El próximo domingo 21 de junio a las 17 horas se realiza la Tercera sesión organizada por el Colectivo Edinburg con la temática del robo de bebés
BEBÉS ROBADOS. Tercera sesión por videoconferencia del ciclo “Organización social en tiempos de pandemia”.
Organizado por el colectivo Edinburg in protest desde Reino Unido.
Participa Sol Luque de la asociación “Todos los niños robados son también mis niños”.
El Tribunal Supremo, en su ultima sentencia sobre el robo de bebés, sigue sin pronunciarse sobre la no prescripción de este crimen, dejando de nuevo a las víctimas desamparadas frente a la justicia.
Maite Parejo, abogada colaboradora de la asociación “Todos los niños robados son también mis niños”, entidad integrante de CeAqua, opina que estos crímenes deberían enmarcarse dentro de los delitos de lesa humanidad y, por tanto, ser imprescriptibles.
Víctimas de los casos de bebés robados en una concentración en la entrada de la Audiencia Provincial de Madrid durante el juicio al doctor Eduardo Vela. EFE
Mantiene la absolución del ginecólogo Eduardo Vela pero elimina el delito de detención ilegal porque la denunciante supo en 2019 que su madre la entregó de manera voluntaria
Según los abogado Enrique Vila y Maite Parejo este fallo no es aplicable al resto de casos de bebés robados que están pendientes de resolverse: el TS acaba de admitir a trámite uno procedente de Huelva
El Alto Tribunal no se pronuncia sobre la prescripción de los delitos por lo que se mantiene abierta la vía de considerarlos de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles
Fue el primer caso de bebés robados que llegó a juicio y ha sido el primero en obtener un pronunciamiento del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal emitió este jueves su sentencia sobre el caso de Inés Madrigal, la niña que, en 1969, fue separada de su madre biológica en la Clínica San Carlos de Madrid. Tras un largo proceso judicial, Madrigal consiguió sentar en el banquillo a Eduardo Vela, que en el momento de los hechos era ginecólogo y director médico en el sanatorio. La Audiencia Provincial de Madrid le consideró, hace ahora casi dos años, culpable de detención ilegal, suposición de parto y falsedad en documento oficial. Sin embargo, el doctor, de 85 años, fue absuelto. El tribunal entendió que todos los delitos llevaban prescritos desde 1987.
Madrigal y la familia de Vela, que falleció el pasado mes de octubre, recurrieron al Supremo. Y los magistrados han fallado que la detención ilegal no se produjo, aunque los otros dos delitos los han mantenido. Sobre la prescripción, “ni blanco, ni negro, no se ha pronunciado”, subraya Enrique Vila, abogado y presidente de la asociación SOS Raíces Adoptados. Así, mantiene la puerta abierta a que se puedan investigar otras causas. “Cada caso concreto habrá que estudiarlo”, dice Vila. “De cara a otros casos de bebés robados, esta sentencia no influye en nada“, añade Maite Parejo, abogada socia en Maio Legal.
El pasado 3 de junio, los magistrados del Supremo comenzaron la deliberación a puerta cerrada. Madrigal había recurrido porque, según argumentó su defensa, los delitos no habían prescrito. La Fiscalía Provincial de Madrid hizo lo propio, pidiendo que se revisara esa prescripción. Y Vela interpuso el suyo, alegando que se había vulnerado el derecho a su presunción de inocencia. Este ha sido el recurso que ahora se ha estimado, aunque parcialmente. Vela, ya fallecido, mantiene su absolución, aunque ahora se ha retirado de la sentencia la referencia a la detención ilegal. Los otros dos delitos se mantienen intactos. “Se ratifica la parte dispositiva de la sentencia de instancia [la de la Audiencia Provincial de Madrid] con la única precisión, en cuanto a las razones de la absolución del delito de detención ilegal, que se deriva de la fundamentación jurídica de esta sentencia”, falla el Tribunal.
El motivo es claro. Meses después de la sentencia de la Audiencia Provincial, Madrigal encontró a su familia biológica. Lo hizo a través de un banco de ADN estadounidense y, así, supo que su madre la entregó en adopción de forma voluntaria en 1969. Ese detalle fue el que cambió todo. “El motivo de descartar la detención ilegal es que no se ha acreditado la ausencia de consentimiento de la madre biológica“, argumenta el Tribunal. Pero eso no elimina los otros dos delitos, puesto que lo que aparentemente fue una adopción no se vendió como tal. “La ilegalidad se habría concretado en exclusiva en la elusión de los procedimientos regulares de adopción mediante la consulta falsaria de hacer aparecer como madre biológica a quien no lo era”, señala el Supremo. Madrigal, por tanto, fue entregada de forma voluntaria, pero con falsedad documental y simulación de parto. “El certificado donde figuraba su firma, que él mismo reconoció, se emite con vocación, que no puede desconocer su emisor, de provocar un asiento en un registro público de tanta importancia como es el Registro Civil”, señala la sentencia. “Pudo ser entregada, con lo cual no hay robo, pero fue adoptada de forma ilegal y Eduardo Vela es un delincuente”, critica Vila.
La desaparición de este delito es, según Parejo, lo que precisamente deja la puerta abierta a que se investiguen otros casos de bebés robados con una perspectiva diferente. Más que nada, porque lo que la sentencia concuye es que Madrigal no lo fue. “Está claro que la conclusión es que este no es un caso de bebé robado, así que esta sentencia no sirve de parámetro para los casos de bebés robados, que deben investigarse”, sostiene. “Habrá que ver entonces qué dicen los tribunales en el futuro”, añade.
Y el Supremo ya tiene otro caso que resolver. Este miércoles, el Alto Tribunal admitió a trámite un recurso formulado por la Asociación SOS Bebés Robados de Huelva sobre una presunta sustracción de un recién nacido en el hospital Manuel Lois de la capital onubense en 1992. El caso llegó al Supremo después de que la Audiencia Provincial de Huelva diera traslado al Tribunal tras emitir un auto en el que no consideró prescritos los delitos. Los fundamentos jurídicos de dicho auto se basaban en computar el plazo para la prescripción desde que el sujeto afectado tenga conocimiento del mismo, y solicitar que ningún delito —falsificación documental o suposición de parto, los otros dos de los que se acusó al doctor Vela— quede prescrito si el delito de mayor pena no lo hace. El 30 de junio se deliberará y se tomará una decisión.
El debate de la prescripción y los crímenes de lesa humanidad
La Audiencia Provincial de Huelva justo tocó la tecla en uno de los meollos de la cuestión de los casos de bebés robados. La Audiencia Provincial de Madrid sentenció que los delitos de los que se acusaba al doctor Vela habían prescrito y lo que esperaba la acusación de Madrigal era que el Supremo se pronunciara sobre esto. Pero no lo ha hecho. “La Sala rechaza la impugnación de la prescripción que formulan el Ministerio fiscal y la acusación particular en sus recursos”, explica el Supremo.
