Una jornada sobre justicia transicional en la sede de Naciones Unidas en Nueva York debate sobre la impunidad de los crímenes franquistas y la justicia de las víctimas
‘El silencio de otros’, en la sede de la ONU en Nueva York.
“Yo soy ellos”, ha manifestado Paqui Maqueda, en recuerdo a sus familiares represaliados por el fascismo español. Sus palabras resonaron con fuerza en el día en que los muertos en las fosas del franquismo han tenido voz en la ONU.
Al hilo de la película El silencio de otros –ganadora de un Premio Goya al mejor documental en 2019–, una jornada ha centrado el debate en la lucha social contra la impunidad de los crímenes de la dictadura de Francisco Franco. Como una cuestión de Derechos Humanos que España continúa sin resolver.
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, ha señalado las vías principales para atacar el problema: acceso a la justicia de las víctimas, cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y derogación de la Ley de Amnistía de 1977.
El coloquio tras la proyección de la cinta en la sede de ONU en Nueva York (EEUU) ha contado también con la participación de la activista de Memoria Histórica y víctima del franquismo Paqui Maqueda. Además del abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (CeAQUA), Jacinto Lara, y los codirectores de la película, Almudena Carracedo y Robert Bahar.
Todos han coincidido en el diagnóstico de Salvioli. Que el Estado español debe aplicar las normas internacionales e investigar los “crímenes contra la humanidad” cometidos desde 1936 hasta, al menos, 1975. Que la justicia, y la sociedad, no pueden mirar a otro lado. Y que el mensaje y la salida están, aseguran, en romper la impunidad del franquismo.
Robert Bahar, Fabián Salvioli, Almudena Carracedo, Paqui Maqueda y Jacinto Lara.
La Ley de Amnistía “no es válida”
“Solidaridad con las víctimas, a todas las que todavía están esperando justicia en España”, ha apuntado Fabián Salvioli. Porque la Ley de Amnistía del 77 “no es válida”, defiende. Como concluyó en 2015 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Por lo tanto, sostiene, el Estado español debe derogar el marco legal que ampara la exención de responsabilidad penal a quienes cometieron crímenes durante el régimen franquista. Los delitos apuntados “no pueden ser objeto de amnistía ni prescriben”, subraya.
La Justicia de España debe aplicar la legislación internacional, exige. Y reclama al nuevo Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos que “sea serio” y aplique “al completo” la Ley de Memoria Histórica, en palabras del jurista argentino que sucedió al anterior Relator Especial de la ONU, Pablo de Greiff.
“No hay mejor argumento” que trabajos como El silencio de otros para reclamar justicia por los crímenes del franquismo, ha defendido Salvioli. “Esta película no es simplemente una película. Esta película es muy relevante para las víctimas, muy relevante para el país, España, y muy relevante para todo el mundo”, ha asegurado el experto independiente de Naciones Unidas.
La proyección del documental y el posterior panel titulado ‘El silencio de los demás: reflexionando sobre la justicia transicional’ ha contado con el apoyo de las misiones permanentes de España, Bélgica y Austria en la sede de la ONU en Nueva York. La cinta recoge las voces de las víctimas y familiares de la represión de la dictadura franquista y narra testimonios reales de represaliados.
Almudena Carracero y Paqui Maqueda.
La voz de los muertos en las fosas
“Mi bisabuelo, Juan Rodríguez Tirado, es una de las 114.000 personas desaparecidas en España“, cuenta Paqui Maqueda. “Uno de sus hijos, Enrique, fue preso esclavo del franquismo y construyó un canal de riego que hizo rico a mucha gente en mi país y todavía hoy se usa”, ha continuado. Y más. “Otro hijo, Pascual, al término de la guerra civil, año 39, en época de supuesta paz fue asesinado mientras lo interrogaban los falangistas”.
O el expolio de “la casa familiar, que sirvió para el enriquecimiento de los vencedores y actualmente el estado español, al que he pedido que me la devuelva, me lo ha negado”. La familia de Maqueda también fue víctima de la desaparición forzada de menores de edad: “en el año 63 le fue robado a mi madre su primer hijo, todavía no sabemos dónde está”.
Paqui Maqueda conoció su historia familiar “hace apenas 15 años”. Y desde entonces decide “militar en este movimiento de Derechos Humanos de base ciudadana que trata de reconstruir la historia que se nos ha contado de vencedores y vencidos”. La conocida como Memoria Histórica, refiere, y que trata “de que se cumpla la máxima de la legislación internacional de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
“En mi país hay un problema grave de violaciones de Derechos Humanos”, resume Maqueda. En España existe una “política de Estado” que garantiza la “situación de impunidad” de los crímenes del franquismo, coincide el abogado de la Querella Argentina Jacinto Lara. Y en esta ausencia de “investigación y enjuiciamiento” participan “los tres poderes que conforman el Estado, judicial, legislativo y ejecutivo”, denuncia.
España, contra las víctimas de Franco
“El legislativo se niega a remover los obstáculos legales de derecho interno que invocan los juzgados y tribunales españoles para no investigar los crímenes”, en referencia a la Ley de Amnistía. Un marco legal que, “sin ir más lejos”, el Parlamento español “se negó a modificar” en 2018 “en el sentido que se había indicado por un mecanismo de ONU” como el entonces relator especial Pablo de Greiff.
Las víctimas del franquismo, en Naciones Unidas.
El poder judicial, por su parte, “se niega a incoar diligencias de investigación por crímenes que son objeto de denuncia en juzgados españoles”, precisa Lara. Y “también rechaza el auxilio judicial que viene de Argentina”, desde el proceso abierto por la jueza María Servini en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 1 de Buenos Aires (República Argentina).
“Por último el poder ejecutivo no ha impulsado ningún proyecto de ley que pueda remover mínimamente esta situación de impunidad ni tampoco está cooperando con las autoridades argentinas”, expone el letrado. Como ejemplo señala “cómo en marzo de 2015 el Consejo de Ministros español negó la extradición de 20 imputados en la denominada Querella Argentina“.
O cómo la Fiscalía General del Estado torpedea las declaraciones de cargos franquistas y víctimas ordenadas por Argentina. “En septiembre de 2016 dictó instrucción de obligado cumplimiento para que los juzgados y tribunales españoles no colaboran con la justicia argentina”. El país, al garantizar la impunidad del franquismo, “está sistemáticamente incumpliendo con todas las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado español”.
Un relato, la búsqueda de justicia para las víctimas del régimen franquista, que dibuja el documental El silencio de otros, que ha recibido numerosos galardones, entre ellos el Goya en 2019 o el Premio del Público y el de Cine por la Paz en la Berlinale.
La película acompaña durante seis años a los impulsores y el proceso de la denominada Querella Argentina, única causa en el mundo que intenta procesar a los responsables de los crímenes del franquismo, al amparo del principio de justicia universal para delitos de lesa humanidad.
Los autores de la obra, Almudena Carracedo y Robert Bahar, han rememorado en la sede de la ONU en Nueva York los orígenes del documental, que se remontan a 2010. En parte, han asegurado, el trabajo también busca resarcir una “deuda” con las generaciones que sufrieron y combatieron la dictadura. Y “mostrar al mundo”, subrayan, lo que ha pasado en España.
Madrid, 26 feb (EFE).- Representantes de todos los grupos políticos, con la excepción de PP, Ciudadanos y Vox, han respaldado la proposición de ley impulsada por la sociedad civil ante el Parlamento para abordar los casos de robos de bebés durante el franquismo y los primeros años de la democracia en España.
Esta iniciativa, que ya fue registrada por la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (Ceaqua) en septiembre de 2018 y admitida a trámite, decayó por la convocatoria de elecciones.
En el regreso al Congreso este miércoles, la proposición de ley ha contado con el respaldo del Grupo socialista, que se une al anunciado por Unidas Podemos, ERC, Bildu, PNV, Junts per Catalunya, BNG y CUP, según ha explicado a Efe la portavoz de Ceaqua, Soledad Luque.
