Presentación de la Rede pola Oficialidá de la Contorna d'Avilés
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http://blogs.publico.es/verdad-justicia-reparacion/2018/03/10/vitoria-42-anos-despues/
Por Pablo Mayoral, presidente de La Comuna.
Era el 3 de Marzo de 1976. La Policía Armada cercó una asamblea pacífica de más de 4.000 trabajadores en la Iglesia San Francisco, del barrio de Zaramaga y, por órdenes superiores expresas (textualmente en las grabaciones, como si no pasara el tiempo: “Si hay gente ¡a por ellos!), empezaron a disparar contra los que allí estaban congregados. El resultado fue la muerte de cinco trabajadores: Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda. Hubo, además, más de 100 heridos de bala, entre ellos varias mujeres.
Hacía poco más de cinco meses que había muerto Franco y seis desde que pelotones de la Guardia Civil y la Policía Armada habían fusilado a cinco jóvenes antifascistas condenados a muerte en cuatro Consejos de Guerra Militares que apenas duraron unas horas cada uno. La dictadura franquista seguía intacta.
Ciertamente la masacre de Vitoria fue uno de los episodios primeros y más trágicos de esa ensangrentada transición, que muchos ahora quieren edulcorar con el silencio, para sostener la tesis de que las libertades nos cayeron desde los despachos del poder, ocupados por unos líderes políticos “generosos” y audaces.
Según Alfonso Osorio, Arias Navarro le dijo personalmente: “O hacemos el cambio nosotros, o nos lo hacen”. Ese era el modelo de transición pretendido. Para ese cambio, hecho por y para ellos, las numerosas manifestaciones, huelgas, asambleas y actos de protesta que exigían y ejercían libertades y se extendían por todo el estado, eran un obstáculo. Había que tomar en consideración su empuje y, sobre todo, había que liquidarlo.
Martín Villa, entonces ministro de Relaciones Sindicales del gobierno y, como tal, responsable directo de la represión contra el movimiento asambleario de trabajadores, dice: “La izquierda es la que enarbola la bandera de la democracia. Nosotros nos limitamos a traerla.” Es decir, el 3 de marzo de 1976 era su forma de traer la democracia y definía qué tipo de democracia se gestaba desde el poder en la Transición que entonces comenzaba.
En enero ya miles de trabajadores y trabajadoras habían iniciado en Vitoria una huelga contra el decreto de topes salariales y las malas condiciones de trabajo. El 3 de marzo se convocó por tercera vez una huelga general, que fue seguida masivamente. Era una movilización de los trabajadores en su conjunto, principalmente fábricas del metal, pero también empresas de construcción, de artes gráficas, de la madera, etc.
Las reivindicaciones eran básicas:
También se pedía, en algunas empresas, la jubilación a los 60 años y cobrar el 100% del salario en caso de enfermedad.
Hay que recordar que por entonces el aumento en la carestía de la vida era galopante. En 1975 la inflación media anual fue del 17%, y en diciembre de 1976 la inflación interanual alcanzó el 20%.
Y, sobre todo, los trabajadores empezaron a socavar uno de los pilares de la dictadura: el sindicato vertical. Los trabajadores elegidos en asamblea asumieron el derecho a negociar las reivindicaciones de todos sus compañeros. Muchas empresas optaron por el cierre patronal, porque sólo querían negociar con los delegados del Sindicato Vertical. Muchos de los trabajadores elegidos por la asamblea para negociar fueron despedidos de inmediato, y no pocos perseguidos por la policía. Así, una nueva reivindicación se unió a las anteriormente expuestas: la readmisión de los despedidos.
La Huelga se generalizó en toda Vitoria. Por las mañanas se hacían las asambleas en cada fábrica y por la tarde se organizaban asambleas generales en las que se planificaba su mantenimiento y extensión. La mayoría de las veces, después de la asamblea general, se hacía una manifestación. La organización de una fuerte caja de resistencia supuso un gran acierto para sostener las luchas y paliar las necesidades más urgentes de los huelguistas y sus familias.
Miles de mujeres participaron en las movilizaciones previas, participando en las huelgas, acudiendo a las manifestaciones, organizando las cajas de resistencia, realizando actividades de propaganda, boicots, etc.
La movilización de los trabajadores en todo el Estado era muy extensa. Sólo en Madrid los trabajadores en lucha, mediante la huelga (que por entonces estaba prohibida y era objeto de persecución policial y castigada con cárcel), en diciembre de 1975, eran 150.000. En enero de 1976 ya eran 400.000. A lo largo de 1976, dos de cada tres trabajadores participaron en alguna huelga.
En Vitoria esta situación se mantuvo desde los primeros días de enero hasta el fatídico 3 de marzo, donde se impuso de manera criminal la represión y la necesidad para el régimen monárquico de acabar a sangre y fuego con aquella movilización obrera. En palabras de Fraga: “ Aquello de Vitoria había que aplastarlo, porque estaba dirigido por dirigentes que manipulaban a la clase trabajadora y eran pequeños soviets que se estaban gestando y había que extinguirlos.”
Por lo tanto podemos afirmar que las luchas de aquellos días en Vitoria eran en reivindicación de mejoras concretas en cada una de las fábricas, en repulsa de la dictadura franquista, y en defensa de métodos de organización sindical basados más en la asamblea de los trabajadores que en la burocracia sindical.
Tras la masacre del 3 de marzo, muchos de los integrantes de las comisiones representativas, fueron detenidos y encarcelados. Salieron de la cárcel cinco meses después, con la primera amnistía. Los convenios de los siguientes años fueron los mejores convenios de la clase obrera en Vitoria.
