Acto de homenaje en el cementerio de Vigo, este domingo 27 de septiembre, a los últimos cinco fusilados por el franquismo en 1975.
Este domingo 27 de septiembre se han cumplido 45 años de las últimas cinco condenas a muertes ejecutadas en España cuando al dictador Francisco Franco apenas le quedaban dos meses de vida. La hermana de Xosé Humberto Baena Alonso, uno de los cinco últimos ejecutados, ha remitido este viernes una conmovedora carta abierta a la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Memoria Democrática, Carmen Calvo, en la que reclama una enmienda al Proyecto de Ley de Memoria Democrática que el Gobierno ha aprobado para su tramitación parlamentaria, ya que de no ser así la nueva normativa legal no anulará los juicios sumarísimos que sufrieron las últimas víctimas mortales del franquismo, apenas dos meses antes de que cayera la dictadura con la muerte en la cama de Franco.
“Me ha decepcionado enormementeque, en su redacción actual, el artículo 5.3 del proyecto excluya la anulación del caso de mi hermano, entre otros”. María Flor Baena Alonso reclama en una emotiva carta al equipo de Carmen Calvo que ha llevado a cabo la redacción de este proyecto de ley que “corrija esta situación” y que hará “lo que haga falta” de nuevo en esta ocasión como ya hizo en 2004 durante la tramitación de la denominada Ley de Memoria Histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
“Necesito su ayuda: no nos defraude como pasó en 2007”, reclama la hermana de Xosé Humberto Baena Alonso a la ministra Carmen Calvo
“Por eso necesito su ayuda: no nos defraude como pasó en 2007”, insta a la vicepresidenta del ejecutivo de Pedro Sánchez. “Soluciones jurídicas hay y usted que es una mujer vinculada al mundo del Derecho lo sabe mejor que nadie. Si hay voluntad política se puede encontrar la solución técnica”, reclama la hermana de uno de los últimos cincos ajusticiados durante el franquismo, que este domingo 27 de septiembre ha vuelto a homenajear, como cada año en el cementerio de Pereiró en Vigo, donde está enterrado, a su familiar y al resto de los ejecutados.
El citado artículo 5.3 del Proyecto de Ley apunta que “se declararán ilegítimas y nulas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales y órganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidas por la Constitución”.
Sentencias franquistas a muerte que seguirán siendo firmes
El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallínha recordado recientemente en El País que “tal y como está redactado el anteproyecto, no podrían anularse sentencias como la que condenó a muerte a Salvador Puig Antich o la que provocó los últimos fusilamientos del franquismo, en septiembre de 1975”, por lo que cree que debería modificarse este texto porque considera que “todos aquellos juicios eran farsas en las que se acusaba de delitos de sangre sin capacidad de defensa”.
La hermana de una de las cinco víctimas ejecutadas por Franco en septiembre de 1975 asegura que su situación “es única” porque, según la LOPJ, sólo puede presentar un nuevo recurso en el Tribunal Supremo si aporta nuevas pruebas, que precisamente no se ajusta a su caso. “He agotado todas las vías e instancias en España y Europa y ante la ONU. ¿Qué solución me da para el caso de mi hermano?”, pregunta María Flor Baena Alonso a la vicepresidenta Carmen Calvo.
Sólo tendría dos opciones: o que el proceso parlamentario del proyecto de ley declare la nulidad de los juicios “injustos celebrados durante la Guerra Civil y el franquismo” o, como segunda opción, que la Fiscalía de Sala para la investigación de los hechos producidos durante la Guerra Civil y la Dictadura “revise y anule, en su caso, y de oficio, los juicios injustos”.
La hermana de este ajusticiado por Franco asegura que no desea una indemnización económica. “Lo único que busco es que se anule el juicio de mi hermano y se limpie su nombre”, añade.
Hoy se cumplen 45 años del asesinato de las últimas cinco personas a las que Francisco Franco mandó fusilar. Este 27 de septiembre se cumple el aniversario en el que José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui mancharon de sangre el alba de Barcelona, Burgos y Hoyo de Manzanares (Madrid). A día de hoy siguen impunes los jueces que condenaron, los ministros que convalidaron y los voluntarios que participaron en los piquetes de ejecución de estos asesinatos “legales”. Igual que ocurre con los responsables de los centenares de miles de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y otros múltiples delitos cometidos durante toda la dictadura franquista.
Los asesinatos del 27 de septiembre suponen y representan un crimen de Estado, un crimen internacional, un crimen contra la humanidad, al haberse cometido en un contexto en el que la dictadura franquista, fiel a su política sanguinaria, ejercía una represión sistemática contra la población civil y muy en particular contra todos aquellos que se oponían a la dictadura. Miles de personas se movilizaron en todo el mundo para evitar estos asesinatos, pero Franco decidió morir matando. A pesar de haber transcurrido ya 45 años desde ese funesto día, las familias de los asesinados continúan exigiendo todavía una justicia que se les ha negado en democracia.
Una democracia que, a diferencia de los países que sufrieron regímenes autoritarios y fascistas homologables al español, no ha podido juzgar su dictadura, sus crímenes y a sus criminales, una auténtica excepción en Europa. En torno a esta excepcionalidad democrática española se ha construido un régimen de impunidad único en el mundo, como reconoció el filósofo Jon Elster en un estudio comparado, al afirmar que “el caso español es único dentro de las transiciones a la democracia por el hecho de que hubo una decisión deliberada y consensuada de evitar la justicia transicional”.
Esta impunidad es la base sobre la que se asienta tanto la permanencia del aparato represivo del Franquismo como, sobre todo, el mantenimiento del bloque económico y de poder que transitó de la dictadura a la democracia. Porque si algo caracterizó a la Transición fue que las élites del franquismo transitaron impunemente al nuevo marco constitucional, conservando intactos los privilegios que habían acumulado durante la dictadura y gracias a ella.
Esta sistemática inactividad, omisión e incluso obstrucción activa a cualquier posibilidad de juzgar al franquismo por parte de las autoridades políticas y jurídicas de nuestro país ha motivado que las víctimas de la dictadura hayan tenido que recurrir a instancias internacionales en defensa de sus derechos. Así, han interpuesto las correspondientes querellas por estos hechos ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires, en el que se tramita la denominada querella argentina en virtud del principio de Justicia Universal.
La presentación de dichas querellas originó que el Juzgado argentino imputara en el año 2014, por delitos de homicidio agravado en un contexto de crímenes contra la humanidad, entre otros, a dos ministros franquistas, Fernando Suárez González y José María Sánchez Ventura Pascual –hoy fallecido- y a uno de los vocales auditores que actuó en los Consejos de Guerra que dictaron las condenas a muerte ejecutadas el 27 de septiembre, Jesús Cejas Mohedano.
bien las autoridades judiciales argentinas interesaron su extradición, dichos pedidos fueron denegados por el Consejo de Ministros español en el mes de marzo de 2015. También el Juzgado argentino, durante el año 2016, solicitó que se tomara declaración indagatoria a los imputados por parte de los Juzgados y Tribunales españoles y esa posibilidad también fue rechazada por éstos. Esto es, el Estado español ni investiga ni juzga tan horrendos crímenes, ni colabora, tal y como está obligado, con la justicia argentina para esclarecer y enjuiciar los hechos denunciados. Todo ello a pesar de que tal y como estipulan las normas del derecho internacional de los Derechos Humanos firmadas por España, ninguna ley, práctica o decisión política o judicial puede amparar crímenes contra la humanidad como los que se cometieron sistemáticamente durante toda la dictadura franquista.
Sirva de ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito y ratificado por España antes de que se dictara la Ley de Amnistía, y que establece, en su artículo 15.2, que nada impedirá el juicio y la condena por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.
Hace unos días conocimos el contenido del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática presentada ante el Consejo de Ministros. El contenido normativo que incorpora el citado Anteproyecto, si bien supone un avance muy sustancial en relación con el reconocimiento de determinados derechos a las víctimas de la dictadura y la Transición, en el terreno de la Justicia las medidas que prevé son insuficientes. Básicamente porque no modifica de forma sustancial los elementos jurídicos que esgrimen los Juzgados y Tribunales españoles en múltiples resoluciones para archivar todas y cada una de las acciones penales que se ejercitan.
Estos elementos, como son la Ley de Amnistía de 1977, el principio de legalidad y la prescripción de los delitos, deben ser desplazados, en cuanto a su aplicación, atendiendo al contenido de los Convenios y Tratados Internacionales ratificados por el Estado español en esta materia. Pero los Juzgados y Tribunales españoles no lo hacen, se niegan a hacerlo, y así lo han venido afirmando en sus resoluciones.