Hace dos años, la Audiencia Provincial de Madrid señaló que los tres delitos de los que acusó entonces a Vela y por los que la Fiscalía pedía once años de cárcel, “constituyen un conjunto punitivo” en “íntima relación de conexión”. “En el caso de los delitos instrumentales la prescripción depende de la del delito de mayor gravedad”, apunta la sentencia, al igual que la de Huelva. En el caso de Madrigal, la lupa tendría que ponerse por tanto sobre el delito de detención ilegal, que “tiene señalada pena de prisión de cinco a ocho años que debe ser impuesta en su mitad superior, por lo que el plazo de prescripción será el de diez años, de conformidad con lo prevenido en el artículo 131 del Código Penal”.
La cuestión y el debate fue a partir de cuándo empezar a contar. Las acusaciones sostuvieron que debía tomarse como referencia el 25 de julio de 2010, cuando Madrigal leyó una información en el periódico y “tomó conciencia de su situación de ‘niño robado”. Sin embargo, las magistradas entendieron que el punto de partida para realizar el cómputo debe ser el año 1987, cuando cumplió 18 años y la que pensaba que era su madre biológica le contó que, en realidad, era adoptada. Esta fue la posición que triunfó.
Tal y como explica Vila, la prescripción de este tipo de delitos tiene que empezar a contar cuando la persona afectada —y acusación en un procedimiento legal— sabe que ha sido víctima de un delito. Ante la mera sospecha, el reloj no debería activarse. “Si una persona se entera a los 18 años de que es una hija falsa, ahí empieza a correr el plazo. Sin embargo, si alguien que tiene ahora 50 años y se entera mañana, empezará a correr mañana”, explica.
Sin embargo, en opinión de Parejo, estos crímenes deberían enmarcarse dentro de losdelitos de lesa humanidad, que son, indica, imprescriptibles. De hecho, sobre el eje de la imprescriptibilidad giraba la Proposición de ley sobre los bebés robados en el Estado español, impulsada por la Coordinadora Estatal en Defensa de la Querella Argentina (Ceaqua) y registrada y admitida a trámite a finales de septiembre de 2018 en el Congreso de los Diputados por Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu. Quedó en nada porque la convocatoria de elecciones la hizo decaer, pero en febrero volvió al Parlamento con el respaldo de todos los grupos políticos excepto PP, Ciudadanos y Vox.
El objetivo del texto era, y es, la creación de una Fiscalía y una unidad de Policía Judicial para investigar la sustracción de, al menos, 30.000 menores. Solo con una investigación, y en conjunto, se podrán llegar a catalogar como crímenes de lesa humanidad, según Parejo. “El problema es que en España no se investiga. Para que un crimen sea calificado así tiene que haber un ataque sistemático en parte de la población civil y para eso se tiene que saber qué ocurrió, cómo y cuándo. Hasta que no se investigue, los afectados no encontrarán derecho a la tutela judicial efectiva“, sentencia.
La Plataforma Ciudadana por el Centro de Memoria de la Cárcel de Carabanchel ha recibido respuesta a su petición de crear un espacio para recuperar y proteger la historia de la prisión construida por presos durante el franquismo. El Ministerio del Interior ha denegado la petición alegando “planeamiento urbanístico sobre esos terrenos”
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa telemática del 27 de abril.
La Plataforma por un Centro de Memoria Cárcel de Carabanchel envió el pasado 22 de mayo una carta por correo certificado al Ministerio del interior para solicitar un espacio para recuperar, transmitir y reflexionar en torno a las luchas populares y la represión política durante el periodo y la dictadura y la transición.
Tal y cómo relató El Salto, la mayor parte de la que fuera la cárcel más grande del Estado español fue demolida en 2008 por orden del Gobierno del PSOE, dejando la mayor parte del terreno como solar abandonado, a excepción del antiguo hospital, que fue designado como Centro de Internamiento para Extranjeros.
No es la primera solicitud que el colectivo enviaba, ya que en enero de 2019 cursaron la misma demanda con el apoyo de varias asociaciones, entre las que se incluía el Colegio de Arquitectos de Madrid, argumentando que no existía ningún impedimento urbanístico, económico ni legal para iniciar la reconversión del espacio.
Desde la plataforma manifiestan su “decepción” ante la respuesta recibida el miércoles 10 de junio, en la que la directora de gabinete del ministro, Rocío García Romero, alega escuetamente que “actualmente se encuentra en curso la tramitación de la promoción de la ejecución del planeamiento urbanístico de estos terrenos”.
La respuesta parece encaminada a continuar con el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) que, desde el cierre de la prisión en 1999 preveía que los terrenos servirían para la construcción de edificios de renta libre, a pesar de que las presiones vecinales consiguieron que se modificase el plan para incluir un hospital. Tras ello, se firmaron varios proyectos urbanísticos que no se han llevado a cabo en los que parte del terreno se cedía para viviendas y parte para el hospital, reservando siempre una parte para Interior.
La respuesta va en contra del propio discurso del Gobierno y de la ley de Memoria Histórica, presentada por el propio PSOE, que habla de la protección de lugares en los que se hayan “desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados con la lucha del pueblo español por sus derechos y libertades democráticas, así como la represión y violencia”. Un relato que encaja en la historia de la prisión.
“Recibir respuestas con este nivel de desprecio solo revela que no contamos con interlocución solvente con este Ministerio, que elude cualquier solicitud de reunión”, señalan desde la plataforma. Aseguran que no cesarán en sus intentos de presión para impulsar ese centro de memoria. Un centro que, indefectiblemente, tendrá que contar que fue el propio PSOE el que ordenó derribar la mayor parte del histórico lugar.
Se ha aprobado una PNL que desde CeAqua se ha pedido que debe llegar mucho más lejos y se exige al Gobierno que juzgue las torturas de la policía franquista
Eldiario.es/ Iñigo Aduriz
Los populares piden “no caer en la tentación revisionista” del Ejecutivo y la extrema derecha cree que la izquierda es “la ideología más mortífera de la historia”
‘Billy el Niño’, el expolicía acusado de torturas, fallecido en mayor por coronavirus.
La mayoría del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una proposición no de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos que insta al Gobierno a que haga efectiva “la retirada de condecoraciones a funcionarios y autoridades franquistas que hubiesen observado conductas incompatibles con los valores democráticos y los principios de protección de los Derechos Humanos”, es decir, que cometieran delitos de tortura. Durante el debate de la iniciativa, tanto el PP como Vox han anunciado su desacuerdo, al considerar que se trata de un ejercicio de “revisionismo histórico”, aunque finalmente los populares se han abstenido.
