Estos son los mecanismos de las vacunas para activar el sistema inmunitario.

Carlota Dobaño Lázaro es jefa del grupo de Inmunología de la Malaria del Instituto de Salud Global (ISGlobal) de Barcelona, un centro impulsado por la Fundación “la Caixa”.
21/07/2021
Las vacunas contra el COVID-19 activan y generan defensas contra la infección de SARS-CoV-2. Pero, ¿cómo funcionan las células y moléculas que protegen el organismo de futuras infecciones?

Recreación de linfocito T. / © Adobe Stock

El cuerpo humano se defiende frente a agentes invasores a través de un complejo sistema de células y moléculas que reconocen y atacan de manera muy coordinada cualquier señal de peligro que nos aceche: el sistema inmunitario, que puede prevenir la infección y controlar la enfermedad asociada.
En ocasiones, la inmunidad consigue mitigar las manifestaciones clínicas o síntomas de la enfermedad y su gravedad, pero no elimina la infección causante. De este modo, las infecciones pueden dar lugar a un amplio espectro de manifestaciones clínicas, desde presentaciones asintomáticas, pasando por formas leves de la enfermedad, hasta las más graves, e incluso la muerte.
La eficacia de la inmunidad frente a las enfermedades depende del resultado de la interacción entre los tres actores principales: el tipo de patógeno, las características de cada persona y la exposición a elementos del ambiente, como la nutrición.
Las vacunas pretenden activar el sistema inmune y generar una memoria imitando las infecciones, pero sin sus efectos nocivos. Para ello, las vacunas incorporan los elementos fundamentales de la reacción inmune: el adyuvante, que estimula la inmunidad innata; y el antígeno, que estimula la inmunidad adaptativa; formulados con un vehículo que las introduce en las células del sistema inmune.
Las vacunas eficaces son aquellas que imitan o mejoran la inmunidad natural estimulando los anticuerpos y los linfocitos T que, conjuntamente, bloquearán funciones esenciales del ciclo vital del microbio o lo eliminarán para prevenir el contagio o la enfermedad.

Inmunidad innata vs inmunidad adaptativa

La inmunidad innata es la primera línea de defensa tras el contagio inicial. Actúa de una manera rápida, no es específica y no tiene memoria, pero se puede entrenar. Los principales protagonistas a nivel celular son los monocitos, macrófagos, células dendríticas y neutrófilos, entre otros. También destacan las citocinas y quimiocinas, que median la inflamación y la comunicación entre células para activar diferentes funciones.
Las células inmunes innatas patrullan por el organismo preparadas para actuar frente a cualquier agente invasor. Cuando se produce una infección, son las primeras en intervenir localmente en el tejido afectado, de manera que provocan una primera respuesta protectora inflamatoria.
En cambio, la inmunidad adaptativa es una defensa a largo plazo. Tarda más en actuar, porque debe ser activada por la inmunidad innata y madurar. Es específica y tiene memoria, de manera que cuando le presentan un patógeno, recuerda si ya lo ha visto anteriormente y, en ese caso, responde más rápidamente. Esta es la característica clave de las vacunas.
Los principales protagonistas de la inmunidad adaptativa son los anticuerpos o inmunoglobulinas, que neutralizan el microbio o facilitan su eliminación mediante células innatas. También desempeñan un papel importante los linfocitos B, que secretan anticuerpos; y los linfocitos T, tipo CD4+ y CD8+, que eliminan las células infectadas, producen citocinas, regulan la inflamación y ayudan a los linfocitos B.
En cambio, las células innatas reconocen patrones moleculares asociados a patógenos que no son específicos, como los antígenos, pero que son clave para activar tanto las células innatas como las adaptativas, y que constituyen elementos esenciales de las vacunas (los ‘adyuvantes’).

https://www.agenciasinc.es/

Ver en Voces expertas.

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Presentación.

Las afirmaciones falsas de Arturo Vinuesa sobre el coronavirus y la COVID-19.

MALDITA CIENCIA.
Nos habéis consultado por un vídeo que circula al menos desde agosto del médico de familia especializado en las pseudociencias homeopatía, constelaciones familiares y biodescodificación Arturo Vinuesa, colegiado en Navarra, en el que realiza afirmaciones falsas sobre el coronavirus, la COVID-19, las PCR y el 5G.
Articulo entero.

Ver en Maldita Ciencia.

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Presentación.

Un trabayu d'investigación de 6 años.