En 2014, Andoni Txasco, portavoz de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo y uno de los damnificados por la represión de aquellos días, interpuso una querella criminal ante la justicia argentina, y solicitó el enjuiciamiento de algunos de los culpables de aquella matanza. Días después, la jueza María Servini emitía una orden de detención internacional contra Rodolfo Martín Villa, entonces Ministro de Relaciones Sindicales, contra Alfonso Osorio, ministro de la presidencia, y contra Jesús Quintana, jefe de la Policía Armada en Vitoria.
Estos días, 42 años después, seguimos exigiendo justicia, y luchamos por todos los medios para acabar con la impunidad de los responsables de la dictadura franquista. El recuerdo de los cinco compañeros asesinados aquel 3 de marzo de 1976 es un acicate más para perseverar en nuestro objetivo de llevar ante la justicia a los criminales responsables.
A la vez, el estudio y análisis de lo ocurrido aquellos días, puede ayudarnos a reflexionar sobre cómo afrontar muchos de los problemas que los trabajadores tienen en estos momentos, y sobre la forma de abordar la lucha para conseguir mejorar sustancialmente nuestras condiciones de vida
Público
Con la victoria franquista la situación de la mujer sufrió una represión que hoy continuamos padeciendo.
Hoy las mujeres siguen luchando por sus derechos.
En el artículo de Público nos acerca a varias mujeres que representan la represión.
http://www.publico.es/politica/resistencia-rojas-enfermas-pecadoras.html
La resistencia al régimen de Franco no se puede entender sin el rol de la mujer. Sin mujeres que, en el punto de mira del dictador por su ideología y por su género, lucharon para sacar adelante a sus familias con sus hombres fusilados, encerrados o desaparecidos o que lucharon en el tardofranquismo contra el patriarcado de la dictadura .
ALEJANDRO TORRÚS (HIJO DE ENCARNITA LÓPEZ)
Juliana Cortés tenía 64 años en 1947. Lo peor de la Guerra Civil y la eterna posguerra, dicen los libros, ya había terminado. Pero para ella no. Ni para su familia. Su hijo era un republicano huido en los montes de Escañuela (Jaén), y los falangistas y Guardia Civil la atacaban y humillaban para que el maqui apareciera.
A Dolores Martínez la condenaron a muerte en 1941 por ser una “mal bicho procaz”.
Enriqueta Martín, bisabuela del que escribe, tenía que andar 34 kilómetros, el camino de ida y vuelta hasta el pueblo vecino, para introducir tabaco, harina y aceite en su pequeño pueblo de Granada. Tenía 3 hijas y un hijo con ella. Su marido y otros dos hijos desaparecieron cuando llegaron los falangistas al pueblo. Era 1937. Nunca más se volvió a saber de ellos.
Rosa Cañadas, con apenas 20 años, tuvo que limpiar casas, picar piedra y coser pantalones, entre otras funciones, para sacar adelante a una familia de cinco hermanos cuyo padre, alcalde de Guadalajara durante la República, había sido fusilado y todas sus pertenencias requisadas.
Bando del comandante militar de Fuente de Cantos (Badajoz). Cedido por Pura Sánchez
Son historias reales. Con nombres reales y sufrimientos reales. Sucedieron no hace tanto tiempo en este país. En este Estado. Quizá al lector o lectora no le suenan. Es posible. Ni su sufrimiento ni su dolor ni su lucha cotidiana. La de todos los días. Mujeres silenciadas por la dictadura, por la democracia enferma de amnesia y por una izquierda que durante demasiados años ensalzó a maquis y a luchadores antifranquistas, mientras se olvidaba de ellas, ciudadanas que hicieron posible que el guerrillero siguiera vivo. El 50% imprescindible. El que lo sostiene todo en silencio.
Hasta ahora llevamos solo cuatro casos. Cuatro mujeres que estuvieron en el punto de mira del régimen por su ideología y por su género. Cuatro mujeres que tuvieron que sacar adelante a sus familias con una mano delante y otra detrás o que se jugaron su vida y su juventud por la democracia que hoy disfrutamos. Sus hombres habían sido fusilados, encerrados o desaparecidos. Heroínas desconocidas que mantuvieron vivo el recuerdo de la lucha, que lucharon, y que a base de trabajo, sacrificio y agallas sacaron adelante a sus familias. Mujeres que en la lucha por la justicia y la igualdad vieron como falangistas y guardias civiles asesinaban a sus seres queridos en nombre de Dios y de España.
Mujeres silenciadas por la dictadura, por la democracia enferma de amnesia y por una izquierda no libre de machismo
Emilia es la hermana de Rosa Cañadas. Cuando conversó con este periodista, hace ya algún tiempo, sumaba 84 años. Tenía tan solo 8 cuando vivió el fusilamiento de su padre, Antonio Cañadas, alcalde de Izquierda Republicana de Guadalajara. Eso no se olvida en la vida. Te marca. Emilia tenía edad de jugar, de formarse, de aprender, pero hombres con cruficijo al pecho habían decidido que para ella solo había infierno en la tierra.
“Mi infancia fue una lucha por sacar adelante a mis hermanos. La juventud, otra lucha para alimentar a mis hijos y ahora, ya jubilada, mi obligación es morir luchando. No tengo otra misión en esta vida. Siempre me he sentido feminista, revolucionaria y comunista. Con 14 años entré a una fábrica y allí sentí la opresión del trabajador. Después pasé a trabajar en una oficina de seguros y jamás logré entender por qué cobraba menos que mi compañero hombre”, relató Emilia a Público.