El texto, que ha salido adelante con el apoyo de la izquierda parlamentaria, Ciudadanos –que ha logrado acordar una enmienda transaccional con los grupos proponentes–, PNV, ERC, Junts y EH Bildu, la abstención del PP y el ‘no’ de Vox, insta al Gobierno a revocar de forma efectiva las condecoraciones y recompensas concedidas por el Estado a funcionarios y autoridades de la dictadura franquista que, antes o después de la concesión, “hubiesen realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los Derechos Humanos”.
La iniciativa pide que esa retirada conlleve “la pérdida de todos los derechos anejos a la recompensa, incluso los económicos”, y pudiendo llevar a cabo esa retirada “incluso a título póstumo”. La PNL pide, en concreto, que “se revoquen las condecoraciones otorgadas a Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño”, fallecido hace unas semanas víctima del coronavirus.
Asimismo, el texto considera contrarios a la memoria democrática del Estado los reconocimientos o condecoraciones por el desempeño de su cargo o función a funcionarios y autoridades de la dictadura franquista que, antes o después de la concesión, hayan formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista.
También pide adoptar las iniciativas normativas precisas para revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de realzar a personas y entidades que supongan exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y del franquismo, así como la elaboración de un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, “que representen la exaltación de la Guerra Civil y dictadura”, para su supresión.
Durante el debate, que se produjo ayer miércoles, el PP manifestó su rechazo a la propuesta al considerar que con ella los partidos en el Gobierno tratan de ocultar “el presente”. “Mi grupo no caerá en la tentación revisionista”, recalcó el diputado popular Luis Santamaría durante su intervención en el Pleno. “Se puede entender que populistas, filo etarras e independentistas cuestionen el gran pacto que fue la Transición, pero que el sanchismo se una a ellos es algo impropio del socialismo que ayudó a construir la España constitucional”, dijo.
A renglón seguido, se preguntó: “¿El socialismo revisionista que ahora defienden es mejor que el socialismo que defendía el presidente González y los ministros del Interior Barrionuevo, Corcuera, Asunción, Belloch, Alonso o Rubalcaba?”
“Vox es contrario a toda pretensión absurda de revisionismo histórico del signo que sea”, añadía, por su parte, el diputado de la extrema derecha José María Sánchez, que consideraba que PSOE y Unidas Podemos representan a “la ideología más mortífera de la historia”.
Desde Ciudadanos, por su parte, el diputado Guillermo Díaz se preguntaba si algún diputado había tenido algún familiar torturado y criticaba que la PNL se refiera a la Guerra Civil y a la dictadura y no hable de “otra dictadura” como la de Primo de Rivera. Aunque Díaz considera que la PNL es “justa”, también cree que esconde “más tacticismo que buena intención” y ha reprochado a PSOE y Unidas Podemos que estén “siempre a vueltas con estos temas”. “Dejen de gorronear en el pasado méritos que son incapaces de hacer en el presente”, les dijo.
A Díaz le respondía de forma enérgica el diputado de Más País Íñigo Errejón, que recordaba que su padre sí fue torturado por policías franquistas. “¿Mi padre es menos español que usted?”, le preguntaba al parlamentario del partido de Inés Arrimadas. “Vivimos en democracia, que solo debería honrar a los democrátas y tiene que garantizar que no se torture a los demócratas”, señaló.
Los grupos independentistas catalanes manifestaron su molestia porque la PNL no amplíe esa retirada de condecoraciones a policías que siguen en su cargo y han reclamado la libertad de “los presos políticos”, en alusión a los políticos independentistas condenados por su participación en el procés.
El debate vivió un momento de tensión cuando intervino la diputada de Junts en el Congreso Miriam Nogueras, que utilizó su turno de intervención para llamar “fascista” al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, recientemente destituido de su cargo al frente de la comandancia de la Guardia Civil de la Comunidad de Madrid. Nogueras pidió que además de la retirada de las citadas condecoraciones “se ponga fin a más situaciones injustas, también derivadas de políticas injustas”. “Toda esta basura estaría en los juzgados empezando por el fascista de De los Cobos”, señaló.
Una vez terminada su intervención, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le preguntó a Nogueras si retiraba esa alusión a “un particular”. La diputada de Junts se negó y Batet anunció que retiraría la palabra “fascista” del diario de sesiones de la Cámara Baja.
Cuando fue presentada la PNL por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos CeAqua emitió este comunicado:
El 9 de junio se celebra cada año, desde 2007, el Día Internacional de los Archivos. No es una efeméride muy conocida más allá del ámbito de los propios archivos y de sus profesionales. No obstante, sirve de recordatorio de su función social y de la labor que desarrollan a diario, casi siempre silenciada. Su importancia reside en que son garantes de los derechos de acceso a la información y al conocimiento del pasado. Aclaremos que el establecimiento de la fecha se debe a la iniciativa del Consejo Internacional de Archivos, dado que ese organismo internacional de carácter profesional se constituyó ese día de 1948 bajo los auspicios de la UNESCO.
Esta vez la conmemoración nos ha sorprendido después de casi tres meses de cierre de las instalaciones debido al estado de alarma instaurado por la pandemia del coronavirus. Bien es cierto que muchos archivos vienen prestando desde hace semanas sus servicios a través del correo electrónico y telefónicamente. En todo caso, las vísperas de la reapertura de puertas para la atención presencial y el 9 de junio nos ofrecen una ocasión para detenerse por un momento para la reflexión.
En España los archivos públicos todavía no se han repuesto de las severas políticas de austeridad de comienzos de la segunda década de este siglo. Esto quiere decir que todavía cuentan con menos personal y menos recursos que entonces. Se entenderá con un par de ejemplos. Todavía en 2018 no se habían repuesto los más de 250 profesionales que habían causado baja en los archivos de la Administración General del Estado. Por entonces (este es el segundo ejemplo), el Sistema de Archivos del Ministerio de Defensa contaba con menos archiveros y archiveras que centros de archivo. Esto repercute directamente en la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía, de manera que, por ejemplo, los tiempos marcados en sus Cartas de Servicio para la remisión de copias a los usuarios se multiplican. De este modo se alza un obstáculo no sólo al derecho a la información y al conocimiento del pasado de la ciudadanía, sino también al Derecho a la Verdad que asiste a las victimas de crímenes de lesa humanidad, como son los crímenes franquistas.
Más allá de estas deficiencias materiales, todavía persisten dificultades en el acceso a los archivos públicos. Hace ya seis años, el propio Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, señalaba al respecto que: “(…) la legislación y reglamentaciones vigentes no resuelven las dificultades mencionadas en materia de acceso, las cuales pueden abordarse a través de una política estatal y una ley de archivos que revise los criterios aplicables en materia de privacidad y confidencialidad, de conformidad con los estándares internacionales, incluyendo el derecho a la verdad”.
