El Gobierno se niega a dar datos de medallas pensionadas como la de Billy el Niño

Condenan en Chile a 23 agentes de Pinochet en dos casos de desaparecidos

María Servini de Cubría: “Nos cuesta horrores seguir investigando los crímenes del franquismo”

CTXT/César G. Calero

Repaso junto a la jueza Servini de la investigación de los crímenes del franquismo que se está desarrollando en Argentina por las querellas presentadas por las víctimas españoles en los tribunales argentinos.

 

http://ctxt.es/es/20180801/Politica/21138/Argentina-franquismo-Maria-Servini-de-Cubria-juicio-Cesar-G-Calero.htm

 

En el despacho de la jueza María Servini de Cubría, ubicado en el tercer piso de los tribunales federales de Comodoro Py, hay una fotografía que esta magistrada argentina de 81 años guarda con especial cariño. En la imagen puede verse, sonriente, a Ascensión Mendieta, la hija de Timoteo Mendieta, represaliado por el franquismo en 1939 y cuyos restos fueron exhumados hace un año por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) por orden de la justicia argentina. “Me envió la foto así, con el cuadrito”, recuerda Servini de Cubría, que lleva ocho años investigando desde Argentina los crímenes del franquismo, la única causa abierta en el mundo para arrojar luz sobre el periodo más negro de la historia reciente de España.

La denominada querella argentina cuenta ya con cientos de testimonios y pruebas sólidas sobre esa matriz represiva del franquismo, pero avanza muy lentamente por la falta de colaboración de España, una circunstancia que la magistrada y sus colaboradores llevan constatando varios años. “Nos cuesta horrores seguir investigando la causa de los crímenes del franquismo”, se lamenta Servini de Cubría en un diálogo con CTXT. La investigación ha sido un campo minado desde el principio. Una traba después de la otra, como recuerdan la magistrada y los dos colaboradores que la acompañan en la charla con este medio. El primer obstáculo fue toda una enmienda a la totalidad. La querella se interpuso en Argentina el 14 de abril de 2010 en aplicación del principio de jurisdicción universal. Los delitos a investigar fueron tipificados como lesa humanidad, y por tanto, imprescriptibles. Pero España se amparó desde el principio en la Ley de Amnistía de 1977 y en la prescripción de los delitos, aferrándose al argumento de que el delito de lesa humanidad no estaba definido en la época en que se produjeron los hechos.

Cuando vi el cambio de gobierno, pensé: que nos abran las puertas

“Yo creo que es un error lo que está haciendo España porque cada vez, el tema se agranda más y todavía hay gente de esa época que vive”, asegura la magistrada. Su malestar tiene nombre y apellido: “Con (Mariano) Rajoy estábamos mal, poco y nada pudimos hacer. No sé si (Pedro) Sánchez cambiará de opinión, y entonces también cambien de opinión en el poder judicial en España. Eso no lo sabemos todavía. Ojalá que con el presidente Sánchez se pueda avanzar. Cuando vi el cambio de gobierno, pensé: que nos abran las puertas”.

Esas puertas a las que se refiere la magistrada se cerraron casi por completo cuando la Fiscalía General del Estado instruyó en octubre de 2016 a los juzgados provinciales para que rechazaran tomar declaraciones relacionadas con la causa. Para entonces, Servini ya había imputado a 19 excargos franquistas, entre ellos los exministros Rodolfo Martín Villa, Fernando Suárez y José Utrera Molina (fallecido más tarde), el ex policía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y el ex guardia civil Jesús Muñecas. La solicitud de detención y extradición había sido denegada en 2014 por las autoridades españolas, que dejaron en papel mojado una orden internacional de Interpol al interpretar que ésta no era vinculante.

La querella argentina, sin embargo, ha seguido su camino contra viento y marea. El primer paso lo había dado en 2010 Darío Rivas, un nonagenario residente en Argentina, cuyo padre fue fusilado por pistoleros de Falange Española. La ARMH y varias organizaciones de Derechos Humanos de Argentina se personaron en la causa y con los años se fueron sumando varios cientos de querellantes. Las dos últimas denuncias corresponden a sendos casos que habían sido rechazados en principio por el juzgado de Servini de Cubría al entender que no se ajustaban al marco temporal y espacial de la investigación. Pero la Cámara Federal de Casación Penal reconoció en junio el derecho de los denunciantes a sumarse a la querella. Se trata de los casos de José Salmerón Céspedes, un policía que se mantuvo fiel a la República y fue fusilado al inicio de la Guerra Civil en Tetuán, y de Gustavo Muñoz Bustillo, un joven de 16 años asesinado por la policía en Barcelona en septiembre de 1978. La causa se adscribe al periodo 1936-1977 y al territorio español pero la Cámara Federal entendió que ambos casos encajan en el objeto de la investigación.

Solo uno de los excargos franquistas imputados ha manifestado su disposición a declarar: Martín Villa

Servini de Cubría pudo viajar sólo en una ocasión a España en el marco de su investigación. Fue en 2014, una breve estancia en la que intercambió puntos de vista con algunos jueces y habló con víctimas de la represión franquista y algunos de sus familiares. Sus sucesivas peticiones para volver a España a interrogar a los imputados cayeron en saco roto. Solo uno de los excargos franquistas imputados ha manifestado su disposición a declarar: Martín Villa, a quien la jueza responsabiliza de la “posible comisión de hechos atroces”. En concreto, el ex ministro del Interior está acusado por los sucesos de Vitoria de marzo de 1976 en los que murieron cinco obreros a manos de la policía, y por la muerte de varios manifestantes en el País Vasco cuando Martín Villa ya era ministro de Gobernación (Interior). El expolítico español pidió declarar pero con exención de prisión, una solicitud que fue rechazada por la magistrada, que le impuso una fianza que el exministro ya depositó, por lo que podrá declarar sin riesgo de quedar detenido.

Servini de Cubría ya ha enviado un exhorto a España para poder realizar esa acción judicial en octubre. De momento, no ha recibido respuesta por parte de las autoridades españolas, pero la magistrada confía en los nuevos vientos políticos: “Con el cambio de gobierno pienso que nos van a permitir ir a España a tomar declaración. Con el gobierno anterior no nos daban ese permiso. La otra fiscal (Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado entre 2015 y 2016) nos negó la declaración indagatoria para todos”. En todo caso, la de Martín Villa sería la única declaración de los imputados en la causa.

Pese a todos los palos en la rueda que ha ido colocando España, la querella argentina ha logrado en estos ocho años de trayectoria algunos logros significativos, como el hecho de que por primera vez prestaran declaración testimonial en un juzgado víctimas de la represión franquista. Varios querellantes viajaron a Argentina a finales de 2013 para dejar constancia de sus denuncias. Y otros se acercaron a la embajada argentina en Madrid y contaron sus casos a través de videoconferencias. Desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 que dirige Servini de Cubría se han emitido además varias peticiones de exhumaciones a España. “Lo que queremos es poder cavar y tener los cuerpos (de las víctimas), como en el caso de Timoteo Mendieta. Realmente, nos alegramos y nos emocionamos mucho el día en que aparecieron los restos de Mendieta. No se imagina la emoción que teníamos. Entiendo perfectamente el sufrimiento de esa gente y me doy cuenta de su desesperación por encontrar a sus familiares”. Pero esas peticiones dependen en última instancia de la voluntad del juzgado provincial que las reciba en España.

