FꓤANCISCO JAVIER ЯODRÍGUEZ AMOЯÍN

Anekdotas o lapsus na razón.

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13 ago 2020

Castigadas más allá de la muerte: una investigación destapa las vejaciones postmortem del franquismo a las mujeres

La Sexta/Nacho del Río

Artículo explicando cómo la represión sobre las mujeres llegaba se producía, incluso, después de asesinadas

https://bit.ly/2POT9Kk

Que el fascismo siempre ha entendido su estructura político-social como un sistema patriarcal que sitúa a la mujer en un rol secundario, dependiente del hombre, no es ninguna novedad. Sí lo es, o más bien lo fue, que el franquismo crease castigos específicos para los ‘desafectos’ al régimen en base al género. Durante la Guerra Civil y en los años posteriores, miles de mujeres fueron vejadas, violadas, torturadas y asesinadas, y no sólo por su posición contraria a los golpistas; a diferencia de los hombres, sufrieron además otro tipo de represión de carácter sexista incluso después de la muerte por ser lo que eran: mujeres.

Así lo ha expuesto la arqueóloga, antropóloga forense e investigadora de la Universidad de Ámsterdam y de la Universidad de Extremadura Laura Muñoz-Encinar. En su tesis ‘Descubriendo la represión de género: un análisis de la violencia sufrida por las mujeres durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco en el suroeste de España‘, apunta que, durante la contienda y la dictadura, las mujeres republicanas “sufrieron un tipo de violencia específica basada en el género”. Sus investigaciones arqueológicas y forenses de las fosas comunes “han aportado nuevos datos sobre cómo fue esta represión”.

A lo largo de las últimas décadas, testimonios orales y archivos históricos han documentado un sinfín de acciones represivas, de carácter físico y psicológico, asociadas al género: se ejercía una posición dominante contra ellas en base a descalificaciones y amenazas para establecer una superioridad masculina, les rapaban las cabezas –por aquello de asociar el pelo largo con lo femenino–, las obligaban a desfilar semidesnudas o en cueros, a ingerir aceite de ricino, las agredían sexualmente o las maltrataban. Ahora, el trabajo de Muñoz-Encinar, con la exhumación y el análisis de fosas comunes y la compilación de testimonios orales, entre otros métodos, ha logrado evidenciar, además, que esa represión específica contra las mujeres por su condición de género no se daba únicamente en vida; también, durante y después de la muerte.

La arqueóloga, que ha estudiado la represión irregular (personas asesinadas en aplicación del bando de guerra entre 1936 y 1948) en distintas zonas de Extremadura, escenario de su investigación, ha certificado que en las distintas fosas comunes analizadas “existía un patrón diferencial muy claro” entre hombres y mujeres en los procesos de ejecución y enterramiento: “En las fosas hemos encontrado un patrón distinto sobre cómo acaban los hombres y las mujeres dentro de un mismo depósito. Generalmente, las mujeres fueron las últimas en ser introducidas dentro de las fosas y se solían depositar en la misma área”.

Dibujo de la disposición de una de las fosas en Los Arenales | Laura Muñoz-Encinar

Muñoz-Encinar llegó a esta conclusión observando la disposición de los cuerpos: “En Los Arenales o Llerena, las mujeres tienen una orientación completamente diferente a la de los varones. Ellos están orientados hacia el este y ellas hacia el oeste. Esto nos indica que en los grupos de represaliados se dio un procedimiento por el que las mujeres fueron las últimas en ser ejecutadas y por eso se introducían posteriormente en las fosas. Si no, estarían mezcladas al mismo nivel que los varones y tendrían la misma orientación”. En estos casos, todas las mujeres asesinadas estaban “acumuladas en la zona sur del depósito”.

Humillaciones postmortem

Durante el estudio de las fosas se advirtieron también determinadas ‘particularidades’ sobre “la violencia específica ejercida sobre el cuerpo de las mujeres, basada en el fin purificador del franquismo y la política de deshumanizar a las mujeres antifascistas”, y no solo relativas a la violencia sexual. Es el caso de Fregenal de la Sierra, en cuyo cementerio exhumaron siete fosas comunes con 43 víctimas, siete de ellas mujeres: “Una de las mujeres estaba en un estado de embarazo avanzado en el momento de la ejecución. En su pelvis se documentaron restos óseos de un feto de entre siete y nueve meses de edad”.

