El 11 de noviembre la charla del Relator para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición pone el cierre a la XVI Semana de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos Giulia Tamayo.
Clausuramos la XVI Semana de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos Giulia Tamayo con el Relator Especial de la ONU para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No repetición Fabian Salvioli.
Síguelo desde el canal de Youtube de Recuerdo y Dignidad hoy a las 20 horas
“Se ha utilizado mal la palabra reconciliación. La reconciliación no es que una víctima perdone a su torturador. ¿Eso qué es? La reconciliación es la recuperación de la confianza en el Estado. La confianza en que el Estado vela por tus derechos. Y eso solo se consigue a través de la Justicia. Cualquier otra interpretación de la reconciliación es perversa”
Hoy a las 20 horas desde el canal de Youtube de Recuerdo y Dignidad se procederá a la clausura de la XIV edición de la Semana de la Memoria Histórica y de los Derechos Humanos Giulia Tamayo en Soria. La conferencia final de este ciclo será impartida por el máximo responsable de la Relatoría Especial creada por el Comité de Derechos Humanos de NNUU para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición Fabián Salvioli.
Fotografía: Eldia.com
La presencia de Fabián Salvioli será el broche de oro a una Semana de la Memoria Histórica y de los Derechos Humanos que ha destacado por su calidad, actualidad, seguimiento y adaptación. En la conferencia además el Relator tendrá la ocasión de dar su opinión sobre el nuevo proyecto de Ley de Memoria Democrática del Gobierno Español.
Fabián Salvioli asumió sus funciones como Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición el 1º de mayo de 2018, sucediendo a Pablo de Greiff (Colombia). Salvioli se ha pronunciado en varias ocasiones respecto a España, apoyando el duro informe que emitió su predecesor, declarando que hay que juzgar o extraditar a los responsables franquistas, considerando positiva la exhumación de Franco y señalando la necesidad de “ir más allá” y haciendo especial hincapié en la necesidad de juzgar a los responsables de los crímenes contra la humanidad. De momento no ha efectuado ninguna visita oficial al Estado como sí hizo su antecesor en el cargo Pablo de Greiff.
Han trascendido frases suyas como las que pronunció como invitado a unas jornadas en el Congreso de los Diputados:
“Se ha utilizado mal la palabra reconciliación. La reconciliación no es que una víctima perdone a su torturador. ¿Eso qué es? La reconciliación es la recuperación de la confianza en el Estado. La confianza en que el Estado vela por tus derechos. Y eso solo se consigue a través de la justicia. Cualquier otra interpretación de la reconciliación es perversa”
“No ha faltado derecho para hacer justicia. Ha faltado voluntad política. ¿Para qué está un Estado si no es para garantizar los derechos de los ciudadanos?”
El 29 de septiembre de 2011, el Consejo de los Derechos Humanos adoptó la resolución 18/7, la cual establece el mandato del Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición, por un periodo de tres años y lo encomienda a tratar aquellas situaciones en las cuales se haya producido violaciones manifiestas de las normas internacionales derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario.
En 2017, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 36/7 que prorrogó el mandato del Relator especial por un período adicional de tres años. La Resolución menciona que la aplicación de un enfoque global que abarque a los cuatro pilares de este mandato (la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición), debería ayudar a “garantizar la rendición de cuentas, hacer justicia, brindar vías de recurso a las víctimas, fomentar la recuperación de la normalidad y la reconciliación, establecer entidades independientes que supervisen los sistemas de seguridad, restablecer la confianza en las instituciones del Estado y promover el estado de derecho de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos”.
En términos generales, se espera que estos objetivos contribuyan a “prevenir la repetición de las crisis y futuras violaciones de los derechos humanos, asegurar la cohesión social, la construcción de la nación, la implicación en el proceso y la inclusión de todos a nivel nacional y local, y promover la reconciliación”.
La modalidad online ha tenido un gran éxito en esta edición, llegando, solamente la presentación de la exposición RecordArte IV: 15 años de Recuerdo y Dignidad a más de 1000 visitas. Las conferencias son seguidas en directo y visualizadas también con posterioridad, gracias a que las charlas permanecen en el canal de Youtube. En su conjunto superan las 1800 visualizaciones. Todas las conferencias han superado las 150 visitas, señalando que según transcurren los días va aumentando su acogida. Así la conferencia de Ángel Viñas se acerca a las 600 visitas y la charla sobre la herencia del duelo supera las 300. La conferencia de esta tarde se puede seguir en directo desde la página web de la Asociación Recuerdo y Dignidad (https://bit.ly/38wzU2p ) o directamente desde el canal de Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCwB8l2ar-MpyPIajfFstSQA ).
Esta tarde se clausura también la exposición RecordArte IV: 15 años de Recuerdo y Dignidad, que ha tenido una amplia acogida por parte del público soriano. La muestra podrá contemplarse por última vez de 19 a 21 horas en la Sala A del Centro Cultural Palacio de la Audiencia. En ella se hace un recorrido por los 15 años de historia de la Asociación y se pueden contemplar obras de los artistas Eva Carballares, Miriam Tello, Lola Gómez Redondo, Álvaro Blasco, Iván Aparicio, Alberto Crespo, Julián de la Mata, Paco Castro, Elena Uriel, Mario Tejedor y Paco Sáinz, entre otros. La coordinación de la muestra ha corrido a cargo de Enola Moral y Susana Soria.