La Comuna d'Asturies:
Un trabayu d'investigación de 6 años. Un imprescindible.
Entrevista a Xosé Miguel Suárez Fernández:
"En 2014 se sumó a la conocida como “Querella Argentina”, la única causa abierta en el mundo que investiga los crímenes del franquismo. Lleva abierta más de una década. ¿En qué fase está y qué expectativas tiene al respecto?
-Fue muy emocionante poder presentar el caso de mi abuelo en el Consulado de Argentina en Madrid para sumarlo a la Querella. La Justicia y el Estado español nunca quisieron escuchar a las víctimas dela represión franquista y por fin encontré una Administración que me atendió, aunque fuera de otro país. En todos estos años se siguieron sumando más denuncias de todo el Estado y se consiguieron cosas importantes, como la petición de extradición del ministro Martín Villa, que está pendiente de resolver. De todas formas, lo verdaderamente importante sería que la Justicia y el Estado español asumieran la obligación que tienen de juzgar esos crímenes aquí. Hasta ahora, sobre todo se han dedicado a entorpecer las acciones iniciadas en Argentina..."

La Comuna d'Asturies.

Poesía: XOSÉ MIGUEL SUÁREZ FERNÁNDEZ.

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Presentación.

¡Queremos la exhumación del luchador antifranquista Cipriano Martos Jiménez!

Queremos la exhumación de Cipriano Martos Jiménez y que su familia lo pueda inhumar junto a sus padres en Granada y poder despedirle como se merece un republicano que no abandonó la lucha por la libertad.
Esta recogida de firmas es una reivindicación y un homenaje no solo a Cipriano, también, como él querría, a todas las personas detenidas, torturadas, encarceladas y asesinadas en las comarcas de Tarragona desde la entrada de las tropas franquistas hasta la Transición. Queremos recordar a todas las antifascistas detenidas y torturadas en la misma caída que Cipriano como su compañero Pascual Carrilero Carrilero, también presente en la Querella Argentina. No queremos olvidar tampoco al trabajador Juan Gabriel Rodrigo Knafo muerto en la ciudad de Tarragona en 1976 a los 19 años de edad cuando era perseguido por la policía por manifestarse contra los asesinatos del 3 de Marzo en Vitoria. Ni tampoco olvidamos a los cientos de represaliados y muertos de una Transición que nada tuvo de ejemplar.
Por todo lo expuesto os rogamos a personas, entidades, asociaciones y colectivos de defensa de los derechos humanos y de las víctimas del franquismo y la Transición que firméis esta petición de Verdad, Justicia y Reparación para exigir la exhumación de Cipriano Martos Jiménez a la Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Firma la petición para la exhumación de Cipriano Martos Jiménez ¡Aquí!

Ver en Lo Que Somos.

CIPRIANO MARTOS JIMÉNEZ.

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Presentación.

Derechu de corrección na disciplina social de la corte.

La mafia judicial es un mal aire para el que la sociedad española no tiene inmunidad de grupo.
Versos para una vacuna experimental.

«salvo, empero, marital correccion» Clio & Crimen nº 5 (2008), página 41
La marital corrección: un tipo de violencia aceptado en la Baja Edad Media, de María del Carmen GARCÍA HERRERO (Universidad de Zaragoza).

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Poesía propia o apropiada.

Pegasus, escándalo de espionaje con mucho de crimen internacional.

En Rebelión.org por Sergio Ferrari #PegasusProject

La firma israelí NSO Group en la mira.

Periodistas contra servicios de inteligencia.

Lo desnudaron 80 periodistas de varios países. Entre las víctimas, al menos, 180 comunicadores de diversos continentes. La lista, sin embargo, sobrepasa los 50 mil teléfonos pinchados. El escándalo Pegasus alcanza dimensiones incalculables. Principal responsable: la firma israelí NSO Group.

Las noticias del tercer domingo de julio sacudieron el ámbito internacional y se multiplicaron como reguero de pólvora. La Forbidden Stories, (https://forbiddenstories.org/fr/), iniciativa colectiva de investigación periodística con sede en Francia, denunció la interferencia de 50 mil teléfonos. Entre las víctimas, al menos, por el momento, 600 personalidades políticas (incluido el presidente francés Emmanuel Macron), 85 activistas de derechos humanos y 180 periodistas.
En la investigación participaron 80 periodistas de 17 medios informativos, entre los cuales The Guardian, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, The Washington Post, Proceso y Aristegui Noticias de México, Radio France, Le Soir.