Aunque sea con 45 años de retraso, esta democracia no puede permitirse el lujo de mantener la impunidad del franquismo sobre sus espaldas. No hay justificación ética, política o jurídica que justifique no remover definitivamente los obstáculos que impiden garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas de la dictadura y sus familiares. No solo se lo debemos a Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo Solla, Ramón García Sanz, Ángel Otaegui y Juan Paredes Manot “Txiki”, los últimos fusilados por el franquismo. Sino que nos lo debemos a nosotros mismos como sociedad, porque una democracia que haga honor a ese nombre, no puede seguir transitando por la larga noche de la impunidad.
El 27 de septiembre de 1976 fueron fusilados 5 hombres luchadores por la libertad. Fueron las últimas personas fusiladas por el franquismo. A pocos meses de morir el dictador. Franco murió matando.
Este sábado 26 de septiembre organizamos, telemáticamente, un homenaje a los últimos fusilados por la dictadura franquista el 27 de septiembre de 1975. Será a 18:30 horas, la misma hora en que el Consejo de Ministros de la dictadura firmaba el enterado de las penas de muerte, un 26 de septiembre de 1975. Los cinco fueron fusilados a la mañana siguiente en Burgos, Barcelona y Madrid.
Con este acto pretendemos realizar un homenaje en este aniversario, sin apartar la vista de la Querella Argentina. No nos cansaremos de pedir Justicia y que se juzguen los crímenes del franquismo. A día de hoy siguen impunes personajes directamente ligados a esas ejecuciones del 75: Fernando Suárez González, Vicepresidente tercero y ministro de Trabajo en 1975, que firmó el enterado de las penas de muerte y que hoy figura como impulsor de la transición y la democracia y es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde 2007. O Jesús Cejas Mohedano, vocal de los Consejos de Guerra de El Goloso, cuya firma validó las condenas a muerte.
El acto contará con la presencia de: Victoria Sánchez-Bravo, hermana de José Luis Sánchez-Bravo; Flor Baena, hermana de Xosé Humberto Baena; Fernando Sierra, procesado en el Consejo de Guerra de El Goloso; Sebastián Martínez, abogado de la familia Puig Antich; y Jacinto Lara, abogado de CEAQUA en la Querella Argentina. La presentación y coordinación correrá a cargo de Ana García, de La Comuna, presxs y represaliadxs del franquismo.
También te animamos a ver el documental producido para este 45 aniversario, en el que hemos recogido testimonios cercanos a LoQueSomos, de las curtidas militancias antifranquistas, imágenes de recuerdo, narraciones de los cuatro supervivientes de aquellos consejos de guerra, el relato-resumen de lo que significó a nivel internacional aquel último zarpazo de muerte. El mundo entero se revolvió contra los macabros fusilamientos: 27 de septiembre 1975. Memorias, un clic!.
Te esperamos este sábado en el homenaje por el 45 aniversario de los últimos fusilados del franquismo.
Hacemos tuya la convocatoria para que la distribuyas y des a conocer.
Enlace para ver la charla de este sábado a las 18;30 horas… https://youtu.be/6G0dHpYYNOk
27 de Septiembre, Día de la Resistencia Antifranquista #27SResistenciaAntifranquista #27sep75 #AlAlba #VientosDeDignidad
Desde Ceaqua nos congratulamos con el nuevo reconocimiento de la gran obra de Almudena Carracedo y Robert Bahart. Y volvemos a darles las gracias por dar voz a, las víctimas del franquismo, su trabajo ha llegado a muchas personas que no conocían lo que sucedió durante el franquismo.
El documental ‘El silencio de otros’, ganador del Goya al Mejor Largometraje Documental, y distribuida en España por BTeam Pictures, gana dos premios Emmy en la 41ª edición de los Premios Emmy de Noticias y Documentales en Estados Unidos.
La obra, dirigida y producida por Almudena Carracedo y Robert Bahar, ha ganado el Emmy al Mejor Documental y el Emmy al Mejor Documental Político.
‘El silencio de otros’.
Con producción ejecutiva de Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar y Esther García, la película documental acompaña a víctimas y supervivientes del régimen franquista a medida que organizan la Querella Argentina y rompen un “pacto del olvido” sobre los crímenes que padecieron.
Los directores recibieron anoche los premios Emmy en una ceremonia online. “Gracias de corazón a todas las personas que de una u otra manera apoyaron ‘El silencio de otros’ y lo convirtieron en una herramienta para debatir temas que nuestra sociedad necesitaba y necesita debatir. Dedicamos este premio a todas las personas en España, en Estados Unidos, y en todo el mundo que lucharon y luchan por la verdad, la justicia y la reparación.”
‘El silencio de otros’ se emitió en la televisión pública de Estados Unidos en el programa ‘P.O.V. (Punto de Vista)’ en el otoño de 2019, después de estrenarse en cines estadounidenses en más de 30 ciudades.
Más de 40 premios
En sus dos años de recorrido, el documental ha ganado más de 40 premios internacionales, incluyendo el Goya al Mejor Largometraje Documental, el Premio Platino a Mejor Película Documental, el Premio Forqué al Mejor Largometraje Documental, el Premio Peabody, el Premio del Público al Mejor Documental Panorama en la Berlinale, el Gran Premio del Jurado en Sheffield Doc/Fest, o número 2 del público en IDFA. Fue además nominado al Mejor Documental Europeo en los Premios de Cine Europeo y consiguió entrar en la shortlistde los Oscar.
De la mano de Bteam Pictures, ‘El silencio de otros’ se estrenó en España y acumuló 25.000 espectadores en cines en toda España en el otoño de 2018. En su emisión en La 2 de Televisión Española, en abril de 2019, se convirtió en el documental más visto en la cadena en cinco años, con casi un millón de espectadores.
‘El silencio de otros’ está disponible en Netflix, Filmin y otras plataformas, y en DVD.
Como denuncia Ceaqua, la transición se hizo sobre el principio del olvido y el pasar página, lo que estamos sufriendo en la actualidad es fruto de no haber realizado una ruptura con la dictadura y haber continuado las instituciones con los mismos franquistas
Familias y asociaciones muestran cautelas ante la futura ley de memoria histórica. “Vamos a pedir más cosas”, sostiene Emilio Silva.
“Había miedo y sigue habiéndolo ahora”. Quien habla es Inma Rey, sentada a escasos metros de la fosa común en la que pueden estar los restos de su abuelo paterno, Vicente Rey. El mercurio se acerca a los 40ºC en el cementerio de Fuentes de León, en Badajoz, mientras el equipo del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (PREMHEX) trabaja a destajo para tratar de encontrar a las personas asesinadas que llevan casi 84 años bajo una tierra ácida que acelera el paso del tiempo.
Es agosto de 2020 y la guerra acabó hace más de ocho décadas. Sin embargo, una de las palabras más repetidas durante toda la mañana es “miedo”. Un sentimiento que late todavía en nuestra sociedad y que paraliza a muchos familiares. “En estas fosas hay 84 personas y mira los familiares que estamos aquí, que somos cuatro. Creen que puede pasar otra vez lo de antes”, explica mientras mira a su alrededor, donde se congregan media docena de personas, entre ellas su hermana Loli, que también remarca que hay personas mayores que todavía “saben muchísimas cosas” pero que no atreven a contarlas por la misma razón: “Porque tienen miedo”. Carmen Méndez, de 84 años, recuerda los inicios de su lucha por recuperar los restos de su padre José: “Estábamos solas. No se atrevía a venir nadie”.
El pasado martes 15 de septiembre, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige la vicepresidenta primera Carmen Calvo llevó al Consejo de Ministros el anteproyecto de la nueva Ley de Memoria, que vendrá a sustituir a la anterior de 2007. Esta primera versión de la nueva norma establece que será la Administración General del Estado la encargada de capitanear la búsqueda de las personas fusiladas durante la Guerra Civil y la dictadura, aunque el resto de administraciones seguirán contando con sus propias competencias. Esto, según Calvo, hace que se trate de “una ley que tardará mucho en el tiempo para que pueda aplicarse plenamente».