Para Luque, presidenta también de la asociación “Todos los niños robados son también mis niños”, los temas esenciales de esta ley son el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición.
El texto de la iniciativa incluye medidas como la creación de una fiscalía especializada, la apertura de archivos, que las pruebas de ADN y las exhumaciones sean gratuitas y que se creen un banco de ADN y un censo únicos.
Asimismo, solicita que se ponga en marcha una Comisión por el derecho a la identidad y que las víctimas puedan acceder a la justicia gratuita y dispongan de apoyo y mediación psicológica y médica.
“En cuanto al derecho a la justicia pedimos que todas las investigaciones se realicen de manera exhaustiva y exista una fiscalía especializada porque lo más importante es acabar con la impunidad”, ha añadido.
Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago ha reiterado su apoyo a esta ley que “representa una obligación ética, histórica, política y jurídica”.
“Propone introducir que este crimen sea imprescriptible y de lesa humanidad, lo que facilitará la reparación y las garantías de no repetición; es una ley pensada para atender a las víctimas, repararlas y recuperar el máximo de aquellos bebés robados que hoy en su inmensa mayoría son adultos”, ha asegurado Santiago.
Respecto a la búsqueda de los niños y adultos desaparecidos, Santiago ha destacado la importancia de que se incluya en la ley el acceso a la información. “Se garantizaría el acceso a los archivos públicos y privados, especialmente a los archivos de la Iglesia Católica, municipales, y del Estado y se crearían instituciones especializadas, una base de datos de ADN y las medidas que sean necesarias”.
Desde Unidas Podemos, Sofía Castañón ha señalado que a pocos días de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, “es importante reparar” a aquellas mujeres quienes vivieron este tipo de violencia desde una perspectiva de género.
“Apelamos al consenso que se tuvo en la duodécima legislatura y que esperamos seguir encontrando en la Cámara como una cuestión de responsabilidad y de democracia”. EFE https://www.lavanguardia.com/vida/20200226/473797836954/la-ley-para-investigar-los-casos-de-bebes-robados-de-nuevo-en-el-parlamento.html
19:30 Hores
Escuela de Comerciu (Cai Francisco Tomás y Valiente, 1)
Presentación del llibru “¡No os importe matar!”
Sabino Cuadra, autor, miembru de San Fermines 78 Gogoan.
Luis Pascual, Ateneú Obreru de Xixón.
Carme Prado, de La Comuna d’Asturies – CeAQUA. https://axendamazucu.org/evento/8307
Avilés martes 17 de marzu
19:30 Hores
Club de Prensa LNE – Avilés
Palacio Valdecarzana.
Presentación del llibru “¡No os importe matar!”
Sabino Cuadra, autor, miembru de San Fermines 78 Gogoan.
Mar Díaz, FAMYR.
F. Rguez Amorín, de La Comuna d’Asturies – CeAQUA. https://axendamazucu.org/evento/8308
Uviéu miércoles 18 de marzu
20:00 Hores
El MANGLAR (Cai Martínes Vigil 14)
Presentación del llibru “¡No os importe matar!”
Sabino Cuadra, autor, miembru de San Fermines 78 Gogoan.
Tino Brugos, profesor de historia.
Delfina Flórez, de La Comuna d’Asturies – CeAQUA. https://axendamazucu.org/evento/8309
Entamen: La Comuna d’Asturies – CeAQUA FAMYR Ateneú Obreru de Xixón EL MANGLAR (Ecosistema Cultural)
Impunidá del franquismu, Transición “modélica”, Querella Arxentina, carencies democrátiques actuales… Pa falar d’esto y muncho más, nun pierdas la presentación del llibru de Sabino Cuadra “¡No os importe matar!”.
Sábadu, 8 de xunetu de 1978. Pamplona. Plenos Sanferminos. Franco va yá cuasi trés años que morrió, pero’l franquismu sigue tovía mui vivu. Esi día, decenes de policíes arrodien la plaza de toros, que ta acorrompinada de xente, cuando dellos mozos baxen al ruedu con una pancarta onde piden l’amnistía y unos Sanferminos ensin presos. Ye la sida de la Policía franquista pa entrar nel cosu, preparar les “bocaches” y tirar con toles fuercies, lo más fuerte que pudieron. Pelotes de goma, botes de fumu, gas lacrimóxeno y bales. Dexaron decenes de mancaos, dellos de gravedá, dientro de la plaza. Munchos más per fuera. El militante mozu de LKI Germán Rodríguez cayía muertu por una bala de la Policía Armada. Nesi momentu yera ministru d’Interior Rodolfo Martín Villa, que ta imputáu por esti casu – ente otros- na Querella Arxentina contra los crímenes del franquismu.
Depués de más de 40 años, Sabino Cuadra Lasarte, basándose nel informe que redactaron les peñes sanfermineres naquel entós, en documentos desclasificaos va poco y en trabayos monográficos ellaboraos dende dellos ámbitos, reconstruye pormenorizadamente l’ambiente anterior y posterior y los propios fechos, asitiando lo asocedío aquel 8 de xunetu nun contestu de crímenes contra la humanidá cometíos a lo llargo de la dictadura y de la llamada Transición.
El títulu, “¡No os importe matar!”, recueye la frase d’un mandu policial, Vulcano 2, al traviés de la emisora policial. El llibru analiza’l contestu de los Sanferminos 1978, la intervención policial, la versión oficial, la de los testigos y les conclusiones de les omisiones d’investigación. Esplora tamién el camín tan llargu p’algamar verdá, xusticia y reparación al amparu del principiu de xusticia universal, que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidá.
Porque, anque los sos perpetradores sigan impunes y la versión oficial nos cunte otra cosa, nun foron errores. Y nun-yos dio más matar
La Comuna d’Asturies – CeAQUA tien un grupu de corréu (https://groups.google.com/d/forum/la-comuna-d-asturies). Si t’interesa recibir los nuestros comunicaos y convocatories, únvianos un corréu electrónicu a la dirección lacomunadasturies@gmail.com y mandámoste una invitación.Tamién tenemos un grupu de WhatsApp. Si quies apuntate, unvia un mensaxe al +34696768351 (Francisco Javier) y metémoste.
NUEVO REGISTRO DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE BEBÉS ROBADOS EN EL ESTADO ESPAÑOL EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
ConestaleyelEstadoasumiríalaresponsabilidadde la búsqueda activa de losbebés robados y de su identidad.
El próximo miércoles26defebrero,a las 12:00 horas, se registrará de nuevo en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español. Hasta el momento, este Registro será firmado por los diferentes Grupos del Intergrupo de Memoria y Derechos Humanos del Parlamento estatal: Compromís, Más País, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Junts per Catalunya (JxCat), BILDU, Bloque Nacionalista Galego (BNG) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP). El PSOE todavía no ha dado su opinión al respecto.
Esta Proposición de Ley, impulsada y promovida por la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina (CeAqua), a propuesta de Todos los niños robados son también mis niños, asociación integrante de esta entidad, ya tuvo su primer registro el 25 de septiembre de 2018 y fue admitida a trámite por unanimidad en el Congreso de los Diputado el 20 de noviembre del mismo año. Debido al adelanto electoral, la Proposición de Ley decayó y ahora es necesario este nuevo registro para continuar con el correspondiente procedimiento parlamentario hasta su esperada aprobación.
En la última reunión conjunta entre CeAqua y todos Grupos políticos para tratar este tema, celebrada hace justo un año, el 19 de febrero de 2019, se obtuvo el compromiso de todos ellos de retomar esta iniciativa una vez celebradas las elecciones y constituido el nuevo Gobierno, como así ha sido.
La CeAqua lleva impulsando esta iniciativa legislativa en el Congreso desde hace casi dos años. Durante ese tiempo, se han realizado números encuentros con todos los grupos parlamentarios lográndose un texto que recoge las reivindicaciones históricas de las víctimas de este crimen:
Esta Ley garantiza por primera vez el efectivo disfrute de sus derechos a las víctimas del robo de bebés.
