La dura batalla de una víctima del franquismo para conocer el ADN de un desaparecido
Público/María Serrano Velázquez
Solo un 25 por ciento de los cotejos con familiares de desaparecidos permite la identificación genética con las víctimas de la represión franquista. La Junta de Andalucía y la Universidad de Granada han reforzado el banco de ADN, que ya existía desde 2016, para recoger pruebas a todos los familiares que tengan abierto un proceso de exhumación en la comunidad. El gobierno andaluz ha ampliado el convenio también a casos de “bebés desaparecidos”.
Extracción de ADN de la fosa de mujeres de Guillena
“La ciencia resulta demasiado fría y no termina de poder dar indicadores fiables a los familiares en la búsqueda de sus seres queridos”. Juan Manuel Guijo es arqueólogo de profesión. Ha trabajo a pie de muchas fosas, en cementerios, en cunetas, en barrancos… donde las “dichosas pruebas de ADN” no han terminado de culminar el proceso último, el más doloroso para algunos. Lo que se conoce como la identificación por pruebas de ADN de una víctima de la guerra civil o la represión franquista. Muchos familiares de estos desaparecidos piden esta última prueba. Pero en muchos casos no resulta posible. Guijo añade a Público que hay que “tener empatía con las víctimas y hacerles entender las posibilidades que hay en cada caso”.
¿Es viable obtener un resultado? Juan Manuel Guijo detalla a Público que “el paso de los años, el deterioro de los huesos por la humedad, por la filtración de aguas negras, por mala conservación…” no permite que la cadena proporcionada de el suficiente número de indicadores para sacar una identificación fiable.
El actual convenio firmado por la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada permitirá, identificar a víctimas de la guerra civil y bebés desaparecidos en este laboratorio genético dirigido por el investigador José Antonio Lorente, catedrático de la Universidad de Granada. “Un paso importante para la dignidad de las familias”, añaden desde la Junta de Andalucía. Sin embargo, el banco tampoco termina de resolver el proceso de reparación que persigue como fin último la ley de memoria histórica, tanto estatal como andaluza. Tal y como señaló el investigador Lorente en la presentación de esta nueva firma para la ampliación del banco de víctimas del franquismo, solo “se está logrando hacer la identificación de un 25 por ciento de los casos”. En Andalucía se han recuperado, hasta el momento los restos de 480 víctimas en los procesos de exhumación abiertos desde 2003.
Juan Manuel Guijo recuerda la intervención que vivió en 2015 en la exhumación de la fosa de Paterna de Rivera (Cádiz). Luis Vega era uno de los familiares. Estaba apunto de cumplir los 90 años. Recordaba cada día a pie de fosa el asesinato de su madre, Catalina Sevillano. “Nos contaba cómo la tiraron por las escaleras y el con tan solo siete años vio aquella cruenta escena”. El tiempo se paró para estos dos arqueólogos que buscaban un perfil que permitiera a Luis encontrar aquel hueso de su madre.
“Lo más duro de toda mi carrera fue decirle a Luis que no había posibilidades”. Guijo solo pudo comunicarle que había restos de dos perfiles femeninos. “Uno podía ser su madre pero la cadena de ADN que se conservaba estaba muy deteriorada”. En la fosa habían colocado nichos, restos de basura que sólo habían impedido encontrar más huellas. Luis se abrazó a aquella verdad a medias. “Le indicamos cuáles eran los restos de las dos mujeres que por edad podía ser el de su madre” Luis lloraba y se abrazaba a aquellos huesos. “Era demasiado complejo extraer ningún perfil genético y no pudimos dar esperanzas”.
Cuatro años de espera para conocer el ADN de su abuelo
Mari Carmen España culminó el proceso de exhumación en la fosa de la Puebla de Cazalla (Sevilla), donde se encontraba su abuelo, en el año 2014. Tres largas intervenciones, con falta de fondos, con cambios de gobierno hicieron falta para sacar 77 cuerpos a la luz. Tuvieron que abrir la fosa en 2009, 2011 y 2014. “Con una subvención de aproximadamente doce mil euros los familiares de la fosa de la Puebla nos sacamos las pruebas de ADN en el año 2012 (antes de la tercera intervención) y tomamos muestras de los restos óseos y de los fémures que se habían logrado rescatar hasta la fecha”.
Mari Carmen aclara a Público que cuando se realizaron las pruebas quedaba por exhumar un último tramo de la fosa donde se lograron rescatar 33 cuerpos. “Había restos de víctimas que habían tirado por la laderas de la fosa y que tardamos mucho en encontrar”, aclara.
El informe arqueológico declaraba que esta conocida fosa apodada como El Carnero es una de las más profundas halladas en España. “Los restos se encontraban a cinco metros de profundidad y las posibilidades de exhumación eran muy complejas”. Ninguna de las pruebas genéticas tenían sentido dos años después cuando los restos pasaron a ser un total de 77 cuerpos.
“Algunos familiares han muertos en el camino antes de identificar a los suyos”
“Teníamos que tomar muestras de nuevo a los familiares, y a todos los restos óseos que se habían encontrado”. Una vez más, los descendientes de la fosa de la Puebla sufrieron las trabas administrativas esperando una nueva subvención que les permitiera hacer el cotejo genético. Mari Carmen tiene esperanza en la identificación de los restos de su abuelo Manuel España Gil, jornalero de Lantejuela, pueblo cercano a la Puebla de Cazalla (Sevilla) y asesinado con tan solo 29 años de edad.