Gracias Cipriano por tu ejemplo de sencillez, humildad y firmes convicciones. Te querrán y respetarán los que no podrán conocerte, te amarán los que te conocieron y estarás siempre presente en la memoria de tus compañeras y compañeros
Carta en el 47 aniversario de la muerte de Cipriano Martos Jiménez el 17 de septiembre de 1973. No olvidamos, no perdonamos:
Querido compañero Cipriano, sabemos que en este momento te sentirás terriblemente solo, sufriendo lo inimaginable y que tendrás miedo por ti y por tus camaradas. Seguro que en esa cama de hospital donde ahora estás postrado te asaltarán mil pensamientos dolorosos bajo la atenta mirada de los guardias civiles que te custodian día y noche, como si estuvieras en condiciones de huir. Quizá los mismos guardias que te torturaron sin tregua desde el día que te detuvieron, ese 25 de agosto de 1973 que no podrás olvidar. Ese momento fue el principio de tu trágico final, porque nos duele en lo más profundo decirte que no sobrevivirás a las quemaduras del ácido que te hicieron ingerir, dirán que por voluntad propia, los muy cobardes. Es muy duro decirte esto cuando ni tan siquiera puedes alzar tu abrasada voz contra tanto sadismo. Se te escapará la vida sin poder ver por última vez los rostros de tus amados padres y tus queridos hermanos. Tres semanas de agonía ocultándoles tu paradero y sin poder acompañarte en el trago más amargo de tus 30 años.
Esta vez el crimen no será en Granada donde te dieron a luz hace 27 años, será en Reus y serán los que tienen la calavera de plomo, como escribió Lorca, quienes te robarán el último aliento. Y el día que eso ocurra vivirás por siempre en la memoria de tus camaradas del PCE (m-l), del FRAP y del sindicato OSO. Te convertirás en un mártir involuntario de la causa antifascista y republicana y al mismo tiempo formarás parte de la legión de víctimas anónimas para una sociedad amnésica, ajena a tanto nombre y apellido de represaliados por la dictadura y en transición. Y te preguntarás que qué es eso de la transición, será lo que tú te temías cuando escribisteis sobre un muro de Reus: “Abajo la monarquía del pelele Juan Carlos”, un pelele que resultará ser muy espabilado y que se largará siendo rey emérito a los Emiratos Árabes riéndose de sus súbditos y con el dinero conseguido gracias a los negocios a la sombra del trono que le regalará Franco. Se irá él y dejará al hijo que ya ha procreado una futura reina, o eso cree. Así el invento de la transición se llevará por delante tu anhelada república popular y federativa, será una traición a antifascistas, republicanas y republicanos, una legitimación de los verdugos, ideólogos y ejecutores, que serán vergonzosamente amnistiados por aquello de la reconciliación nacional, que si te sonará, será la dormidera de las luchas legítimas y necesarias de quienes con su entrega y compromiso dais lo mejor de vosotros.
Te escribimos para decirte que puedes estar tranquilo porque aunque con cuatro décadas de retraso, gracias a la lucha de tu hermano Antonio, todo humanidad, de tus camaradas de lucha y de los que te conocerán a través de sus testimonios, tu nombre no será borrado ya de la historia. Conociendo tu forma de ser quizá eso no te importe, pero para nosotras y nosotros es fundamental que todo el mundo sepa de tu predisposición a ayudar compartiendo lo poco que tienes, de tu empatía con el que sufre la humillación, la explotación, la pobreza, de tu amor por los animales y de tus ganas de aprender y mejorar para cambiar el mundo arriesgándolo todo. Y eso será parte de la herencia que nos dejarás y que enriquecerá nuestro patrimonio, el que sacia nuestra hambre de derechos para todas las víctimas del franquismo y la transición.
Te extrañará leer estas letras llegadas desde tan lejos en el tiempo, desde este 2020 donde la lucha antifascista sigue siendo tan necesaria como el aire que respiramos y que intentan robarnos a cada paso que da el insaciable capitalismo sin entrañas. Y seguro que te preguntas que quiénes somos, pues somos la Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella Argentina, una red de querellantes que busca justicia en una República que supo cumplir con sus deberes democráticos. En un juzgado de allí ya constan los nombres de quienes te detuvieron, te torturaron y te dejaron agonizando en esa sala inhóspita del hospital de Sant Joan de Reus. Tu hermano se querellará por ti, declarará en un juzgado de Sabadell donde todavía vive y la Xarxa le acompañará en todo momento. Tu familia, tus compañeras y compañeros, que no te olvidarán nunca, explicarán generosamente al periodista Roger Mateos las vivencias que compartiste con ellos. Roger escribirá un gran libro sobre ti lleno de verdad y honestidad, relatará tu vida de Maldonadillo al cementerio de Reus donde te enterrarán con nocturnidad e ilegalidad falsificando la firma de tu padre, en una fosa de beneficencia. No verás como tu madre será maltratada por los tricornios que entre amenazas y empujones le negarán ver tu cuerpo impermeables a las amargas lágrimas de quien te amamantó y no podrá amortajarte, ni velarte.
Tu historia Cipriano será conocida y tu nombre aparecerá en diarios, radios y televisiones y seguramente en tu modestia eso no te consuele, pero creemos que si lo hará el saber que lo que viviste y lo que sacrificaste abrirá los ojos de muchas personas ajenas a tantas heridas abiertas a causa de la represión, esa que comenzó un 17 de julio de 1936 y que no paró después de la muerte del dictador en 1975. Tú que renunciaste a tanto para militar en la clandestinidad tuviste una muerte también clandestina, que romperá más de 40 años después el silencio impuesto por quienes quisieron ocultar el execrable crimen que cometieron contigo.
En diciembre de 2019 una plaza en el barrio de Sabadell donde comenzaste tu formación política y combativa llevará tu nombre y decenas de personas entre ellas tus camaradas te rendirán homenaje entre flores, poemas y cantos. El camino no ha llegado a su fin, todavía peleamos para que tus restos sean exhumados y puedas descansar en paz junto a tu madre y tu padre en Granada, para que tus represores sean juzgados y recibas la justicia que te mereces.
Gracias Cipriano por tu ejemplo de sencillez, humildad y firmes convicciones. Te querrán y respetarán los que no podrán conocerte, te amarán los que te conocieron y estarás siempre presente en la memoria de tus compañeras y compañeros, como en la de Pascual Carrilero que te sostuvo en sus brazos cuando destrozado y casi inconsciente le obligaron a cargar contigo. Él superará las torturas físicas pero no las psicológicas y te llevará clavado como un alfiler de infinita pena en su alma.
Honor y gloria Cipriano porque tú, paria de la tierra, serás la sal de los derechos que nos quedan por conquistar y reconquistar.
El ssábado 12 de septiembre en conexión por Internet se puede asistir
Conferencia Internacional sobre la apropiación de niñas y niños en Argentina y España.
Dos países que han sufrido sanguinarias dictaduras donde se produjeron crimenes contra la humanidad cuyas consecuencias perduran a día de hoy.
Uno de ellos es el robo de bebés, tema que ocupa la Conferencia.
Los ponentes hablarán de la situación en ambos países y la labor realizada desde el ámbito de los derechos humanos, la investigación y el activismo por la recuperación de la identidad de los bebés robados, hoy adultos en busca de sus orígenes.
La jueza Servini ha tomado declaración esta semana al exministro franquista Rodolfo Martín Villa, en el marco del procedimiento abierto desde hace diez años en la Querella Argentina, el último intento de familiares y víctimas del régimen contra los crímenes de lesa humanidad. Martín Villa es ese siniestro personaje que admitió públicamente -tras el montaje político, policial y judicial del Caso Scala (1978) que tenía como objetivo acabar con la reorganización del Movimiento Libertario en el Estado español- que estaba más preocupado por los anarquistas que por ETA. Bajo su responsabilidad política, durante el tardofranquismo y los años de la transición, se cometieron muchísimos crímenes que no fueron investigados, ni sus responsables juzgados.
El otro día leía a compañeros de la asociación ‘Montañas de Libertad, Recuperando la Memoria’ que la impunidad del franquismo es la tranquilidad de la que hoy disfrutan sus máximos representantes, aún con vida, teniendo la certeza de que sus actos no tendrán consecuencias. Y más de cuatro décadas después de la instauración de lo que conocemos como “Régimen del 78”, quienes lo “pactaron” vuelven a desafiarnos recordándonos que sus leyes, sus jueces, sus instituciones, sus parlamentos les pertenecen. Las manifestaciones de apoyo a criminales y asesinos fascistas de los últimos días lo constatan. Tendremos que arreglárnoslas por nuestra cuenta. Como antes. Como siempre.
Este jueves, 3 de septiembre de 2020, se ha dado un paso más. La justicia del Estado argentino, al que víctimas del franquismo y sus familias recurrieron con la esperanza de encontrar la verdad y una reparación a años de dolor y olvido, ha tomado declaración a quien durante mucho tiempo fue fiel servidor del régimen genocida de Francisco Franco, incluso después de su muerte en 1975. Quienes participan y apoyan esta iniciativa aseguran que la Querella Argentina contra los crímenes de lesa humanidad del franquismo es un proyecto ilusionante ante la actitud de la judicatura española. Porque si la justicia española hubiese hecho su trabajo, hoy en día esta iniciativa no existiría. Paloma, de CeAQUA, siempre consigue que lo entendamos perfectamente cuando lo explica: “En el Estado español se instauró una política de impunidad que niega sistemáticamente la represión que se ejerció durante la dictadura y la transición. Esta política está perfectamente protegida por los tres poderes que se han dedicado en estos diez años a boicotear el trabajo que se ha venido haciendo para buscar la verdad, la reparación, la justicia y la garantía de no repetición”.