La República significó para la mujer el inicio de la conquista del espacio público. El avance fue tímido y no se puede decir fácil. Una mayoría política de izquierdas no implica necesariamente una mayoría no machista. Pero se dieron pasos adelante. Algunos casi de gigante. Clara Campoamor, en nombre de cientos de mujeres sufragistas, consiguió que las Cortes aprobaran el derecho a voto de la mujer. Pero no sólo. Las mujeres también accedieron a la educación en igualdad de condiciones legales. Se desarrolló el magisterio femenino. Se aprobó el divorcio y se llegó a despenalizar el aborto durante la Guerra, con una ministra de Sanidad como Federica Monseny. Sus organizaciones se extendieron por casi todo el territorio.
Emilia Cañadas
Pero llegó la Guerra, los requetés, las sotanas con pistolas en el fajo y los camisas azules. Militares fascistas y nazis. Bombas de artillería y aceite de ricino. La represión de la mujer en la dictadura franquista, cuenta Pura Sánchez, autora del libro Mujeres de dudosa moral, fue doble. Primero, por “rojas” y, segundo, por “liberadas”. O al revés. Lo mismo da. El castigo y la represión también fue doble. Incluso triple.
Por una parte, las mujeres fueron juzgadas y condenadas por tribunales militares por delitos de auxilio, incitación o excitación a la rebelión. Es decir, por rojas. Por otro lado, también sufrieron la condena social. La reclusión permanente en su propia hogar, en su interior. El renuncio a su propia vida, a su cuerpo, a su libertad. La mujer fue condenada a la reclusión en el espacio doméstico y al abandono de los espacios públicos, que quedaba reservado única y exclusivamente para los hombres. Pero hay más castigos.
“Mi obligación, a pesar de mi edad, es morir luchando. No tengo otra misión en esta vida”
“Hay un tercer tipo de represión extremadamente violento y arbitrario que tenía un fuerte carácter ejemplificador. Consistía en llegar al pueblo recién conquistado por el bando franquista, escoger a un grupito de mujeres, afeitarles la cabeza, hacerles beber aceite de ricino y exponerlas a la vergüenza pública. Las demás ya sabían a qué se arriesgaban si decidían desobedecer”, explica Pura Sánchez, que añade que la mujer fue utilizada durante la Guerra Civil como un “botín de guerra”. “El cuerpo femenino sirvió para evidenciar el poder de los hombres”, sentencia Sánchez.
La explicación histórica de Pura Sánchez encuentra su ejemplo humano en el caso Juliana Cortés, una mujer de Escañuela (Jaén) a la que pelaron dos veces, una al terminar la guerra y otra un poco después, cuando ya le había crecido el pelo y fue un día a por agua con tan mala suerte que se encontró a “una mujer de derechas, que avisó de nuevo a los falangistas”. Juliana se había atrevido a dejarse ver por el pueblo y eso tenía que ser castigado.
Mujeres rapadas durante la Guerra Civil.
“A mi madre y a nueve mujeres más del pueblo las pelaron. A mi madre no la pasearon, pero a las otras sí. Con tambores por la calle. Fue a finales de abril del 39. Fueron a buscarlas los falangistas, que eran del pueblo. Las pelaron en la cárcel y en la casa de Falange les dieron aceite de ricino. La gente, los de derechas, iban a mirar, los niños y los más mayorcitos iban detrás. Las mujeres de nuestra clase no fueron a ver el desfile, pero las otras sí”, recordaba para Público María González, hija de Juliana.
La vida de María, no obstante, no ha sido más fácil que la de su madre. Cuando estalló la Guerra Civil, María tenía 17 años. Día sí y día también acudía a prisión a dar la comida que no tenía a uno de sus hermanos, que permanecía encarcelado. En esa celda llena de miseria y horror también estaba Joaquín Pérez Sicilia, un republicano con el que a la postre María tendrían ocho hijos.
Su padre había muerto poco antes del inicio del conflicto. Un hermano permaneció encarcelado durante años, otro fue fusilado en noviembre de 1939 y el otro, Adriano, huyó a la sierra para no correr la misma suerte. “Con nosotros, el régimen se encabronó sobremanera”, resume María, que no encuentra en la biografía familiar pecado que mereciera semejante castigo.
Picaron piedra. Muchísima. Limpiaron. Tejieron. Y en 1947 María y su marido decidieron emigrar a Madrid. Su hermano, el maqui, permanecía huido en la sierra. No sabía nada de él, pero por desgracia para ella y los suyos sí que supieron de la Guardia Civil. Agentes de la benemérita se presentaron en su casa y se llevaron preso a Joaquín, su marido. La consigna era clara. Si quería recuperar la libertad, el maqui tenía que aparecer. Al día siguiente, María fue a ver a la prisión con ropa y comida para su marido. Llevaba a su hijo de 17 meses en brazos y otro creciendo en sus mismas entrañas. Pero también fue apresada.
María pasó dos días y una noche en el cuartel de Vallehermoso. Le pegaron varias veces con un vergajo para quitarle al niño. Resistió.
María pasó dos días y una noche en el cuartel de Vallehermoso. Le pegaron varias veces con un vergajo para quitarle al niño. Resistió. Paralelamente, su madre, Juliana Cortés, también era encarcelada. Fue golpeada hasta la saciedad. La metieron en una poza con el agua hasta las rodillas para que confesara. Pero nadie sabía dónde estaba Adriano, el maqui. Y si Juliana lo sabía, seguramente hubiese preferido su propia muerte antes que dar el soplo. Hasta cinco miembros de esta familia llegaron a estar procesados por esta causa. Uno fue fusilado; María, Joaquín y Juliana fueron condenados a seis años de cárcel. Miguel, que vivió la Guerra Civil encarcelado, fue condenado a 20.
