el diario.es/Ana Sánchez Borroy
Entrevista a la investigadora Estefanía Langarita donde explica la terrible represión franquista
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ESTEFANÍA LANGARITA, INVESTIGADORA“La represión económica franquista sigue oculta”
Estefanía Langarita es investigadora de la Universidad de Zaragoza, coautora del trabajo ‘Pagar las culpas. La represión económica en Aragón’
“Fue un arma para la desposesión, el control social y el castigo colectivo de los vencidos”
“El afán represivo era tan grande que esos tribunales se vieron completamente desbordados por la avalancha de expedientes”
Estefanía Langarita es investigadora de la Universidad de Zaragoza, JUAN MANZANARA / ZARAGOZA
‘El reparto del botín. Represión económica en Huesca’ es el título de la conferencia que ha impartido en Huesca la historiadora Estefanía Langarita (Zaragoza, 1983), dentro del ciclo ‘Huesca, 1938-1978. Guerra, dictadura, democracia. La obligación de conocer (nos)’. Langarita presentaba las conclusiones de ‘Pagar las culpas. La represión económica en Aragón’, una investigación de Nacho Moreno, Irene Murillo y la propia Langarita, dentro del proyecto del gobierno de Aragón ‘Amarga Memoria’, coordinado por los profesores de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova y Ángela Cenarro. Como resultado de la investigación, se concluyó que 13.422 personas fueron víctimas de la represión económica en Aragón.
Cree que se ha restado importancia a la represión económica franquista?
La represión económica practicada por el ejército golpista y la dictadura franquista sigue estando oculta. En los últimos cinco o diez años, sí ha habido bastantes investigaciones, ha habido resultados en Aragón y en otras comunidades y se está avanzando mucho. Pero todavía es un tema desconocido en el debate público. Estoy convencida de que hay personas que desconocen que sus padres o sus abuelos perdieron bienes, tuvieron que pagar multas económicas… Por eso, es necesario seguir difundiendo los resultados.
¿Por qué cree que está oculta, frente a la información sobre las represiones físicas o las cárceles, que sí se ha difundido más?
Porque esa es la represión más descarnada, la que más queda en el imaginario: las muertes físicas, los fusilamientos, los asesinatos… Es comprensible y lógico que, en principio, en los primeros años 80 y 90, la atención se pusiera en los desaparecidos, fusilados… La investigación va avanzando y se va ampliando el foco de análisis porque la dictadura franquista impuso numerosos mecanismos punitivos y represivos: uno de ellos fue, por supuesto, la represión física, pero impuso más. Por ejemplo, hubo una
represión contra las mujeres con características muy específicas. Dentro de la trama punitiva de la represión económica, englobamos las multas, las incautaciones, los trabajos forzados, la purga política de cuerpos de funcionarios, maestros, correos… La represión económica tiene muchas vertientes.
¿Qué importancia tuvo la represión económica en la Guerra Civil y en la dictadura?
Desde el momento en que se produce el golpe de Estado, se producen detenciones, registros, torturas, asesinatos… A la vez que se producen estos asesinatos, sin ningún tipo de sumario, hubo también saqueos y pillajes. Fue desde las primeras jornadas, durante la etapa de terror caliente. Conforme avanza la guerra y los golpistas van ganando posiciones, se van a dotar de un marco normativo, contrario a cualquier garantía jurídica y procesal, por supuesto. En primer lugar, en septiembre del 36 se promulga el decreto 108, que declara fuera de la ley todas las agrupaciones y sindicatos del frente popular y ordena la incautación de todos sus bienes. Después, en enero de 1937, se promulga una ley que crea las comisiones provinciales de incautación de bienes. El colofón es que poco antes de acabar la guerra, en febrero de 1939, se promulga la llamada “Ley de responsabilidades políticas”, que imponía a quienes se habían opuesto al movimiento nacional sanciones económicas, además de otras penas accesorias como la inhabilitación laboral o el destierro. Por tanto, hay todo un recorrido para que los sublevados se amparen en un marco normativo, aunque sea completamente contrario a cualquier garantía y aunque conculque cualquier principio de un Estado de derecho. Fue un instrumento para el expolio institucional de los vencidos.
Además de empobrecer a los vencidos, ¿este expolio pudo ser incluso decisivo para la Guerra Civil y para el mantenimiento del régimen?