Responsables poderosos.
La empresa israelí de seguridad informática NSO Group fundada en 2010, con relaciones muy estrechas con medios gubernamentales, aparece a la base de este escándalo. En 2015, la compró la sociedad norteamericana Francisco Partners por 145 millones de dólares. Dos de los socios fundadores la recuperaron en 2019 pagando 1.000 millones de dólares. En solo cuatro años, su valor había aumentado siete veces, indicativo de la importancia de sus negociados.
En la actualidad, el 70% del capital mayoritario de la firma con sede en Herzliya, Israel, le sigue perteneciendo a Francisco Partners, con sede en San Francisco, California –y con centros en Nueva York y Londres. Esta megafirma cuenta con 24.000 millones de dólares de capital y se autodefine como “una de las mayores y más activas empresas de capital privado del mundo, centradas en la tecnología”.
La NSO Group (https://www.nsogroup.com/), en su propio sitio Web, se presenta como “ciber inteligencia para la seguridad y estabilidad global”. Ante el escándalo de la cual se la responsabiliza, responde que “el informe de Forbidden Stories está lleno de suposiciones erróneas y teorías no corroboradas que plantean serias dudas sobre la fiabilidad y los intereses de las fuentes”.
El programa espía promovido y vendido por la NSO Group puede instalarse de forma remota en cualquier teléfono inteligente sin requerir ninguna acción por parte del propietario. Una vez instalado, le permite al intruso tomar el control total del teléfono. Y poder inspeccionar mensajes, videos, fotos, audios y contactos de la víctima. La NSO argumenta que «sólo recoge datos de los dispositivos móviles de personas sospechosas de estar implicadas en actividades delictivas y terroristas graves» y que su tecnología se ofrece solo a Estados.

Desenmascarados.
Sin embargo, una filtración de datos inédita de 50.000 números de teléfono seleccionados desde 2016 hasta 2021, a la que han tenido acceso Forbidden Stories y Amnistía Internacional, muestra un doble discurso entre la realidad del uso cotidiano del software y las declamaciones públicas de la compañía.
Se identificaron números de periodistas de 21 países vigilados durante ese periodo. El consorcio investigativo, con el apoyo técnico del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional, pudo confirmar algunas de las interferencias mediante la realización de escaneos telefónicos, a través de los cuales fue posible contactar a los periodistas de forma segura. La mayoría de los profesionales “vigilados” se ocupan de temáticas muy delicadas de interés público y, en muchos casos, han confrontado críticamente a las autoridades de sus países denunciándolas por actos de corrupción, violaciones de derechos humanos etc.
Forbidden Stories publicó una primera lista no exhaustiva de 44 periodistas controlados por Pegasus (https://forbiddenstories.org/fr/pegasus-journalistes-sous-surveillance/), entre los que aparecen 11 mexicanos, así como comunicadores de España, Francia, Gran Bretaña, Hungría, India, Marruecos, Togo, Azerbaiyán y Ruanda. Y acaba de anunciar que continuará presentando, en los próximos días, otros elementos probatorios resultantes de su investigación.
De América Latina, México es el país más afectado. Del total de 50 mil teléfonos controlados, 15 mil números son mexicanos. Pertenecen, entre otros, a personas defensoras de derechos humanos, a varios familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, a investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a unos 25 periodistas.
Un caso emblemático de esa lista preliminar es el del periodista mexicano Cecilio Pineda. Su número fue solicitado por un “cliente” mexicano de la NSO, apenas unas semanas antes de su homicidio ocurrido el 2 marzo del 2017, en el Estado de Guerrero. El celular del comunicador asesinado no pudo ser verificado por Forbidden Stories ya que nunca apareció.
Pineda colaboraba con los periódicos La Jornada y Universal desde 2012 y en su sitio Facebook publicaba videos e informaciones comprometedoras al poder seguidos por 50 mil suscriptores. Muchas de ellas denunciaban la relación de personalidades locales y estaduales con el narcotráfico y actividades delictivas. NSO Group negó que los datos extraídos del teléfono de Pineda contribuyeran a su muerte, aun teniendo en cuenta que su teléfono hubiera sido objeto de ataques.
Según Danna Ingleton, directora adjunta de Amnistía Tech, los análisis forenses han descubierto pruebas irrefutables de que el software espía de NSO ha conseguido infectar teléfonos de los modelos iPhone 11 e iPhone 12 mediante ataques sin clic a través de iMessage, “destrozando las características de seguridad y privacidad de Apple”. Es posible que haya miles de teléfonos en peligro, advertía recientemente la experta ( https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/pegasus-project-apple-iphones-compromised-by-nso-spyware/ )
Y enfatizaba que NSO Group no puede seguir escudándose en el argumento que su programa espía se utiliza solamente para combatir la delincuencia. “Hay pruebas abrumadoras de que el software espía de NSO se emplea sistemáticamente para reprimir y cometer otras violaciones de derechos humanos. NSO Group debe dejar inmediatamente de vender su material a gobiernos que tienen un historial de abusos contra los derechos humanos”, enfatiza esta especialista de Amnistía Internacional.
Estas conclusiones, agrega, muestran que la industria de la vigilancia está fuera de control. “Los Estados deben suspender en todo el mundo, con carácter inmediato, la exportación, venta y uso de tecnología de vigilancia hasta que se establezca un marco regulador que respete los derechos humanos.”