La impunidad en el Estado español es absoluta durante esta “democracia”, “su” democracia, porque no ha existido una verdadera intención de afrontar esta realidad, de aplicar los numerosos tratados de derecho internacional para asistir a quienes reclamaban justicia.
Si todavía hoy, a finales de 2020, todavía hay quienes esperan una reparación a tanto dolor, es porque quienes siguen teniendo el control en este país son los mismos que ganaron la guerra en 1939.
“Nos estábamos organizando. Empezaba a haber un movimiento huelguístico muy potente aquellos años en todo el territorio. La fuerza de este movimiento, que crecía por días, asustó mucho al Gobierno. La represión el 3 de marzo de 1976 fue brutal. Yo perdí un ojo de una paliza de la policía. Solo tengo con él un dos por ciento de visión”. Quien lo cuenta es Andoni Txasko, miembro de la Asociación Tres de Marzo. Andoni es uno de los participantes de la Querella Argentina, impulsada hace ahora diez años contra los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura franquista y la posterior transición española hacia el actual (y supuesto) Estado de Derecho.
A quienes nacimos y crecimos con el invento socialdemócrata del “Estado del Bienestar” nos dijeron muchas veces, en nuestros coles sobre todo, que la democracia española quedó instaurada definitivamente en 1982. Sin embargo, lo que nadie nos contó “mejor”, en aquellas clases de historia contemporánea, fue el precio que tuvo la llegada de esta “democracia”. “Fijaos bien, niñas, entended lo que tuvo que ser para políticos de diferente ideología, llegar a acuerdos, aparcando sus diferencias en unos momentos inestables política y socialmente. Y lo hicieron para traernos la democracia”. Que se lo digan a los padres de Arturo Ruiz, a los de Manuel García Caparrós, a los de Yolanda González, a los de Mari Luz Nájera, a los de Javier Verdejo, a los de Germán Rodríguez, etc., A las familias de todas aquellas personas que se rebelaron contra un régimen totalitario que ya duraba 40 años y que todavía andan pidiendo justicia.
Durante los años de transición no solo se asesinaba en las calles, a ojos de toda la sociedad. La tortura física y psíquica fue una de las estrategias del régimen para acabar con la disidencia, con quienes no aceptaron las reglas del juego de la transición ni se doblegaron a su pantomima. Un ejemplo de esto, precisamente, fue el asesinato de Agustín Rueda, el 14 de marzo de 1978 en la cárcel de Carabanchel. Agustín, de 25 años, era militante de la CNT y miembro de la COPEL. Los hechos que rodearon su muerte en prisión y sus torturadores fueron juzgados diez años después. Los responsables de su asesinato solo cumplieron unos meses de prisión.
“La muerte de mi hermano Arturo hay que situarla en un contexto de nuestra historia muy concreto. La extrema derecha estaba muy rabiosa. Durante aquellos años la policía se dedicó a matar, y a matar menores de edad. Mi hermano era menor de edad”, dice Manuel Ruiz, hermano de Arturo Ruiz, un joven estudiante granadino, militante de izquierdas, que fue asesinado en Madrid el 23 de enero de 1977 por dos pistoleros de ultraderecha. El último día de su vida, Arturo lo dedicó a luchar por la amnistía de quienes seguían encarcelados por sus ideas políticas. Manuel asegura que las declaraciones por escrito del “socialista” José Luis Rodríguez Zapatero han desilusionado mucho a su familia. Y no es para menos, porque aunque este tipo de cosas y a estas alturas ya no nos sorprendan, no deja de ser chocantes conociendo la cantidad de compañeros que el Partido “Socialista” “Obrero” Español tiene todavía en cunetas o desaparecidos. Además, estos apoyos en forma de cartas de líderes de partidos que dicen ser de “izquierdas” y organizaciones sindicales, que dicen defender a la clase trabajadora, también demuestran el engaño en el que se construyó aquella transición, un “nuevo” sistema político donde los mismos de siempre continuaran “estando” y “siendo” pero ya con el uniforme de demócratas que les legitimaba a ojos de la sociedad. La Ley de Amnistía, por ejemplo, representa esta idea a la perfección porque quienes se beneficiaron realmente de ella fueron los verdugos y no quienes habían pagado con su libertad y con su vida el desafiarles y combatirles. Los artífices de aquella mentira- PSOE, UGT, CCOO, etc.-, saben que ahora no pueden echarse atrás porque sin sus apoyos hace más de 40 años, el “Régimen del 78” no habría sido posible. Nos mintieron y nos vendieron.
Fermín Rodríguez, miembro de la Asociación SanFermines 78, es otra víctima de nuestra modélica transición. Cuando tienen lugar los sucesos de Pamplona aquel 7 de julio de 1978, Rodolfo Martín Villa ostentaba el cargo de ministro de Interior. Después de aquellos hechos, afirmó en unas declaraciones que lo ocurrido por parte de la policía “eran errores” que no podían compararse a “otros crímenes”. Pero en absoluto fueron errores. “No fue un caso aislado de violencia policial. Durante aquellos años se estaban viviendo en Navarra muchas luchas obreras e identitarias, y esto era algo que la derecha no podía permitir. Los sucesos de los Sanfermines de 1978, donde se produce el asesinato de Germán Rodríguez, fueron la consecuencia de una estrategia global del régimen tras la muerte del dictador”. Todos los actos sangrientos estaban encaminados a romper esta lucha que, como admite Andoni de la Asociación Tres de Marzo, estaban dirigidos a un objetivo, a romper esa lucha. “Martín Villa es la representación fascista del poder reaccionario del franquismo y la transición. Que finalmente hoy, 3 de septiembre, haya tenido que declarar ante la justicia argentina, es un primer paso para romper la impunidad. “No podemos dejar este encargo a futuras generaciones. Tenemos que solucionarlo nosotros y hoy, en este momento”
En la mañana del 27 de septiembre de 1975 (ahora se van a cumplir 45 años) seis voluntarios del servicio de información de la Guardia Civil llevaron a cabo la ejecución por fusilamiento de Juan Paredes Manot en un claro del bosque junto al cementerio barcelonés de Sardañola del Vallés. Su jefe superior, como gobernador civil de la provincia, era Rodolfo Martín Villa, que había llegado al puesto en 1974 después de una larga trayectoria como falangista al frente de diversos sindicatos fascistas dentro de la estructura sindical del franquismo. El cargo llevaba anexa la jefatura provincial del Movimiento, partido único creado por Franco a semejanza de los existentes en la Italia fascista y la Alemania nazi. De aquella época (no de 1940) son las conocidas imágenes en las que se le ve haciendo el saludo fascista en diversos actos públicos junto a otros dirigentes políticos.
Martín Villa era un fascista profesional en el año 1974 pero en realidad esto no fue más que un episodio en una importante carrera dentro de los círculos dirigentes del poder político, económico y social, que ha llegado hasta hoy y que enlaza, sin solución de continuidad, la dictadura franquista con el régimen creado sobre la restauración monárquica designada por Franco y consolidada por la constitución española de 1978. Nadie como él representa de forma tan perfecta la continuidad de este régimen democrático español con respecto a la dictadura franquista y ninguna otra personalidad política, muerta o viva, ha reunido las responsabilidades que él asumió en el proceso de reciclaje de la dictadura franquista, eso que se ha denominado La Transición, uno de los periodos más violentos y sangrientos de la historia reciente de España.
Los datos no engañan: el número de víctimas mortales registradas entre 1975 y 1981 (seis años) a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y las bandas fascistas duplica a las registradas en los doce años anteriores. La intensidad criminal de la represión en los años de la transición supera ampliamente a la registrada en los años del franquismo tardío.
Esta represión tuvo como objetivo consolidar el reciclaje del franquismo frente a las ansias de ruptura democrática de la inmensa mayoría de la población y fue realizada por una maquinaria en la que interactuaban de forma inseparable los cuerpos represivos de la dictadura y las bandas fascistas que actuaban bajo la protección policial y que en muchos casos estaban integradas, e incluso dirigidas, por miembros de los diversos cuerpos policiales. De forma sistemática, las fuerzas de seguridad amparaban a los autores y no investigaban estos crímenes. Y la justicia franquista, también reciclada, se encargaba de la protección jurídica de los responsables garantizando su impunidad en los pocos casos en los que fueron identificados.