La situación permanece invariable desde entonces, lo que significa que los archivos públicos continúan siendo una pieza clave de la impunidad del franquismo. Esta realidad no ha pasado desapercibida a los Grupos Parlamentarios Socialista y de Unidas Podemos ni a los senadores de la Coalició Comprimís que han presentado en el Congreso y en el Senado hasta tres Proposiciones de Ley sobre la Memoria Democrática. En efecto, pues a lo largo del articulado de las tres aparecen propuestas normativas relativas a los archivos, incluidas algunas destinadas a la accesibilidad a los mismos. Aunque evidentemente han de valorarse como un progreso, lamentablemente creemos que ninguna de las tres Proposiciones de Ley resuelve definitivamente esta última cuestión. Así, por ejemplo, no consideran las recurrentes contradicciones que se generan entre la Ley 19/2013 de Transparencia, a la que se refirió el propio Pablo de Greiff en su Informe, y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos. Contradicciones que a menudo se saldan con la negación del derecho a la información, porque a veces hasta a los muertos les asiste el derecho a la protección de sus datos. No otra cosa motivó aquél intento de censura a propósito de la publicación del expediente del Consejo de Guerra al poeta Miguel Hernández y el subsiguiente revuelo.
Tampoco toman en consideración lo que constituyen dos auténticas guías en esta materia. Se trata del informe del propio Consejo Internacional de Archivos y la UNESCO sobre Políticas archivísticas para la defensa de los derechos humanos. Coordinado por Antonio González Quintana, fue actualizado en 2008. Más recientemente, en 2015, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un documento importante para lo que ahora aquí importa: Instrumentos del Estado de Derecho para Sociedades que han salido de conflictos. Archivos. Más allá de las Proposiciones de Ley comentadas, cuarenta y cinco años después de la desaparición de Franco, resulta imprescindible una Ley de Acceso a los Archivos.
La muerte reciente del policía y torturador Antonio González Pacheco con todas sus condecoraciones y honores en vigor un mes después de que falleciera uno de sus torturados, José María Galante, nos recordó que no queda tiempo. No queda tiempo para los familiares de la gente enterrada en cunetas, no queda tiempo para los torturados, no queda tiempo, en fin, para las victimas. Es urgente el acceso al Derecho a la Verdad, que sólo los archivos pueden garantizar. Eso si, a condición de que pueda accederse a ellos.
En 1942 trajeron presos republicanos para trabajar en la construcción del tunel. Las condiciones de trabajo de los trabajadores presos como libres eran penosas
El Túnel de la Engaña, que iba a formar parte del eje ferroviario Santander-Mediterráneo, fue abandonado sin llegar a albergar la doble vía que estaba prevista para atravesarlo
El túnel de La Engaña.- EFE
Un trampantojo en mitad de la nada.
Todo es verde, apenas motitas de gris aquí y allá por donde asoman tejados de pizarra. Monte y más monte, una línea que serpentea a lo lejos y por la que, cada mucho rato, bajan reflejos de parabrisas muy lentos. Huele a hierba, a humedad, a riachuelos que arrastran hojas y dejan dulzor metálico en el paladar si pasas mucho tiempo sentado a su orilla. Castaños, salces, alisos en las sombras, algunas cagigas. El reino del silencio.
Allí, en mitad de un cuadro de Friedrich, surgen visiones extrañas. Ruinas comidas por las enredaderas. Explanadas donde únicamente debería haber sendas angostas, pindias, charcos de barro.
Es difícil resistir la tentación. Caminar, ver qué hay. Avenida de París trasplantada a este apartado rincón de los Montes del Pas. Ligero ascenso. Pronto nos encontramos con la boca de un túnel, cortito. Luego otro, y otro más, y un cuarto. A derecha e izquierda hay vestigios, recuerdos de un pasado que no llegó a ser. Casas, edificaciones, torres, muros de contención. Y, tras unos minutos, él.
Él.
Abre su boca enorme como esas ballenas que nadan en los bosques de Miguelanxo Prado. Dormido. Los ojos apenas pueden atisbar más allá de unas docenas de metros. Después, negrura. Pies que avanzan por sí mismos, buscan la historia, son completamente autónomos. Pocos pasos… y nada. Encima de nosotros toneladas de piedras, de raíces, de bardas, helechos y sapos. Encima de nosotros, el mundo.El camino se adentra, como una lengua entumecida, casi siete kilómetros. En aquel lugar imposible que casi parece un no lugar.
Sea usted bienvenido al Túnel de la Engaña.
-Hombre, yo desearía ver venir el tren, con lo que trabajamos allí…
Manuel Pelayo Revuelta tiene 96 años y sonríe con los labios así, un toque de picardía que no se va a perder nunca, supongo. Yo intento sonreír con los ojos, que es como se hace en estos tiempos de máscaras y virus, pero no sé si me sale. Él sigue a lo suyo. Desgrana recuerdos. Memoria prodigiosa, un hablar calmo, de voz bajita. Menudo, rostro de pasiego. Su hijo está apoyado en el quicio de una puerta. Tez morena por el sol (es época de segar ahora, dalle al hombro y olor a hierba atropada), ojillos vivos y expresión de quien ha escuchado ya esas historias pero no le importa volver a oír.
Entre ambos, entre el padre y el hijo, hay un cuadro. Una composición con retratos en blanco y negro. La abuela, el abuelo, Manuel, sus 14 hermanos. Otros dos trabajaron también allí.
Allí.
En el túnel.
A priori parecía una buena idea. Lo del Santander-Mediterráneo. Comunicar el pujante puerto del Cantábrico nada menos que con Sagunto, salida al Mare Nostrum. Comunicar, también, Cantabria con la Meseta a través de una nueva vía férrea, una que evitase la salida clásica por Reinosa y, adicionalmente, las elevadas tarifas de la Compañía del Ferrocarril del Norte. Sí, podía funcionar. El asunto se va barruntando desde finales del siglo XIX, aunque su aprobación no tuvo lugar hasta el año 1913. Entre unas cosas y otras (el tema de la Gran Guerra traía el futuro bastante inestable), la cosa no se abordó seriamente sino en 1925. Y lo hizo, claro, por la parte más fácil.
El túnel de la Engaña.- EFE
Para 1930, después de que las obras avanzasen a buen ritmo, se había abierto el tramo entre Calatayud-Ribota y Cidad-Dosante, Zaragoza y el norte de Burgos. Más de 350 kilómetros. La cosa pinta bien. Pero quedaba lo más complicado. Entrar a Cantabria, salvar la Cordillera. Por la zona pasiega, concretamente. Tarea titánica. Cinco años después se aprobó el trazado definitivo, ese que haría desembocar el tren en Vega de Pas a través de un enorme túnel de casi siete kilómetros de longitud. El más largo de su época. Le dijeron Túnel de la Engaña, que es como se llamaban los montes que debía horadar.
En cinco años se concluyeron 363 kilómetros de vía férrea. Otros veinte no bastaron para completar los 60 que restaban.