Firme denuncia.
Según la Federación Internacional de Periodistas (FIP), con sede en Bruselas, la lista de los/as 180 periodistas espiados/as incluye a reporteros/as de medios internacionales de comunicación, así como a periodistas autónomos que han sido blanco de regímenes que quieren saber cuáles son sus fuentes de información, buscan socavar su trabajo y, en algunos casos, incluso, intentan detener e impedir la publicación de sus reportajes.
La FIP, que reúne a más de 600 mil profesionales de medios de comunicación en 187 sindicatos, federaciones y asociaciones de más de 140 países, pone el énfasis en que el actual escándalo que acaba de explotar muestra la profunda vulnerabilidad de la libertad de prensa. Y sirve de ejemplo para mostrar cómo se está violando gravemente el derecho del público a estar informado.
En declaraciones a este corresponsal, Anthony Bellanger, secretario general de la FIP, reivindicó el “trabajo increíble de más de 80 periodistas de todo el mundo que han podido arrojar luz sobre los intentos irregulares de interferir en las comunicaciones privadas de los/as profesionales de medios”.
El deber de proteger las fuentes es la base del periodismo del que dependen las sociedades libres. Que esta filtración sea posible, pone de manifiesto los peligros inherentes a un programa tan potente, como peligroso, evaluó. “Sin una regulación sólida, es inevitable que déspotas y censores accedan a nuestra información más íntima», sostiene el responsable de la FIP.
Bellanger informó que su federación está trabajando a nivel global sobre esta temática a través del Grupo de Expertos en Vigilancia, coordinado por Tim Dawson, ex presidente de la Unión Nacional de Periodistas (NUJ) del Reino Unido y enviado especial, en representación de la FIP, al juicio que en Londres se llevó a cabo contra el periodista Julian Assange en 2020 y 2021.
«El software Pegasus se está utilizando como un algoritmo para socavar la democracia” enfatiza Tim Dawson. Para quien los contactos confidenciales son la base fundamental del mejor periodismo, el que denuncia el despilfarro, la incompetencia y la corrupción. La privacidad de las comunicaciones de los/as periodistas, ya sea por correo electrónico, mensajería móvil o teléfono, “debe ser sagrada”.
Como primera reacción ante el escándalo que acaba de estallar, la FIP llama a los/as periodistas a redoblar esfuerzos para salvaguardar sus propios datos. Una de las medidas que propone es el uso de varios teléfonos, incluidos los burner, que son menos susceptibles de ser hackeados por Pegasus. Los gobiernos deben garantizar en la legislación nacional la inviolabilidad de las comunicaciones de los/as periodistas, tanto como principio general como en el marco de leyes y reglamentos específicos y aquellos relativos a la vigilancia nacional. La comunidad internacional, por su parte, debe construir un régimen regulador que permita la inspección y regulación de todas y cada una de las empresas que suministran productos (como es el caso de la NSO) que tienen la capacidad de socavar estas libertades esenciales para la democracia.