En la cima de esta estructura represiva estuvo, durante aquellos años críticos, Rodolfo Martín Villa quien, de acuerdo con el principio de responsabilidad del superior, concentra en su persona las responsabilidades por todos estos crímenes.
El día 3 de septiembre de 2020 Rodolfo Martín Villa ha comparecido por fin ante la justicia para dar cuenta de sus responsabilidades. Para vergüenza de la democracia española no lo ha hecho ante un tribunal español sino ante la justicia internacional, representada en este caso por un tribunal de la República Argentina que investiga los crímenes del franquismo y la transición, bajo el principio de justicia universal, habiéndolos calificado como crímenes de lesa humanidad.
Según las informaciones disponibles, la línea de defensa de Martín Villa en su declaración ante la juez Servini se ha concentrado en dos argumentos principales. En primer lugar, en la inexistencia de responsabilidades personales propias respecto a los delitos que se le imputan. Y en segundo lugar, y esto es lo más importante, en la imposibilidad de que se pudiera producir un genocidio (un crimen de lesa humanidad) en España durante los años de la transición en los que se le imputan responsabilidades. No ha comparecido, pues, ante la justicia solo para defenderse a sí mismo sino también, y principalmente, para defender la transición española y el régimen político que se construyó sobre sus cimientos. Fiel y leal hasta el final al Estado construido sobre el reciclaje del franquismo, acude veloz a prestar su último servicio al régimen que ayudó a construir.
Esta identificación con el régimen es fácil de entender: durante todos los años transcurridos hasta el día de hoy, Rodolfo Martín Villa ha consolidado una impresionante trayectoria dentro del poder político y empresarial del reino de España. Más aún, los poderes públicos y los medios de comunicación oficiales ensalzan constantemente su trayectoria como uno de los padres de la democracia española y uno de los artífices de la transición modélica que nos condujo hasta ella. La guinda de este pastel fue el ingreso en el año 2013 como miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas como reconocimiento a su trayectoria ejemplar en defensa de la democracia española. Es normal, él fue uno de los políticos más determinantes para garantizar la continuidad de la estructura fundamental de los poderes económicos, sociales y políticos del franquismo en el régimen monárquico del 1978. Y todo ello garantizando la impunidad de los franquistas (de la cual él mismo ha sido uno de los principales beneficiarios) bajo la jefatura del rey designado por Franco, actualmente huido del país para eludir las investigaciones por corrupción y que, como no podía ser menos, también recibe los elogios del señor Martín Villa.
En los días previos a la comparecencia ante la justicia del día 3 de septiembre hemos asistido al vergonzoso espectáculo de ver a todos los gobernantes de la monarquía española, supuestamente democrática, apoyar públicamente a un imputado por crímenes de lesa humanidad. A esta vergüenza se han sumado algunos exdirigentes sindicales que hicieron su carrera al amparo de la restauración monárquica y también José Borrell, el actual responsable de la política exterior de la Unión Europea, en clara contradicción con todos los acuerdos de las instituciones europeas respecto a la justicia universal.
Amparado en la impunidad de los crímenes franquistas, el torturador franquista González Pacheco (condecorado por Martín Villa con la medalla al mérito policial en el año 1976) eludió la acción de la justicia hasta el día de su muerte. Y la impunidad, apoyada en la Ley de Amnistía-Punto Final y garantizada por todos los poderes del Estado (especialmente el poder judicial neofranquista) ha sido el muro que ha protegido también hasta hoy a Rodolfo Martín Villa. Un muro contra el cual se han estrellado hasta ahora todos los intentos de las víctimas por ejercer uno de los derechos humanos más fundamentales: el derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, el derecho a la justicia.
Nosotros sabemos, y la justicia internacional debe saber, que juzgar a Martín Villa es juzgar crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en España durante el franquismo y la transición. Y los hechos, acreditados y ampliamente documentados ante la justicia, son implacables: Martín Villa debe dar cuenta como principal responsable, por acción o por omisión, de al menos doce muertes denunciadas ante la justicia argentina causadas por el aparato represivo que estaba bajo su control.
Las víctimas reales causadas por la represión policial y parapolicial en aquellos años son muchas más, en algunos casos incluso anónimas, y se cuentan por cientos incluyendo, además de los muertos, una gran cantidad de heridos de gravedad con importantes secuelas. Pero no es una cuestión de número, lo importante es que fueron el resultado de la violencia sistemática ejercida contra un grupo entero de la población española, que había luchado durante años contra la dictadura franquista en defensa de los derechos políticos y sociales y que en ese momento exigía un cambio democrático real.
El terror sistemático contra esa parte de la población fue imprescindible para imponer los pactos de la transición en los cuales Rodolfo Martín Villa tuvo, efectivamente, un papel fundamental. Pero no es el que defiende y proclama toda la maquinaria mediática e institucional que se ha volcado en su apoyo. Sin la represión que él dirigió no habría sido posible conseguir el reciclaje integral de todas las estructuras de poder franquistas en el nuevo régimen democrático español 1/. Las víctimas que ocasionó esta represión (errores según su opinión) son de su exclusiva responsabilidad. Los delitos que se le imputan son crímenes de lesa humanidad.
El Juzgado Criminal y Correccional nº 1 de Buenos Aires, que preside la juez federal María Servini de Cubría, tiene ante sí en los próximos días la responsabilidad de devolver a las víctimas del franquismo y la transición española la confianza en la justicia. La verdadera justicia: la que persigue el genocidio, la que no prescribe y actúa en cualquier país del mundo, la justicia universal.
Jesús Rodríguez Barrio es activista de La Comuna, Presos y Represaliados del Franquismo y participa en la Querella Argentina como víctima de torturas.
Notas:
1/ Como botón de muestra podemos citar que en el año 1982 nueve de las trece jefaturas superiores de policía que existían por todo el país estaban ocupadas por antiguos miembros de la Brigada Político-Social. Los miembros de la Brigada Social siguieron ejerciendo durante muchos años importantes responsabilidades en las fuerzas policiales de la democracia y en el año 2013 todavía la jefatura de la policía nacional en Leganés estaba a cargo de un antiguo miembro de la policía política franquista, imputado por crímenes de lesa humanidad en la querella argentina.
En memoria de Carlos Slepoy y Chato Galante, que lo hicieron posible.
Este jueves 3 de septiembre se ha producido un hecho trascendental en la historia de España: la toma de declaración indagatoria de Rodolfo Martín Villa ante la jueza María Servini, titular del Juzgado nº 1 de Buenos Aires, por teleconferencia en la embajada argentina en Madrid. Esta declaración es probablemente el primer trámite judicial en un proceso abierto por crímenes cometidos por el franquismo, entendiendo por franquismo no solo el periodo hasta la muerte del dictador, sino también los años de la Transición, cuando se mantuvieron las instituciones y leyes antidemocráticas de la dictadura y el aparato represor de esta siguió aplastando las libertades civiles.
Rodolfo Martín Villa, cuando era gobernador civil de Barcelona (1975). Paco Élvira
Precisamente son de este último periodo, en concreto de los años 1976 a 1978, los crímenes que se achacan, a título de responsable máximo de los cuerpos armados que los cometieron –o ampararon–, a Martín Villa, que durante esos años fue ministro, primero de Relaciones Sindicales (1975), luego de Interior (ministerio que hasta 1977 se llamó de Gobernación), en aplicación del principio básico en derecho de “la responsabilidad del superior”.
Ya se ha repasado sobradamente estos días en los medios la singular y dilatada biografía del encausado, por lo que ahorraré su repetición. Solamente, para quienes se acaben de caer de un guindo (o sean muy jóvenes), recordaré rápidamente unos trazos: de precoz figura en los sindicatos fascistas de la dictadura, a ministro postfranquista y predemocrático en la Transición, y muñidor de los pactos de la Moncloa, para acabar reposando en sucesivos consejos de administración de grandes empresas, públicas y privadas, cobrando los favores prestados como político.
También se ha informado de los crímenes de los que se le acusa: un total de 12 homicidios y cientos de heridos causados por las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo su mando como ministro, o por fuerzas parapoliciales de extrema derecha ayudadas o protegidas por aquellas. Pero, aunque sea reiterativo, permítanme que quiera de nuevo recordar los crímenes y nombrar a las víctimas: – Vitoria, 3 de marzo de 1976. Asesinato de Romualdo Barroso, Francisco Aznar, Pedro Martínez Ocio, José Castillo y Bienvenido Perea; obreros tiroteados cuando celebraban una asamblea en la iglesia de San Francisco; los dos primeros murieron allí mismo, los tres últimos posteriormente, por las heridas allí recibidas.
