-Bravo Solla, en Hoyo de Manzanares.
El último consejo sumarísimo tuvo lugar el 19 de septiembre en el Gobierno Militar de Barcelona. En él fue juzgado y condenado a muerte Juan Paredes Manot, Txiki, de ETA.
“Policías llegaron al pelotón para jalear las ejecuciones»
El párroco de Hoyo de Manzanares recuerda el escenario de los tres fusilados antes de ser abatidos en aquel municipio madrileño. Fonseca recoge su testimonio y la estampa dantesca que vivió en aquellos momentos. “Además de los policías y guardias civiles que participaron en los piquetes, había otros que llegaron en autobuses para jalear las ejecuciones. Muchos estaban borrachos. Cuando fui a dar la extremaunción a uno de los fusilados, aún respiraba. El teniente que mandaba el pelotón le dio el tiro de gracia”.
Las sentencias de muerte se conocieron poco antes de las nueve de la noche del 26 de septiembre de 1975. Menos de cuarenta y ocho horas antes del fusilamiento. La noticia la daría en televisión el entonces ministro de Información y Turismo de Franco, León Herrera Esteban.
De los once condenados a muerte, se salvaron dos mujeres
Fonseca investigador y autor del libro Mañana cuando me maten relata “la estancia de la sala de prensa del ministerio que rebosaba de periodistas españoles y corresponsales extranjeros, sin capacidad para dar cabida”. Esteban Herrera con gesto grave, tomó asiento, y comenzó a leer el “imperturbable el comunicado”. Nadie daba crédito a aquel veredicto. “Entre la confirmación o la conmutación de todas las penas, como había ocurrido en el Proceso de Burgos, el régimen optó por una solución intermedia, con la que entendía trasladaba un mensaje de firmeza en la lucha contra el terrorismo, sin renunciar a la magnanimidad”, relata Carlos Fonseca sobre lo ocurrido. De los once condenados a muerte, se salvaron dos mujeres. Concepción Tristán López y María Jesús Dasca Penelas, sobre las que pesaba una petición de pena de muerte. Las modificaron por treinta años de reclusión por estar embarazadas.
En medio de aquel juicio tuve que gritar “criminales”
Victoria Sanchez-Bravo tenía 22 años en aquella terrible fecha. Recuerda a Público las horas de espera en el juicio, la angustia y el terror que sufrió delante de aquellos jueces militares, en el momento en el que sentenciaron a su hermano José Luis Sánchez Bravo. Tenía solo 21 años de edad. “Estaba con mi madre y no se me olvida como me salió toda la angustia que tenía dentro. En medio de aquel juicio grité criminales”. Recuerda a Público como los representantes de las embajadas ni los periodistas extranjeros entendían el paripé del Consejo sin “ningún tipo de defensa particular y sin admitir pruebas” por parte de sus abogados.
La familia de Sánchez-Bravo nunca pudo dar en el juicio las pruebas por las que se podía dar a conocer que Sánchez-Bravo y su compañera estaban en Murcia el día del lugar de los hechos. “A pesar de los testigos, vecinos y el taxista que los trasladó y quería testificar para confirmarlo, los abogados no pudieron entregar ninguna prueba. No la admitían”.
“Pedimos indultos hasta a la hermana del dictador”
Victoria recuerda como los abogados les pedían a las familiares recorrer todas las instancias posibles para pedir el indulto. “Incuso fuimos como el padre de Baena, a pedir el indulto al general de Artillería de Estado Mayor, Alfonso Armada, secretario del príncipe de España, Juan Carlos de Borbón. Armada respondería a los familiares “que la solución al problema que plantea se sale de nuestras atribuciones, por lo que nada podemos hacer para favorecerle”.
Fotografia indulto solicitada. / ‘Mañana cuando me maten’
El intento de apoyo por parte del Vaticano, a través del cardenal Tarancón, también fue en vano. “Fue una petición que hicimos para que la Iglesia intercediera pero solo lo hizo a través de la vía diplomática sin luchar por ninguno de los casos”, sentencia a Público.