Esto recién empieza.
Al mismo tiempo que la Forbidden Stories confirma su decisión de continuar a develar informaciones sobre el programa espía utilizado ilegalmente, las voces se multiplican en el amplio conglomerado de afectados sobre futuras causas jurídicas contra la NSO, cuya reputación comenzó a caer aceleradamente en bolsas y mercados.
La ONG Reporteros sin Fronteras (RSF), en representación de varios de los afectados, inició el martes 20 en Francia una causa contra la empresa israelí. En declaraciones a la prensa, Christophe Deloire, secretario general de RSF, denunció como inaceptable el espionaje con el software Pegasus y anticipó la voluntad de su organización de hacer todo lo que esté en sus manos para que la empresa sea condenada.
Entre los afectados directos, la ONG subraya el caso de dos periodistas independientes marroquíes: Taoufik Bouachrine y Omar Radi. Ambos detenidos, con procesos legales arbitrarios –incluso denunciados por organismos internacionales– y condenados recientemente a penas de 15 y 6 años de prisión respectivamente.
También anticipó iniciar un proceso jurídico el periodista español Ignacio Cembrero, especialista en Medio Oriente y del Magreb, colaborador durante 30 años del cotidiano El País y otra víctima del Pegasus. Así como la periodista azerí Khadija Ismaïlova.
Por otra parte, personalidades individuales del mundo de los derechos humanos, como el abogado francés Joseph Breham, anunciaron su intención de presentar ante la justicia el control ilegal del cual fueron objeto.
El escándalo Pegasus se proyecta ya como tapa de noticias y carátula de prontuarios durante los próximos meses. La maquinaria tecnológica-empresarial israelí –que sostiene la ya conocida tarea de punta de los servicios de inteligencia nacionales e internacionales en todo el mundo—ocupa hoy el banquillo de los acusados. Y aunque trata de defenderse contra acusando a lo periodistas investigativos de Forbidden Stories, deberá aportar suculentas pruebas para zafar de las no menos consistentes acusaciones. Este tipo de espionaje, sin duda, constituye un crimen alevoso. Sus corolarios directos: víctimas fatales y graves violaciones de los derechos humanos esenciales. La pulseada, nuevamente, se da hoy, entre periodistas y servicios de espionaje, es decir, entre la verdad y la fuerza.

Ver en Rebelión.org.

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Presentación.

Antiintelectualismo y covid-19: ¿vuelve el culto a la ignorancia?

Durante la pandemia los científicos han aclarado dudas y también han visto cómo sus mensajes generaban recelo. En tiempos de miedo e incertidumbre, la desconfianza hacia los expertos ha aflorado, sobre todo en países donde las élites políticas usan una retórica que polariza la opinión pública. Este fenómeno ha tenido un papel importante en el último año y medio, pero es difícil predecir su evolución.

“Guárdense del consenso de los ‘expertos’”, advertía desde su titular un artículo de opinión publicado en el Washington Post por la columnista Megan McArdle a finales de mayo. “Parece que [este] era algo ilusorio y habría sido bueno recordar que, como el resto de nosotros, los científicos son propensos al pensamiento grupal y que las preocupaciones no científicas pueden infiltrarse en sus declaraciones públicas”, arrancaba el texto.
McArdle explicaba lo fácil que era caer en “la trampa de ‘los expertos dicen” y sugería que esta “ilusión de cuasi infalibilidad” prometía certezas en una época en la que el mundo está siendo mucho menos predecible de lo que pensábamos.
¿Razonable? El artículo criticaba que el “consenso de los expertos” hubiera encerrado en un ataúd la desde entonces resucitada hipótesis —hasta la fecha sin evidencias— de que el SARS-CoV-2 salió de un laboratorio de China.
“Los expertos no nos han contado la historia completa sobre la teoría del escape del laboratorio durante un año, ¿cómo sabemos si nos están contando la historia completa sobre el cambio climático?”, se preguntaba en Twitter el senador conservador australiano Matthew Canavan días después. De alguna forma, había seguido el consejo de McArdle.
Las palabras de Canavan son reflejo del llamado “antiintelectualismo”, la desconfianza hacia los expertos. No es un problema nuevo: “En Estados Unidos hay un culto a la ignorancia, y siempre lo ha habido. […] Ahora los oscurantistas tienen una nueva consigna: ‘¡No confíes en los expertos!”, escribió en 1980 Isaac Asimov en una columna sobre este tema publicada en Newsweek. Hoy, algunos investigadores se preguntan cómo afecta esta actitud a la percepción de la pandemia.