María recuerda, como si fuera ayer, el día del juicio: “Se celebró en una sala enorme, como un pabellón de deportes. Juzgaron de una vez a unas 300 personas. Estaban unos sentados en bancos y otros de pie. Levantaban la mano conforme eran nombrados. Entramos todos a la sala como una manada de cerdos. Serían las nueve de la mañana. A las dos de la tarde ya estaba todo el mundo fuera. Todo estaba escrito ya”, recuerda María, que dio a luz a su segundo hijo en la misma prisión donde cumplía condena.
Después de su etapa carcelaria volvió a Madrid. Se instaló en una chabola con su marido y sus hijos. Consiguió un trabajo de limpiadora en el Ejército del Aire, ese edificio monstruoso que hoy se levanta en Moncloa (Madrid). Tras 20 años arrodillada limpiando suelos, consiguió los ahorros necesarios para comprar un piso en un barrio obrero de la capital.
La dictadura exigió a las mujeres un exceso de virtud que encarnara un modelo de decencia y castidad que limpiara la degradación moral republicana. Sobre ellas recayó la responsabilidad de “regenerar la patria”. Catalogadas como individuas de dudosa moral, su acceso a la ciudadanía fue castigado ejemplarmente durante la dictadura a través de cárcel, violencia, exilio, silencio o uniformidad.
A Dolores Martínez la condenaron a muerte en 1941 por ser una “mal bicho procaz”.
“Las mujeres pueden considerarse como el eje de la dictadura de Franco. A pesar de ser una dictadura paternalista recae sobre ellas el peso de ser una especie de ‘superwoman’ capaz de hacerlo todo: cuidar a los hijos, atender al marido, llevar la casa, ser buena cristiana y conocer la doctrina franquista”, analiza la investigadora María Rosón, investigadora social y comisaría de la exposición Mujeres bajo sospecha. Memoria y sexualidad (1930-1980)
Sin embargo, el principal objetivo para cientos de miles de mujeres pasó a ser la supervivencia, o mejor dicho, la resistencia. En la medida en la que ellas pudieran resistir, también podrían hacerlo sus familias. Debían reconstruir la cotidianidad destruida, “rehacer un hogar en las condiciones que fuera desde las cenizas de la Guerra”, asevera Pura Sánchez.
Francisca Gámez dio su testimonio a Público en 2013. Entonces tenía 91 años y una única pena en el cuerpo: “No me quiero morir sin que los jóvenes sepan todo lo que hemos luchado para tener una democracia en este país. Aunque ahora la quieran destruir. Deben saber cuánto nos ha costado llegar hasta aquí”, contó a Público Francisca, que para aliviar esta pena decidió apuntarse a una escuela de mayores y aprender a leer y a escribir: “He hecho poesías de todo lo que he vivido. Si no me escuchan hablando, que me escuchen recitando”.
“Durante la Guerra sabías que luchabas por la libertad. Una vez terminada, no había nada. Ni comida ni futuro ni libertad”
El padre de Francisca, guardia civil durante la II República, fue condenado a muerte por mantenerse leal a la República. La pena fue conmutada a 30 años de prisión. Francisca recuerda cómo llevaba ropa y comida a su padre en una cesta y el falso fondo de unas zapatillas con las que intercambiaba cartas con su padre. Tenía 16 años, pero debía comportarse como una adulta: “No me daba cuenta del peligro que corría. Cuando eres joven todo lo ves más normal. Ahí dentro morían como chinches: unos por enfermedades y otros fusilados durante la madrugada”.
Lo más duro para Francisca y para miles de mujeres estaba por llegar. “Durante la Guerra sabías que luchabas por la libertad. Una vez terminada, no había nada. Ni comida ni futuro ni libertad. La miseria nos comía por todos lados y vi a mi abuela morir de hambre”, señala esta mujer, a quien la Guerra le había quitado a un hermano, fusilado, y a su padre, preso durante décadas.
Concha Martín, vecina de una pequeña localidad de Granada, también quiso aprender a leer y a escribir en su jubilación. Como en el caso de Francisca, antes había sido imposible. A Concha, sin embargo, no le gusta escribir la historia de su familia. Prefiere escribir de amor, aunque no olvida ni por un segundo su pasado. “Mi padre está en un monte perdido por ser de izquierdas y eso no lo voy a olvidar mientras viva”, asevera.
Concha, que es mi tía abuela, es el vivo ejemplo de una mujer a la que nada ni nadie le ha borrado la sonrisa de la cara. Concha sonríe hasta cuando llora. Sonríe mientras narra cómo los “señoritos del pueblo” vinieron a buscar a su padre para ajusticiarle. Era “el 2 de marzo del 37”. Él no estaba entonces en casa. Era pastor y andaba con sus cabras. Cuando regresó decidió huir junto a sus dos hijos varones. “Me voy. A ver si me salvo”, dijo. José, que así se llamaba su padre, murió congelado en la sierra, según contó un vecino del pueblo que sí consiguió regresar. De sus dos hermanos nunca más se supo. Concha, como el resto de la familia, ha envejecido con la ilusión de que algún día sonara el timbre y que, por fin, pudieran estar todos juntos. “¿Qué daño habían hecho?”, se pregunta Concha, en un tono que mezcla la rabia y el amor profundo por sus hermanos.