No fue la única mujer embarazada que fue asesinada, según los registros. Tampoco allí, en Fregenal de la Sierra, la humillación de las víctimas “finalizaba con la muerte”. Muñoz-Encinar destaca en su tesis que, también en estas fosas, todos los cuerpos “habían sido enterrado siguiendo el mismo procedimiento” que en Llerena o Los Arenales: “Colocados en decúbito supino, con orientaciones alternas, con las extremidades inferiores y miembros superiores en paralelo”. Además, descubrió que “varias mujeres fueron enterradas desnudas entre dos varones, con un alto componente simbólico”.

“En Fregenal de la Sierra documentamos los cuerpos de dos hombres y una mujer enterrados superpuestos, en la posición supina. La mujer fue ubicada entre los cadáveres de los hombres con la cabeza orientada al oeste; los hombres, orientados al este”, ha expuesto en su investigación, que centra también la atención en casos similares, como el de Antonia Regalado. Tenía 22 años cuando fue ejecutada, dice la arqueóloga, que recogió el testimonio de un vecino de la zona, José Vázquez López, para señalar que la deshumanización por parte de los fascistas “continuó en la tumba”.

La hicieron correr por el cementerio y abusaron de ella. Luego la mataron. Pusieron a un hombre debajo de ella y otro hombre encima”

Vázquez se sirvió de los detalles proporcionados por el sepulturero –según Muñoz-Espinar ya había contado anteriormente “lo que habían hecho con el cuerpo, cómo lo habían colocado una vez ya ejecutada”– para explicar cómo tuvo lugar la ejecución de Regalado y su entierro: “La hicieron correr por el cementerio y abusaron de ella. Luego la mataron. Puso a un hombre debajo de ella, luego puso (el cuerpo de) mi tía encima y (el cuerpo de) otro hombre penetrándola encima; uno abajo y otro arriba […] El sepulturero enterró su cuerpo en esta posición y dijo: ‘La hemos enterrado como una puta’“.

La investigadora rescató también de esta zona el recuerdo del fatal desenlace que sufrió Matilde Morillo, profesora y activista en defensa de la República que fue “torturada, violada y ejecutada”, y cuyo cuerpo “permanece aún desaparecido”. Fue su hija Aurora quien relató a Muñoz-Encinar que, al regresar a Fregenal de la Sierra “en un tren de vagones de ganado”, su madre fue “identificada” y “violada”, y añadió: “También se dice que fue llevada al cementerio y la orgía continuó en el sala de autopsias […] Los asesinos regresaron al pueblo en una camioneta al amanecer. Llevaban el abrigo de mi madre al final de un rifle como si fuera una bandera, como un trofeo”.

Aurora Navas muestra las fotos de su madre, Matilde Morillo | Laura Muñoz-Encinar

En el caso de Antonia, de Matilde y de otros tantos cuerpos hallados, Muñoz-Encinar y su equipo se encontraron a menudo uno de los problemas más difíciles de afrontar durante esta clase de investigaciones: la identificación de las víctimas. Puesto que en múltiples ocasiones no hay registro alguno de las personas ejecutadas, así como tampoco del lugar donde fueron enterradas, la posibilidad de reconocer a las víctimas se vuelve remota, más allá de poder inspeccionar, de alguna forma, los objetos personales con los que fueron enterrados.

“Con Matilde, hay una clara intención de ocultar su violento destino en la documentación oficial. Esto es también el caso de muchas otras víctimas de la ‘justicia de Franco'”, ha apuntado la arqueóloga, que también ha descrito los retos que encierra corroborar “empíricamente”, con los datos que ofrecía la exhumación de la fosa, cómo se ejercía esa violencia física contra las mujeres.

“La tortura es muy difícil de analizar a partir de los restos óseos. Generalmente, hay muchos procesos de vejación y tortura perimortem que dejan registros en el tejido blando, pero una vez que el cuerpo se descompone no tenemos accesos a ese tipo de información. Sí que podemos inferir, a partir de ciertos datos que tenemos, evidencias relacionadas con procesos de tortura”, ha señalado, matizando que sí encontraron en ocasiones “evidencias directas” de la violencia que sufrieron: “Hay varias mujeres que tienen fracturas en las extremidades superiores, en los brazos, que no están relacionadas directamente con impactos de proyectil, sino con un golpe, con un objeto romo, (provocando) un tipo de traumatismo”.

De Extremadura al resto de España

La importancia de esta investigación, según ha explicado Muñoz-Encinar, radica en que, hasta la fecha, se “habían documentado procesos vejatorios de enterramiento postmortem en otros contextos, pero no de mujeres. Por ejemplo, soldados que habían sido enterrados boca abajo como procedimiento de vejación del enemigo tras la muerte. Pero en el caso de las mujeres, es el primero en que es tan sumamente evidente como proceso de degradación postmortem“. A este respecto, ha añadido lo que desvela este trabajo: “No era un hecho puntual, sino que se realizaba hacia otras mujeres como un mecanismo mas de degradación de lo que se considera el enemigo una vez muerta la víctima”.