Victoria destaca como todas las familias de los procesados han quedado en su mayoría destrozadas. En primera mano habla de su madre, de la muerte de dos de sus dos hermanos en plena caída del régimen. “Mi madre ha sufrido, algo indescriptible. Mis tres hermanos pequeños fallecieron en aquellos años. Ella solo pedía que la muerte le llegara lo antes posible”, afirma a Público.
Victoria llegó incluso a hacer lo imposible como plantearse acudir ante la casa de Pilar Franco. “Allí estuvimos esperando hasta que llegó y nos atendió. Decía que estuviéramos tranquilas, que nos les iba a pasar nada. Y no hizo nada por salvarlos”.
«Que sea la última que dicte un tribunal militar»
Carlos Fonseca recuerda en su libro la lucha incansable de otros familiares como Fernando Baena que “en aquellos meses viajaba a Madrid solamente para veinte minutos escasos de contacto” con su hijo. José Humberto pudo verse con los suyos antes de la ejecución, como relata su padre en su diario personal. “Llegamos a las seis y media a la puerta de la prisión. Los funcionarios inmediatamente nos llevaron a su presencia y pudimos abrazarnos”.
La carta de despedida de José Humberto fue entregada a su familia el 30 de septiembre, tres días después del fusilamiento:
“Me ejecutan mañana de mañana. Quiero daros ánimos. Pensad que yo muero, pero que la vida sigue (…) Cuando me fusilen mañana pediré que no me tapen los ojos para ver la muerte de frente. (…) ¿Recordáis lo que dije en el juicio?: «Que mi muerte sea la última que dicte un tribunal militar». Ese era mi deseo, pero tengo la seguridad de que habrá muchos más”.
En la mañana de la ejecución Victoria Sánchez-Bravo estuvo acompañada por el abogado Fernando Salas y su familia. “Cuando salimos de la cárcel, los policías nos insultaban. A mi madre le dijeron disparates, como que su hijo era un asesino e iba a recibir su merecido”.
El periodista alemán, Friedrich Kassebeer, corresponsal del Süddeutsche Zeitung estuvo en aquellos momentos en Hoyo de Manzanares. En el libro de Fonseca señala que que estaba vigilado por la Guardia Civil, que nos detuvo en dos controles para identificarnos antes de dejarnos continuar”. A pesar de que la ejecución era público, nadie podía acceder a la zona.
Txiki y Otaegui, los únicos reconocidos como víctimas
Flor Baena, hermana de José Humberto es la única testigo de la familia que sigue con la lucha abierta tras el fallecimiento de sus padres. “Busco justicia, no venganza. La vida no se la va a devolver nadie, pero quiero que al menos se reconozca que mi hermano fue asesinado, y no un asesino”.
En el año 2000 pudo presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para reclamar la nulidad de la condena. Sin embargo, relata a Público como se “rechazó la pretensión alegando que la Constitución no estaba vigente cuando ocurrieron los hechos”. Recurrió en 2015 entonces al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La demanda fue desestimada. Cinco años después se negaría de nuevo el requerimiento ante Comité de Derechos Humanos de la ONU. La resolución indicaba, según aclara Carlos Fonseca en su libro que “los hechos ocurrieron antes de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” de este organismo.
Flor presentó el 23 de abril de 2012 una denuncia en el Juzgado número 1 de Buenos Aires y forma parte de la conocida querella argentina. A pesar de haber agotados todas las vías, continua sin perder la esperanza.
Mikel Paredes, hermano mayor de Jon Paredes Manot, Txiki, ha sido “el único familiar testigo directo de su muerte” que presenció aquel 27-S en Cerdanyola (Barcelona). “Ahora da charlas y participo en actividades en escuelas para que los más jóvenes conozcan de primera mano la devastación que produce la violencia”.
Merche la prima de Ángel Otaegui, se ha convertido en la principal conocedora del caso y que transmite hoy su legado. Cuando asesinaron a su primo tenía solo doce años de edad.
Txiki y Otaegui fueron los únicos de aquellos cinco fusilados reconocidos en noviembre de 2012 por el Gobierno vasco, como víctimas de la violencia de motivación política al haberse vulnerado su derecho a un juicio justo.