Enriqueta y José
Los falangistas, que eran de un pueblo cercano, volvieron pocos días después buscando a la madre de Concha, Enriqueta que es mi bisabuela. “¡Enriqueta!”, gritaban desde las calles. Ella se escondió. Sabía que la buscarían. Sin embargo, fue otra vecina, de nombre Enriqueta pero de “derechas”, la que se asomó al portal a ver qué pasaba. Nadie la reconoció y fue rapada. Cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. La Enriqueta de izquierdas, la matrona de esta diminuta localidad granadina, se había librado de la humillación.
Con el marido muerto y dos hijos desaparecidos, Enriqueta la matrona tuvo que sacar adelante a sus otros cuatro hijos. La consigna de partida estaba clara: “Nunca serviremos en casa de ningún señorito”, repetía esta mujer. Y así fue. Enriqueta y Concha, madre e hija, realizaban casi semanalmente un trayecto de 34 kilómetros para traer tabaco, harina y aceite de estraperlo. 20 kilos a cuestas. El tabaco y el aceite lo vendían. Con la harina hacían pan. Concha apenas tenía 6 años.
Las hermanas de Concha, que eran Encarna y Manuela, mi yaya, trabajaban en casa cosiendo pantalones, cocinando pan o con cualquier otra labor. La que tocara ese día con tal de ganar un par de reales. También cuidaban de Miguel, el pequeño de los hermanos, quien pronto también tuvo que empezar a trabajar. “Dicen que ahora están mal los tiempos, pero es que lo de antes no tiene nombre. Cada día era una lucha por la supervivencia. Cuando te ibas a la cama no sabías qué desgracia podía pasar mañana”, asegura Concha.
“Cada día era una lucha por la supervivencia. Cuando te ibas a la cama no sabías qué desgracia podía pasar mañana”, asegura Concha
El recuerdo de lo vivido, la dureza de la dictadura y la seguridad de que la democracia sólo es viable a través de la redistribución democrática de la riqueza hizo de Concha y de sus hermanas unas mujeres de fuertes convicciones progresistas. Ninguna de las tres aceptó jamás que un partido cuyo fundador provenía del régimen franquista, como Manuel Fraga, pudiera defender jamás los intereses del pueblo.
Ahora, tras una vida de incansable lucha, Concha pasa las tardes devorando novelas de amor y escribiendo algunos versos. Con la literatura imagina vidas e historias que ella nunca pudo vivir. No la dejaron. Señoritos, curas, terratenientes y hombres poderosos se levantaron en armas contra la II República, contra la libertad de las mujeres, contra la democracia. “El único futuro viable pasa por que se haga justicia de una vez por todas. Justicia con el pueblo y justicia para los que nos han estado robando tantos años”, sentencia Concha.
La represión contra la mujeres no se limitó a la Guerra y a la posguerra. La represión tuvo continuidad durante toda la dictadura, pese a que los organismos que la ejercían se fueran transformando durante la dictadura. Desde el inicio de la dictadura, las mujeres fueron privadas de sus derechos civiles fundamentales. El régimen las resituó en los roles tradicionales de madre y esposa.
Felisa Echegoyen, con la querella interpuesta contra Billy el Niño. / CEAQUA
El Código Civil asignaba la jefatura familiar al marido, que ejercía la potestad no solo sobre los hijos sino también sobre la mujer, que quedaba incapacitada exactamente igual que los menores o discapacitados psíquicos. Tal y como recoge la obra Verdugos impunes, el Código Penal también castigaba a la mujer adúltera y exoneraba al marido, a no ser que viviese amancebado o protagonizase un escándalo público. También se prohibía el aborto y el acceso a los anticonceptivos. El Código de Comercio también estableció la obligatoriedad, salvo excepciones, del permiso marital para que las mujeres casadas pudieran ejercer una actividad comercial y la legislación laboral expulsaba a mujeres de fábricas y talleres y establecía un permiso del marido para que la mujer pudiera firmar un contrato laboral.
La represión contra las mujeres continuó, por tanto, hasta el último día de la dictadura. En el tardofranquismo, como en los primeros días de la dictadura, la trasgresión de las mujeres que se implicaron en la oposición política no solo era de carácter político. También lo era de género. Las mujeres que participaban en la lucha antifranquista eran descalificadas en términos morales, con frecuentes alusiones a su vida sexual, a menudo equiparándolas con prostitutas.
“Billy el Niño no soportaba que una mujer no se doblegara a su voluntad ni siquiera por la fuerza. Me decía que era una puta… que éramos todas unas guarras”
Resulta habitual, de hecho, que en los interrogatorios policiales de la policía política franquista, la Brigada Político Social, se realizaran preguntas sobre su vida privada, sobre con quién vivían, si tenían novio, sobre si realizaban correctamente el trabajo doméstico o sobre las relaciones sexuales que mantenían. Interrogatorios como los que sufrieron Rosa María García, ex miembro de base del FRAP y Felisa Echegoyen, que militaba en la Liga Comunista Revolucionaria.
Sus testimonios muestran cómo las técnicas de torturadores profesionales como Antonio González Pacheco, policía de la Brigada Político y Social franquista, se adaptaban al género de las y los interrogados presos. “Billy el Niño no soportaba que una mujer no se doblegara a su voluntad ni siquiera por la fuerza. Me decía que era una puta, que mi marido me la estaba pegando, que no servía para nada… que éramos todas unas guarras“, relata Felisa. Rosa María también recuerda cómo la primera amenaza que recibió, el día que la detuvieron por su militancia política, fue que la iban a violar.