Contra los expertos

“El antiintelectualismo ha jugado un papel poderoso moldeando la reacción del público a la pandemia”, aseguraban los autores de un estudio publicado este año en la revista Nature Human Behaviour. El coronavirus ha bajado a la propia ciencia de su pedestal, pero son los expertos e investigadores quienes están en primera línea: comunican mensajes de salud pública, desmienten bulos y forman parte de la respuesta de los gobiernos a la covid-19.
Esta desconfianza, aplicada a la pandemia y según los autores del trabajo, reduciría la percepción del riesgo que supone el coronavirus y la adherencia a las medidas, y aumentaría las percepciones erróneas.
Los resultados, obtenidos a partir de encuestas con miles de canadienses, confirmaron esa hipótesis. “El antiintelectualismo supone un reto fundamental para mantener e incrementar el cumplimiento del público de las directrices de salud pública contra la covid-19 planteadas por los expertos”, concluían en el artículo.
El investigador de la Universidad de Ontario (Canadá) y coautor del trabajo, Eric Merkley, asegura a SINC que son muchas las razones que pueden llevar a la población a desconfiar de los expertos. “Pueden tener creencias populistas por las que ven a los expertos como un grupo de élites que se opone a los intereses de la gente”, asegura. Así, la ideología puede empujar a algunas personas a “rechazar” la opinión de los especialistas.
Merkley pone como ejemplo el cambio climático: “Tiene implicaciones políticas que se oponen a las creencias que tienden hacia la derecha, por lo que este tema puede crear animosidad frente a los expertos”.
Otro motivo, afirma, es la religiosidad, “típicamente ligada al antiintelectualismo porque la autoridad científica en ocasiones se ve como una amenaza para la autoridad religiosa”. También el miedo a la tecnología. “La conclusión es que científicos y expertos tiene un poder sobre las decisiones políticas que los lleva a tomar posiciones que amenazan los intereses y valores de ciertos grupos de ciudadanos”, añade Merkley.
El investigador advierte de que estas actitudes “importan” en países como Canadá y Estados Unidos, donde han “moldeado” las actitudes y el comportamiento del público en todo lo que rodea a la pandemia de covid-19.

Desconfianza en tiempos de crisis

El sociólogo de la Universidad Autónoma de Madrid Josep Lobera considera normal que estas mentalidades afloren en tiempos difíciles. “Es mucho más fácil vender que el pueblo está mal por culpa de las élites políticas, científicas y tecnocráticas cuando hay una crisis”, explica. Ante eventos complejos sin una explicación sencilla y rodeadas de miedo e incertidumbre, determinadas personas se “activan” y “compran” este tipo de ideas.
Lobera cree que es importante “delimitar bien las fronteras” al hablar de este tema. Separa así entre la mentalidad anticiencia —minoritaria en España, según explica—, la conspirativa y el populismo anticientífico. Este último lo identifica con Trump y Bolsonaro y sus “interpretaciones políticas” de la ciencia. Sería, por lo tanto, una “rama política” distinta de las otras dos, aunque “a veces se entrecrucen”.
Estas posiciones no son un bloque cerrado y delimitado. “Tienen un rango muy amplio que va desde las dudas razonables, sutiles e informadas hasta el descreimiento total ante cualquier informe técnico no avalado por el partido político afín”, matiza Lobera.
También aclara que son actitudes que siempre han estado ahí, en ocasiones escondidas dentro de cada persona. “En 2019 no veías personas conspiranoicas porque el mundo estaba tranquilo. De repente, en 2020 te sientas con mascarilla en una terraza con tu primo y descubres una dimensión suya que no conocías porque el contexto es diferente”, comenta. “Él siempre ha sido así, se defiende de esa forma de una incertidumbre que hasta entonces no existía a ese nivel”.

Una actitud más positiva...

Aunque el trabajo de Merkley advierta de los peligros de la desconfianza hacia los expertos, lo cierto es que la actitud de la población ante la ciencia ha mejorado durante la pandemia. Así lo muestran numerosas encuestas publicadas por todo el mundo en el último año.
El investigador de la Universidad de Warwick (Reino Unido) Eric Jensen cree que la actitud de la población se ha vuelto más positiva hacia la ciencia y asegura no ver evidencia de que haya un “sector creciente” de personas con mentalidad antiintelectualista. Merkley tampoco lo piensa. De hecho, espera que la confianza aumente debido a que “la ansiedad de la gente ha hecho que se vuelvan hacia las autoridades científicas”.
“En estos tiempos de desinformación son unas raras buenas noticias”, aseguraba Jensen en una correspondencia publicada en Nature en la que compartía los resultados de algunas de estas encuestas. Por ejemplo, los niveles de confianza en la ciencia aumentaron en Alemania de un 46 % en 2019 a un 60 % en noviembre de 2020, antes de que se aprobaran las vacunas contra la covid-19. El pico, sin embargo, se alcanzó en abril de 2020, con un 73 % de apoyo.
Lobera afirma que esos vaivenes nos recuerdan no debemos sacar conclusiones precipitadas, al menos en el caso de España. “Con los datos de nuestro país no podemos decir que la gente confía más en la ciencia”, dice. “Para la gente ha sido un año y medio de shock, y en ese contexto hay quien reacciona creyendo en la ciencia y poniéndole velas como si fuera infalible; y hay quien duda del cura y del científico”.
Por eso cree importante esperar a que cada sector salga del estado de conmoción imperante para ver cómo se modula todo. En tiempos difíciles, algunos tienen una actitud “exageradamente confiada y cientifista” y otros reaccionan ante la incertidumbre con pensamientos conspirativos.