Manuel vivió las tres épocas en la construcción del Túnel de la Engaña. O, más correctamente, de todo el tramo que surge, que aun hoy surge, en los alrededores de Yera. Que no solo fue el túnel famoso. Hasta otros cuatro picaron, a puro músculo, aquellos hombres. El Majoral, El Empeñadiro, El Morro y El Morrito. Precisamente la familia de Manuel tenía una finca que se llamaba El Majoral, junto a la obra, y allí una pequeña cabaña donde dormía nuestro protagonista tras la jornada de trabajo. Ocho horas diarias, de lunes a sábado, recuerda. Aunque normalmente se hacían nueve o diez, hasta a las doce llegaban. Eso sí, siempre cobradas, ¿eh?.
Pero hablábamos de los distintos momentos. Él entró a trabajar en la obra del Santander-Mediterráneo en 1941, un par de años después de acabada la guerra civil. En aquel tiempo como empresa adjudicataria aparecía la Sociedad Anónima de Ferrocarriles y Construcciones ABC (iniciales de su fundador, Ángel Bau Caso). Corporación privada, vínculos muy fuertes para con el nuevo régimen, claro. Sueldos bajos, condiciones infrahumanas. No llevaron luz hasta las bocas a excavar, por lo que el trabajo tenía que hacerse tirando de compresores abastecidos con gasoil. Menos eficaces, menos potentes. Una pesadilla.
En 1950, y ante la incapacidad de ABC (luego volveremos a esto) la obra es transferida a Portolés y Compañía, una constructora aragonesa que subió los salarios y modernizó, en parte, los medios de aquellos tipos curtidos en frío y madrugón. Ahora ya podían tener compresores eléctricos, por ejemplo.
Entre medias, el tercer momento. Con tantos desconocidos, tan extraños, venidos de tan lejos.
Los presos
“Yo sí creo que aquel ferrocarril pudo tener sentido, al menos como tren de mercancías”. Hablamos con Víctor y Javier Gómez, dos hermanos pasiegos que se van turnando en la palabra, completando el uno las historias del otro y viceversa. Ambos mezclan erudición y memoria personal para contarnos cosas sobre el Túnel, sobre la época, sobre posibilidades y desventuras.
Que era una obra rara. Por su tamaño. Y, sobre todo, por el lugar. Una pirámide en mitad del monte, un área casi inaccesible, malas comunicaciones hasta hace pocos, muy pocos años. Fotografía descontextualizada, por así decir.
“El problema”, continúan, “es que aquel último segmento del Santander-Mediterráneo se dividió en diez tramos, y únicamente se iniciaron los trabajos en seis. Por eso resultó tan sencillo dejarlo de lado cuando vinieron las dificultades. Si se hubiesen empezado todos a la vez el ferrocarril habría llegado a pasar por aquí”. Quedaron únicamente cuarenta kilómetros por construirse. Ya casi cuatrocientos rematados. Cuatrocientos kilómetros de doble vía, atravesando la meseta castellana, sí, pero también algunos de los paisajes más agrestes, más desconocidos, de toda la Península Ibérica. Allanando tierras que llanas nunca habían sido. Arrancando, cachito a cachito, verrugas a las rocas.
Mudos
El cambio llegó en 1942, cuando trajeron hasta la Vega de Pas presos republicanos para trabajar en régimen de redención de penas. Convivieron durante unos años con los obreros libres. Los segundos eran casi todos pasiegos, de los primeros no lo era ninguno. Chicos jóvenes, fuertes, provenientes sobre todo del sur. Andalucía, Extremadura, Murcia.
Eliminen tópicos. En contra de lo que pudiera parecer, aquellos “rojos” estaban bien considerados por la empresa ABC. Al menos en la teoría. “Es porque era gente preparada”, nos cuenta Víctor. Ingenieros, peritos, personas con experiencia que venían a complementar lo que aquí faltaba. Mucho tesón, poca idea de cómo meterle mano a esas peñas que se llevan viendo desde niño, que uno piensa eternas.
Sufrir sufrían, cómo no. Por las privaciones, por el clima. Los andaluces temblaban como pajarillos, indefensos ante la lluvia, ante la humedad perpetua que aquí se disfraza de niebla y deja gotitas esféricas en el vello de los brazos. El interior del túnel era peor, claro. Polvo, bocas y narices que aspiran polvo con olor a muerte. Qué le vas a hacer. Cada día trabajado redimía dos de pena. Tirar hacia delante.
Eso sí, con el mismo jornal que los trabajadores libres, no se crean. Aunque tiene truco. Ese dinero iba casi íntegro para la Jefatura del Servicio Nacional de Prisiones, que era quien debía suministrarla después al reo. Ya ven, qué risa. La propia empresa recibía una fracción de la suma, y proporcionaba otra, más pequeña, al cautivo. Para gastos.
Vista de la estación de Yera, en la parte cántabra del túnel de la Engaña. EFE
Lo podían invertir en la Vega de Pas, porque vivían y circulaban libremente por allí. Bueno, todo lo libremente que permitía la época, claro. Los reclusos dormían en las antiguas escuelas que levantó en su pueblo Enrique Diego-Madrazo, pasiego, uno de los médicos (y filántropos) más importantes de España. Krausista convencido, de esos que intentaron llevar cultura, educación y sanidad hasta el último rincón de su tierra. Paradójicamente, en aquel tiempo el doctor Madrazo estaba en la cárcel, tras ser denunciado al principio de la guerra civil. Cuando contaba 86 años y estaba prácticamente ciego. Solo le dejarían salir unas semanas en 1942, para morir.
En la actualidad, ruinas de esas escuelas se pueden contemplar a las afueras del pueblo. Muros comidos por la hiedra, ortigas altas como un niño que erizan la piel solo de mirarlas. A veces el paisaje se pone de lo más simbólico.
Y las fugas. ¿Las fugas? Carlos Cobo(pasiego también él, de San Roque de Riomiera, a los de su familia les llamaban Trompones) me había contado una historia casi de novela, una que habla de huidas nocturnas, presos saltando bardas y coronando collados en luna nueva, caminares apresurados cumbre tras cumbre hasta llegar a Francia. Le pregunto a Manuel Pelayo sobre eso. ¿Alguien se fue, usted recuerda? Él niega, primero con la cabeza, luego en palabras. Pero interviene el hijo. Sí, hombre, aquello que contaba siempre mamá. Algunos se iban. Les decían que iban a ser trasladados a otro lugar, a otra obra, y ellos, claro, desconfiaban. Por si en vez de hacer pantanos acababan tirados en cunetas. Aprovechaban las noches. Tierra de contrabandistas ésta, agreste y peligrosa para el forastero. Caminos que conocen unos pocos, hoces que se deben atravesar solo en ciertas fechas. Quién sabe. Salvar el pellejo. Quién sabe.
Hoy en día no queda vivo ninguno de aquellos presos (se calculan unos 700 en total) que un día estuvieron haciéndole cosquillas a las montañas en el Pas. El último se llamaba Pepe, era de Mazarrón, y falleció con casi cien años.