– Arturo Ruiz: asesinado en una manifestación por fascistas parapoliciales el 23 de enero 1977 en Madrid.
– Rafael Gómez Jáuregui: asesinado en Rentería, el 12 de mayo de 1977, por la Guardia Civil.
– José Luis Cano Pérez: asesinado por la Policía Armada en Pamplona, el 14 de mayo de 1977.
– Francisco Javier Núñez: asesinado mediante torturas por policías el 15 de mayo de 1977, en Bilbao.
– José María Zabala Erasun, asesinado el 8 de septiembre de 1976 en Hondarribia, por la Guardia Civil.
– María Norma Menchaca: asesinada por fascistas parapoliciales el 9 de julio de 1976 en Santurce.
– Germán Rodríguez: asesinado a tiros el 8 de julio en Pamplona por la policía nacional.
Sin olvidar que en los casos de Vitoria y Pamplona hubo, además de esas víctimas mortales, cientos personas fueron heridas, muchas de ellas tiroteadas por la policía; ni que la mayoría de los crímenes siguen impunes, o, si algunos de sus culpables han sido perseguidos y castigados, como en el caso de Arturo Ruiz, estos han sido rápidamente excarcelados o ayudados a huir.
Es importante subrayar que las acusaciones están respaldadas por años de investigación, testimonios directos, pruebas y documentación laboriosamente reunida; dossieres técnicamente consistentes gracias al trabajo silencioso y altruista de un gran equipo de letrados y letradas, además del apoyo de las organizaciones que forman parte de la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua). Aunque resulte una obviedad, conviene dejar constancia de que ni se trata de acusaciones ligeras o improvisadas, ni el juzgado instructor argentino habría aceptado imputaciones como la de Martín Villa si los expedientes aportados no tuvieran la necesaria consistencia indiciaria y probatoria.
La primera Transición: franquismo sin Franco
Martín Villa ha argumentado en su defensa, al parecer, que no se puede hablar de una situación de genocidio durante la Transición, negando así el carácter de lesa humanidad de los crímenes para alegar su prescripción y su posible beneficio por la amnistía.
¿Pero fueron crímenes aislados, casuales? La respuesta la brinda el propio ‘espíritu de la Transición’ de la no-ruptura, de la perpetuación del sistema represivo franquista: Como es bien sabido, los posfranquistas que negociaron los pactos de la Transición, entre los que estaba, por cierto, Martín Villa, impusieron esa continuidad del aparato militar, policial y judicial, como instrumento de control y chantaje a la naciente democracia. Durante la primera Transición, este siguió con la inercia de la represión a tope. Por eso, los casos en los que Martín Villa está imputado son solo una pequeña parte de los crímenes políticos cometidos por las fuerzas ‘del orden’ y los grupos parapoliciales de extrema derecha durante esos años: se estima que las muertes por motivos políticos a ellos achacables en esos años rondan las 140 (desde la muerte de Franco hasta finales de 1980); sin olvidar, de nuevo, personas heridas y otros daños colaterales.
En otras palabras, la no-ruptura y la impunidad, y por lo tanto la no depuración de los cuerpos represivos –incluso con los mismos torturadores que alternaban su puesto oficial con el trabajo ‘voluntario’ en las tramas parapoliciales y las bandas armadas ultra–, supusieron la continuidad, durante los años posteriores a la muerte de Franco, de la represión sistemática, institucionalizada y planificada por parte del Estado de toda forma de oposición.
Los crímenes de la Transición fueron, por lo tanto, crímenes de lesa humanidad de un franquismo sin Franco, como lo habían sido los que perpetró el mismo régimen con Franco. En este periodo el papel de Franco lo ejerció el jefe de Estado de recambio elegido por él: el Borbón. Este, al menos hasta la Constitución promulgada en diciembre de 1978, fue, técnicamente, un dictador.
Los custodios del régimen del 78 cierran filas
El simple anuncio de la toma de declaración a Martín Villa por parte de la jueza argentina ha producido una marejadilla en los habitualmente remansados estanques donde languidecen los nenúfares de la transición. Los cuatro expresidentes y varios exsindicalistas, convocados por el encausado, se han apresurado a enviar misivas a la jueza loando al personaje y su trascendente papel en la Transición. Cartas que, por lo insólito –incluso, procesalmente improcedente–, se han convertido de hecho en el centro de la noticia en los días previos a la toma de declaración.
Más allá de lo contradictorio de esta búsqueda de apoyos a última hora por parte de Martín Villa, frente a la confianza hasta ahora mostrada en su inocencia, el principal efecto de las cartas ha sido el de desnudar a sus remitentes ante la opinión pública. Políticamente, como supuestos demócratas de toda la vida que acuden en tropel a defender a ciegas –pues no conocen el expediente acusatorio ni este parece interesarles lo más mínimo– a un relevante epígono franquista; éticamente, porque demuestran poner su complicidad con este muy por delante de los derechos de las víctimas y el respeto a la independencia judicial. Semejante carencia de criterio, no ya democrático, sino simplemente humanitario, resulta alarmante al punto de preguntarnos en manos de quién hemos estado.
La ocurrencia misma de exponer los méritos del imputado para echarle una mano es tan absurda que sorprende en personas adultas: ¿qué tendrá que ver la supuesta astucia política de Martín Villa con sus responsabilidades como “la porra de la Transición”? ¿O es que, por ejemplo, es incompatible ser un maltratador con ser también un buen vecino y ejemplar empleado? ¿O ser un jefe de Estado campechano con ser al mismo tiempo un corrupto y evasor fiscal? Ni son incompatibles, ni lo uno exime o redime de lo otro.
Por lo demás, la operación cartas-de-gente-importante-para impresionar-a-una-jueza ha generado un animado debate social sobre el que podríamos llamar “club del 78”, ese conglomerado de resistentes que se han plantado en la excepcionalidad del inmediato posfranquismo al grito de aquí no nos mueve ni dios. Misma caterva que tuvo a bien regalarnos recientemente otro momento de pasmo, también vía capitular, con motivo de la tocata y fuga del campechano emérito. La cartita, en aquella ocasión, iba firmada por una nutrida nómina de exministros y altos cargos del PSOE y PP, pero igualmente recurría a la Transición a modo de vacuna que inmuniza (o ‘impuniza’) de ronchas y sabañones (faltas y delitos) a sus protagonistas de por vida.
La herencia del 78: fin de un tabú
Y no perdamos de vista que ese muro –el de la sacralización de la Transición y del régimen del 78– no pretende blindar únicamente la impunidad de los crímenes ‘políticos’ franquistas: protege igualmente crímenes como el trabajo esclavo y el expolio masivos con los que se fundaron algunas de las fortunas y grupos empresariales actuales; pero es también el mismo dique que impide replantear cuestiones como la forma de Estado, el derecho a la autodeterminación, los privilegios eclesiásticos, etc. En definitiva, una jaula en la que algunos quieren mantenernos de por vida.
Volviendo al momento histórico, aun cuando los abogados de la querella han insistido en que no se trata de ningún juicio político, que la querella contra Martín Villa no va sobre la Transición, sino sobre hechos muy concretos, los argumentos de la defensa y las cartas en su apoyo han desplazado, por el contrario, el plano de la discusión al de la política, y en concreto, a la ejemplaridad del proceso de Transición y a la vigencia del régimen del 78.
Su empecinamiento es, paradójicamente, el que suscita el debate social sobre mitos como el de la transición pacífica y armoniosa. Aunque son ya numerosos los estudios desmontando esa fábula, la comparecencia de un dinosaurio de la política española como Martín Villa ante un tribunal tiene un potente efecto en la percepción de nuestra historia reciente, multiplicado en esta ocasión por la línea de defensa del imputado y sus defensores.
Mientras ese debate va madurando, aseguremos de momento, por las víctimas y la memoria democrática, luz y taquígrafos sobre estos crímenes y sus responsables políticos. Procrastinada una y otra vez, bienvenida sea por fin esta primera visita de la justicia a un pasado en penumbras.
–––––––––
Luis Suárez-Carreño, miembro de La Comuna presxs y represaliadxs del franquismo.