Reconoce y asegura los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición con diversas medidas entre las que se encuentran: la garantía del derecho al acceso a todo tipo de archivos, tanto públicos como privados (destacando los de clínicas y hospitales, y los de la Iglesia Católica); la realización de exhumaciones sufragadas por el Ministerio de Justicia; la atención médica, jurídica y psicológica gratuita; y las campañas de información y difusión por parte de los poderes públicos para que este crimen contra la humanidad no vuelva a repetirse jamás.
Reconoce la condición de víctimas para los afectados por este crimen, al que se considera un crimen contra la humanidad.
De esta manera, España empieza a cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas, y especialmente la del Relator de Justicia Transicional, así como los Principios del Derecho Internacional de Derechos Humanos, y que piensa seguir por ese camino.
Es un texto que integra a todas las víctimas por el robo de bebés, las de la dictadura y las que se produjeron después. Y tanto a las familias que buscan como a las personas en busca de su identidad.
Para que se encarguen de garantizar los derechos de las víctimas se crean una Fiscalía Especial, una Unidad de Investigación de la Policía Judicial y una Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad.
Para que hagan el trabajo estos organismos se les dota de una Base de datos que elaborará un censo de todos los casos, y una Base de ADN nacional, cuyas pruebas serán gratuitas, con toda la información de todos los desaparecidos y de sus familias.
El sistema garantiza la participación de las víctimas a través de sus representantes.
Con esta Ley se dotaría de un marco estatal a todas las disposiciones legislativas que se establezcan en todas las Comunidades Autónomas, haciendo posible su cumplimiento y amparando de forma global a todas las víctimas de este terrible crimen en España. El marco temporal comienza el 17 de julio de 1936 y no tiene cierre, por tanto, acoge tanto los casos ocurridos durante la dictadura como en la democracia.
Retomar esta Proposición de Ley, a partir de su nuevo registro el próximo miércoles 26 será el primer gran paso de esta iniciativa que es pionera por su relevancia en el ámbito legislativo y sus consecuencias en el ámbito judicial para investigar este terrible delito contra la humanidad y conocer la verdad de los hechos, obtener justicia y reparación para las víctimas, y juzgar a los victimarios, así como conseguir que este deleznable crimen jamás vuelva a ocurrir, tal y como ha sido repetidas veces recomendado a nuestro Estado por diferentes organismos y convenciones de Naciones Unidas y sustentado en el derecho internacional de derechos humanos. Actualmente, la iniciativa cuenta con el apoyo de todas las organizaciones que integran la CeAqua, además de las siguientes entidades, nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos:
La asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)
Amnistía Internacional.
La Red Argentino Europea por el Derecho a la Identidad (representantes de las Abuelas de Plaza de Mayo en España)
Centre for International Justice.
A las que se suman entidades memorialistas, feministas y académicas.
Y, por supuesto, como apoyo lógico e imprescindible, de asociaciones de víctimas por el robo de bebés de diferentes partes del Estado español, y que hasta el momento son las siguientes:
Adelante Bebés Robados (Madrid y delegación de Castilla-La Mancha)
Asociación Bebés Sustraidos Bizkaia “Itxaropena”
Asociación de Bebés Robados de Andalucía (ABEROA)
Asociación de Afectados por Bebés Robados de Andalucía (ABRA)
Asociación de Víctimas de bebes robados y de adopciones ilegales de Alicante (AVA)
Asociación Origens de Baleares
Camino a la Justicia.
Sos Bebés Robados de Almería.
Sos Bebés Robados Cádiz.
Sos Bebés Robados de Cantabria.
Sos Bebés Robados Galicia
Sos Bebés Robados Huelva
Sos Bebés Robados Jerez de la Frontera
Sos Bebés Robados Madrid (Madrid y delegación de Canarias)
Todos los niños robados son también mis niños- CeAqua (como entidad promotora)
Se espera en los próximos días recibir el apoyo de más entidades de diferentes ámbitos sociales, culturales y académicos, así como de más organizaciones de derechos humanos que ya han expresado su deseo de unirse al impulso de esta iniciativa.
CeAquaContacto:SoledadLuqueDelgado 618774916
El día 26 a las 11.30los representantes de CeAqua recibirán a la prensa en la escalinata de los leones.
Jacinto Lara es abogado en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) y representa a las víctimas del franquismo en la causa judicial que mantiene abierta la Justicia de Argentina para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Hace apenas unos días la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) denunció públicamente que el Ministerio de Justicia estaba poniendo trabas a la toma de declaración del exministro Rodolfo Martín Villa prevista para el 20 de marzo ante la jueza María Servini en el marco de la conocida como querella argentina, la causa abierta en el país sudamericano que investiga al franquismo por posibles crímenes de lesa humanidad.
La CEAQUA denunciaba que, según documento oficial de la República de Argentina, el Ministerio de Justicia español había señalado al mencionado país que la fórmula adecuada no era la toma de declaración en la Embajada, tal y como estaba previsto, sino enviar nuevamente una petición de auxilio judicial internacional que España ya había rechazado en dos ocasiones.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia español negó la mayor y señaló que aún no había contestado a Argentina, tal y como recogió Público en esta información. Desde entonces, la situación no ha tenido avances.
La semana pasada ustedes denunciaron trabas del Ministerio de Justicia a la toma de declaración indagatoria de Martín Villa en la Embajada de este país en Madrid. ¿En qué consisten estas trabas que ustedes denuncian?
Las trabas que menciona las denunciamos como consecuencia de un documento oficial que remite el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina al Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires que tramita la conocida como querella argentina. En este documento se indica a la jueza María Servini de Cubría que el Ministerio de Justicia español les ha informado que se debe utilizar la vía del auxilio judicial internacional para poder tomar declaración a Martín Villa y no efectuarla en la Embajada, que es el mecanismo que había articulado la propia Jueza Servini. Como consecuencia de ello, evidentemente, nosotros hemos denunciado un nuevo obstáculo en la tramitación de la causa.
¿Y por qué es un obstáculo? ¿Qué supone ese mensaje?
Porque España pide ahora a Argentina que remita un auxilio judicial internacional y la jueza Servini lo había remitido en dos ocasiones anteriores y las dos habían sido rechazadas por las autoridades españolas, una por el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid y otra en el mes de octubre de 2018 por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Por tanto, sabemos que la vía que señala Justicia ahora en esa comunicación a Argentina es una vía muerta, una vía que sería nuevamente rechazada y que al final no permitiría el objetivo final de tomar declaración a Martín Villa. Una vía que supondría una nueva demora en la tramitación de la causa.
También hay que destacar que además de rechazar los auxilios judiciales internacionales enviados por Servini, el propio Consejo de Ministros, en el año 2015, rechazó la extradición de Martín Villa a Argentina para su toma de declaración. Por lo tanto, en este caso, tenemos una denegación de extradición y de dos auxilios internacionales. Por este motivo la jueza Servini de Cubría acordó que la toma de declaración se produjera en la Embajada de Argentina y lo hizo siguiendo las indicaciones que le hizo el propio Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional en el auto que denegó el auxilio judicial. Ese auto indicaba a la jueza Servini que podía utilizar la vía la Embajada de Argentina en Madrid para la toma de declaración indagatoria.
“A Martín Villa se le imputa una serie de hechos que pueden ser constitutivos de un delito de homicidio agravado en un contexto de crímenes de humanidad”
¿Y qué es lo que sucede ahora? Que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina ha incorporado a la causa una declaración que le ha sido efectuado desde el Ministerio de Justicia diciendo que no consideran procedente la utilización de la Embajada de Argentina para la toma de declaración de Martín Villa y que recomienda utilizar un auxilio judicial internacional. Por tanto, es un nuevo obstáculo. Es una situación en la que el Estado está obstaculizando constante y sistemáticamente la toma de declaración de Martín Villa. Y lo ha hecho el Gobierno español y también los tribunales españoles. Más sorpresivo y paradójico no puede resultar todo. Esto solo se explica desde una posición política consolidada de impunidad mantenida por el Estado español.