También el testimonio de la luchadora antifranquista Lidia Falcón. La fundadora del Partido Feminista explicó a Público cómo el torturador Billy el Niño se cebó a golpes en su abdomen mientras le gritaba: “Ya no parirás más, puta“. Falcón tuvo que operarse hasta en cinco ocasiones para tratar de paliar las consecuencias de aquellas torturas en hombros, estómago y matriz.
Estas actitudes del torturador encajaban en un régimen que construyó un ideal de mujer que debía regirse por “la moral católica más intransigente”. La mujer ideal del franquismo, según asevera la catedrática Raquel Osborne, se construyó entorno a la ideal del pecado. “Su actitud debía regirse por la moral católica más intransigente”, explica Osborne.
Fueron rojas, enfermas y pecadoras para el franquismo. Amas de casa sin más para gran parte de la sociedad. Ahora son las precursoras de un feminismo que ha conquistado la calle. Referentes de una sociedad que no puede continuar sin el 50% imprescindible. Ese que lo ha sostenido todo en silencio y que ya nunca más permanecerá callado.
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CeAqua
COMUNICADO DE PRENSA
ANTE LA INADMISIÓN DE LAS QUERELLAS
CRIMINALES INTERPUESTAS POR ÁNGELA GUTIÉRREZ Y
JOSÉ MARÍA GALANTE CONTRA ANTONIO GONZÁLEZ
PACHECO, ALIAS “BILLY EL NIÑO” Y OTROS
El Juzgado de Instrucción n.º 17 de Madrid ha dictado un Auto, de fecha 23 de febrero de
2018, por medio del cual dispone no admitir a trámite la querella interpuesta por Ángela Gutiérrez,
contra el conocido torturador Antonio González Pacheco, alias ‘Billy El Niño’ –entre otros-, por
delitos de tortura en un contexto de crímenes contra la humanidad cometidos en 1973, esto es, en
plena dictadura franquista.
De igual forma, el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid ha dictado Auto de fecha 28
de febrero de 2018 por medio del cual dispone también no admitir a trámite la querella criminal
interpuesta por José María –Chato- Galante, por delitos de tortura en un contexto de crímenes
contra la humanidad cometidos entre 1969 y 1973. Esta querella también se dirigía contra Antonio
González Pacheco y otros miembros de la Brigada Político Social franquista.
Los hechos que fueron denunciados en ambas querellas constituyen una gravísima violación
punible de derechos humanos. Nos encontramos ante crímenes aberrantes, pretendiendo los
Juzgadores de instancia, Dña. Mónica Aguirre de la Cuesta –Juzgado de Instrucción número 27 de
Madrid- y D. Pedro Antonio Domínguez Morales –Juzgado de Instrucción nº 29 de Madrid-, que los
mismos queden en la más absoluta impunidad.
Nos encontramos ante delitos de torturas y lesiones cometidos en un contexto de crímenes
contra la humanidad, por cuanto que la dictadura franquista planificó y organizó un ataque
sistemático y generalizado contra todas aquellas personas que se oponían al propio régimen
dictatorial, tal y como se acreditó por medio del correspondiente informe pericial que se acompañó
a ambas querellas criminales.
Pero, es más, debemos recordar que las detenciones y subsiguientes torturas sufridas por
Ángela Gutiérrez se caracterizaron por la violencia particularizada que sufrían las mujeres que
ejercían dicha oposición política.
Ambos Autos, para decretar la inadmisión a trámite de las querellas interpuestas invocan la
prescripción de los delitos dada la fecha en la que se produjeron los hechos objeto de denuncia.
Una vez más, nos encontramos ante sendas resoluciones judiciales que no son conformes al
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al Derecho Penal Internacional, a los
pronunciamientos dictados por Tribunales supranacionales, a los informes, recomendaciones y
dictámenes emitidos en esta materia por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
y a nuestro propia norma constitucional. Sorprende además el seguidismo que la Juez Dña. Mónica
Aguirre de la Cuesta realiza en relación con el informe emitido por Fiscalía que actúa, en estos
casos, como una simple correa de transmisión de los criterios del Gobierno español en esta materia.
Los crímenes contra la humanidad son inamnistiables e imprescriptibles de acuerdo con la
normativa internacional aplicable, normativa que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico
interno de conformidad con lo establecido en los artículos 96 y 10.2 de la Constitución española.
Así, ambos Juzgados de Instrucción incumplen, como agentes del Estado, con las
obligaciones contraídas en la materia; ignora y violenta gravemente los derechos que asisten a
Angela Gutiérrez y José María Galante, generándoles una gravísima indefensión impropia de un
Estado democrático.
Los Autos serán recurridos y agotaremos todas las vías judiciales, incluidas las
internacionales, hasta que a las víctimas de la dictadura franquista les sean reconocidos los derechos
que les asisten.
Por último, hoy más que nunca, debemos expresar la necesidad de que las diferentes
instancias judiciales respeten y apliquen de forma efectiva el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Comunicado CeAqua inadmisión querellas
Público
Mientras, la dotación económica para subvenciones que ayuden a las exhumaciones de las fosas en España desde la entrada del PP al gobierno es 0 euros
El traslado de los restos a España se realiza en aviones civiles y el coste corre a cargo de Defensa, que cuantifica en 800 euros el coste medio por cada una de las repatriaciones
El Ministerio de Defensa ha destinado un total de 23.300 euros desde el año 2003 para la repatriación de los restos de 29 miembros de la División Azul que luchó junto a los nazis contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, según ha informado a Europa Press.
A través de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra (DIAPER), el Ministerio de Defensa colabora en las repatriaciones en virtud de un convenio suscrito con Alemania en el año 1995 y que fue ratificado por el exministro Pedro Morenés en 2015.