“Hasta la creación del banco de ADN de la Junta no pudimos hacernos de nuevo los perfiles”, añade a Público. En 2017 se reactivó el proceso para las víctimas. “Algunos familiares directos han muerto en el camino antes de identificar a los suyos”, añade.
Mari Carmen lleva luchando más de una década. Sin una oficina, un organismo que la haya ayudado a llevar a cabo este proceso. “Ya hemos recuperado algo imprescindible y es que mi abuelo, mi búsqueda incansable por salvar sus restos permitió sacar a la luz los cuerpos de 76 personas más . Con eso ya podemos descansar tranquilos”. Esta mujer espera culminar el proceso con la identificación antes de final de año. “Tengo esperanzas. No voy a negar y después de tantos años esperando, sería un enorme alivio”. A la espera de conocer la identificación, los familiares de la Puebla recogerán en un monumento cerca de esta gran fosa, los restos individualizados de cada una de las víctimas.
Lucía identificó a su bisabuela gracias al ADN
Lucia Sócam recuerda la suerte de haber identificado a su bisabuela gracias a su ADN. Lucía es bisnieta de Granada Hidalgo Garzón, fusilada a los 41 años en el municipio sevillano de Guillena, donde asesinaron a 17 mujeres, conocida como las 17 rosas. Tras una década buscando los restos, la unión de los familiares, permitió aunar fuerzas para exhumar sus restos en 2012. “Ahí empezó una auténtica lucha que no terminó hasta que logramos identificar a nuestras abuelas, bisabuelas y madres”. Nada fue fácil. Después de muchos intentos fallidos, solo el testimonio de José Domínguez Núñez, un niño en aquellos días, permitió dar con sus restos en una fosa escondida en el cementerio del pueblo vecino de Gerena.
Lucía Sócam apunta que la identificación de las pruebas de ADN corrieron a cargo de los propios familiares. “Logramos que la Diputación de Sevilla asumiera con parte de los gastos pero en total el proceso fue de siete mil euros para conocer la identidad de las 17 rosas”. La Junta no contaba en aquel tiempo con bancos de identificación de ADN, pero la suerte estuvo del lado de las familias. “Logramos que los 17 familiares aportando pruebas genéticas pudiéramos identificarlas a todas”.
Sócam recuerda aquella reunión cuando el laboratorio NBT (New Biotechnic), en Bollullos de la Mitación (Sevilla) entregó los resultados. “Todos eran positivos. Mi perfil lo pudieron sacar a un porcentaje de compatibilidad muy alto por no haber pasado por en medio ningún perfil masculino. Toda la descendencia era femenina. Iban en línea mi bisabuela, mi abuela, mi madre y yo. Además los restos habían quedado muy bien conservados”, aclara a Público.
Los técnicos de laboratorio explicaron en otros casos que la identificación no era posible a un alto porcentaje porque la cadena genética no era muy amplia o podía estar dañada. “Había que entender que cada caso era un mundo y en algunos de ellos no era posible asegurar la identificación al cien por cien”.
Las 17 rosas fueron enterradas con sus nombres. Una a una en cajas individualizadas. Manuela, Rosario, Natividad, Granada, Trinidad, Ramona, Ana María, Josefa… fueron arrojadas a una fosa común, entre la noche del 6 y 8 de noviembre de 1937.
A pesar de los años transcurridos de aquel duro proceso, Lucía destaca a Publico lo afortunado que fueros los familiares de estas mujeres desaparecidas. “La identificación era para todos los familiares de las 17 rosas de Guillena muy importante pero no dependía de nuestra voluntad y nuestra fuerza en buscarlas. Ahora sé que dónde están pero a veces ese proceso de reparación no es posible y las familias deben de estar informados de esa dificultad antes de mostrarle la posibilidad de un banco de ADN”, concluye.
El banco de ADN, abierto a familiares
El nuevo convenio de la Junta de Andalucía permitirá que se realicen pruebas de ADN solo a los familiares que se encuentren inmersos en un proceso de exhumación por parte de la Dirección General de Memoria Democrática. No estará abierto de forma generalizada a todas las víctimas. Juan Manuel Guijo señala a Público la importancia que tendría realizar una experiencia piloto “en alguna región para rescatar muestras de ADN de familiares de desaparecidos mayores de 60 años”, ya que poco a poco se van perdiendo los perfiles que “tienen un mayor grado de consanguinidad”, aunque no haya procesos de búsqueda abiertos por el momento.
En junio de 2016 ya se iniciaba el primer banco de víctimas entre la Junta y la Universidad de Granada y que permitió la puesta en marcha del primer Banco de ADN de víctimas de la guerra civil y la dictadura en Andalucía. En 2018 se ha concretado un plan de trabajo, los objetivos y recursos con una dotación económica del Gobierno de Susana Díaz de 1.087.500 euros hasta 2022. Estos bancos de víctimas de las víctimas del franquismo se encuentra abierto también abiertos en otras comunidades como Cataluña, País Vasco y Navarra.