Causa de la muerte, shocktraumático
El testimonio del párroco es bastante crudo y concluye cómo los familiares identificaron los cuerpos tras el asesinato. “Las familias recibieron los certificados de defunción firmados por el teniente médico. Se inscribía como causa de la muerte shock traumático, y los de inscripción en el Registro Civil y licencia para dar sepultura emitidos por el juez de paz Juan Egido”.
El fotógrafo Gustavo Catalán Deus recuerda que delante de los féretros “había militares, policías, abogados y algún familiar. La tensión era enorme”. No faltaban ni los temidos agentes de la BPS. Fonseca describe la escena. Y como “desde el famoso comisario Saturnino Yagüe a Billy el Niño vistieron corbatas de colores chillones para la ocasión”.
La jueza argentina María Servini postergó la declaración del exministro franquista, que estaba agendada para este lunes.
El 9 de septiembre iba a ser una de las fechas más significativas y trascendentales para las víctimas y querellantes de la única causa del mundo que investiga los crímenes de la dictadura española. Por primera vez en la historia, un imputado por los delitos de lesa humanidad que se perpetraron bajo el amparo franquista iba a ser interrogado ante la justicia argentina.
Pero la jueza María Servini decidió retrasar la declaración indagatoria del exministro de la Transición Rodolfo Martín Villa, prevista para este lunes. La magistrada es también jueza en el fuero electoral, y Argentina incursiona desde este sábado en la campaña política que culminará en los comicios generales del 27 de octubre.
“El motivo que aduce Servini para postergar la fecha es que al tener competencia en lo electoral, y habiendo elecciones en octubre, se superponían mucho las fechas, y más que nada el trabajo”, explicó a Público el abogado Gerardo Caviglia, integrante del equipo jurídico que desde 2018 incorporó distintas querellas al expediente original. “En función de eso, aplazó la situación de Martín Villa para el 11 del mes de diciembre, lo que también es una fecha conflictiva para Argentina porque es un día después de la asunción del nuevo presidente”, advirtió.
El propio abogado de Martín Villa apeló la decisión de la jueza, pues el exministro franquista y su letrado ya habían comprado los billetes para viajar a Buenos Aires. Pero la magistrada rechazó el recurso y confirmó la prórroga de su declaración indagatoria. “Esperamos que Martín Villa pueda venir en diciembre y no se postergue nuevamente, aunque yo tengo dudas de que se pueda concretar en esas fechas”, observó Caviglia.
Ministro entre 1975 y 1981, y vicepresidente del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo hasta 1982, Martín Villa es uno de los quince acusados que sigue vivo de los 20 imputados originales reclamados por la jueza Servini en octubre de 2014.
El exfuncionario es investigado por los conocidos «sucesos de Vitoria» de marzo de 1976, que constituyó la mayor matanza ocurrida durante la Transición. Cinco trabajadores fueron asesinados durante una represión policial en la capital alavesa mientras él ejercía como ministro de Relaciones Sindicales, cargo que ocupó entre diciembre de 1975 y julio 1976.
Martín Villa también debe responder por seis homicidios cometidos durante otros operativos policiales cuando dirigía el Ministerio de la Gobernación –después renombrado como de Interior–, cartera que tenía bajo su órbita a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Como ministro de Gobernación, Martín Villa dirigió la represión de la denominada Semana Pro Amnistía que tuvo lugar entre el 8 y el 15 de mayo de 1977 en el País Vasco y en Navarra, a raíz de la cual fallecieron un veterano luchador antifranquista, Rafael Gómez Jáuregui, y el joven José Luis Cano Pérez.
La jueza también achaca al exministro franquista las muertes de José María Zabala Erasun, asesinado por un guardia civil en septiembre de 1976; de María Norma Menchaca, que falleció el 9 de julio del mismo año a manos de un grupo parapolicial; y de Arturo Ruiz García, asesinado por un grupo de ultraderechistas en enero de 1977.