Estos actos, en los que existía la “intencionalidad de aplicar una estrategia de ejemplaridad, un mecanismo de implantación del nuevo orden mediante el terror“, iban en la línea de pensamiento que promulgaban figuras notables del régimen como el médico Vallejo-Nájera, que justificaba el rechazo de la mujer al fascismo en “su característica debilidad del equilibrio mental” o la acusaba de participar en revueltas para “satisfacer sus apetencias sexuales latentes”.

Llegar a estas conclusiones ha sido posible habiendo estudiado previamente ciertos puntos de Extremadura como enclaves idóneos para la investigación: “En el caso de Extremadura se dan unas condiciones excepcionales para poder analizar la represión de forma diacrónica. Quiero decir, cómo funcionan y responden ambas provincias, Cáceres y Badajoz, al golpe militar y cómo va a evolucionar posteriormente la guerra y los efectos de la represión en esta zona. Extremadura combina todos los escenarios, desde el golpe militar hasta la dictadura”. Precisamente, en los últimos días multitud de personas han acudido al cementerio de Navalmoral de la Mata, en Cáceres, puesto que allí ha empezado la exhumación de una de las 2.500 fosas cifradas con restos de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

22 ene 2020

España afronta su examen periódico en derechos humanos ante la ONU reforzando la impunidad del franquismo

El Salto/Ter García

Ceaqua señala en un informe remitido al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas los incumplimientos sistemáticos de las recomendaciones dictadas para garantizar la tutela judicial de las víctimas del franquismo.

https://www.elsaltodiario.com/crimenes-franquismo/espana-afronta-examen-derechos-humanos-ante-onu-retrocesos-impunidad-franquismo

Ningún avance en cuanto a garantizar la tutela judicial efectiva de las víctimas del franquismo. “Lo que hay son retrocesos”, apostilla Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella argentina contra los crímenes del franquismo (Ceaqua).

Mañana, 22 de enero, España entra en el tercer ciclo de su examen periódico internacional ante el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas. Desde Ceaqua han trasladado a este Consejo un informe, apoyado por más de cien colectivos de todo el Estado, entre los que se cuentan decenas de asociaciones y foros territoriales de memoria histórica, Ecologistas en Acción, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, el Institut de Drets Humans de Catalunya, Irídia, la Unión de Asociaciones Familiares, o la asociación de presos y represaliados del franquismo La Comuna.

En él detalla cómo el Estado español ha incumplido las recomendaciones realizadas desde Naciones Unidas en cuanto a memoria histórica. “En este momento de examen es muy importante el papel de las organizaciones de la sociedad civil, que son una fuente de información”, explica Paloma García Varela, politóloga de Ceaqua, quien añade que tras esta nueva fase de examen saldrá un nuevo informe por parte del Consejo de Derechos Humanos con nuevas recomendaciones sobre las que el Estado español tendrá que responder en junio.

El proceso de examen periódico universal comenzó en mayo de 2010 y en 2015 tuvo su segunda fase. En ese tiempo, desde el Consejo de Derechos Humanos se han realizado una serie de recomendaciones a España enfocadas en varias temáticas que van desde los derechos del niño, de las personas con discapacidad y de las migrantes hasta la libertad ideológica o religiosa, la trata de personas o los derechos de las personas detenidas.

Una de las temáticas abordadas es la actuación en memoria histórica, ámbito sobre el que desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya recomendaron a España en 2015“elaborar una estrategia amplia e incluyente para abordar los problemas del pasado” sobre las bases de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición —recomendación 131.98—, proseguir esfuerzos para abordar las injusticias históricas y proteger los derechos de las víctimas —recomendación 131.99— y abordar los retos que plantea la investigación de los delitos de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista —recomendación 131.100—.

“No ha habido ni una sola medida adoptada por parte de los tres poderes del Estado que suponga ningún avance, lo que hay son retrocesos porque, a diferencia de lo que acontecía hace diez años, ahora sí hay un buen número de resoluciones judiciales que vulneran ese derecho a la tutela judicial efectiva”, explica Lara en relación al más del medio centenar de querellas interpuestas por particulares e instituciones por los crímenes cometidos durante el franquismo y que están siendo sistemáticamente rechazadas por los órganos judiciales.