La búsqueda de los restos se hace a través de la asociación alemana Wolksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, que cuenta con la autorización para buscar en Rusia la ubicación de los muertos de la División Azul durante la II Guerra Mundial. El proceso lo inician las familias, que se ponen en contacto con la Diaper. Este organismo del Ejército de Tierra traslada la petición a la asociación alemana y, cuando los restos son localizados, el consulado es el que se encarga de los trámites de repatriación.
El traslado de los restos a España se realiza en aviones civiles y el coste corre a cargo de Defensa, que cuantifica en 800 euros el coste medio por cada una de las repatriaciones. Esto suma un montante de 23.200 euros desde el año 2003 en 29 repatriaciones. El pasado 2017 fueron trasladados a España los restos mortales de tres soldados españoles que lucharon contra el frente ruso del este. En 2016 se realizaron cinco repatriaciones, otras cinco en 2013, dos en 2010, diez en 2007 y cuatro en 2003.
Mientras Defensa ha realizado dichos gastos desde 2003, excusa en la falta de presupuesto su veto para reformar la Ley de Memoria Histórica que propone el PSOE.
Precisamente este jueves, el diputado del PSOE Odón Elorza ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida al Ejecutivo para que explique por escrito “desde cuándo el Gobierno viene colaborando con las exhumaciones de los cuerpos de españoles pertenecientes a la División Azul que murieron en Rusia o Alemania para la repatriación de sus restos a España”. En su iniciativa, Elorza sugiere también la necesidad de promover una operación similar “para colaborar en la exhumación de los restos de miles de republicanos desaparecidos que aún permanecen sin identificar en las cunetas y fosas comunes por toda España”.
En este sentido, aclara que para el PSOE “no es censurable” que el Estado colabore en la repatriación de restos de miembros de la División Azul “siempre y cuando por razones legales y de coherencia se atiendan también las peticiones de familiares y colectivos” que desde 2012 reclaman al Gobierno que cumple la ley vigente de Memoria Histórica, que contempla ayudas para exhumaciones.
Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha lamentado “la doble moral del Gobierno con la que Rajoy presume de dedicar cero euros a la memoria histórica pero sí tiene presupuesto para ayudar a las familias de los muertos de la División Azul que se incrustaron en el ejército nazi para que el dictador Francisco Franco le devolviera a su socio, Adolf Hitler, los favores que el creador del nazismo les había hecho a los militares fascistas españoles que asaltaron violentamente el poder con ayuda de la Alemania y la Italia fascistas en 1936”.
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Eitb.es
Se han celebrado diferentes actos para denunciar lo ocurrido el 3 de marzo de 1976 en la capital alavesa. La Asociación de Víctimas del 3 de Marzo ha convocado una manifestación para esta tarde
EH Bildu, PSE-EE y varios sindicatos han rendido hoy, por separado, sendos homenajes a los cinco trabajadores fallecidos en Vitoria-Gasteiz en una carga policial el 3 de marzo de 1976 y han colocado sus respectivas ofrendas florales en el monolito que recuerda a las víctimas de esta matanza.
Hoy se cumple el 42 aniversario de la disolución por parte de la Policía de una asamblea de trabajadores en la iglesia de San Francisco del barrio de Zaramaga de la capital alavesa que terminó con más de un centenar de heridos y cinco muertos a tiros: Pedro Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda.
En la manifestación convocada para esta tarde por la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo y los sindicatos ELA, ESK, LAB y Steilas se ha cedido la cabecera de la marcha a colectivos de mujeres como un guiño de apoyo a las movilizaciones convocadas por el movimiento feminista el 8 de marzo.
Además, en este aniversario la Asociación 3 de Marzo, una vez agotada la vía judicial en España dado que varios tribunales han archivado las denuncias interpuestas por presuntos delitos de genocidio o de lesa humanidad al estimar que han prescrito porque no estaban contemplados en la legislación vigente en 1976, está estudiando la manera de acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Para ello cuenta con el apoyo de la Diputación del Álava, las Juntas Generales del territorio y el Ayuntamiento de Vitoria.
En el convocado por EH Bildu, en el que han participado familiares de los obreros fallecidos, la portavoz de la coalición en el Ayuntamiento de Vitoria y parlamentaria vasca, Miren Larrion, ha reclamado verdad, justicia y reparación para las víctimas, algo que, según ha lamentado, 42 años después aún no se ha producido.
También la secretaria general de los socialistas alaveses, Cristina González, acompañada de varias personas que participaron el día de la matanza en la asamblea, ha depositado en otro acto un ramo de flores junto al monolito.
González ha señalado que las víctimas del 3 de marzo perdieron su vida por defender los derechos de los trabajadores y ha aprovechado la ocasión para exigir la derogación de la reforma laboral y la recuperación del poder adquisitivo de los pensionistas.
Asimismo, los sindicatos LAB, UGT y CCOO han homenajeado en el mismo lugar a las víctimas, cada uno en propio acto.
Víctimas del Terrorismo
El alcalde de Vitoria Gorka Urtaran anunció ayer que pedirá al patronato de la Fundación para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo que el Centro Memorial que albergará la ciudad incluya a las víctimas de la carga policial del 3 de marzo.
Urtaran defendió esta medida ayer en una rueda de prensa en la que recordó que “todas las víctimas merecen el mismo trato” y apostó por trasladar esta propuesta al Gobierno de España en la próxima reunión del patronato de la fundación, en el que está integrado el consistorio vitoriano.