A veces los números no sirven de nada. Son fríos, rigurosos, incapaces de entender las manos hormigueando temprano, cuando una neblina espesa alfombra las fincas del valle.
Pero otras veces, sí. Otras los datos dibujan contornos precisos, trazan cartografías que, de lo contrario, serían inaprehensibles. Como ocurre con el túnel.
La idea era, ya dijimos, horadar la montaña. Entre Valdeporres y Yera. Las Merindades burgalesa y el valle cántabro del Pas. Un agujero casi recto, pequeña curva al final. O al principio, depende de por dónde usted comience el camino. Anchura de ocho metros, altura de seis y medio. Una auténtica autopista, perfectamente preparada para dos vías, para que los trenes pudieran cruzarse, estruendo sobre silencio, en la oscuridad que no cesa. Casi siete kilómetros de longitud (el dato oficial nos habla de 6.976 metros). Durante mucho tiempo será el túnel ferroviario más largo de España… solo que por allí jamás pasó ningún tren.
Por cierto, la proporción fue casi exacta entre ambos lados. Desde el sur perforaron 3.500 metros, por el norte llegaron a los 3.476. Unos 600.000 metros cúbicos de tierra, piedras, lombrices, arañas y fango se arrancaron directamente desde las tripas de esa montaña con expresión de asombro. Sacados vagoneta a vagoneta.
Las únicas que circularían por el Túnel de la Engaña.
“Yo entré allí con dieciséis años”, nos dice Manuel, “y pude hacerlo de obrero. Un amigo mío, al que llevaba solo unos meses, aun no los había cumplido y tuvo que empezar como pinche”. Hasta de catorce había allí. Llevando botijos con agua, subiendo alimentos, cargando recados y fardos entre la Vega y aquel rincón perdido en mitad del verde.
Era Manuel ayudante de martillero. Vamos, que estaba en primera línea del trabajo. Duro, extenuante. ABC prácticamente no llegó ni a empezar La Engaña, pero sí concluyó las obras anteriores. Los otros cuatro túneles, la estación, el aplanado de un terreno que antes eran camberas, légamos por donde solo hollaban pezuñas de mulas y vacas. Picando casi a mano. Labor extenuante.
Luego, cuando hubo que mancillar la gran montaña, proceso distinto. Lo primero, abrir una pequeña brecha en la parte superior de lo que acabaría siendo la boca. A eso le llamaban el avance, y en esa grieta introducían las pegas… cartuchos de dinamita, para entendernos. Más tarde llegaba la destroza, que consistía en limpiarlo todo, ensanchar, rematar. Laborioso, día a día. Enfermedades de mineros donde ni minas hubo. Algunos, asturianos y leoneses que habían llegado a la Vega atraídos por una obra parecida a la que ellos desempeñaban en sus casas, encontraban similitudes. Mira ese cómo respira, mira qué ruido hace aquel al toser.
“En el interior del Túnel solo trabajaban los solteros”, me cuenta Manuel Morueco. “Se cobraba más pero a la larga era peor”. Manuel Morueco tiene 77 años y viven en Higuera de las Dueñas, un pueblecito de Ávila. “Pero vuelvo mucho a la Vega de Pas. Allí hice la primera comunión. Y allí están enterrados mis padres”. Miguel estuvo en la obra durante cuatro años. Tornero fresador. Catorce primaveras tenía cuando aprendió el oficio en el pequeño taller construido junto al Túnel. Aprendiz de noche: “Por el día todos los tornos estaban ocupados y no podían enseñarme”. Su padre era encargado en La Engaña. Hasta febrero de 1959. Una explosión, un derrumbe, una desgracia. A Manuel lo pilló trabajando de noche, y no le comunicaron la desgracia hasta que acabó su turno, a las ocho de la mañana. Se había convertido en el hombre de la casa, el mayor de seis hermanos.
Por aquel entonces había brotado casi un pueblo nuevo junto a la boca del Túnel, porque bajo Portolés los obreros fueron fabricando sus propios edificios. Barracones, un refectorio, una capilla, incluso escuela, bar y frontón. Allí, al lado de la piedra que bosteza, los niños acudían a clase, las mujeres tendían la ropa, los hombres bebían y apostaban. Y, ¿cuánto ganaban, señor Pelayo? Él no recuerda, pero José Manuel, su hijo, sí. Aun mejor, esboza a una sonrisa, sale, vuelve al momento cargado con un fajo enorme de papeles. Mira, mira. Son los jornales, las cartas de pago. Todas, perfectamente ordenadas más de medio siglo después. Con cuidado, papel quebradizo que amarillea. Año 1956, sobre las 350 pesetas cada quince días, 700 mensuales. En aquel entonces el periódico costaba una peseta.
Momento de esplendor, paradójico, para la Vega de Pas. Jóvenes y familias con perras frescas. Tabernas y comercios, también las ferias. En esos años se incrementó mucho la población de este rincón diminuto. Por encima de las dos mil almas. Hoy no llegan a ochocientas. El pueblo que fue y ya no es.
Víctor inicia una tonadilla, rebusca en su memoria, no sabe continuarla. Manuel Pelayo lo mira con ojos traviesos, habla en voz bajita, como lo hace él, apenas necesita entonar.
“La Vega ya no es la Vega. / La Vega es medio Madrid. / Antes tenía el camino viejo / y ahora el ferrocarril”.
Todos sonríen. El aire sabe a otro tiempo.
La empresa ABC abandonó los trabajos en 1945. Factores económicos, dijeron. Era un eufemismo, aunque no una mentira. El 9 de octubre de aquel año se decretó un indulto “a los condenados por delito de rebelión militar y otros cometidos hasta el 1º de abril de 1939”. O, dicho de otra forma, ya no se iban a poder usar presos políticos en los trabajos del túnel, y aquello rentaba menos. Además, el tema era más complicado de lo que parecía al principio. Humedad, mal tiempo, metros y metros de nieve en algunos días de enero o febrero, los ojos que se entrecierran cuando miras el manto blanco brillando ante ti. No, mejor lo dejamos, tal cual. Encantados de haberles conocido. Pelillos a la mar.
No será hasta 1950 cuando este encargo será transferido a Portolés y cía. Manos a la obra apenas un año más tarde. Aumentan el ritmo de trabajo, la tierra cede ante explosiones, picos, desescombro. Algunos dicen que esa velocidad trajo consigo un empeoramiento en los materiales. Origen del deterioro posterior.
Eso y el abandono, claro.
Inicialmente el proyecto debía concluirse en 52 meses. Al final tardó casi 18 años, porque somos así. No nos asustemos, que los ferrocarriles en el siglo XIX tenían retrasos aun más gordos, oigan.