Plan sistemático

La investigación argentina se abrió en aplicación del principio de jurisdicción universal. Según la causa 4591/2010, en España hubo un “decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político”. Ese plan fue ejecutado, de acuerdo a la investigación, “por el grupo de militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección”.

El primer juez que se propuso investigar los crímenes del franquismo fue Baltasar Garzón. El Tribunal Supremo sostuvo que no era competente para hacerlo y poco después le dio la puntilla al apartarlo de la carrera judicial por prevaricación en el caso Gürtel. Garzón declararía después ante Servini de Cubría que la querella argentina era la única posibilidad que tenían las víctimas del franquismo de buscar justicia: “Él insistió en que estamos ante un caso de lesa humanidad”, subraya la jueza.

El futuro depende de que España colabore. O que pidan esta causa y la investiguen allá

En el juzgado de Servini de Cubría no son muy optimistas sobre el futuro de la causa (“nos golpearon mucho y nos pusieron muchas trabas”). Para que no acabe archivada con el paso del tiempo, España debería cambiar su actitud y tener un criterio coherente respecto de la justicia universal, advierte la magistrada: “El futuro depende de que España colabore. O que pidan esta causa y la investiguen allá. Acá hay declaraciones, hay prueba. Pero el problema es que a los jueces españoles no les dejan investigar”. Hasta ahora, a España ni siquiera se le ha movido una ceja por los rapapolvos que ha recibido de la ONU, el Consejo de Europa o Amnistía Internacional por su inmovilismo en este asunto.

No es la primera vez que Servini de Cubría tiene que lidiar con causas de lesa humanidad. Ordenó en su día la detención del exdictador argentino Emilio Massera e investigó también el asesinato del exgeneral chileno Carlos Prats y su esposa, perpetrado en Buenos Aires en 1974 por un agente del pinochetismo. Recuerda la magistrada que en este último caso, Chile colaboró con la investigación. Por eso le pide a Pedro Sánchez que haga lo propio: “Tiene que dejarnos investigar y tratar de calmar los ánimos en su propia nación porque no es cierto que esté todo el mundo tranquilo. La gente ha sufrido y aún sigue sufriendo. Hay que buscar y, en la medida de lo posible, ir entregando los restos (de las víctimas) a los familiares”. Para la jueza, no se trata de abrir heridas ni de despertar rencores. “Las heridas –sostiene– están ahora abiertas”.

Las veces que el PP se rio de la memoria histórica

lamarea.com/Eduardo Robaina

Tras más de un mes de haberse publicado el artículo de Eduardo Robaina, la nueva dirección del PP sigue en la misma línea con su nuevo presidente a la cabeza

https://www.lamarea.com/2018/06/03/las-veces-que-el-pp-se-rio-de-la-memoria-historica/

La sombra de Franco y su dictadura es alargada. No son suposiciones dichas a la ligera: los datos y, sobre todo, la historia que tanto quieren distorsionar, son quienes ponen a los populares frente a un espejo con sus mayores vergüenzas. Incluso, han sido los responsables de que la fundación dedicada al dictador haya recibido dinero público durante la época de Aznar. Tampoco les molesta que dicha institución disponga de documentación original secreta que corresponde al patrimonio público.

Once años, desde que se aprobara la llamada Ley de Memoria Histórica, en los que la humillación y los continuos obstáculos han sido la máxima del partido de Mariano Rajoy cuando ha tocado hablar de memoria histórica. Una ley descafeinada y nacida con la voluntad de mantener intacta las cloacas de de la transición. Fue sacada adelante con la oposición del PP y ERC, este último al considerar que no terminaba con el “sistema español de impunidad” de los años posteriores al fin de la dictadura.

El último episodio de humillación a las víctimas del franquismo sucedió esta semana, en la última intervención en el Congreso de Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio de Interior, cuando se negó a retirar la condecoración a Billy El Niño. Luego, en el debate de la moción de censura, el que se rio fue el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Estos son los “hitos” del PP en memoria histórica.

2008

Muchos han acabado por creerse sus propias mentiras. Otros, directamente, son puros negacionistas de los horrores del franquismo. En una entrevista concedida a La Voz de Galicia en octubre de 2007, Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior en el gobierno de Aznar, definió de “extraordinaria placidez” los cuarenta años de dictadura. Afirmaba no sentir la necesidad de condenar nada porque “hubo muchas familias que lo vivieron con naturalidad y normalidad”.

Decía Mariano Rajoy en febrero de 2008, durante una entrevista a 20 minutos, que, si por él fuera, “eliminaría todos los artículos de la ley de memoria histórica que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado”. Unas declaraciones que no son frutos de una equivocación, sino que atienden a una idea clara de enterrar el pasado. Ese mismo año, tras la solicitud de Garzón de acceder a diversos archivos para elaborar un “censo” de fusilados y desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, Rajoy declaró no ser “partidario de abrir heridas del pasado, que no conducen a nada”.

Estas afirmaciones son totalmente entendibles teniendo en consideración la del resto de compañeros de partido. Durante un Congreso del PP de Madrid, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, señaló que la gente de izquierdas son “unos carcas” porque están “todo el día pensando en la guerra del abuelo” y “en la fosa de no se quién”. Años después se ha intentado retractar de dichas palabras poniendo como prueba que su abuelo también sufrió la represión.

No obstante, estas políticas no se han limitado a la esfera nacional. En Canarias, el PSOE se topó con CC y los populares para la aprobación de una PNL con la que elaborar un proyecto de exhumación de las fosas en las islas, que finalmente no salió adelante. El mismo sentido final el vivido en Valencia. El por entonces gobierno presidido por Rita Barberá promovió la construcción de más de mil nichos sobre una fosa común del franquismo. A pesar de que se paralizaron las obras tras ser denunciados los hechos, el Ayuntamiento apeló al TSJV, quien les otorgó nuevamente el permiso para continuar.

Ese año se cerró con la negativa del PP y del PSOE a una proposición de ley impulsada por ERC, que instaba a revisar la ley aprobada por Zapatero hacía casi doce meses.

2009

José Millán-Astray, general golpista, fundador de la Legión y jefe de prensa y propaganda de Franco es “un coruñés de pro, de toda la vida”. Estas fueron las palabras esbozadas por el presidente provincial del PP de A Coruña, Carlos Negreira, en defensa a la estatua del militar que se pretendía retirar tras aprobarse en el pleno del Ayuntamiento sin el apoyo de los conservadores.