El alcalde recordó que hoy se celebrarán diferentes actos con motivo del 42 aniversario de estos asesinatos, incluida una recepción oficial, e insitió en la necesidad de visibilizar aquellos hechos “para que la sociedad no olvide lo sucedido” y se “repare la dignidad” de los cinco asesinados y los heridos en la carga.
La petición de Urtaran incidirá en que se haga “un trabajo de memoria más compartida, de tal manera que las víctimas del 3 de marzo también puedan tener cabida en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo”.
“Es indispensable que podamos contar en Vitoria con un espacio físico para que las víctimas del 3 de marzo puedan ser reconocidas como víctimas y tengan el mismo trato y reconocimiento que las del terrorismo”, ha agregado el alcalde, que ha adelantado que en caso de que no se tenga en cuenta la propuesta “se trabajará junto con el Instituto Gogora para crear un espacio propio en la ciudad”.
Los dias 6, 14, 20 y 27 de marzo se proyectara en el Artístic Metropol de Madrid en sesiones de las 19.30 horas.
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CeAqua
Desde los colectivos integrantes de CeAqua continuamos exigiendo justicia.
Se han presentado dos nuevas querellas contra el policía Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, por encabezar el grupo de policías de la brigada político social que torturó en Madrid a quienes luchaban contra la dictadura.
Hoy, 1 de marzo de 2018, Rosa María García Alcón y Javier Navascués Chivite han interpuestos sendas querellas contra el torturador Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño” en los Juzgados de instrucción de Plaza de Castilla.
Javier Navascués Chivite fue detenido en su casa en junio de 1973 junto a su mujer. En el registro de su casa encontraron un cuaderno con acuerdos llevados a cabo en reuniones de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR). Una vez trasladado a la Dirección General de Seguridad fue sometido a torturas y amenazas de torturas hacia su mujer por parte de la Brigada Político Social (BPS), también retenida sin tener relación alguna con las actividades realizadas por el denunciante.
A nuestro juicio, la BPS privaba de libertad a la mujer del detenido, con el objetivo de ejercer
presión sobre el mismo. Además, extendía los efectos del miedo que provoca la tortura sobre el núcleo familiar. Y, por último, cosificaba a la mujer, a la que privaba de libertad sin causa alguna, con la bochornosa connivencia de los Magistrados de los juzgados de Orden Público y del TOP.
La segunda circunstancia llamativa en este caso es se produjo una segunda detención con la finalidad de comprobar que los efectos intimidatorios de la primera persistían: se trataba de garantizar que el hoy querellante no había reanudado la acción política, en este sentido fue interrogado por Billy el Niño.
Fue puesto en libertad sin que se incoara ningún nuevo procedimiento contra él, tras agotar el plazo máximo de privación de libertad, 72 horas establecido tanto en el artículo 497 de la LECr como en el artículo 12 de la ley de Orden público de 1959.
Ha acudido a los juzgados acompañado de sus abogadas Alejandra Jacinto, Beatriz Duro, Alba Pérez y Begoña Lalana.
Rosa María García Alcón fue detenida en agosto de 1975, con 18 años, tras realizar unas pintadas a favor de la libertad de los presos políticos por policías de la Brigada Político Social y fue conducida a la Dirección General de Seguridad situada en la Puerta del Sol. Allí fue torturada por varios policías, entre ellos, González Pacheco. Le fue aplicada la Ley Antiterrorista, que no había sido aún aprobada y se le mantuvo 6 días incomunicada en los calabozos de la DGS. Debido al delito, la Justicia Militar se hizo cargo de ella, siendo interrogada en el despacho de Conesa.
El Comisario Antonio González Pacheco también la paseó por Madrid al objeto de que identificara pisos francos de su organización, poniéndola una pistola en la cabeza y amenazándola que si no cooperaba sería violada, asesinada y abandonada en la Casa de Campo.
El hecho de ser mujer era una referencia permanente por parte de sus torturadores, que le dedicaban frases como: “puta roja”, “guarra”, “que te acuestas con tu novio”, o “mira como le gusta enseñar las bragas”.
Las torturas sufridas la produjeron crisis de pánico, terrores nocturnos, ideaciones suicidas, a consecuencia de lo cual tuvo que abandonar Madrid y la carrera de medicina que cursaba.
El miedo ha marcado toda su vida.
Rosa María ha acudido a los juzgados con sus abogadas Nieves Sanz y Ángeles López.
Estas dos querellas muestran una vez más que durante la dictadura franquista se produjeron torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad, formando parte de la estrategia de terror y violencia impuesta contra todas las personas que disentían de la ideología triunfante en el estado español en aquella época.
El informe pericial que acompaña las querellas, elaborado por expertos de prestigio en la materia, señalan como durante la Guerra Civil española y los cuarenta años de dictadura subsiguiente, se cometieron violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos como consecuencia de la represión política, social y laboral llevada a cabo por los propios aparatos del régimen dictatorial franquista.
Hasta ahora, ni una sola de estas personas ha sido reparada por la justicia y ni uno solo de los responsables de tanto horror y dolor ha comparecido ante un juzgado o tribunal. Por eso, a pesar del archivo de la causa interpuesta por Felisa Echegoyen, desde CEAQUA seguimos impulsando acciones judiciales que pongan fin a más de 40 años de impunidad en España.
Esperamos que a esta iniciativa se sumen muchas más acciones tanto de otros querellantes como de los propios ayuntamientos que se comprometieron a interponer querellas criminales contra por los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista en sus municipios, entre ellos el Ayuntamiento de Madrid.
Nota de prensa Rosa y Navascués