… pero más polarizada

Jensen admite que puede haber “una pequeña tendencia hacia la polarización” que haga que la visión de las personas sobre estos temas se vuelva más firme, ya sea hacia un lado o hacia otro. Lobera coincide con esa apreciación y pide prudencia: “La pandemia nos polariza, no podemos hablar de una tendencia social”, aclara. “Tenemos tendencias sociales divergentes, con grupos con una mayor confianza en la ciencia y grupos con una mayor mentalidad conspirativa y anticientífica”.
Esta polarización ya la sugirió la tercera ronda de la Encuesta de Percepción Social de aspectos científicos de la covid-19, elaborada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y dirigida por Lobera. Según sus resultados, uno de cada cuatro españoles cree que existen organizaciones secretas que influyen en las decisiones políticas y casi un tercio piensa que las mascarillas son malas para la salud.
Las futuras encuestas de percepción de la ciencia deberán ser muy cuidadosas a la hora de evaluar los cambios en la polarización de la ciudadanía, explica Lobera. “Será interesante, porque puede que la media no cambie mucho pero cuando mires más a fondo resulte que haya grupos que se han ido hacia los extremos”.
¿Qué sucederá cuando acabe todo? “Es imposible saber si estos cambios hacia una mayor confianza en la ciencia se mantendrán a largo plazo más allá de la pandemia, pero hay una buena posibilidad de que perduren”, confía Jensen. Pone como ejemplo un precedente histórico: el ambiente procientífico que siguió a los logros científicos y tecnológicos de mediados del siglo XX.
Lobera es más cauto: “Vamos a salir más desiguales de esta crisis en lo referente a creencias, estado de ánimo e interpretaciones. Las teorías conspirativas durarán décadas”.
“Hay quien tendrá la pandemia en su vida durante muchos años, o seguirán anclados en 2020 y 2021. Algunos no recuperarán su economía, su vida ni su pareja perdida. Otros están hoy peor que nunca”, dice. Por el contrario, “hay grupos que ya se han olvidado de la covid-19”. Por eso no ve la situación en términos de principio y final, sino como “un chicle que se estira” más para unos que para otros.

Receta contra el antiintelectualismo político

Merkley aclara que el antiintelectualismo puede variar entre grupos de ciudadanos, contextos nacionales y a lo largo del tiempo, pero que existen pocos datos para plantear un perfil demográfico común entre países.
“Según los datos de Canadá y Estados Unidos, los individuos con un alto sentimiento antiintelectualista tienen un nivel educativo y socioeconómico menor, son más religiosos y tienden a vivir en áreas rurales y ser hombres”, resume. “Tienen menos aptitudes científicas, una menor inclinación a evaluar con cuidado la información nueva y se inclinan hacia la derecha política y el populismo”.
Este perfil, sin embargo, no tiene por qué ser extrapolable a otros lugares. Asegura que no existe evidencia de que el sentimiento antiintelectual sea “más pronunciado” en unos países que en otros pero, de nuevo, compara las similitudes entre Canadá y Estados Unidos.

Hace falta un consenso

“La diferencia fundamental que separa a países como Estados Unidos y Brasil del resto es el grado en el que las élites políticas usan una retórica antiintelectual para polarizar a su público”, comenta Merkley. Cuando medios y partidos concretos recurren a ella, la “atan a un conflicto ideológico con una extensión mucho mayor”. El resultado, advierte, tiene “enormes consecuencias para la salud pública”. Pone como ejemplo las “catastróficas” tasas de vacunación en los estados republicanos de Estados Unidos.
Merkley explica que lo más importante para evitar el antiintelectualismo es que políticos y partidos alcancen un consenso para que este concepto no quede unido a una ideología polarizada concreta. “Ese barco ha zarpado en varios países”, asegura. La solución, según el investigador, pasa por elevar los mensajes de aquellos líderes de opinión que “se toman la covid-19 en serio” y atraer a los ciudadanos con este tipo de mentalidad.
“Puede haber formas de plantear la vacunación de la covid-19 de formas que atraigan a los conservadores que desconfían en los expertos más allá de simplemente apoyarse en la autoridad científica para lograr esa persuasión”, añade Merkley.
En contextos tan polarizados como el de Estados Unidos, piensa, este viaje será una “enorme cuesta arriba”. El club de la ignorancia que denunciaba Asimov hace 40 años no desaparecerá con el coronavirus. Con suerte, tampoco aumentará su lista de miembros.