Pamplona, Oviedo, Barcelona, Valencia o Madrid son algunas de las ciudades donde se han convocado protestas en el día en el que Martín Villa declara por videoconferencia ante la jueza argentina
Concentración en Madrid contra la impunidad del franquismo y por un juicio a Martín Villa. Olga Rodríguez
Cientos de integrantes de colectivos memorialistas se han concentrado en Pamplona, Valencia y Madrid para pedir verdad, justicia y reparación y para recordar que la mayoría de los crímenes que investiga la querella argentina que involucra a Rodolfo Martín Villa nunca han sido juzgados en el Estado español. Esta tarde a las siete y media hay previstas protestas también en Barcelona y Oviedo, entre otros lugares. Las cartas de apoyo de políticos que Martín Villa ha presentado a la jueza Saber más
En Madrid la concentración, con más de un centenar de asistentes, ha tenido lugar junto a la embajada argentina, edificio al que estaba llamado a acudir esta tarde a las 16 horas el exministro para prestar declaración por videoconferencia ante la jueza María de Servini, ubicada en Buenos Aires.
Algunas personas participantes han portado cajas con las que han formado un muro y en las que se podían leer algunos de los nombres de los imputados en la querella: Martín Villa, Atilano del Valle, Félix Criado, Antonio Barrera, Quintana Saracibar, Carlos Rey, Honrado de la Fuente, Antonio Troncoso, Licinio de la Fuente, Utrera Molina, Billy el Niño, Antonio Carro, Alfonso Osorio, Jesús Cejas Mohedano, entre otros.
Se han gritado lemas contra la impunidad del franquismo, por “la verdad, justicia y reparación” y se han mostrado fotografías de personas asesinadas entre 1976 y 1978, homicidios que nunca fueron esclarecidos con claridad o para los que ni siquiera se celebró juicio. También se ha colgado una pancarta con fotografías de decenas de personas desaparecidas por el franquismo.
La activista feminista Justa Montero ha leído ya en la Plaza Villa de París, frente al Tribunal Supremo, el firmado por organizaciones de derechos humanos y de memoria, en el que, bajo el título Rompamos la impunidad, exijamos justicia, se explica que “más de mil querellas y denuncias en la querella argentina, tanto de víctimas individuales como de instituciones y asociaciones, así como alrededor de cuarenta ayuntamientos han presentado o están en trámites de hacerlo querellas criminales en juzgados españoles para que se investiguen los crímenes cometidos por la dictadura franquista en sus municipios” y en el que se recuerda que “hasta la fecha ninguna de las querellas criminales presentadas han sido admitidas a trámite”.
Justa Montero lee el manifiesto en la Plaza de la Villa, tras la concentración ante la embajada argentina
“Por eso estamos personados en la querella argentina” -han explicado algunos querellantes a elDiario.es-, “porque la impunidad se perpetúa por el momento en el Estado español”.
El manifiesto reivindica el derecho a la verdad, justicia y reparación, y garantías de no repetición y subraya que Martín Villa “fue una de las piezas claves en la ejecución de una política de Estado represiva y cruenta que conformó un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”. Además, recuerda que “Naciones Unidas ha constatado y denunciado en numerosas ocasiones la inaceptable política de impunidad mantenida por el Estado español, contraria a los estándares internacionales, que impide el acceso a la justicia a las víctimas de estos crímenes contra la humanidad”.
“Hoy es un día muy importante para nosotros porque Martín Villa se va a asentar por primera vez a responder por los hechos imputados”, ha declarado Manuel Ruiz, hermano de Arturo Ruiz, asesinado en Madrid en 1977.
Concentración en Madrid contra la impunidad del franquismo y por un juicio a Martín Villa
“Ojalá estos juicios pudieran celebrarse en el Estado español, la Fiscal española anterior, Madrigal, ya dijo que los delitos españoles contra españoles debían celebrarse aquí. Estamos de acuerdo, pero lo cierto es que su palabras son incongruentes porque siempre que intentamos abrir procesos aquí éstos son denegados”, ha señalado Andoni Txasko, integrante de la Asociación 3 de marzo y víctima él mismo de una paliza policial en Vitoria en 1976 que le dejó con un dos por ciento de visión.
En Pamplona los convocantes han lamentado que “a pesar de que las Naciones Unidas han denunciado repetidamente la política de impunidad” contra los crímenes del franquismo “la judicatura ha rechazado todas las iniciativas presentadas ante ella”, siendo la querella argentina “la única acción penal abierta”, a lo que han añadido que “merece todo el apoyo”.
En Valencia la protesta ha tenido lugar a las puertas del Tribunal de Justicia, donde se ha desplegado una pancarta en la que se leía “Trenquem la impunitat judici al franquisme. Justicia i reparació”.
Concentración en Pamplona contra la impunidad del franquismo y por un juicio a Martín Villa
Dicen que el tiempo lo cura todo, pero no es una afirmación que se pueda aplicar a todos los ámbitos de la vida, al menos, no en lo que se refiere a la memoria histórica en nuestro país.
La dictadura franquista empezó con los asesinatos de miles de ciudadanos y ciudadanas españolas y no terminó con la muerte del titular de la Jefatura del Estado.
Mientras éste se debatía artificialmente entre la vida y la muerte, altos funcionarios estatales, negociaban con los líderes de la oposición a la vez que seguían mostrando con gran dureza aquello de “la calle es mía”.
Elegido para liderar esta transición hacia la monarquía parlamentaria lo fue, nada menos, que un ministro secretario general del Movimiento, Adolfo Suárez , que tiró de uno de los duros del Régimen, uno de los últimos que aún levantaba en el brazo en los años 70, para domeñar a los más levantiscos de entre los suyos, aplastar la resistencia popular y destruir todos los documentos comprometedores de la represión franquista, esta persona era Rodolfo Martín Villa.
Hoy los apóstoles de la Transición, aún en su papel de heroicos e incontestables timoneles de la Nación, defienden a capa y espada, el papel de este espadón del franquismo, que cumplió fielmente con la labor que el Régimen le había asignado.
No es de extrañar , es la forma de justificarse a sí mismos, por su debilidad y entreguismo, y nunca se vio mejor ocasión para afirmar que todo cambió para que lo fundamental siguiera siendo igual.
Hoy es un día histórico, un día para revisar ese sacrosanto momento qué fue la Transición en nuestro país,.
¿por qué les da tanto miedo revisitarla?
Aunque solo sea por respeto a la memoria de esos obreros y manifestantes muertos por la policía mandada por Martín Villa, caiga la vergüenza para los líderes de izquierda y los sindicalistas qué, aún hoy, nos piden que olvidemos y miremos para otro lado, alguno de ellos incluso, nos querría ver en la cárcel por pedir justicia, ¿cabe mayor oprobio?
Que salga la verdad a la luz a ver si averiguamos a qué le tiene tanto miedo la generación política de la transición española.
Esti xueves 3 de setiembre,
Rodolfo Martín Villa va declarar per videoconferencia na Embaxada Arxentina en
Madrid delantre de la xueza María Servini de Cubría, qu’instruye la conocida
como Querella Arxentina nel Xulgáu n.u 1 de Buenos Aires. Por esi motivu, La
Comuna d’Asturies —la entidá asturiana que forma parte de la Coordinadora
Estatal d’Apoyu a la Querella Arxentina— y la Federación Asturiana Memoria y República
(FAMYR) convoquen esi mesmu día, a les 19:30 hores, na Plaza de Porlier
d’Uviéu, una concentración.
La declaración del ex-ministru franquista supón un primer pasu pa poner fin a
la impunidá de los crímenes contra la humanidá cometíos cuando la dictadura de
Franco. A lo llargo de los más de 40 años de democracia que siguieron a la
muerte del dictador, esa impunidá caltuviéronla tolos gobiernos. Naciones Uníes
tien denunciao bien de veces lo inaceptable d’esa política d’impunidá, que va
contra tolos estándares internacionales y que torga l’accesu a la xusticia a
les víctimes d’estos crímenes.
Na dictadura franquista centenares de miles de persones sufrieron violaciones
gravísimes de derechos humanos: desapaiciones, fusilamientos, robu de neños,
trabayu esclavu, malos tratos y abusos en campos de concentración, cárceles,
comisaríes, cuarteles, preventorios, tortures, detenciones arbitraries,
persecuciones, etc. Nos últimos años d’esa dictadura, Martín Villa foi una de
les pieces claves de la represión xeneralizada y sistemática contra la
población civil. Por eso ye ún de los reclamaos pola Xusticia arxentina como
responsable de crímenes contra la humanidá.
Hai más de 1.000 querelles y denuncies na conocida como Querella Arxentina,
tanto de víctimes individuales como d’instituciones y asociaciones. Alredor de
40 conceyos en tol Estáu presentaron, o tán en trámites de facelo, querelles
criminales énte los Xulgaos españoles pa que s’investiguen los crímenes contra
la humanidá cometíos nos sos territorios. Tamién se presentaron énte la
Xusticia española munches querelles por delitos de tortures, homicidiu y
lesiones, desapaición forciada… toes nun contestu de crímenes contra la
humanidá. Hasta la fecha, nenguna de les presentaes nel Estáu español s’almitió
a trámite.