Usted sabe que cuando informó a los medios de estos obstáculos el Ministerio de Justicia dijo que no había dado esa contestación. De hecho, Justicia señala que todavía no ha contestado a Argentina. ¿Ustedes han tenido algún tipo de comunicación con el Ministerio de Justicia para aclarar que está sucediendo?
No hemos tenido ninguna relación directa con el Ministerio de Justicia español. Sí hemos confirmado con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina la existencia de esa comunicación y, efectivamente, desde Argentina nos han dicho que esa confirmación existió y que, por eso, lógicamente, lo incorporaron en un documento oficial que fue remitido a la jueza Servini. Tenemos muy claro que el Ministerio de Justicia ha tenido que indicar esto al ministerio de Argentina y por eso está recogido en un documento oficial de dicho país. Y eso, como ya he indicado, ha sido constatado con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.
Entonces, por su parte, no tienen dudas de que Justicia ha puesto nuevamente trabas a la toma de declaración de Martín Villa a pesar de que el propio ministerio lo niegue y asegure que aún no han contestado.
Entonces lo que esperamos es que el Ministerio de Justicia conteste a las autoridades argentinas y que diga que no tienen ningún problema en que se tome declaración indagatoria a Martín Villa. Eso es lo que correspondería y todavía está a tiempo de hacerlo.
Perdone por insistir en este asunto. ¿Usted considera que el ministerio de Justicia está torpedeando la toma de declaración de Martín Villa?
Inicialmente seguro. Dudo mucho que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina incorpore en un documento oficial una manifestación del Ministerio de Justicia español que no se ha producido. Para nosotros la contestación de Justicia a Argentina supone una severa obstaculización. De todos modos, insisto, Justicia está a tiempo de utilizar un canal oficial para comunicar que, efectivamente, no tiene problemas en que se tome declaración a Martín Villa en la Embajada. Lo otro, lo que ya sucedió, es una clara obstaculización y el silencio, el no responder, también lo es.
La situación a día de hoy, ¿cuál es? ¿La jueza vendrá el 20 de marzo y se mantiene la declaración de Martín Villa?
No tenemos ninguna notificación o noticia nueva al respecto. Lo que tenemos es que la toma de declaración a Martín Villa está señalada para el 20 de marzo. La jueza no ha resuelto modificar, a día de hoy, la toma de declaración indagatoria. Lo que es evidente es que si hay una oposición para que la jueza pueda desplazarse a España pues, obviamente, ella reconsiderará la decisión inicialmente adoptada. Pero, a día de hoy, la jueza no ha resuelto nada diferente a lo ya acordado.
Por tanto, de momento, a día de hoy se mantiene la declaración.
Entendemos que al no haber resolución contraria se mantendrá la declaración para el 20 de marzo. Veremos qué sucede en estos días.
¿De qué se acusa a Martín Villa en Argentina?
Se le imputa una serie de hechos que pueden ser constitutivos de un delito de homicidio agravado en un contexto de crímenes de humanidad. Los hechos vienen referidos a la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria; a diferentes asesinatos que se produjeron en el conjunto de Euskal Herria durante la denominada Semana Proamnistia en el año 1977; el asesinato de Arturo Ruiz en enero de 1977; y los sucesos acontecidos en Pamplona el 8 de julio de 1978. La carga fáctica por la que se le imputa a Martín Villa es bastante importante. Se trata de unos crímenes gravísimos que se están tramitando en un proceso judicial en aplicación del principio de Justicia universal porque son constitutivos de crímenes de lesa humanidad y, por tanto, ofenden a la comunidad internacional en su conjunto.
¿Qué responsabilidad ejercía Martín Villa cuando se produjeron los hechos que usted acaba de mencionar?
En relación con los hechos del 3 de marzo de 1976 Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales y en el resto de los hechos imputados era ministro de Gobernación y, posteriormente, de Interior.
Martín Villa ha reiterado en varias ocasiones su voluntad de declarar e incluso ha señalado que él está muy tranquilo viendo quien le denuncia. ¿Qué le parece esta afirmación?
Por un lado, vemos que se produce una paradoja. El imputado quiere declarar e incluso está señalando que se le está generando indefensión al no poder declarar; también hay una jueza que es competente en este caso y que aprueba tomarle declaración. Pero el Estado español pone trabas.”Estamos pendientes de que se puedan producir nuevas imputaciones”
Por otro lado, lo importante no es quien denuncia sino quien imputa y qué imputa. Aquí está imputando un juzgado y por unos crímenes que son gravísimos. Estamos hablando de crímenes contra la humanidad. Por tanto, repito: lo importante es que se trata de una causa abierta por las autoridades judiciales argentinas en base a un proceso judicial que se está tramitando con todas las garantías y que ha sido, además, objeto de revisión en diferentes instancias judiciales en el propio ámbito jurisdiccional argentino. Si lo que Martín Villa pretende es desvirtuar una imputación en función de quien son los denunciantes… me parece un grave error.
Hasta ahora hemos hablado de la toma de declaración indagatoria a Martín Villa. Me gustaría que explicara en qué punto del proceso judicial nos encontramos.
La declaración indagatoria es un hito procesal importante en la fase de instrucción, es decir, estamos todavía en fase de investigación. Y ahora, para poder tomar una decisión respecto al posible procesamiento o enjuiciamiento de esta persona hay un trámite que es ineludible: tomarle declaración a la persona a la que se le imputan los hechos delictivos, es decir, a Martín Villa. Una vez tomada esta declaración, si se consigue, la jueza ya puede tomar una decisión respecto a archivar la causa, formular un sobreseimiento o procesarle. En caso de que decida procesar a esta persona eso podría generar un nuevo pedido de extradición para ser enjuiciado.
¿El Estado español podría volver a rechazar la extradición en la fase de enjuiciamiento?
Sí. La última palabra en caso de un pedido de extradición siempre la tiene el Consejo de Ministros.
Martín Villa no es el único imputado en Argentina, aunque sí es el único que se ha mostrado dispuesto a declarar.
Hay más casos, sí. En octubre de 2014 la jueza dictó un auto en el que imputaba por diferentes delitos, todos ellos en un contexto de crímenes de lesa humanidad, a una serie de personas entre las que hay exministros franquistas, jueces, policías y un médico, como es el caso de Abelardo García, por posible sustracción de bebés. Hay algunos de los imputados, como Utrera Molina, que ya han fallecido. Otros, no. Argentina envió los pedidos de extradición correspondientes y fueron denegados por el Consejo de Ministros en marzo de 2015.”De momento, con el cambio de Gobierno, no hemos notado ningún cambio sustancial respecto a la querella argentina”
Para poder tomarles declaración Servini de Cubría podría utilizar la misma vía que con Rodolfo Martín Villa, estos es, en la embajada Argentina en España y que ellos acepten declarar. También podría solicitar, una vez más, auxilios judiciales internacionales que ya fueron rechazados por las autoridades españolas, lo que no es nada aconsejable porque previsiblemente serán nuevamente rechazados.
Si estos imputados no quieren declarar y España sigue rechazando los pedidos de extradición, entonces ¿no habría manera de tomarles declaración a los imputados?
Solamente se podría a través de un auxilio judicial internacional y solo en el caso de que los juzgados españoles lo aceptaran. Pero también hay que tener en cuenta que hay una Circular o instrucción de obligado cumplimiento por parte de la Fiscalía General del Estado del año 2016, que ordena a todas las fiscalías provinciales a oponerse a que se de cumplimiento por parte de los Juzgados españoles a dichos auxilios judiciales. Pues bien, en consonancia con lo que informan los propios Fiscales, aunque no les vincula, los juzgados acuerdan rechazar los exhortos o auxilios judiciales que llegan desde Argentina señalando que este asunto excede y es ajeno al ámbito de la Justicia española y que está afectado por la Ley de Amnistía y por la prescripción de delitos.
Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina.- FERNANDO SÁNCHEZ
Además conviene destacar que esa circular de Fiscalía recordaba lo que le sucedió al juez Baltasar Garzón por tratar de investigar los crímenes de la dictadura franquista. Esa circular sigue desplegando sus efectos a día de hoy y todos los fiscales se han opuesto a esos auxilios judiciales internacionales que cursa Servini. Debería haber un cambio de criterio de la Fiscalía consistente en apoyar que esos auxilios judiciales internacionales puedan ser ejecutados por los tribunales españoles sin problemas y que ampare la toma de declaración a los imputados a efectos de no obstaculizar la tramitación de esta causa.
Usted ha representado a CEAQUA en este proceso con diferentes gobiernos en el Estado. Primero con Rajoy en el poder, después con el PSOE en solitario y ahora con un Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. ¿Han notado alguna diferencia en los cambios de Gobierno?
Ahora mismo y de forma sustancial, no. No ha habido ningún cambio. Esperamos que durante el transcurso de la legislatura se pueda materializar algún cambio de postura del Gobierno y que colaboren con la Justicia de Argentina. Nosotros creemos que el Gobierno lo que tiene que hacer es colaborar en la medida de sus posibilidades en la tramitación de esta esta causa dando cumplimiento a las peticiones que llegan desde Argentina. Pero repito: a día de hoy no ha habido ningún cambio. Además, sí quiero recordar que el Relator Especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación recomendó a España que colaborara con la Justicia de Argentina.
Teme que si Justicia y Gobierno siguen rechazando colaborar con la Justicia de Argentina la conocida como querella argentina caiga en un punto muerto de frustración y sin avances?
Esperamos que no. La voluntad de Argentina sigue siendo investigar. Otra cosa es que pasemos a la fase de procesamiento en una querella que ya lleva diez años tramitándose. Pero esperemos que no, que la querella siga avanzando más allá de la colaboración que pueda tener por parte de las autoridades españolas. La querella argentina tiene una virtualidad propia muy importante. Es un factor erosionador desde un punto de vista de denuncia constante de un sistema de impunidad largamente mantenido por nuestra democracia y que ha permitido generar una presión internacional bastante sustancial en este tema. Además, durante su tramitación se han conseguido varios hitos procesales importantes y se ha puesto de manifiesto muchas de las cosas que el Estado español ha negado sobre la naturaleza de los crímenes del franquismo. Mientras que Argentina siga con voluntad de investigar, la querella seguirá avanzando con todas las dificultades, pero avanzando.
Ahora, además, estamos pendientes de que se puedan producir nuevas imputaciones por los hechos acontecidos en los Sanfermines de 1978 en la ciudad de Pamplona. Estas nuevas imputaciones afectarían a un Gobernador Civil y a diferentes miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la época.
El Gobierno ha reiterado su voluntad de retirar condecoraciones al policía González Pacheco, sin que ello implique ningún proceso judicial. Por otro lado, también ha anunciado su intención de incluir la apología del franquismo en el Código Penal. ¿Qué le parecen estas iniciativas?
Son dos iniciativas que hasta cierto punto puedo compartir, pero creo que están empezando la casa por el tejado. Lo normal, si se quieren retirar las condecoraciones a un torturador como González Pacheco, es que haya una sentencia judicial que constate, compruebe, tipifique los delitos que ha cometido y condene. La vía del Gobierno es otra. Es una vía administrativa y me parece que entraña dificultades porque actualmente no hay ninguna sentencia judicial que diga que este señor ha cometido delitos. Y no solo eso. El Estado se niega a investigar y a enjuiciar esos delitos.”Para nosotros la contestación de Justicia a Argentina supone una severa obstaculización”
En cuanto a la apología del franquismo, opino de la misma manera. Se estaría tipificando como delito el enaltecimiento, la apología de un régimen dictatorial que en ningún momento ha sido sometido a investigación y enjuiciamiento por parte de juzgados y tribunales. Con lo cual, si el franquismo fue un régimen dictadorial genocida que cometió los más graves crímenes internacionales, pero no existe ningún tipo de resolución judicial al respecto que así lo establezca… pues parece extraño tipificar como delito la apología de un régimen que no ha sido previamente condenado o calificado en estos términos.
Como decía tengo la impresión de que se está comenzando la casa por el tejado cuando no existen cimientos. Esos cimientos no pueden ser otros que garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de todos la personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos.
El exministro está acusado de delitos de homicidio agravado durante la Transición por matanzas como las de los Sanfermines del 78 y los sucesos de Vitoria. No se ha admitido su extradición y tampoco se le ha tomado declaración en España
El exministro franquista Rodolfo Martín Villa. | EFE
JUICIO A MARTÍN VILLA
En 2014, la jueza María Servini ordenó detener a Rodolfo Martín Villa. El exministro de Franco está acusado de delitos de homicidio agravado en un contexto de crímenes contra la humanidad. Pero el tiempo corre y el único imputado en la querella Argentina dispuesto a declarar no acaba de sentarse en el banquillo para responder por los sucesos de Vitoria o de Sanfermines 78.
El último episodio quedó cerrado en falso en los últimos días. La magistrada María Servini de Cubría iba a viajar a España para tomar declaración indagatoria el 20 de marzo a Rodolfo Martín Villa en la embajada argentina en Madrid. Un plan que, al parecer, de momento se ha frustrado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina ha asegurado que España pone trabas a esta declaración. Según Argentina, el Ministerio de Justicia considera que el “medio idóneo” para efectuar este requerimiento “no es un oficio judicial” sino “una Solicitud de Asistencia Internacional (un exhorto internacional)”. Sin embargo, el Ministerio de Exteriores español niega que esto haya sucedido, y asegura que ignora “en qué información oral o escrita ha podido basarse” el país suramericano para realizar “esa errónea aseveración”. Y aclara: “La solicitud de asistencia fue remitida por las autoridades argentinas el 28 de enero y se encuentra todavía pendiente de contestación, lo que debería acontecer en breve”.
Al hilo del enésimo aplazamiento, la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CeAqua) denuncia que el Gobierno de España “se niega” a que tenga lugar esta toma de declaración. Y que, de este modo, “ampara a criminales franquistas”.
Justicia niega la mayor. Aunque la disputa trasatlántica entre Servini y el Estado español está salpicada por los regates y el boicot a la única causa en el mundo que intenta juzgar los crímenes del franquismo. Mientras, una veintena de investigados sigue disfrutando de impunidad. Y entre ellos el único que quiere declarar, el exministro Martín Villa.
Cronología de una declaración frustrada
La primera orden de detención internacional con fines de extradición contra Martín Villa quedó dictada en octubre de 2014 por la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 de Buenos Aires, María Servini de Cubría. El mandato afectaba a ocho exministros franquistas, como José Utrera Molina por la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, un excapitán, siete expolicías, dos antiguos jueces, un ginecólogo y un abogado.
La jueza argentina María Servini de Cubría. | EFE
La sección argentina de Interpol solicitó días después a Madrid el arresto preventivo de los exfuncionarios y políticos acusados. Interpol España, en cambio, alegó ante su Secretaría General con sede en Lyon (Francia) para no tener que detener a los reclamados.
El entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, tardó poco en anunciar que España no atendería la extradición solicitada por Argentina. Pero Villa aseguró que no se iba a “esconder”: pidió declarar ante Servini y comparecer ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre este asunto “si hay cauce” para hacerlo, subrayó en declaraciones a Radio Nacional.
La jueza Servini dio otra vuelta de tuerca al proceso a inicios de 2015 y anunció su voluntad para tomar declaración en España al ministro de la dictadura de Francisco Franco. El Consejo de Ministros dejó claro el boicot a la Querella Argentina confirmando que no detendría a los franquistas imputados. El Gobierno de Mariano Rajoy justificó en una respuesta parlamentaria que sobre estas órdenes prima el derecho interno de cada país.