Fue el 26 de abril de 1959 cuando las dos cuadrillas (la que picaba desde Cantabria, la que hacía lo propio a través de Burgos) se encontraron. Debió ser cosa emocionante, sin duda. También inútil. Ese mismo mes el Estado decidió suspender el proyecto Santander-Mediterráneo. Que se siguiera trabajando allí aun dos años para completar el túnel hasta dejarlo completamente operativo (pero sin operatividad) es algo que no deja de sorprender. Que para celebrar esa conclusión organizasen una cena con prebostes, empresarios y damas de alto copete en la que se fumaron puros y se cerraron negocios (de humo) entre promesas (falsas) sobre el tren es algo que, desafortunadamente, nos resulta más familiar.
“Tanto trabajo, tanta mala leche, la gente que murió… para nada”, dice, casi para sí, Manuel Morueco.
Quedaban aun unos cuarenta kilómetros por construirse, aquellos que habrían de comunicar la estación de Yera con Sarón. Con (más) túneles, algunos incluso ya marcados, aunque jamás llegaron a excavarse. Otra obra monstruosa que incluía horadar la base del puerto de La Braguía, entre Vega de Pas y Selaya, para abrir una cavidad que se iba más allá de los dos mil metros.
Por mucho que excaves siempre quedan galerías por hacer, según parece.
Hasta hace unos años, el túnel se podía pasar. A pie, en bicicleta. Con cuidadito, una linterna adecuada, mirando dónde ponías los pies. Era camino relativamente transitado por montañeros, deportistas, adolescentes ansiosos de emociones fuertes. Casi rito iniciático, si quieren. Más atrás algunos, los pasiegos, los que lo conocían, hacían uso de La Engaña para evitar el temido Puerto de El Escudo. En invierno, cuando la nieve y las nieblas y las heladas que te dejan sin frenos a la altura de Bollacín. Hasta camiones cruzaban, dice Javier, allá por los años setenta.
“El sitio tiene un gran potencial turístico”, nos cuenta Víctor. En la boca sur hay una especie de parque de aventuras que aprovecha las espectaculares ruinas que allí existen. Y, si se volviesen a conectar los dos municipios, Vega de Pas y Merindad de Valdeporres, se podría habilitar un tren eléctrico orientado al turismo, quizá con alguna intervención en el interior de la estructura que contase la historia fascinante de cómo surgió aquello. Un viaje, también, entre dos paisajes. De la meseta a los valles de Cantabria, de un mapa donde la tierra amarillea a otro que huele a helechos y lluvia recién caída. Es difícil, porque la bóveda está muy deteriorada, y todo eso reclamaría una inversión altísima que, actualmente, nadie parece inclinado a arriesgar. Pero las ideas surgen por doquier.
Actualmente pasar es imposible. Un desprendimiento en 1999 (y otro posterior en 2005) han cegado el túnel. Aunque no del todo. Allí, al fondo, en la parte superior, se puede ver cómo asoma una lengua de luz.
El último recuerdo de dos mundos que una vez estuvieron conectados.
La asociación Recuerdo y Dignidad recibió el pasado mayo la noticia de la interposición de un recurso de apelación por parte de la Fiscalía Provincial de Soria contra la decisión del Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almazán de reabrir la causa por los asesinatos de La Riba de Escalote.
Por su parte, la asociación memorialista soriana ha procedido a presentar el correspondiente escrito de oposición al recurso interpuesto por Fiscalía.
Desde Recuerdo y Dignidad queremos denunciar la oposición que se mantiene hasta la fecha por la Fiscalía en relación con la tramitación de causas judiciales instadas para la investigación de los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista, y todo ello en base a una Circular emitida el 30 de septiembre de 2016 por la anterior Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal.
La Asociación considera que las Fiscalías Provinciales, en este caso la de Soria, no pueden ni deben oponerse a la apertura de dichas investigaciones judiciales pues con dicha actuación se está contraviniendo frontalmente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Conviene recordar que nos encontramos ante la única causa abierta por los Juzgados y Tribunales españoles que trata de investigar este tipo de crímenes. Una vez más, la Fiscalía pretende dejar en absoluta desprotección a las víctimas de la dictadura franquista, en este caso concreto discutiendo, vía recurso de apelación, el criterio del propio Juzgado.
La asociación soriana exige que desde la Fiscalía General del Estado se emita una nueva instrucción de obligado cumplimiento, que deje sin efecto la emitida el 30 de septiembre de 2016, dirigida a las distintas Fiscalías Provinciales para modificar el citado criterio y que sean los propios fiscales los que planteen la necesidad y el impulso adecuado en la tramitación de las correspondientes investigaciones judiciales en relación con los crímenes contra la humanidad que se cometieron durante la dictadura franquista.
La actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, en diferentes ocasiones, ha hecho pública y ha manifestado su sensibilidad en relación con los derechos que asisten a las víctimas y sus familiares de la dictadura franquista y, por tanto, debería impulsar una acción como la señalada anteriormente. Además, la actual Fiscal General del Estado es una profunda conocedora del Derecho Penal Internacional, siendo por ello plenamente consciente que a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos no se les puede negar sistemáticamente el derecho a la tutela judicial efectiva.
Por último, queremos recordar que es necesaria la adopción de medidas legislativas efectivas para revertir la situación de impunidad mantenida hasta la fecha en relación con la falta de investigación y enjuiciamiento de los crímenes que se cometieron durante la dictadura franquista y, para ello, es necesario la implicación del Estado en su conjunto. Y en este sentido queremos instar a que la actual Fiscal General del Estado se pronuncie públicamente y comparezca en el seno de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para poner de manifiesto la vulneración de los derechos más básicos que asisten a las víctimas de la dictadura, la necesidad de impulsar todas las medidas necesarias para que, de una vez por todas, se reconozcan los citados derechos, así como para anunciar el cambio de criterio de la referida Fiscalía General al objeto de que se produzcan todas las investigaciones judiciales necesarias en relación con los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista.