Los gobiernos socesivos y la xudicatura española negáronse a estraditar a
Martín Villa a Arxentina pa la so toma de declaración. Tamién se negaron a que
la xueza Servini viniera al Estáu español pa toma-y declaración y,
evidentemente, negáronse a xulgalu nos propios tribunales españoles.
Con esta toma de declaración dase un primer pasu, pero ye menester qu’haya
munchos otros pasos pa que’l derechu a la tutela xudicial efectiva de les
víctimes del franquismu y los sos familiares seya una realidá. La sociedá civil
tien que lo esixir a los poderes públicos y esta concentración ye una llamada
d’atención dende’l movimientu memorialísticu d’Asturies.
Hai que recordar que pa l’asistencia a la concentración ye obligatoriu l’usu
de la mázcara, amás de la caltener la distancia de seguranza necesaria.
Nuestros aabogados nos han hecho saber que los abogados de Martín Villa han entregado unas cartas de apoyo a su defendido ante esta situación emitimos este comunicado
NOTA DE PRENSA CEAQUA
ANTE SU INMINENTE DECLARACIÓN INDAGATORIA Y TRATANDO DE
PRESIONAR POLÍTICAMENTE A LA JUEZA SERVINI, MARTÍN VILLA INCORPORA
A LA CAUSA ARGENTINA MANIFESTACIONES EN SU APOYO, A TÍTULO INDIVIDUAL, DE EX MIEMBROS DE GOBIERNOS ESPAÑOLES Y EX LÍDERES
SINDICALES (ENTRE OTROS)
Mediante escrito dirigido a la Jueza Servini de Cubría, titular del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Argentina, Juzgado en el que se instruye la causa criminal 4591/2010, en el que se investigan los crímenes
internacionales cometidos durante la dictadura franquista y la Transición, Rodolfo Martín Villa, ante su inminente toma de declaración indagatoria, señalada para el próximo día 3 de septiembre, ha aportado a la causa una serie de testimonios o manifestaciones, a título individual, de ex líderes políticos y sindicales.
Las personas que firman los diferentes testimonios en apoyo a Rodolfo Martín
Villa son las siguientes:
Los cuatro ex Presidentes del Gobierno del Estado español: Felipe González,
José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: Ex Diputado de UCD, de Alianza
Popular y del Partido Popular.
Miquel Roca Junyent: Ex Diputado de Convergencia i Unió
Enrique Krauss, ex Presidente del Partido Democristiano y ex Ministro del
Interior de Chile durante el mandato de Patricio Aylwin.
Jaime Gama, ex Ministro de Administración interna (Interior) y ex Ministro de
Asuntos Exteriores de Portugal.
Nicolás Redondo Urbieta y Cándido Méndez Rodríguez (ex secretarios
generales de la UGT).
Antonio Gutiérrez Vergara y José María Fidalgo (ex secretarios generales de
CCOO).
Eduardo Serra Rexach, ex Ministro de Defensa durante el primero Gobierno
de José María Aznar.
Rafael Arias-Salgado Montalvo, ex ministro de UCD en el Gobierno de Adolfo
Suárez y ex Ministro del Partido Popular en el Gobierno de José María Aznar.
Juan Van Halen Acedo, miembro del Sindicato Español Universitario (SEU) y
ex Senador del Partido Popular.
Jesús Romero Trillo, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.
Josep Borrell, ex Ministro en los Gobiernos de Felipe González y Pedro Sánchez.
Jaime Ignacio del Burgo, ex senador de UCD y del Partido Popular.
Marcelino Oreja Aguirre, ex Ministro de Asuntos Exteriores durante el primero Gobierno de Adolfo Suárez.
Los diferentes testimonios aportados por las personas anteriormente relacionadas alaban la labor política desarrollada por Rodolfo Martín Villa durante la Transición española.
El momento para presentar dichos testimonios, después de haber transcurrido
casi seis años desde que Rodolfo Martín Villa fue imputado en la querella argentina, ha sido elegido cuidadosamente por éste. No podemos olvidar que el próximo día 3 de
septiembre Martín Villa debe prestar declaración indagatoria ante la Jueza Servini y que ésta, en un plazo de diez días, deberá decidir si finalmente le procesa o no por los hechos que se le imputan.
Por tanto, se trata de un intento burdo y grotesco de ejercitar una presión política
sobre la Jueza Servini de Cubría, inaceptable desde cualquier punto de vista
estrictamente jurídico-procesal y desde un punto de vista democrático. Ello constituye
un intento de injerencia gravísima, uno más, en la tramitación de una causa judicial que, en todo momento, ha sido obstaculizada por las autoridades españolas al objeto de impedir la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la Transición. Los testimonios de las personas anteriormente relacionadas, efectuadas como ya se ha destacado a título estrictamente individual, esto es, sin el apoyo de las fuerzas políticas y sindicales a las que pertenecen o pertenecieron, en ningún caso desvirtúan los hechos por los que está imputado y sobre los que deberá prestar declaración Martín Villa. Dichos testimonios, muy resumidamente, alaban la “figura” política del imputado durante la Transición, como hacedor de consensos, como “padre” de la actual democracia, tratando de exonerarle de esta forma tan particular de cualquier tipo de
responsabilidad penal. Incluso en algún caso, como el del ex Presidente del Gobierno
Felipe González, se considera que las responsabilidades penales deberían depurarse respecto a los propios querellantes y no respecto a Martín Villa.
Todas las personas que han prestado sus testimonios en apoyo a Martín Villa
implementaron, consolidaron, desarrollaron o aceptaron con total naturalidad el modelo de impunidad imperante en el Estado español que impide la investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad que se cometieron durante la dictadura franquista y la Transición.
Este apoyo a título individual de un reducido número de personas que, en su
momento asumieron, a mayor o menor nivel determinadas responsabilidades políticas y sindicales, contrasta con el apoyo público manifestado a nivel de más de cien
Instituciones y Corporaciones Públicas (entre otros Ayuntamientos como el de
Barcelona, Vitoria, Pamplona, Donostia, Zaragoza, Madrid; Juntas Generales de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, Parlamento Foral de Navarra y un largo etc..), fuerzas políticas y sindicales, cientos de organizaciones de sociedad civil estatales e internacionales, personalidades de diferentes ámbitos y decenas de miles de personas a la denominada querella argentina que, actualmente suma a más de mil querellantes y denunciantes.
Es más, la obstaculización por parte de las autoridades españolas de la causa
criminal que se tramita en Buenos Aires, ha sido severamente criticada y censurada por
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por el Parlamento Europeo y también en el seno del Consejo de Europa. Censura que incorpora una serie de
reclamos al Estado español para que revierta, de una vez por todas, sus políticas de impunidad en este ámbito y permita, conforme a la normativa de Derecho Internacional de Derechos Humanos y de Derecho Penal Internacional la investigación de dichos crímenes.
Por último, una vez más, debemos recordar que Rodolfo Martín Villa fue el
paradigma de aquéllos líderes políticos que provenientes de una dictadura sanguinaria
y cruel como la dictadura franquista pasaron a considerarse “padres de la actual
democracia”. Rodolfo Martín Villa como Ministro de Relaciones Sindicales, Ministro de la Gobernación y Ministro del Interior durante la Transición dirigió un aparato represivo – en ningún momento depurado- que desplegó una actividad que supuso, sin lugar a dudas, una ataque generalizado y sistemático contra la población civil y que, a pesar de ello y como consecuencia del establecimiento de un modelo de impunidad durante la Transición, posteriormente consolidado, desarrollado y protegido por nuestra actual democracia, continuó desarrollando su actividad política sin problema alguno, vinculado y formando parte de los grandes poderes económicos.
En cualquier caso, los hechos por los que está imputado Martín Villa en la
querella argentina, en base a la responsabilidad del superior civil –que puede ser, conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto por acción como por omisión-, integran 12 asesinatos y cientos de heridos ocasionados por las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado que él dirigía, y a los que alude como “actuaciones desgraciadas” o simples “errores”. Los hechos están debidamente acreditados en la causa penal y es en el plano estrictamente jurídico-procesal, que no político, en el que la Jueza Servini deberá determinar si se le procesa o no.
Desde CEAQUA, atendiendo a todas las diligencias probatorias incorporadas a
la causa, esperamos que finalmente Rodolfo Martín Villa sea procesado lo que
supondrá un avance procesalmente indudable en la tramitación del proceso y un paso importante para poner fin a un modelo de impunidad incompatible con un Estado democrático.