Por aquellos tiempos, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía no era muy conocido para gran parte del país, salvo en Cataluña. Autoproclamados como la alternativa a la vieja política, lo cierto es que desde sus comienzos han compartido gran parte de su ideario. En junio de ese año, el grupo se abstuvo en la votación del proyecto de ley sobre la localización y la identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Albert Rivera expresó entonces que “para Ciudadanos, el texto que garantiza el derecho individual de las personas es correcto” pero veía peligroso que se utilizara esta ley “para hacer revisionismo político”. El Partido Popular, una vez más, votó en contra.

2011

Con Zapatero sobrepasado, se acabó por adelantar las elecciones. Rajoy se convirtió en el nuevo presidente del Gobierno con mayoría absoluta y comenzaba así la crónica de una muerte anunciada para la Ley de Memoria Histórica. Ese 2011, el gobierno socialista –en funciones– consiguió colar in extremis subvenciones por valor de 5,6 millones de euros, destinados a 190 proyectos de recuperación y justicia. El año siguiente, el gobierno del PP enterró definitivamente una época sin acabar de nuestro país.

Los populares ya en aquel momento estaban más ocupados de hacer imposible la vida a familiares de las víctimas. En Poyales del Hoyo, municipio de la provincia de Ávila, el primer edil, Antonio Cerro, decidió dar por concluida la cesión de un espacio en el cementerio –que ellos mismos aprobaron en 2002– donde descansaban los restos mortales de tres mujeres del pueblo asesinadas por falangistas en 1936. Cerro aprovechó la coyuntura que se le presentó cuando un familiar reclamó los restos de su abuela para trasladar definitivamente todos los huesos a una fosa común.

2012

Con el Partido Popular ya asentado en las instituciones, los recortes no se hicieron esperar. En los PGE de 2012 se estableció la cantidad de 2,5 millones de euros “para toda clase de gastos derivados de las propuestas de la Comisión Interministerial creada por el Real Decreto 1891/2004 de 10 de septiembre”, lo que suponía un 60% menos que en el ejercicio anterior. A eso le acompañó la supresión de la oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, un organismo creado para coordinar la exhumación de desaparecidos. Se acabó reubicando para su posterior caída en el olvido en la División de Derechos de Gracia y otros Derechos, dependiente del Ministerio de Justicia.

2013

Por primera vez desde su aprobación, la Ley de Memoria Histórica se quedaba sin dotación presupuestaria. Fue el mismo año en que el diputado Rafael Hernando aseguraba en una tertulia que “algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarle”. Ahora, ya ni eso. Como había prometido años atrás Mariano Rajoy, ni un solo euro más se destinaría a recuperar los cuerpos de las víctimas.

Continuando con el camino que se habían marcado, en mayo los populares rehusaron condenar el franquismo en el Congreso. Izquierda Unida había llevado a la Cámara Baja convertir el 18 de julio, día del golpe de Estado, en jornada “oficial de condena de la dictadura”. Todos los grupos secundaron la propuesta salvo el PP, que votó en contra, y UPyD, que se abstuvo. Como justificación, el diputado Pedro Ramón Gómez de la Serna espetó: “No podemos condenar a las nuevas generaciones al peso insoportable de la guerra civil. No aspiramos a una memoria unánime, aspiramos a una memoria para poder convivir”. Meses más tarde, mismo escenario y situación parecida. En esta ocasión, la proposición instaba a retirar los símbolos franquistas y la postura se repitió.

2014

Por si no hubiese sido poco las repetidas llamadas a la cordura desde España, entró en juego la Organización de Naciones Unidas. Pablo de Greiff, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, emitió un informe donde instaba al Ejecutivo a reparar el daño que la dictadura provocó. Como venía siendo habitual, el Partido Popular restó importancia al documento hasta el punto de ignorarlo.

Sin embargo, no era la primera vez –ni sería la última– que desde organismos internacionales se había dado un toque de atención al Gobierno. Ya en 2012, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, dirigió a España una petición formal para la derogación de la Ley de Amnistía en nombre de la ONU, denunciando que incumplía la normativa internacional de Derechos Humanos. En 2017, Pablo de Greiff volvió a recordar a España que el Estado debe atender de forma urgente los reclamos de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, y señaló como prioridad las exhumaciones, el Valle de los Caídos y la nulidad de las sentencias arbitrarias adoptadas durante la Guerra Civil y el franquismo.

2015

“No hay fosas por descubrir”, dijeron ese año los populares, “salvo que se empeñen en buscar a Federico García Lorca en los cuatro puntos cardinales de España”, remataron. Fueron unas declaraciones pronunciadas en el Senado tras rechazar, otra vez, la concesión de fondos a la recuperación de la memoria de las víctimas de la dictadura.

Otro rechazo, esta vez en Catalayud, fue el del PP y el PAR junto con la abstención de Ciudadanos, evitando que se retirase a Franco la medalla de oro de la ciudad. Preguntado por esto, Albert Rivera explicó que es el modus operandi de su partido en votaciones similares para así evitar “abrir un debate sobre la memoria histórica”.

No fue la única ocasión donde los conservadores azules se negaron a retirar viejas condecoraciones. El 18 de junio de 2015 el Partido Popular votó en el Congreso en contra de la PNL presentada por el Grupo Mixto para retirar el título de “Grandes de España” a los Franco, y otros títulos nobiliarios a golpistas como Emilio Mola, José Moscardó, Gonzalo Queipo de Llano, Juan Yagüe y José Antonio Primo de Rivera, entre otros.

En los municipios, por su parte, se respiraban nuevos aires. Era el año de los llamados gobiernos del cambio. Barcelona y Madrid estrenaban alcaldesas dispuestas a modificar el callejero de sus ciudades. Todos se mostraron partidarios de la iniciativa a excepción del grupo que entonces encabezada Esperanza Aguirre, quien no dudó en arremeter contra el ” sectarismo y revanchismo ” que decía suponer la medida.

2016

Ese año los nostálgicos del régimen de la dictadura e integrantes del partido que gobernaba se vieron para cenar y celebrar. En ese encuentro, un alto cargo del PP de Extremadura y dos alcaldes fueron premiados por honrar la memoria de Franco e incumplir la Ley de Memoria Histórica y defender al dictador. Un trabajo que han cumplido a rajatabla al oponerse de manera invariable a la retirada. En esta ocasión fue en el Ayuntamiento de la capital. El Partido Popular mostró su negativa contra la retirada de los honores a 13 personalidades del franquismo. “La Ley de Memoria Histórica es fratricida y debería de haberla derogado el PP”, dijo Esperanza Aguirre.