“Viendo a los que me acusan, estoy muy tranquilo”
Servini, como respuesta a la negativa de extradición, cursó en 2016 una primera comisión rogatoria (auxilio judicial internacional) para tomar declaración indagatoria a Martín Villa en tribunales españoles. España ganó tiempo pidiendo a Argentina las preguntas que haría a los imputados. Y en septiembre acabó tramitando el exhorto al darle salida a juzgados territoriales. Pero el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid rechazó la cuestión en octubre y un segundo pedido sufrió el mismo varapalo por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Martín Villa recibe una medalla de manos del rey Felipe VI.
En este último auto la Audiencia Nacional indicaba al juzgado argentino que “en lugar de utilizar el exhorto internacional podía utilizar distintos mecanismos para tomarle declaración a Martín Villa compareciendo en lugares dependientes de la soberanía argentina en España como el consulado o la embajada”, recuerda CeAqua. Justo al contrario del “medio idóneo” aludido días atrás por el Ministerio de Justicia para aplazar la comparecencia ante Servini, según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.
Martín Villa ha dicho en numerosas ocasiones que quiere declarar ante la justicia argentina. “Viendo a los que me acusan, estoy muy tranquilo“, llegó a decir. “No hay nada de verdad en las acusaciones que hacen contra mí”, sostiene el exministro del Interior y que en junio de 2017 fue condecorado por el rey Felipe VI junto a los exparlamentarios que conformaron las Cortes Constituyentes en 1977.
El triunfo de la impunidad
Un mes después, Martín Villa sumó un nuevo triunfo: podría ir a declarar al país austral sin riesgo a ser detenido. La Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina atendió su recurso y revocaba la orden internacional de busca y captura dictada contra él por la jueza Servini de Cubría, obligando a revisar su imputación.
La Audiencia Nacional rechazó que Argentina tomara declaración al exministro franquista en octubre de 2018. El juez José de la Mata argumentó, entre otros motivos, que según la legislación española los delitos que le atribuye habrían prescrito y que se vulneraría la Ley de Amnistía. Aunque el propio Martín Villa nunca ha pedido ampararse en estos supuestos, porque no ha cometido ningún delito, según el juez.
También exponía De la Mata que el imputado se puso a disposición de Servini para declarar en Argentina y ella lo ha rechazado. La jueza volvió a reclamar la toma de declaración indagatoria el 28 de marzo de 2019, tras una reunión con la eurodiputada Ana Miranda (BNG).
El exministro del Interior acusado de homicidios durante la Transición respondió el mismo día anunciando que iría en septiembre a Buenos Aires para declarar ante la titular del juzgado que tramita la Querella Argentina. La última petición de Servini ha quedado en vía muerta.
Cargas de los ‘grises’ contra estudiantes. | CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES
Las matanzas imputadas a Martín Villa
La justicia argentina busca al alto cargo franquista desde 2014 por 12 homicidios, crímenes contra la humanidad cometidos en un “ataque sistemático” para eliminar opositores. Como la “matanza” de Vitoria de 1976, asesinatos cometidos por ultraderechistas o los sucesos de Sanfermines de 1978.
Cinco obreros caen muertos por disparos de la Policía Armada, en una iglesia previamente “gaseada”. Ocurre en Vitoria el 3 de marzo del 76. La represión contra los trabajadores deja más de 100 personas heridas, la mayoría por armas de fuego. Martín Villa es Ministro de Relaciones Sindicales y ordena junto a Adolfo Suárez –ministro interino de Gobernación por viaje oficial de Manuel Fraga a Alemania– el envío de refuerzos y que un mando único dirija el operativo.
Ese mismo año, los llamados ‘guerrilleros de Cristo Rey’ matan a una mujer en Santurce, año 76. El grupo ultraderechista estaba “protegido por la policía”, según la denuncia en manos de la jueza Servini. En 1977, muere un estudiante en una manifestación que pide amnistía para los presos políticos de la dictadura franquista. Hay otros tres fallecidos, uno tras “trece días de dolorosa agonía” por torturas policiales.
Los Sanfermines del 78 viven uno de los episodios más violentos de represión policial durante la Transición Española. El detonante es el despliegue de una pancarta en favor de la amnistía total. Un estudiante recibe un tiro en la frente, y hay más de 150 heridos. Los incidentes se extienden por la ciudad, y de Pamplona, al resto de Navarra y Euskadi. Otro joven cae asesinado días después en Donostia.
Martín Villa, en estos casos, está a cargo de las fuerzas de Seguridad del Estado como ministro de Gobernación o del Interior. Servini busca conocer si los asesinatos están enmarcados en “hechos puntuales” o son delitos cometidos en España entre 1936 y 1977 “en el marco de un decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político”. Los crímenes de lesa humanidad imputados al exministro son sancionables “con las penas de reclusión o prisión perpetua” según la legislación argentina.
Los nombres de los asesinados
Todos los nombres de los asesinados son: Pedro María Martínez (27 años), Francisco Aznar (17), Romualdo Barroso (19), José Castillo (32) y Bienvenido Pereda (30), en Vitoria. María Norma Menchaca (Santurce, julio del 76), José María Zabala (Hondarribia, septiembre del 76), Arturo Ruiz (Madrid, enero del 77) y Rafael Gómez (Rentería), José Luis Cano (Pamplona) y Francisco Javier Núñez (Bilbao), los tres en mayo del 77. Además de Germán Rodríguez (27 años), en Sanfermines 78, y Joseba Barandiaran (18), en una manifestación días después en San Sebastián. Y Vicente Antón Ferrero y Juan Gabriel Rodrigo Knafo, ambos asesinados en manifestaciones de solidaridad con los asesinatos de Vitoria Gasteiz en días posteriores al 3 de marzo de 1976.
La memoria es una ola en la inmensidad del océano. Al principio, es solo un leve rugido, apenas audible. Nace lejos y a veces tarda en llegar, pero, en su avance, va creciendo, transformándose, y termina por alcanzar a quienes se atreven a cuadrarse ante el océano, interrogándolo. El leve rugido ya no es leve, ahora es espuma que atrapa la vista, y viento que eriza la piel, y aullido que atraviesa los tímpanos. Cuando la ola rompe delante de ti, por un momento, ya no hay océano, solo espuma, viento y aullido, solo memoria frente al olvido.
Desde el ámbito académico se suele definir la memoria como un proceso de elaboración del pasado a partir de la selección e interpretación de unos hechos históricos. En el contexto postfranquista español, la memoria es una vía de escape ante una narrativa oficial asfixiante, traidora y engañosa que pretende imponer el silencio y el olvido.Una narrativa oficial construida desde el poder y para el poder, atada y bien atada. La narrativa de la amnesia colectiva: del no preguntar, del no saber, del no juzgar, del no abrir fosas ni archivos, del no abrir heridas.
En contra de lo que algunos quieren creer (y hacer creer) cuando intentan ridiculizar esta lucha llamando carcas a quienes nos preocupamos por conocer la historia de nuestros abuelos y abuelas, la de la memoria es una lucha del presente. Del presente y del futuro. Es presente porque nosotras, las generaciones más jóvenes, somos herederas de esa cultura de la impunidad. Y es futuro porque la indignación que esto nos produce es lo que nos mueve a sumar nuestras voces a las de las valientes generaciones que nos preceden, en un grito global que seguirá exigiendo, hasta que sea escuchado, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Construir memoria no es vivir atrapado en el pasado, sino avanzar por los derechos y libertades. En este sentido, la memoria feminista es la memoria más valiente que conozco, porque interpela al pasado con la mirada puesta en el más valiente de los futuros. Un futuro en el que esos derechos y libertades que otras generaciones pelearon antes que nosotras (y que unas veces estuvieron tan cerca de alcanzarse como otras de perderse para siempre), puedan ser disfrutados por todas y todos. Si la memoria juega un papel fundamental en la construcción de la ciudadanía, la memoria feminista tiene el poder y laresponsabilidad de conectarnos con las genealogías de las luchas de quienes nos preceden, visibilizando lo que históricamente ha sido invisibilizado, nombrando lo innombrable, escuchando las voces silenciadas por el peso de esa Historia con mayúsculas construida desde una mirada patriarcal.