Por último, este hombre de 84 años será interrogado por la masacre que tuvo lugar durante los Sanfermines el 8 de julio de 1978, cuando las Fuerzas de Seguridad dispararon sobre una multitud en la plaza de Toros de Pamplona y mataron a un joven llamado Germán Rodríguez, además de herir a otras 150 personas.
El exministro fue imputado en el expediente desde un comienzo por «homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas», un delito que en Argentina está penado con prisión perpetua.
En la querella que denuncia lo sucedido en los Sanfermines está acusado de homicidio agravado, mientras que en otras querellas individuales que se incorporaron con posterioridad al caso se le imputan los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y lesiones graves.
La investigación de Servini abarca el período comprendido entre el 17 de julio de 1936, fecha del golpe cívico-militar del dictador Francisco Franco, y el 15 de junio de 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas.
Nuevas declaraciones testimoniales
Aunque ha postergado el interrogatorio de Martín Villa, Servini recibió este viernes a otra de las víctimas que ampara la querella. Felisa Echegoyen, una militante antifranquista también conocida como Kutxi, describió ante la jueza argentina las torturas que sufrió a manos de otro de los imputados en la causa, el expolicía franquista Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño.
Kutxi estuvo acompañada en todo momento por Paqui Maqueda, presidenta de la asociación ‘Nuestra Memoria’ y querellante en la causa por la desaparición de su bisabuelo, Juan Rodríguez Tirado. Maqueda fue parte de una delegación de casi 30 víctimas del franquismo que a finales de 2013 viajó desde España a Buenos Aires para denunciar los crímenes de lesa humanidad de la dictadura.
Maqueda y Kutxi presentaron este jueves en uno de los principales teatros públicos de Buenos Aires, el San Martín, el premiado largometraje El Silencio de Otros, que narra la fuerza de voluntad de las víctimas de la dictadura en la búsqueda de justicia para sus familiares represaliados. Una sala conmovida ovacionó la proyección del documental dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bahar, a la que asistieron integrantes de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo.
Una de sus integrantes más reconocidas, la activista Taty Almeida, quiso mandar un mensaje para todos los que aguardan justicia desde España. “No bajen los brazos, sigan insistiendo, que la justicia va a llegar”, aseguró. “Cuando estén un poco caídas, digan bien fuerte: si las Madres pudieron, por qué no nosotras”. Fue entonces cuando todos los espectadores se unieron en un solo grito para recordar que las víctimas del franquismo y los 30.000 desaparecidos que dejó la dictadura argentina (1976-1983) están presentes “ahora y siempre”.
Colectivos de Madrid pro Referéndum Monarquía o República
(Arganzuela, Carabanchel, Centro, Latina, San Fermín-Orcasitas, Tetuán)
Loquesomos.org
Madrileños por el Derecho a Decidir
Mujeres por la República
Queremos invitarte personalmente a la inauguración, el próximo 13 de septiembre, a las 19 h, en la Fundación Anselmo Lorenzo (C/ Peñuelas, 41 – Madrid), de la exposición de obra gráfica #antimonárquica, bajo el titulo de #ArteGuillotina.
Participan en esta muestra los siguientes autores de Europa y América Latina: Carlos Tena, Cuco Suárez, Daniela Ortiz, Democracia, Diana Larrea, Domènec, Dos Jotas, En Contingencia, Eugenio Merino, Francesc Vidal, Francisco Papas Fritas, José Melguizo, Franko B, Juan Caloca, @LQSomos, María Adela Díaz, María Cañas, Noaz, Nicolás Monti, Noe Acedo, Pablo Peralta, Pedro José González, Regina José Galindo, Santiago Sierra, Todo por la Praxis, Txuspo Poyo, Vota al Poder y Yepes García.
La exposición está promovida por Madrileños por el Derecho a Decidir, Mujeres por la República, Loquesomos.org y diversos Colectivos pro referéndum Monarquía o República de Madrid.
El catálogo va precedido por una introducción de Luis Navarro. Será editado por @AmigosDelGaraje y reproduce la obra completa expuesta.
Sería un placer compartir contigo esta inauguración, ejercicio de libertad de expresión y reivindicación de unas libertades civiles tan maltratadas por el régimen del 78 y su monarquía.