2017

Estaba en Costa de Marfil y parecía que hubiese sufrido una amnesia selectiva. Rajoy contó a los asistentes que no comprendía el cambio de nombre de la calle en la que llegó a vivir. Ese nombre era el de Salvador Moreno, partícipe del golpe militar de 1936 y, una vez acabada la guerra, ministro de la dictadura. Resulta entendible, por tanto, que su grupo parlamentario diera su “no” a una PNL –sin efectos jurídicos– que declaraba nulas las sentencias del franquismo. Una petición que también se vio con la negativa de ERC, reprochando al PSOE el momento y las formas. Por su parte, Ciudadanos se abstuvo.

La que sí salió adelante fue la histórica Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía que suponía una ampliación de la estatal y que, si bien no contó con ningún contrario, PP-A y Cs se abstuvieron. Estos últimos, porque “pone en cuestión” un periodo “sagrado” como la Transición, así como la Ley de Amnistía, que “se aprobó para perdonarnos”.

2018

Este año, el movimiento en torno a la memoria histórica está siendo  notorio. En la capital se presentó la muestra No pasarán. Madrid 1936. Para sorpresa de nadie, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, indicó que este acto buscaba la “división y el enfrentamiento”.

En la Comunidad, hasta hace unos días presidida por Cristina Cifuentes, el PP votó en contra de una iniciativa de Podemos que pedía a la justicia que investigue los crímenes franquistas. Ciudadanos, en cambio, optó una vez más por la abstención, hecho que no impidió que saliese adelante una PNL sin carácter legislativo.

A nivel estatal, ambas cámaras parlamentarias han acogido distintas propuestas legislativas. Por un lado, el Congreso ha visto frenado por el Gobierno la tramitación de la proposición del PSOE de reforma de la ley de Memoria Histórica que, entre muchas medidas, proponía exhumar los restos de Franco, sacarlos del Valle de los Caídos y convertir el monumento en un Centro Nacional de la Memoria. El motivo de dicha decisión atendió a razones presupuestarias que alcanzarían los 214 millones de euros, aseguraban. Mismo resultado obtuvo otra iniciativa dirigida a, entre otros puntos, investigar la Fundación Nacional Francisco Franco.

Las dos últimas grandes estocadas a la memoria de las víctimas se han producido en los últimos meses. La primera, el pasado 20 de marzo en el Congreso. PP, PSOE y Cs en bloque decidieron rechazar la reforma de la Ley de Amnistía para así abrir la puerta a juzgar los crímenes del franquismo. Una ley que ampara a franquistas acusados de torturas, como es el caso de Billy el Niño. La segunda, el pasado 24 de abril. El Pleno del Senado dio puerta, con el voto en contra del PP, a una iniciativa del PSOE con el apoyo del resto de grupos. Con ella se pretendía el cumplimiento íntegro de la ley de Memoria Histórica, así como investigar a la Fundación Francisco Franco y declararla ilegal.

En definitiva, 11 años donde ha quedado patente el claro interés del Partido Popular por que no se haga justicia y repare el daño que ocasionó Franco, su guerra y el posterior régimen dictatorial.

Decía el historiador José María García Márquez, que no debe olvidarse que la fundación de Alianza Popular se cerró con todos los cientos de delegados “puestos en pie y gritando ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!”. Tal vez así se comprende mejor que la memoria histórica jamás haya sido abordada como lo que debe ser: una cuestión de Estado.

Ahora, con la vuelta de los socialistas al poder tras salir adelante la moción de censura, Pedro Sánchez tiene ante sí la posibilidad de recuperar la ley de Memoria Histórica. Le toca al PSOE hacer honor a sus siglas y recuperar los años perdidos con el mandato de Mariano Rajoy.

Las perlas de Pablo Casado

El robo de bebés desde una perspectiva de género

Artículo de la periodista María José Esteso y Soledad Luque, presidenta de la asociación “Todos los niños robados son también mis niños” analizando el robo de bebés

Origen y evolución

 

Hablar de bebés robados es adentrarse en uno de los episodios más espeluznantes de nuestra historia reciente, por su extensión en el tiempo, porque se produjo en todos los rincones del Estado, y porque afectó a miles de personas de la manera más cruel imaginada.

Este drama, cuyas consecuencias seguimos padeciendo a día de hoy, no puede tratarse desde una visión simplista como acostumbran a hacer los medios de comunicación. Quedarnos en la superficie, pensando y difundiendo que este crimen tuvo un objetivo meramente lucrativo, es desvirtuar en sí su verdadera naturaleza, además de situar a los criminales en una posición jurídica que en absoluto es la que les debe- ría corresponder.

El hecho de que se produjera durante décadas, desde 1936 hasta bien entrada la democracia,  implica  tener  en  cuenta  los contextos históricos, políticos e ideológicos donde se cometió el delito. Esto supone una evolución también en el modus operan- di y los motivos a través de distintas etapas o fases, aunque todas ellas enlazadas por el fino y omnipresente hilo de la impunidad.

Se contemplan tres fases principales[1]: La primera está relacionada con el robo de los hijos a las mujeres republicanas; según el Auto de Baltasar Garzón del 18 de noviembre de 2008, se estima que hasta el año 1952, y bajo represión política, fueron robados más de 30.000 niños en cárceles y centros de detención. La segunda etapa se desarrolla a partir del año 1952 y durante toda la dictadura, es la fase más extensa; la ubicación ya no son únicamente las cárceles sino que la inmensa mayoría de robos se produce en clínicas y maternidades. Son en estos mismos centros donde se producen las desapariciones también durante la de- mocracia, donde se centra la tercera etapa, que marca diferencias con las dos anteriores en cuanto al motivo primordial de los robos, como se comentará más adelante. El número de bebés desaparecidos en la segunda y tercera es incalculable.

Los móviles de estos robos varían de una fase a otra. En la primera, el objetivo era se- parar los hijos de las mujeres republicanas por medio de aplastante represión política. Esta segregación infantil estaba basada en la teoría del psiquiatra Antonio Vallejo Nágera, jefe de los Servicios Psiquiátricos Mi- litares de la dictadura franquista y autor de Eugenesia de la  Hispanidad  y  regeneración de la raza en 1937. Una de sus tesis pseu- docientíficas, formado académicamente en la Alemania nazi, es la denominada «teoría del gen rojo», según la cual el marxismo era una enfermedad que daba lugar a una inferioridad intelectual, a degenerados y psicópatas antisociales que había que ex- terminar. En 1938 dirigió un estudio para determinar esta tesis, y para ello utilizó dos grupos de prisioneros republicanos: uno era un grupo de brigadistas y otro es- taba formado por mujeres de la cárcel de Málaga. Las conclusiones de este estudio quedaron reflejadas en La locura y la guerra: psicopatología de la guerra española en 1939, donde queda patente la horripilante y peligrosa teoría de Vallejo Nágera.

Una vez que propugna que esta «enfermedad» se transmitía genéticamente, la forma de evitar que se desarrollase en las personas que la heredaban era separarlas a temprana edad, de sus madres y padres, y reeducarlos en otros ambientes y otras familias. Las cárceles de mujeres eran el sitio propicio para llevar a cabo una segregación infantil en ese momento.