Frente a esa narrativa oficial, la memoria feminista es una memoria abierta y plural, que huye de los hiperliderazgosporque entiende el valor de lo colectivo y que sitúa los cuidados en el centro, haciendo suyo ese lema tan necesario que señala que lo personal es político. La memoria feminista es una memoria horizontal. En ella cabemos todas: las que sufrieron en sus carnes la represión franquista (las presas por abortar, las torturadas por militar, las pobres, las exiliadas, las mujeres trans, las madres de los bebés robados, las internadas en patronatos e instituciones psiquiátricas por vivir libremente susexualidad…) y las que heredamos esa transmisión intergeneracional de la memoria a base de charlas en la cocina con nuestras abuelas.
Los criminales franquistas comprendieron perfectamente la importancia radical de las genealogías, como demuestran los persistentes esfuerzos dedicados a borrar el legado feminista de los años 30. Las reformas legislativas aprobadas durante la Segunda República,como la aprobación del sufragio femenino o la legalización del divorcio, pretendían sentar las bases para favorecer el proceso emancipatorio femenino que en el resto de Europa llevaba desarrollándose desde principios de siglo. Además, en este periodo surgirían organizaciones de mujeres como la Agrupación de Mujeres Antifascistas o Mujeres Libres, que jugaron un papel fundamental en la lucha contra el fascismo. Estos valores suponían una amenaza para el modelo de mujer que la dictadurapretendía imponer, y por ello este legado feminista fue arrasado como parte de un borrado de nuestra genealogía feminista. Un borrado sistemático y organizado que se inicia con el golpe de estado y se extiende hasta el pacto del olvido de la transición.
Igual que los franquistas comprendieron entonces el valor de las genealogías e intentaron destruirlas, sus herederos políticos han entendido hoy lo que está en juego en el terreno de la memoria y están dispuestos a dar batalla. Prueba de ello es aquel infame tuit tras las elecciones del 26 de mayo de 2019, en el que la ultraderecha se congratulaba de responder al No pasarán antifascista con un “ya hemos pasao”. Nuestros antagonistas de proyecto histórico (parafraseando a la antropóloga Rita Segato) están dispuestos a pelear esa batalla precisamente porque han comprendido que la memoria es una llave para construir presente y futuro. Frente a su memoria rancia y excluyente, la memoria feminista se hace más necesaria que nunca pues es la memoria de la supervivencia de unos saberes, luchas y experiencias que intentaron arrancarnos sin saber que eran semilla.
Por resolución de fecha 4 de diciembre de 2019, dictada por la Jueza Servini de Cubría, como titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de la República Argentina, se acordó tomar declaración indagatoria a Rodolfo Martín Villa en la correspondiente representación consular o embajada del citado país en España.
Para ello cursó un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, a fin de solicitarle que instruyera a los representantes de la embajada o del consulado argentino en Madrid, a efectos de que arbitraran los medios necesarios para que el Juzgado se constituyera en dicho lugar y pudiera tomar la declaración indagatoria acordada.
Por medio de Nota número 1145/2020 remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto argentino, de fecha 28 de enero de 2020, al Juzgado de la que es titular María Servini de Cubría, le informaba que el Ministerio de Justicia español se había opuesto a que se pudiera tomar declaración indagatoria a Martín Villa en la embajada de la República Argentina en Madrid, pues consideraba que el ”medio idóneo” para ello era efectuar un requerimiento a través de una solicitud de asistencia internacional (exhorto internacional).
Pues bien, la toma declaración indagatoria por parte del Juzgado de María Servini de Cubría presenta los siguientes antecedentes:
– La Jueza Servini de Cubría dictó en el año 2014 orden de detención internacional con fines de extradición contra Martín Villa. La solicitud de extradición fue rechazada por acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de marzo de 2015.
– Como consecuencia de la denegación de la extradición, posteriormente, la Jueza Servini de Cubría, cursó una primera comisión rogatoria (auxilio judicial internacional) para tomar declaración indagatoria a Martín Villa en los Tribunales españoles, siendo rechazado este primer pedido por el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid en el mes de octubre de 2016.
– Posteriormente, libró una segunda comisión rogatoria (auxilio judicial internacional) en el año 2018. Esta segunda comisión rogatoria fue rechazada igualmente por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por medio de Auto de fecha 22 de octubre de 2018. En este Auto el propio Juez de la Audiencia Nacional le indicaba al Juzgado argentino que la Jueza María Servini de Cubrí, en lugar de utilizar el exhorto internacional podía utilizar distintos mecanismos para tomarle declaración a Martín Villa compareciendo en lugares dependientes de la soberanía argentina en España como el consulado o la embajada.
– Martín Villa, tal y como se indica en el Auto dictado por el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención y su voluntad de prestar declaración ante la Jueza María Servini de Cubría.
Los hechos por los que se imputan delitos de homicidio agravado en un contexto de crímenes contra la humanidad a Martín Villa por parte del Juzgado argentino son los siguientes:
Masacre del 3 de Marzo de 1976 sucedida en Vitoria/Gasteiz, siendo Ministro de Relaciones Sindicales.
Muerte de Rafael Gómez Jáuregui el 12 de mayo de 1977 en Rentería; de José Luis Cano Pérez el 14 de mayo de 1977 en Pamplona; de Francisco Javier Núñez el 15 de mayo de 1977 en Bilbao; de José María Zabala Erasun el 8 de septiembre de 1976 en Hondarribia: de María Norma Menchaca el 9 de jul io de 1976 en Santurce; y de Arturo Ruiz García el 23 de enero de 1977 en Madrid.
Sucesos acontecidos en la ciudad de Pamplona el día 8/9 de julio de 1978 durante las Fiestas de San Fermín.
Conclusiones:
1.- El Gobierno del Estado español se niega, una vez más, a que la Jueza Servini de Cubría tome declaración indagatoria en la denominada querella argentina a Martín Villa, en este caso, en la embajada argentina en Madrid y para ello:
Interfiere en el poder jud icial argentino indicándole a la Jueza lo que debe hacer: remitir un auxilio judicial internacional. Como ya ha sido expuesto, se ha remitido en dos ocasiones dicho auxilio siendo rechazado por las autoridades jud iciales españolas. Esto es, le indica una vía ya explorada y cuyo resultado ha sido negativo incurriendo en grave contradicción con lo prescrito al respecto por la propia A udiencia Nacional española que le ofrecía dicha posibilidad al Juzgado argentino.
Obstaculiza una decisión que corresponde ejecutar únicamente, conforme a la propia soberanía argentina, al poder judicial y al Gobierno del citado
Se niega a colaborar con las autoridades judiciales argentinas en un proceso penal que se tramita, en aplicación del principio de Justicia Universal, y cuyo objeto es la investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista.
Incumple, una vez más, con lo requerido al respecto por diferentes mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Continúa en la misma línea mantenida por los anteriores Gobiernos de España negando el acceso a la justicia a las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista.
2.- El Gobierno de España, una vez más, ampara a criminales franquistas, garantizándoles una situación de impunidad que contraviene frontalmente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional.
Miembros de varios Grupos Parlamentarios han registrado una pregunta al Ministro de Justicia para reclamar el porqué de la denegación de autorización a la Jueza Servini para realizar la indagatoria a Martín Villa.
El Ministerio de Justicia bloquea que la juez argentina que instruye la causa contra los crímenes del franquismo tome declaración al exministro de Interior desde la embajada argentina en Madrid.
Rodolfo Martín Villa comenzó su carrera política en el SEU y fue una de las figuras destacadas del Movimiento Nacional en el Tardofranquismo.
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a que la juez María Servini tome declaración indagatoria a Rodolfo Martín Villa, ministro de Interior en el primer gobierno posterior a la muerte del dictador Francisco Franco, en el marco de la querella argentina contra los crímenes del franquismo.
La declaración, programada para el 20 de marzo en la embajada argentina en Madrid, ha sido de nuevo aplazada, según adelantó ayer Público, después de que el Ministerio de Justicia —desde el 13 de enero en manos de Juan Carlos Campo—, rechazara la solicitud formal para la toma de declaración, argumentando que esta se debía haber realizado a través de un exhorto internacional.