La ley de responsabilidades políticas no fue decisiva a nivel recaudatorio. En Aragón, sumando todos los montantes de las multas, se alcanzaron los 20 millones y medio de pesetas, pero sólo se recaudó alrededor del 20% de esa cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Investigando los procedimientos judiciales, vemos que las multas recaen sobre todo en el pueblo llano, en sectores populares, en los obreros… muchos apenas tenían bienes, con lo que no podían afrontar una multa. Los efectos no contables de la represión sí son muy duraderos, porque ser procesado por este tribunal de responsabilidades políticas te señalaba como enemigo del régimen. Pensemos en pueblos pequeños con el ambiente opresivo y asfixiante de posguerra. Pues bien, allí, en ese procedimiento, las autoridades locales, es decir, el cura, el alcalde, el jefe local de Falange y la Guardia Civil declaraban sobre tus antecedentes políticos y sociales y también llamaban a declarar a tres vecinos de probada adhesión al régimen. No cuesta imaginar la situación en la que quedaban las personas encausadas por esta ley de responsabilidades políticas: se veían señaladas, estigmatizadas y sometidas a un enjuiciamiento de sus actos y de sus actividades políticas previas: sobre si habían militado en partidos, en sindicatos, incluso en los informes aparecía si no iban a misa… Era un control absoluto. Entiendo que es un arma para la desposesión, pero también sirve para el control social y para el castigo colectivo de los vencidos. Con todo, también fue un instrumento de recaudación: una multa de 150 pesetas es aparentemente pequeña, pero no olvidemos que en esos años podía suponer un mes de jornal para una familia corriente. Además, la voluntad represiva se refleja en que se juzgaba
in absentia, con lo que se imponían multas a personas que estaban en el exilio, en prisión, desaparecidas o fusiladas. En esos casos, la pena recaía en sus familiares, con lo que eran las viudas, en muchos casos con hijos menores a su cargo, quienes tenían que hacerse responsables de esa multa y pagarla.
¿Qué pasaba cuando alguien no podía pagar?
Eso también da medida de lo que significó la dictadura. El juez podía ordenar el embargo de los bienes y su venta en pública subasta. Los bienes se subastaban a un precio muy por debajo de su valor real de mercado, a veces a precios irrisorios, y a esas subastas concurrían vecinos leales al franquismo. Por eso, hablamos de reparto del botín. De todas formas, a veces tenemos la imagen de una sociedad en blanco y negro, sobre todo, en la posguerra. Sin embargo, estos expedientes de responsabilidades políticas también son muy interesantes para ver la historia social desde abajo, a ras de suelo, en pequeñas localidades. Permiten comprobar cómo se van reestructurando las relaciones de poder en la posguerra: con el reparto del botín, con recompensas por los servicios prestados durante la guerra… pero también con vecinos que ayudan a las personas represaliadas, dando testimonios favorables, ayudando al pago de las multas… Hay muchos matices, sobre todo en pequeñas localidades. Allí, hubo redes de apoyo, de solidaridad vecinal, dentro de un contexto muy represivo, de libertades completamente cercenadas. En las ciudades, esas redes se diluyen más, prende más el anonimato.
¿Hasta cuándo se llevó a cabo esta represión económica?
Esta ley se promulgó en el año 39, como comentaba, y se mantiene en vigor hasta el 45. Tiene una reforma en el año 42 porque el afán represivo y de castigo era tan grande que pronto esos tribunales de responsabilidad política se vieron completamente desbordados por la avalancha de expedientes. Son los años más duros de la posguerra española.
A partir de entonces, ¿ya no hubo multas?
No, y ya hemos comentado que en Aragón no se llegaron a recaudar las cuantías que se habían impuesto. Ese instrumento ya había quedado, digamos, amortizado. La represión económica ya había cumplido sus objetivos principales.
La diputada de Memoria Histórica, Rosa Pérez Garijo, el director arqueológico, Miguel Mezquida, el director antropólogo, Javier Iglesias, y Daniel Galán Valero, en representación de los familiares de víctimas del franquismo de la Fosa Común 128, han comparecido en los juzgados tras confirmar la aparición de al menos 10 cuerpos, de los cuales, dos de ellos presentan fracturas compatibles con disparos de proyectil en el cráneo.