En los años 1940 y 1941 aparecen el Decreto Ley de 23 de noviembre de 1940 (BOE de 1 de diciembre, número 194, pp. 1973 y 1974, del Ministerio de la Gobernación sobre «Huérfanos. Protección a los de la Revolución y la Guerra») y la Ley de 4 de diciembre de 1941 (BOE de 16 de diciembre, página 2136, de Jefatura del Estado, sobre «Registro Civil. Inscripción de niños repatriados y abandonados»). Ambos documentos oficiales legalizaban la apropiación y tutela de las niñas y niños por parte del Estado.

A partir de mediados de los años 50, y du- rante toda la dictadura, los bebés que des- aparecen de los centros hospitalarios son fundamentalmente hijas e hijos de mujeres madres de familia numerosa, humildes o muy pobres, también de mujeres solteras, y casi todas ellas con importantes caren- cias culturales y educativas. En esta segun- da etapa se amplía considerablemente la población que es el objetivo de los robos. El motivo que suponemos como base para continuar cometiendo este crimen en estos años es la nefasta ideología  propugnada por el nacionalcatolicismo, donde la excusa de la moral cristiana justificaba el robo de bebés y su reubicación en ‘familias de bien’, con todo lo que significaba esa expresión en la España más recalcitrante y retrógrada del momento, y donde las figuras de autoridad y poder de cualquier ámbito (médico, eclesiástico o funcionariado) se permitían, supuestamente, decidir con qué familia se debía criar un bebé. En los últimos años de la dictadura encontramos también casos de mujeres jóvenes con ideas más adelantadas a las que la época, que eran consideradas «descarriadas», así mujeres separadas o parejas jóvenes primerizas.

Cuando nos adentramos en la tercera etapa, la que se desarrolla ya en la democracia, vemos que la tipología de casos no varía sustancialmente de los ocurridos en la segunda fase, aunque podría considerar- se que la motivación más relevante es la económica, la de lucrarse únicamente.

Al hablar del modus operandi, también hay diferencias entre las etapas. Mientras que en la primera, las mujeres republicanas eran conscientes de que les arrebataban a sus hijas e hijos, las mujeres de las etapas posteriores eran engañadas al decirles que sus bebés habían muerto. Tanto una como otra forma de actuar son extremadamente infames y despiadadas, pero la mentira a la que fueron sometidas las mujeres de la segunda y tercera etapa desencadenó, después de décadas de sufrimiento y una vez que son conscientes del engaño, una explosión de destructivos sentimientos que están haciendo de las vidas de estas mujeres un infierno. En la siguiente sección, se mostrará con más detalle esta situación.

Algo que no debemos perder de vista es que no se produce una ruptura entre las diferentes etapas o fases. Por tanto, no podemos hablar de mutación entre ellas sino de una evolución fruto de la continuidad. No podemos hacer una separación abrupta ya que «Las etapas de las que se ha hablado no son episodios aislados de nuestra historia reciente, sino que todas se relacionan a lo largo de una misma línea temporal cuyo punto hilo conductor es la impunidad y que llega hasta época muy próxima debido a la ausencia de una ruptura profunda con algunos ambientes sociales, políticos y jurí- dicos de una época que ni siquiera se puede todavía investigar ni enjuiciar».

 

Artículo completo:

“El robo de bebés desde una perspectiva de género”

https://revistanuestrahistoria.files.wordpress.com/2018/07/nh5_sluque.pdf

El Parlamento canario acuerda crear un banco de ADN para identificar a víctimas de la represión franquista

Eldiario.es

Canarias aprobará una ley de memoria autonómica que recogerá un banco de ADN

https://m.eldiario.es/canariasahora/politica/Parlamento-ADN-identificar-represion-franquista_0_795820956.html

La diputada del grupo Nacionalista Canario Guadalupe González Taño dijo a los periodistas que en la reunión de este lunes se ha avanzado “bastante” en la línea del consenso.

Los grupos parlamentarios han acordado este lunes que en la ley de memoria histórica de Canarias se establecerá la creación de un banco de ADN para identificar a víctimas de la represión y a bebés robados, pero aún dudan sobre el procedimiento para retirar símbolos y monumentos franquistas.

Estos han sido parte de los asuntos tratados este lunes en la reunión de la ponencia nombrada para la proposición de ley sobre memoria histórica de Canarias, y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista, que volverá a celebrar un encuentro la próxima semana.

A su término la diputada del grupo Nacionalista Canario Guadalupe González Taño dijo a los periodistas que en la reunión de este lunes se ha avanzado “bastante” en la línea del consenso y ha habido unanimidad respecto a la creación del banco de ADN, una de las cuestiones que más han reclamado las asociaciones de memoria histórica de las islas.

No obstante, señaló también que se intenta redactar una ley que tenga una fácil aplicación y ello genera algunas dudas, en concreto, sobre cómo debe tratarse la retirada de símbolos y monumentos franquistas en lo concerniente a las excepciones por razones artísticas o religiosas.

En concreto los grupos debaten sobre si la ley debe abordar esta cuestión de forma genérica o si debe detallar las razones que avalen una excepción para que no haya dudas, por lo que han pedido asesoramiento al respecto.

Se busca una ley clara, concisa y, sobre todo, de fácil aplicación para evitar que posteriormente haya estar haciendo consultas o reglamentos que la desarrollen, precisó González Taño.  

El representante de Podemos en la ponencia, el diputado Manuel Marrero, indicó que también se ha aceptado la propuesta de su grupo de ampliar de dos a cuatro el número de miembros de las asociaciones de memoria histórica en la comisión encargada de la ley, y que una de ellas sea vicepresidente o presidente de dicho órgano para evitar “que sea dirigido desde la Administración”.

Manuel Marrero dijo que ha variado “el talante” en la reunión pero aún hay asuntos en los que la posición es encontrada, como el hecho de que Podemos defiende que la investigación sobre los bebés robados se extienda más allá de 1978 y el resto de grupos pide que se mantenga ahí el límite, lo que supone “una discrepancia importante”.

Los otros grupos consideran que las secuelas del franquismo acabaron cuando se aprobó la Constitución “y no es así”, advirtió Marrero, quien dijo que en el caso de los bebés robados puede haber “matices” al considerar su petición de que la investigación se extienda hasta 2001 pero globalmente, explicó, “el modus operandi y en muchos casos los actores seguían siendo los mismos”.

También queda pendiente si la denominación de la ley incluye además el término de “democrática” para incluir la reparación integral a las víctimas de la dictadura, una cuestión de fondo a la que el diputado de Podemos confía que ayude una posible revisión de la ley de amnistía del franquismo por parte del Congreso de los Diputados.