Ver Agencia SINC.

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Presentación.

El Mejorable Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.

Aunque confían en que en fase parlamentaria el texto recoja algunas de sus demandas y aceptan que el actual mejora la norma de 2007, la aprobación de la proposición de ley tal y como está redactada supondría "seguir sin ofrecer justicia a las víctimas de la dictadura, y sin justicia no hay reparación, ni verdad, ni garantías de no repetición", en palabras de Jacinto Lara.
Él es el abogado de la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo (CEAQUA) y considera que la recién tramitada Ley en el Consejo de Ministros "presenta una serie de insuficiencias, sobre todo en materia de justicia, que son muy manifiestas". Según la opinión de este letrado, "el problema es que la ley no está orientada a reconocer la tutela judicial efectiva de las víctimas de la dictadura y Transición".
Como prueba de ello, se refiere al protocolo de actuación en cuanto a la localización y exhumación de aquellas personas que se encuentran en situación de desaparición forzada: "El Estado pretende otorgar algunas subvenciones a asociaciones y familiares mediante concursos, pero lo que no podemos hacer es entrar en una especie de competición entre víctimas para conseguir esas dotaciones económicas cuando es el propio Estado el que debe asumir esa responsabilidad". Lara, al igual que las demás fuentes consultadas, ve como un acierto la introducción en el temario curricular el estudio de lo sucedido en España durante gran parte del siglo XX, pese a que "no deja de ser un aspecto sustraído a la sociedad en su conjunto durante estas cuatro décadas de democracia".
El letrado, que pone el foco en la justicia, ve como un gran error no remover los obstáculos invocados en los juzgados y tribunales españoles para no investigar los crímenes del franquismo. "Seguiremos instalados en un modelo de impunidad que ya ha sido criticado por organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU", dice al respecto, concluyendo que la Ley, por el momento, es "timorata y tibia".

Ver en Público.

La tentación de usar a la derecha como excusa.

Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.

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Presentación.

Un magistrado del TC denuncia la deriva del tribunal que pagan en Estrasburgo.

En el extenso voto particular, el magistrado del Tribunal Constitucional denuncia la "tendencia", que viene de lejos, de "apoyarse en una concepción esencialista del derecho, mediante la cual trata de buscarse un contenido inamovible delimitado a priori de los derechos fundamentales y se rechazan las posiciones constructivistas que predominan en el mundo jurídico contemporáneo". Estas posiciones esencialistas, advierte, "se han enseñoreado del Tribunal Constitucional hasta poner en entredicho aspectos básicos del estado de derecho".
Xiol recuerda como, antes incluso de que entrara en el Tribunal Constitucional como magistrado, "el prejuicio esencialista contaminó, entre otras materias, nada menos que la comprensión del derecho a no sufrir torturas, tratos inhumanos ni degradantes; del derecho a la intimidad; de la presunción de inocencia; y del principio de legalidad en el cumplimiento de las penas, en el caso de la llamada doctrina Parot". Y durante su mandato "ha ocurrido lo mismo", en casos relacionados, por ejemplo, con la libertad de expresión (poniendo el ejemplo de la quema de fotos del Rey), el derecho a la crítica a las decisiones judiciales o el derecho a no ser juzgado en segunda instancia sin ser escuchado.

"En todos estos casos formulé voto particular (en alguna ocasión, en solitario) y ha sido invariablemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que, enmendando al Tribunal Constitucional de España, ha fijado la correcta doctrina", constata el magistrado de TC. Y añade en este sentido: "Me refiero sólo a sentencias dictadas durante los primeros años de mi estancia en el Tribunal Constitucional, visto el tiempo que tarda en resolver el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que posteriormente me he visto obligado a seguir formulando durante años votos particulares prácticamente sobre las mismas materias".

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No es país para la justicia.

La mayoría del TC ha demostrado que la constitución monárquica no sirve ni para salvaguardar nuestra salud en un momento crítico como esta pandemia.
Esta mayoría y las del CGPJ, el TS y la AN constituyen una mafia, políticamente y vitalmente, vinculada con los franquistas (PP-VOX), que impiden la investigación de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura; o implementan una injusticia dependiendo de si los juzgados son de los míos o no.

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