La respuesta dada por España, en noviembre de 2019, a las recomendaciones en cuanto a memoria histórica se limitaron a tres párrafos que sumaban 16 líneas de texto. En ellas, el Gobierno de España, ya con el PSOE de Pedro Sánchez, se limitaba a afirmar que la prescripción de delitos y la Ley de Amnistía de 1977 impedían juzgar los hechos “acaecidos durante los años 30 y 40” —olvidando las otras tres décadas de dictadura franquista—, luciendo como avance la proposición de Ley sobre bebés robados —cuya tramitación fue aprobada por unanimidad pero de la que no ha vuelto a haber nuevas noticias— y la creación de la Dirección General de Memoria Histórica dentro del Ministerio de Justicia.

“Lo que plantea el Consejo de Derechos Humanos es un avance sustancial en la tutela efectiva de las víctimas, algo que no se está produciendo a pesar de que se está desplegando una actividad judicial muy importante desde Argentina y desde el Estado español”

“Siguen invocando la prescripción de lo delitos y la Ley de Amnistía de 1977 porque entienden que las víctimas no pueden acudir a la justicia —señala Lara— y no nos parece que sea una respuesta mínimamente adecuada ya que lo que se plantea desde el Consejo de Derechos Humanos es un avance sustancial en la tutela efectiva de las víctimas, algo que no se está produciendo a pesar de que se está desplegando una actividad judicial muy importante desde Argentina y desde el Estado español”. Lara apunta que lo que exige Naciones Unidas es acabar la impunidad. “Se lo exige porque España está incumpliendo sistemáticamente el contenido de todo el derecho internacional de derechos humanos que está obligada a cumplir por la ratificación de tratados internacionales”, explica el abogado. “No se trata de ratificarlos y dejarlos como papel mojado, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico”, añade.

La contribución de Ceaqua al examen periódico universal, titulada El derecho a la tutela efectiva de las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista, recuerda que en la Guerra Civil y en los cerca de 40 años transcurridos hasta el final de la dictadura franquista se exterminó a cientos de miles de personas, miles de bebés fueron robados, miles de personas fueron sometidas a trabajo esclavo o internadas en campos de concentración, las mujeres fueron privadas de sus derechos civiles fundamentales y se cometieron miles de casos de torturas contra opositores al régimen y de represión de personas homosexuales, lesbianas o transexuales. “Hasta ahora ni una sola de las personas que sufrieron estas graves violaciones de derechos humanos han sido reparadas por la Justicia y ni uno solo de los responsables de tanto horror y dolor han sido juzgados”, afirma el informe.

Ante la querella argentina contra los crímenes del franquismo, interpuesta el 14 de abril de 2010 y tramitada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires con el número 4591/2010, Lara señala que “ahora directamente hay resoluciones judiciales de órganos españoles en las que se niega la tutela judicial efectiva”.

La primera acción de bloqueo de la querella fue una decisión del Consejo de Ministros adoptada el 13 de septiembre de 2015 con la que se negaba la extradición de las 20 personas entonces imputadas en la querella para que se les tomara declaración por parte de la juez María Servini, instructora de la causa. El Gobierno español argumentaba entonces el principio de jurisdicción preferente por parte del Estado español para juzgar a sus ciudadanos y la “extinción de la responsabilidad criminal”, ya que, según cita el texto, el Código Penal de 1973 tenía una previsión de extinción de la responsabilidad de quince años.

La decisión del Consejo de Ministros fue respondida doce días después por Ariel Dulitzky —presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias—, Christof Heyns —relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias—, Juan E. Méndez —relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes— y Pablo De Greiff —relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición— con un carta en la que expresaban su preocupación por el “desamparo en el cual esta decisión dejaría a las víctimas y a los familiares de víctimas de estas violaciones, en particular por la denegación de su derecho a la justicia y a la verdad”, y recalcaban la obligación internacional de España de extraditar o juzgar a los responsables de estos delitos.

“Expresamos grave preocupación por los argumentos esgrimidos por el Gobierno, los cuales ignorarían y contradecirían las normas y estándares internacionales de los derechos humanos. En particular, el Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad criminal para no juzgar o extraditar los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas”, continuaba la carta, que fue ignorada por el Gobierno español de entonces, en manos del Partido Popular. 

Respuesta de la ONU ante el… by El Salto periódico on Scribd

La justicia española da la espalda a 59 de las 61 querellas presentadas por crímenes del franquismo

https://www.elsaltodiario.com/crimenes-franquismo/justicia-tumba-59-61-querellas-crimenes-franquismo

 
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