Al respecto recordó que los relatores de las Naciones Unidas han advertido de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

En todo caso, Podemos prevé consultar el texto resultante de la ponencia con las asociaciones canarias de memoria histórica para saber si consideran que es satisfactorio y cubre sus expectativas y si no es así, añadió Manuel Marrero, no respaldarán la ley

La negación a las víctimas del franquismo del derecho a la tutela judicial efectiva

Público/Jacinto Lara

Es abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y de las víctimas del franquismo en la conocida como querella argentina

http://blogs.publico.es/otrasmiradas/14135/la-negacion-a-las-victimas-del-franquismo-del-derecho-a-la-tutela-judicial-efetiva/

El artículo 24 de la Constitución española establece de forma clara y precisa lo siguiente: todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

En el mes de julio de 2014, Pablo de Greiff, Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, en el marco de su misión a España, emitió un informe, en relación con las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, en el que puso de manifiesto que era en el ámbito de la justicia donde se observaban los mayores déficits en el tratamiento de esta cuestión.

Entre las recomendaciones al Estado español en esta materia formuló las siguientes:

a)    Valorar las alternativas y privar de efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía que obstaculizan todas las investigaciones y el acceso a la justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

b)    Promover una mayor conciencia acerca de las obligaciones internacionales en materia de acceso a la justicia, el derecho a la verdad y las garantías del debido proceso y darle expresión institucional adecuada a esas obligaciones.

c)    Asegurar la colaboración de la justicia española con procedimientos judiciales en el exterior.

También desde otros organismos de las Naciones Unidas durante los años 2014 y 2015 (Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Humanos y Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias) se ha reiterado al Estado español la necesidad de implementar esas medidas al objeto de revertir una situación de impunidad generadora de una absoluta indefensión que contraviene frontalmente la normativa que conforma el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional.

En realidad dicha situación no solo es incompatible con esa normativa internacional que, no olvidemos forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno de conformidad con la previsión contenida en el artículo 96 de la Constitución Española, sino que también violenta nuestra norma constitucional, entre otros, el artículo 24 anteriormente citado y el artículo 10.2 en cuanto establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades reconocidas se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Es por ello que nuestra propia norma constitucional prevé mecanismos suficientes para otorgar el debido y adecuado amparo judicial a las víctimas de la dictadura franquista, pero incomprensiblemente desde los poderes del Estado se les ha negado sistemáticamente ese derecho.

Transcurridos cuatro años desde que el Relator Especial Pablo de Greiff emitió su informe, el Estado Español no sólo ha hecho caso omiso a las recomendaciones que formuló, sino que la situación se ha visto agravada en cuanto al reconocimiento del derecho a la justicia a las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista. Algunas muestras de ello son las siguientes:

–       Por medio de Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de marzo de 2015 se denegaron las extradiciones de los imputados en la denominada querella argentina, causa penal que se tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires y en la que se investigan los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Por parte del Juzgado argentino se interesaba la extradición a efectos de tomar declaración, como ya se ha dicho, a los imputados en dicha causa, entre los que se encuentran varios ministros del régimen dictatorial franquista.

–       La Fiscalía General del Estado emitió con fecha 30 de septiembre de 2016, una instrucción de obligado cumplimiento, dirigida a las diferentes Fiscalías territoriales, para impedir que los Juzgados y Tribunales del Estado, mediante la ejecución de los correspondientes exhortos o comisiones rogatorias cursadas por el Juzgado argentino tomaran declaración tanto a las víctimas de la dictadura franquista como a los imputados en la causa penal referida anteriormente.

–       Durante 2016, 2017 y 2018 se han presentado un total de dieciséis querellas criminales en diferentes Tribunales de nuestro país para investigar los crímenes cometidos por la dictadura franquista. Cuatro fueron interpuestas por Ayuntamientos y otras Instituciones Públicas y doce formuladas por querellantes particulares. Once de dichas querellas actualmente han sido archivadas por los Juzgados, inadmitidas a trámite sin acordar diligencia de investigación alguna. Con carácter previo a dictarse las resoluciones de archivo la Fiscalía informó  negativamente respecto a la admisión a trámite de dichas querellas.

–       El pasado día 20 de marzo de 2018 el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó la toma en consideración de una proposición de Ley cuyo objeto era modificar la Ley de Amnistía en los términos recomendados por el Relator Especial de las Naciones Unidas Pablo de Greiff en su informe. La toma en consideración fue rechazada como consecuencia de los votos emitidos en tal sentido por los Grupos Parlamentarios del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos.

Sirva de botón de muestra lo hasta aquí expuesto para comprobar  y constatar que ha existido y existe una convergencia plena entre los diferentes poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que ha impedido el reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva que asiste a las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos punibles durante la dictadura franquista.

Por otra parte, el pasado 11 de julio compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados la actual Ministra de Justicia, Dolores Delgado. En dicha comparecencia la Ministra anunció como uno de los ejes centrales de la política del Ministerio los asuntos concernientes a Memoria Histórica.

En dicha comparecencia la Ministra después de expresar que cuando hablamos de Memoria, hablamos de Justicia, manifestó que el Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas, Pablo de Greiff, era “demoledor” para el Estado español, invitando a su lectura. También reconoció que las víctimas de la dictadura se encontraban en una situación de indefensión judicial que nos humilla a todos como pueblo.

Al finalizar su exposición anunció la adopción por parte del Gobierno de una serie de medidas en esta materia:

–       Reforma integral de la Ley de Memoria Histórica del año 2007.
–       Nulidad de los Tribunales de excepción franquistas y sus sentencias.
–       Impulsar desde lo público las exhumaciones.
–       Creación de una comisión de la verdad.
–       Resignificar el Valle de los Caídos.
–       Retirar la simbología franquista y el establecimiento de un régimen sancionador para aquéllos que incumplieran con la remoción de dicha simbología.
–       Acceso a los archivos.
–       Reapertura de la oficina de atención a las víctimas.
–       Estudio respecto a la posible ilegalización de las asociaciones e instituciones que hagan apología del franquismo.

La batería de medidas anunciada por la Ministra de Justicia -profunda conocedora del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Penal internacional- son de indudable trascendencia e importancia y, cuando las mismas sean adoptadas, el escenario mantenido hasta la fecha cambiará sustancialmente y supondrá un importante avance en cuanto al reconocimiento del derecho a la verdad, reparación y garantías de no repetición de las víctimas de la dictadura. Pero ¿qué sucederá en cambio con el derecho a la Justicia, con el derecho al debido proceso penal que asiste igualmente a todas aquellas personas que sufrieron aquéllas violaciones?. No podemos olvidar que el conjunto de derechos que les asisten, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición conforma un sistema integral indivisible e irrenunciable conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Cuando se habla de crímenes, el orden jurisdiccional competente para su investigación y, en su caso, enjuiciamiento, es el penal. Pero además, es incuestionable que conforme a los diferentes pronunciamientos de los mecanismos de las Naciones Unidas, los crímenes cometidos durante la dictadura franquista son constitutivos de crímenes contra la humanidad y que, conforme a los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por el Estado español resulta de obligado cumplimiento su investigación judicial.