La exhumación:
A las 8:30 de la mañana del viernes 27 de septiembre comenzaban las tareas de limpieza y acondicionamiento de la zona de trabajo en torno a la fosa común encontrada en julio en La Riba de Escalote. Simultáneamente se inspeccionaba el terreno cercano en búsqueda de más fosas comunes que pudieran aparecer. En torno a las 12:56 horas aparecía una fosa común a escasos 6 metros de la primera. En la fosa descubierta el 24 de julio había dos personas, en la nueva fosa había otras dos. Los huesos estaban bien conservados y aparecieron varios objetos asociados a los mismos como hebillas, botones de nácar, unos gemelos, unas gafas, y restos de ropa y calzado. Todo indicaría, según la investigación llevada a cabo por Recuerdo y Dignidad, que las cuatro personas serían los sorianos Adolfo Morales y Silverio Lumbreras y los berlangueses Gregorio Valdenebro y Alberto Rodrigo. La segunda fosa encontrada albergaba los cuerpos de 2 personas más jóvenes que los que se hallaban en la primera fosa. Esto podría llevar a pensar en la primera fosa se encontraba de los vecinos de Berlanga y en la segunda los sorianos. Aunque no se puede afirmar nada seguro hasta que no salgan los resultados de las pruebas genéticas. A las 16 horas del sábado 28 comenzó el levantamiento de los cadáveres ante una patrulla de la Guardia Civil enviada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Almazán en la que está abierta la causa por el asesinato de estas cuatro personas. El encargado la custodia de los restos antropólogo forense Francisco Etxeberría. La Sociedad de ciencias Aranzadi procedió al levantamiento y el traslado de los restos a su laboratorio en el país Vasco dónde se procederá la limpieza y el análisis antropológico forense. La asociación soriana considera importantísima esta presencia y la apertura de esta causa pero no quiere crear falsas expectativas, ya que supone que no tendrá mucho recorrido. Actualmente las causas que se abren en España se cierran al considerar los asesinatos connaturales alzamiento militar de 1936, asesinatos aislados en lugar de contemplarlos, como historiograficamente ya se ha demostrado, dentro de un plan de exterminio de civiles. Desde las principales organizaciones de derechos humanos y las principales autoridades de Naciones Unidas en la materia, se ha llamado la atención sobre este aspecto señalando que hasta que no se realiza la prueba de ADN estas personas continúan desaparecidas, por lo que no cabe la aplicación de la prescripción, que tampoco se pueden contemplar como crímenes aislados y que se debe modificar la ley de amnistía o su aplicación. Aun así la ASRD subraya la importancia de esta su tercera ya causa abierta por crímenes contra civiles en la represión dentro de los territorios tomados por los militares rebeldes en 1936, y señala que cada una de las causas ha llegado más lejos que la anterior. Durante todo el fin de semana familiares de los cuatro desaparecidos asesinados presenciaron el proceso. La familia de Alberto Rodrigo había conocido tan solo tres días antes la noticia de la exhumación y su llegada a la fosa fue especialmente emocionante. Junto a más de 30 voluntarios de Recuerdo y Dignidad y una decena de miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi acudieron diversas autoridades como el Subdelegado del Gobierno en Soria o los alcaldes de la Riba de Escalote, Berlanga de Duero o Almazán. También acudieron vecinos de las localidades cercanas, miembros de las Juventudes Socialistas a las que pertenecían Adolfo Morales y Silverio Lumbreras, integrantes de distintas organizaciones sociales y numerosos medios de comunicación. Desde Recuerdo y Dignidad se señala que estas acciones ayuda a cerrar las heridas que todavía continúan abiertas en las familias de las víctimas y en la propia sociedad. La búsqueda de estas personas ha sido financiada gracias a la reformulación de la subvención en materia de Memoria Histórica que la Junta de Castilla y León otorgó a la Asociación Recuerdo y Dignidad para tratar de localizar y exhumar la Fosa de los Ilustres. Los 4 desaparecidos asesinados objeto de esta búsqueda son:
-Adolfo Morales Ruiz. Natural de Gómara y residente en Soria, donde militaba y fue fundador de las Juventudes Socialistas y en UGT. Era comisionista y tenía 26 años cuando fue asesinado.
-Silverio Lumbreras Pérez corrió la misma suerte que Adolfo, junto a quien pasó por las cárceles de Soria y Almazán. Era electricista de 25 años de edad, perteneciente a las Juventudes Socialistas. Ambos fueron asesinados atados uno al otro, y enterrados del mismo modo.
-Gregorio Valdenebro Moreno, era jornalero de 28 años de edad, casado y perteneciente a Unión Republicana.
-Alberto Rodrigo León, sastre de 32 años, casado y con tres hijos, y concejal del Ayuntamiento de Berlanga, además de ser el Tesorero de Unión Republicana.
La causa:
Recordamos que en una providencia anterior emitida por el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almazán se ordenaba librar un oficio a la Sociedad de Ciencias Aranzadi con el fin de que se remitieran al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid los restos óseos adecuados para el estudio genético de las personas halladas en la segunda fosa de La Riba de Escalote. En dicha providencia se ordenaba también librar oficio al INTCCFF de Madrid a fin de que procediera a citar a uno de los familiares de Silverio Lumbreras. Con esta citación se convocaba a las familias de los cuatro desaparecidos en La Riba para tomarles muestras biológicas para el estudio genético. Ambos oficios se presentaron en su día en función de otra comparecencia forense del IML y de un escrito presentado por la ASRD. En la primera se señalaba que el INTCCFF disponía de los primeros restos óseos a parecidos en la prospección de la Riba pertenecientes a la primera fosa. Y que la Sociedad de Ciencias Aranzadi custodiaba los restos mortales de las otras dos personas aparecidas en la segunda fosa, a escasos metros. En la comparecencia se indicaba la necesidad de solicitar a la Sociedad de Ciencias Aranzadi restos óseos representativos y adecuados, asegurando la cadena de custodia, para que sean remitidos al INTCCFF. Con estos pasos la ASRD ha conseguido que tenga presencia en el juzgado de lo penal, no solo la exhumación de los restos mortales de las cuatro personas localizadas en dos fosas comunes clandestinas en La Riba ante la presencia de autoridades judiciales, sino que se procure su identificación dentro de un proceso judicial y que, tras su cierre, se decrete la reapertura de la causa. Desde la Asociación soriana Recuerdo y Dignidad se valora muy positivamente que los desaparecidos-asesinados por la represión connatural al levantamiento militar de 1936 y sus familiares puedan tener acceso a la Justicia. Ya que la legislación actual sobre exhumaciones, y sobre víctimas del franquismo en general, se limita a trámites administrativos sin garantía judiciales en contra de lo que establecen las autoridades de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos. Siendo tratados las decenas de milies de civiles hechos desaparecer bajo custodia como meros restos arqueológicos en lugar de cómo víctimas. La implicación de la Justicia supone que estas personas son tratados como víctimas, algo inusual en el Estado Español. La práctica totalidad de las exhumaciones que se practican en España no tienen repercusión judicial pese a que cada una de ellas se comunica el Juzgado correspondiente.
Hay que recordar que esta es la sexta vez que Recuerdo y Dignidad consigue que la Justicia atienda a víctimas de la represión del alzamiento militar de 1936 contra la II República y que en ellas han participado cuatro jueces distintos.
La editorial El Garaje va a realizar el 4 de junio un debate en la red sobre el terrorismo de Estado que se desarrolló desde los últimos años de la dictadura y hasta los años 80.
Esta es la información para conectarse. Diálogos de El Garaje: Terrorismo de Estado. De Billy el niño al GAL.
Participan, Ana María Pascual (periodista y escritora), Rosa García Alcón y Luis Suárez Carreño de LA COMUNA, asociación de presxs y represaliadxs del franquismo.
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