Martín Villa es una de las 22 personas imputadas en la querella argentina contra los crímenes del franquismo. En su caso, la querella investiga su papel, como ministro de Interior, en la masacre de Vitoria, en la la policía mató a cinco personas durante una jornada de huelga.
Desde que en 2010 comenzó la instrucción de la causa, el Gobierno, con PP o con PSOE, ha obstaculizado la investigación. A la primera comunicación de la magistrada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en octubre de 2010 preguntando si se estaban investigando en España los crímenes del franquismo, la Fiscalía General del Estado, con Cándido Conde-Pumpido —actualmente magistrado del Tribunal Constitucional— a la cabeza, respondió ocho meses después con un documento sin firma en el que aseguraba que se habían tramitado varios casos. Tres años antes, la Audiencia Nacional había acordado la incompetencia de Baltasar Garzón para instruir la causa que había abierto en 2006 por crímenes del franquismo.
Un año después, Servini volvía a intentar tomar declaración a Martín Villa, además de a Billy el Niño y al exministro Utrera Molina. Para retrasar la declaración de la juez, el Ministerio de Justicia le reclamó el listado de preguntas que iba a hacer a los imputados y pocos meses después la Fiscalía General del Estado, ahora con Consuelo Madrigal, ordenaba a las fiscalías provinciales que suspendieran las declaraciones de las acusaciones que se habían programado en varios juzgados en torno a la querella argentina contra los crímenes del franquismo, una circular que a día de hoy no ha sido anulada.
En octubre de 2018, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata rechazaba una nueva petición para tomar declaración a Martín Villa, estaba vez en España, aduciendo que los delitos que habría cometido estarían prescritos. Fue el propio Martín Villa el que, ante esto, pidió declarar ante la juez en Madrid o en Buenos Aires. La juez programó la declaración en la capital argentina para el 9 de septiembre de 2019, aplazándola después a diciembre y nuevamente a marzo, por videoconferencia, desde la embajada argentina en Madrid.
“Es una injerencia inaceptable del Gobierno español”, afirman desde la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua).
El ultraderechista español Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha de 1977, ha llegado este viernes a Madrid tras ser extraditado desde Sao Paulo, donde se encontraba preso desde hacía un año.
Nada más aterrizar, García Juliá, escoltado por agentes de la Policía Nacional, ha sido conducido directamente a la cárcel de Soto del Real donde se le realizará una liquidación de condena que fije cuántos años de prisión le quedan por cumplir tras haber huido de España cuando obtuvo la condicional.
La Audiencia Nacional condenó a García Juliá a 193 años de cárcel en 1980 por lo que, cuando se produzca la entrega, será este órgano el que tramitará el traslado al Aeropuerto de Barajas de una comisión judicial ejecutoria que portará un mandamiento de prisión referido a la orden de busca y captura que pesaba sobre el extremista.
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la extradición es un” triunfo de la democracia y de la justicia”.
Una vez en prisión se deberá hacer una nueva liquidación de condena por parte de las autoridades penitenciarias, que debe ser validada por la Audiencia Nacional y sobre la que cabrá recurso de las partes.
Ya en diciembre de 2018, cuando se conoció su detención, fuentes jurídicas apuntaron que García Juliá deberá además someterse a un nuevo juicio cuando sea entregado a España por quebrantamiento de condena. Este procedimiento se tramitaría en los juzgados ordinarios.
La decisión del Supremo brasileño sobre García Juliá se adoptó por unanimidad y sigue el criterio de la Fiscalía General brasileña. Los magistrados consideran que la petición de extradición del Gobierno español cumple los requisitos de doble tipicidad y doble castigo y que, además, la causa por la que se reclama a García Juliá no se refiere a crímenes políticos, sino a delitos comunes.
Como integrante del grupo de terroristas de extrema derecha que perpetraron la matanza en un despacho de abogados de Comisiones Obreras en la calle de Atocha de Madrid, García Juliá fue condenado como autor material de cinco asesinatos, así como por otros tres asesinatos frustrados y por tenencia de armas.
Huido desde 1994
Tras cometer el crimen, a la edad de 22 años, pasó más de un mes escondido hasta que fue detenido en marzo de 1977 y, posteriormente, juzgado y condenado. En 1991 se le concedió la libertad condicional y en 1994 solicitó autorización judicial para salir de España.
El español Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha de 1977, embarca en el aeropuerto internacional de Guarulhos (Brasil). EFE
Desde entonces, consiguió mantenerse oculto sin atender al requerimiento judicial formal, residiendo en países como Chile, Argentina, Venezuela y, finalmente, Brasil. Cuando fue arrestado el pasado diciembre, García Juliá utilizaba una identidad falsa de un ciudadano venezolano.
La Audiencia Nacional había mantenido abierta la petición de búsqueda, detención e ingreso en prisión de García Juliá para que cumpliera en España los más de 3.800 días (poco más de diez años) que tiene pendiente de prisión después de que se le revocara la concesión de libertad provisional.
Hoy a mediodía se ha informado en los medios del rechazo por la Junta de Portavoces del Congreso a hacer pública la llamada ‘hoja de servicios’ del torturador J.A. González Pacheco, alias Billy el Niño, con la sorprendente coincidencia en el voto de los representantes del PSOE y Unidas-Podemos junto a los partidos de derecha. La petición de hacerla pública había sido formulada por el grupo parlamentario de EH-Bildu.
Posteriormente, el portavoz de UP, Pablo Echenique, ha difundido una ‘explicación’ según la cual su voto venía motivado por la duda sobre la legalidad de la difusión del documento. También se ha comentado que la ‘hoja de servicios’ había sido ya difundida, al menos parcialmente por un medio de comunicación, en concreto, eldiario.es.
Hay que recordar que el personaje al que se refiere esa ‘hoja de servicios’ ha protagonizado no sólo actuaciones represivas y violaciones de los derechos humanos durante el franquismo, sino que también ha estado involucrado con la guerra sucia y las cloacas del Estado durante la transición y posteriormente, actuaciones por las que ha sido en algunos casos recompensado en forma de condecoraciones y beneficios económicos, que constituyen una afrenta a sus víctimas y al estado de derecho en general, al igual que lo es la impunidad que sigue amparando a los crímenes del franquismo y a tantos de sus responsables aún enquistados en, o protegidos por, el aparato de Estado.
Desde La Comuna, asociación a la que pertenecemos un buen número de víctimas directas del torturador Pacheco, y contra el que nos hemos querellado tanto en Argentina como en el Estado español, expresamos nuestra decepción por esta oportunidad perdida para que desde la izquierda parlamentaria se enviara un mensaje claro en defensa de la transparencia y los derechos humanos.
Creemos que las dudas sobre la legalidad de la publicación de la ‘hoja de servicios’, son una pobre excusa para ese voto, en primer lugar porque, estando clara la relevancia democrática y social de su publicación, serían en todo caso los servicios jurídicos los encargados de dictaminar su viabilidad legal; y además, porque los posibles obstáculos legales deberían ser a su vez cuestionados, y en su caso sujetos a revisión legislativa, frente a los valores superiores de la transparencia y el escrutinio público.
Confiamos en que este triste incidente no señale una tendencia y, que, por el contrario, este gobierno de coalición y la mayoría parlamentaria progresista que lo sostiene, muestren su compromiso real con la memoria democrática y los derechos a la verdad, justicia y reparación, postergados durante tanto tiempo en nuestro país.
CONCENTRACIÓN
La vuelta del carniceru de Badajoz y represor d’ochobre del 34.
Uviéu, xueves 6 de febreru 19:00h
Cai Juan Benito Argüelles, esquina Toreno.
CONVOQUEN:
La Comuna d’Asturies – CeAQUA
Federación Asturiana Memoria y República (Famyr)
Estaya de la Memoria Altu Nalón
Foro Pozo Fortuna
@sanchezcastejon