Los argumentos esgrimidos hasta la fecha por los Juzgados y Tribunales nacionales en esta materia no pueden resultar más disconformes a Derecho.

–       La Ley de Amnistía no puede impedir la investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista, porque ello se opone frontalmente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Si los Tribunales españoles insisten en aplicar dicha Ley para impedir el acceso al debido proceso a las personas que sufrieron dichos crímenes y a sus familiares, habrá que impulsar e introducir las modificaciones legislativas necesarias para neutralizar el efecto que está provocando dicha norma.

–       El principio de legalidad, incuestionable en el ámbito penal, cuando se trata de investigar y enjuiciar crímenes contra la humanidad, debe ser debidamente modulado, pues si bien ninguna conducta que previamente no esté tipificada como delito puede ser sancionada penalmente, cuando nos encontramos ante los crímenes más aberrantes, que atentan contra el núcleo duro de los derechos humanos y que ofenden a la comunidad internacional en su conjunto, la previsión del Derecho Internacional contenida, entre otras muchas normas, en el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, establece que el citado principio de legalidad no puede impedir ni el juicio ni  la condena de una persona por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. Dado que esto último no se aplica por los Tribunales españoles, incurriendo en una grave ilicitud e ignorando que las normas de derecho interno no pueden contravenir las normas contenidas en cualquier Tratado internacional –artículo 27 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados-, resulta imprescindible acometer la correspondiente reforma en nuestro Código Penal para incorporar el citado principio de legalidad desde una perspectiva internacional.

–       La imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad es una norma consuetudinaria de Derecho Internacional de obligado cumplimiento, cuyo reconocimiento positivo se obtuvo a través del correspondiente Convenio Internacional.

–       La norma o principio básico de Derecho Internacional consistente en “extraditar o juzgar” es plenamente aplicable para incoar los correspondientes procesos penales en nuestro país a todas aquellas personas que fueron imputadas en la denominada “querella argentina” y cuyas extradiciones a este país fueron denegadas. En aplicación del citado principio procedería anular el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de marzo de 2015 y, en todo caso,  impulsar desde el Gobierno, a través de los Servicios Jurídicos del Estado o de la propia Fiscalía el ejercicio de acciones en el ámbito penal para que se investiguen dichos crímenes.

Nos encontramos en un momento importante en el que, gracias fundamentalmente al trabajo desarrollado por el movimiento social memorialista, los asuntos de Memoria Histórica y Derechos Humanos se encuentran en un primer plano de la agenda política y es necesario la adopción de una serie de medidas eficaces para revertir de una vez por todas una situación de impunidad incompatible con los principios básicos de un estado democrático.  Aquí solo  se indican algunas de dichas medidas que no tienen porqué ser las únicas, ni siquiera necesariamente imprescindibles, ahora bien, lo que no se puede es dejar de articular todas aquellas que modifiquen, de forma eficaz, un estado de indefensión inasumible tal y como la propia Ministra reconoció en su comparecencia.

Eso sí, en todo caso, convendría que desde el Gobierno se interesara de la Fiscalía General del Estado que la Circular de 30 de septiembre de 2016, que constituye una grotesca agresión jurídica a las víctimas de la dictadura, sea dejada sin efecto y ponga de manifiesto, igualmente, que también es de su interés un cambio de criterio de la propia Fiscalía respecto a la admisión a trámite de las querellas criminales que se interpongan para la investigación de los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista.

En definitiva, como dice el Relator de las Naciones Unidas, Pablo de Greiff,  es evidente que la fortaleza de las instituciones democráticas no puede ser adecuadamente medida por su capacidad de silenciar o dejar de lado algunos temas, especialmente aquellos que se refieren a derechos fundamentales, sino por su capacidad de gestionarlos efectivamente, aunque sean complejos e incómodos.

Por tanto, en consonancia con ello, cabe añadir que es evidente la debilidad democrática de un Estado que implementa medidas conducentes al establecimiento y mantenimiento de una situación de impunidad que genera una grave indefensión judicial a las víctimas de la dictadura franquista, resultando necesario revertir, de una vez por todas, dicha situación con una serie de medidas eficaces que integren de forma plena el conjunto de todos y cada uno de los derechos que asisten a dichas personas. Y esto último es una cuestión de voluntad política que debería estimular a la Administración de Justicia a dictar resoluciones judiciales que sean acordes con los estándares internacionales exigidos en esta materia.

40º aniversario del asesinato de Germán Rodríguez.

Las consecuencias de la petición de justicia y lucha contra la impunidad acaban en coacciones contra la libertad de expresión.

El 8 de julio acudimos al homenaje a Germán Rodríguez en Pamplona. Se iniciaba un recorrido desde la Plaza de Toros, continuando hasta el lugar donde se sitúa la estela conmemorativa que, por diversos motivos, ha tenido que instalarse una y otra vez con el esfuerzo de las entidades memoralistas navarras. Dicha estela se situó, en un inicio, en el lugar donde fue asesinado Germán. Se añadió a la ruta la nueva estatua recién erigida por el 40º aniversario de su asesinato a manos de la policía.

El recorrido acabó en la plaza del Ayuntamiento, desde donde las distintas entidades sociales honraron tanto a Germán como a Joseba Barandiaran, también asesinado en una manifestación en Donostia pocos días después, cuando reclamaba justicia por Germán, y donde todos y todas exigieron el fin de la impunidad de los hechos de ese trágico 8 de julio de 1978.

Entre ellos, se encontraban varios de nuestros compañeros de CEAQUA (aquí la intervención de Felisa Echegoyen)

Ya en el mes de mayo se había presentado el informe de la Comisión de la Verdad sobre dicho ataque sobre la población civil. En el mismo, se destacaba que había base suficiente para reabrir los sumarios y presentar una querella por delitos de lesa humanidad.

El Congreso de los Diputados rechazó el 8 de mayo la petición de la apertura de una investigación solicitada por la Plataforma Sanfermines 78 Gogoan!

Esta semana hemos asistido con sorpresa a la denuncia de aquellos y aquellas que han tenido carteles contra la impunidad colgados de sus balcones por “injurias al Estado”. Desde CEAQUA nos parece indignante que la libertad de expresión, que es uno de los Derechos Fundamentales inalienables sea vulnerada de esta manera.

Por ello, hemos escrito la siguiente carta al Ministro de Interior, solicitando que deje sin efecto las diligencias policiales abiertas en este sentido.

AL MINISTRO DEL INTERIOR

D. FERNANDO GRANDE-MARLASKA GÓMEZ

 

[…], Letrado en ejercicio perteneciente al Colegio de Abogados de Madrid, actuando como Letrado de la COORDINADORA ESTATAL DE APOYO A LA QUERELLA ARGENTINA (CEAQUA), ante el Sr. Ministro comparezco y, como mejor proceda, DIGO:

PRIMERO.- Que el pasado viernes 13 de julio vario/as vecino/as de Pamplona que exhibían en sus balcones una serie de pancartas firmadas con el logotipo de la Plataforma “San Fermines 78 gogoan”, recibieron una serie de notificaciones para comparecer ante la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Navarra, al objeto de determinar la posible existencia de un delito de injurias a las instituciones del Estado.

