Retirar la Condecoración a Billy el niño… y juzgarle
Público/Blog Verdad, Justicia y Reparación
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En estos últimos días se ha desarrollado una campaña en redes por la retirada de la condecoración que luce el torturador González Pacheco, alias Billy el niño, otorgada al ‘mérito policial’ por obra y gracia, en 1977, de otro presunto criminal franquista, Rodolfo Martín Villa.
Tras el detonante que supuso la interpelación parlamentaria a este respecto, por parte de Pablo Iglesias, el pasado 30 de mayo, en cuya respuesta el inefable Zoido, entonces Ministro del Interior, con su ofensivo desprecio a las víctimas multiplicó la reacción social a la difusión de la existencia de tal condecoración, que lleva aparejada además una gratificación permanente del 15% en la pensión del receptor.
Así lo demuestra el que la campaña haya recogido ya cerca de 300.000 firmas. Y es que la sociedad va bastante por delante, en términos de conciencia y sensibilidad democrática, de los gobiernos que hemos tenido desde aquella condecoración otorgada en una transición sin ruptura democrática, levantada sobre la base de la impunidad de los crímenes de la dictadura.
La Comuna, asociación de presas y presos del franquismo, está empeñada desde su nacimiento, hace 10 años, en quebrar dicha impunidad. Hemos presentado querellas contra el mismo González Pacheco, y contra otros torturadores franquistas, algunos, por cierto, también condecorados, interpuestas por sus víctimas directas. Lo hemos hecho por todos los medios a nuestro alcance, empezando por los tribunales argentinos (la conocida como ‘querella argentina’, iniciada en 2010), y actualmente en una campaña de querellas presentadas ante los tribunales de justicia en nuestro propio país.
Creemos que la reacción social respecto a la condecoración debe ser una palanca y un estímulo más para llevar ante los tribunales a este criminal, y en ningún caso la retirada de dicha condecoración, en caso de producirse como deseamos, puede ser utilizada como señuelo o sucedáneo del ejercicio de la justicia. Dicha retirada, aún teniendo un valor simbólico indudable, no constituye ni de lejos una condena por sus crímenes, ni supone una reparación de estos, ni satisface en absoluto nuestro irrenunciable derecho a la justicia, negado hasta la fecha.
Recordemos que las denuncias, tanto por torturas como por otros crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura, han sido bloqueadas sistemáticamente por los gobiernos del PP, bien directamente, bien a través de la Fiscalía General del Estado que ha instruido en tal sentido a los juzgados de instrucción, utilizando argumentos contrarios abiertamente a la doctrina y convenios internacionales de los derechos humanos e, incluso, violando los acuerdos de cooperación judicial entre países, en este caso con Argentina.
El esperanzador momento político que vivimos en nuestro país, tras la moción de censura y caída del gobierno de Rajoy por corrupción, nos anima a reclamar al nuevo gobierno del PSOE que cumpla con la legislación internacional y con la defensa de los derechos humanos en este campo: la nueva Fiscal General del Estado no debe obstaculizar el imperio en nuestro país de los principios del derecho internacional en materia de derechos humanos.
Tras el detonante que supuso la interpelación parlamentaria a este respecto, por parte de Pablo Iglesias, el pasado 30 de mayo, en cuya respuesta el inefable Zoido, entonces Ministro del Interior, con su ofensivo desprecio a las víctimas multiplicó la reacción social a la difusión de la existencia de tal condecoración, que lleva aparejada además una gratificación permanente del 15% en la pensión del receptor.
Así lo demuestra el que la campaña haya recogido ya cerca de 300.000 firmas. Y es que la sociedad va bastante por delante, en términos de conciencia y sensibilidad democrática, de los gobiernos que hemos tenido desde aquella condecoración otorgada en una transición sin ruptura democrática, levantada sobre la base de la impunidad de los crímenes de la dictadura.
Por el contrario, este gobierno debe respetar la independencia del poder judicial, dando curso a los exhortos presentados por la jueza Servini para la toma de declaración de 22 imputados en la Querella Argentina contra crímenes del franquismo, entre ellos el mismo González Pacheco.
Porque se trata de crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a la definición de estos según el llamado ‘Estatuto del Tribunal de Nuremberg’ (1945, ratificado por la Asamblea General de Naciones Unidas en febrero de 1946), y por lo tanto ni pueden amnistiarse ni prescriben.
Porque el sistema judicial y penal debe facilitar el acceso de todas las víctimas de crímenes políticos, incluidos las de los sicarios franquistas como González Pacheco, a su derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
Los abajo firmantes han presentado querellas por torturas contra Antonio González Pacheco en distintos Juzgados Territoriales de Madrid y/o en la querella presentada en el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal n.º 1 de Buenos Aires.
Luis Suárez Carreño
Felisa Echegoyen Castanedo
Ángela Gutiérrez Suárez
Chato Galante Serrano
Willy Meyer Pleite
Rosa García Alcón
Javier Navascués Chivite
Jesús Rodríguez Barrios
Adolfo Rodríguez Gil