SEGUNDO.- Las pancartas exhibidas denunciaban la impunidad en la que se encuentran los trágicos sucesos acontecidos en la ciudad de Pamplona durante las Fiestas de San Fermín de 1978 como consecuencia de una brutal, desmedida y desproporcionada acción policial que generó la muerte del joven pamplonés Germán Rodríguez y más de cien heridos (más de una decena de ellos de bala).

El lema de dichas pancartas “SF-78: INPUNITETARI STOP IMPUNIDAD” se ha venido utilizando durante toda la campaña que la Plataforma “San Fermines 78 gogoan” lanzó el pasado mes de enero y que ha sido suscrito y apoyado por más de cien colectivos sociales, sindicales, políticos, peñas sanfermineras y diferentes instituciones públicas.

Es más, el pasado día 8 de julio se concentraron en la Plaza del Ayuntamiento miles de personas exigiendo el fin de la impunidad en relación con los crímenes cometidos durante las Fiestas de San Fermín de 1978.

TERCERO.- Como consecuencia de aquellos sucesos se incoaron varios sumarios por los Juzgados de Instrucción de Pamplona resultando todos ellos sobreseídos provisionalmente y ello sin haberse practicado determinadas diligencias de prueba que pudieran haber identificado a los responsables de aquéllos crímenes atroces.

CUARTO.- En definitiva, nos encontramos ante una situación de impunidad en relación con una grave actuación policial, lamentablemente tan característica de la época, que ha llevado, aprovechando el cuarenta aniversario de aquéllos sucesos, a que la ciudad de Pamplona recuerde no sólo a las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos, sino también a denunciar la inacción del Estado respecto a la investigación y enjuiciamiento de aquéllos hechos.

QUINTO.- La notificación policial recibida el pasado viernes por varia/os vecina/os de Pamplona por un posible delito de injurias a las instituciones del Estado, como consecuencia de la exhibición en sus balcones de las pancartas referidas anteriormente, supone y representa una gravísima violación del derecho a la libertad de expresión que les asiste.

Debemos recordarle, como usted bien sabe, que la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales reconocidos a todo ser humano en la práctica totalidad de los países democráticos por ser un elemento nuclear para el pleno desarrollo de la personalidad y para la existencia de una convivencia plural y libre. Es así que la libertad de expresión ocupa un lugar eminente en los textos constitucionales de todos los países de nuestro entorno, también en los pactos y declaraciones internacionales que consagran los derechos humanos. Entre otros, así lo recogen el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH).

En su Observación general n.º 34 de julio de 2011, relativa al artículo 19 —sobre libertades de opinión expresión— del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresaba que la libertad de expresión era «la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas». Esta libertad se considera asimismo como la «condición necesaria para el logro de los principios de transparencia y rendición de cuentas». Es así muy claro el Comité de Derechos Humanos cuando, más adelante, expresó directamente que «el Pacto atribuye una gran importancia a la expresión sin inhibiciones en el debate público sobre figuras del ámbito público y político en una sociedad democrática». Añadiendo: «Todas las figuras públicas, incluso las que ejercen los cargos políticos de mayor importancia, como los Jefes de Estado o de Gobierno, pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política. En consecuencia, el Comité ha expresado su preocupación en relación con leyes sobre cuestiones tales como la “lèse majesté”, el desacato, la falta de respeto por la autoridad, la falta de respeto por las banderas y los símbolos, la difamación del Jefe de Estado y la protección del honor de los funcionarios públicos. Los Estados partes no deben prohibir la crítica de las instituciones, como el ejército o la administración.»

Por su parte, el Relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, abundó en la misma línea y así incluyó en su informe de junio de 2012, entre sus recomendaciones a los Estados, lo siguiente: «La difamación no debe constituir un delito penal en ningún Estado. Las leyes penales sobre difamación son intrínsecamente severas y surten un efecto desproporcionado y paralizante sobre el derecho a la libertad de expresión».

SEXTO.- Por tanto y para concluir, la actuación policial a la que se ha hecho mención anteriormente, supone una grave violación del derecho fundamental a la libertad de expresión y opinión, reconocido constitucionalmente, así como en diferentes Pactos y Convenios Internacionales en materia de derechos humanos.

Resulta sorprendente que el actual Gobierno no ponga límites a una actuación policial totalmente desproporcionada, que lo único que pretende es amedrentar, limitar y restringir derechos fundamentales que asisten a la ciudadanía en cualquier marco democrático.

Por lo expuesto,

SOLICITAMOS AL SR. MINISTRO acuerde impartir las correspondientes órdenes e instrucciones para dejar sin efecto todas y cada una de las diligencias policiales a las que hemos aludido a lo largo del presente escrito.

En Madrid, a 16 de julio de 2018.

Las víctimas de Billy el niño hablan a los medios

Julio Gomáriz ha intervenido en el programa de la Cadena Ser “La Ventana” donde ja explicado las torturas que sufrió y los motivos que le llevan a presentar la querella pidiendo Justicia
Enlace donde se puede oír la entrevista desde el minuto 6 del programa.
http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_laventana_20180713_160000_170000/

La Sexta

Dos víctimas de las torturas de ‘Billy el Niño’ presentan nuevas querellas contra el expolicía franquista
http://www.lasexta.com/noticias/nacional/dos-victimas-de-las-torturas-de-billy-el-nino-presentan-nuevas-querellas-contra-el-expolicia-franquista_201807135b487d630cf29dfeb1bcf6cf.html

Dos víctimas de las torturas del expolicía Antonio González Pacheco, conocido como ‘Billy el Niño‘, acuden este viernes a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para interponer dos querellas contra el torturador, la octava y la novena, según informa ‘Público’.
El exmiembro del PCE Adolfo Rodríguez y Julio Gomáriz, que pertenecía al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, acuden este viernes a los Juzgados de Plaza de Castilla para interponer dos querellas contra Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño’, por crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado por las torturas a las que fueron sometidos.
Con estas querellas, ya son nueve en total contra el expolicía ‘Billy el Niño’, que tiene un total de cuatro condecoraciones: dos medallas de plata al mérito policial y dos cruces con distintivo rojo, gracias a las cuales tiene pluses en su pensión acumulables.

La Batería de Cok, espacio de confluencia en Avilés.

Se ha abierto un local, en la C/Rivero 31, cuya finalidad como dicen en su pagina de facebu es:  "un nuevo espacio en Avilés dedicado a la confluencia de personas e ideas, a la cultura y a la transformación social".
Muy buena idea que, espero que cuaje en nuestra ciudad.
https://www.facebook.com/labateriadecok/