La excarcelación del condenado por los asesinatos de Atocha está prevista para el 19 de noviembre al aplicarse unas redenciones de condena a las que no tendría derecho
Abogados de la acusación particular juicio de Atocha, celebrado en febrero 1980
A instancias de la Fundación Abogados de Atocha y la coordinación de la abogada Cristina Almeida, la representación y defensa de las víctimas, ha conocido por los medios de comunicación que la Audiencia de Ciudad Real ha dado por definitiva la liquidación de condena de Carlos García Juliá, condenado inicialmente a 193 años por el asesinato de los Abogados de Atocha el 24 de enero de 1977.
Dicha liquidación, realizada el 7 de mayo, le reconoce los 3.138 días de redenciones ordinarias y extraordinarias, a pesar de que García Juliá quebrantó la libertad condicional con su huida de Paraguay, lo que implicaría a tenor de lo dispuesto en el Código Penal y en las leyes penitenciarias y de enjuiciamiento, la pérdida de todo lo redimido. De esta forma deberían descontarse del tiempo efectivamente cumplido 1.207 días.
Para Cristina Almeida, el tiempo de cumplimiento efectivo de la condena sería de 4.499 días, a los que se ha de añadir el tiempo pasado en Brasil desde su detención el 5 de diciembre de 2018 hasta el 6 de febrero del 2020, que suman 429 días, por lo que el resultado total del cumplimiento efectivo seria 1.390 días en preventivo, 4.499 en penado y 429 en Brasil, así como los días de cumplimiento desde que ingresó de nuevo en prisión en España en el 7 de febrero 2020 al 19 de noviembre, cuando está prevista su puesta en libertad, que suman 345 días. Por tanto, lo realmente cumplido son un total de 6.563 días a descontar de los treinta años a cumplir (10.950), por lo que quedarían por cumplir un total de 4.387 días.
Para la Fundación Abogados de Atocha, la salida de prisión de Carlos García Juliá el próximo 19 de noviembre supone no cumplir doce años que le restan por cumplir por unos hechos gravísimos que ocurrieron en la Transición, una falta de tutela jurídica que se ha denunciado ante el Tribunal Constitucional en demanda de amparo, solicitando una medida cautelar que impida el excarcelamiento de García Juliá, o en su caso que se le impida salir del país y que se le retirara el pasaporte si lo tuviera, o se dieran instrucciones al Ministerio del Interior para que no se le expidiera en ningún caso pasaporte español.
En representación de las víctimas se ha presentado ante la Audiencia de Ciudad Real un recurso de súplica contra ese licenciamiento definitivo para que al menos tome cautelarmente las medidas que solicitadas al Tribunal Constitucional, y se han hecho alegaciones ante la Audiencia Nacional, que repentinamente se ha inhibido como tribunal sentenciador de esta ejecución, causando una falta de tutela jurídica a las víctimas de estos sucesos, y permitiendo que con la aplicación de estos beneficios se modifique en más de diez años el fallo de la sentencia, que ya había quedado reducida a 30 años, de los que -reitera- restan por cumplir más de doce.
Desde que Carlos García Juliá fue extraditado a España desde Brasil, donde se encontraba huido y con una identidad falsa a nombre de un súbdito venezolano, y entregado a las autoridades españolas, a instancias de la Fundación Abogados de Atocha y bajo la coordinación de la abogada Cristina Almeida, la representación y defensa de las víctimas se personaron ante la Audiencia Nacional para saber cuál era la situación de este preso, condenado por esos asesinatos a una pena de 193 años de cárcel, pero que por aplicación del Código Penal franquista de 1973 quedaron reducidos a un máximo de treinta años.
Se pudo comprobar que la liquidación de condena que le restaba por cumplir, era de 3.855 días, que es la misma cifra que se le había dado a las autoridades bolivianas, ante las que se había pedido la primera extradición del penado al haber huido de Paraguay al denegarle el permiso que inexplicablemente le había dado el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, para ir a trabajar a Asunción, permiso que fue recurrido por el fiscal y que quedó sin efecto, por lo que se le requería para que retornase a España.
Lejos de hacerlo, huyó de Paraguay, quebrantando la condena condicional que se le había concedido yendo a Bolivia, donde fue condenado a 6 años de prisión por tráfico de drogas. Al darse la orden de búsqueda y captura internacional la Interpol señala que está en prisión en Bolivia, por lo que la Audiencia Nacional, a instancias del fiscal, solicita la extradición al Gobierno de Bolivia, que la concede, posponiendo la entrega del preso hasta que cumpla la condena que se le había impuesto en ese país. Se comunica por las autoridades bolivianas que dicho preso, en un permiso de prelibertad, se ha dado a la fuga y no es posible hacer la entrega.
De nuevo se da una orden de búsqueda y captura internacional, y después de mas de diez años huido, García Juliá es detenido en Brasil, el 5 de diciembre de 2018, y solicitada de nuevo la extradición del fugado a Brasil. La justicia brasileña entrega al fugado el día 6 de febrero de 2020, ingresando en el centro penitenciario de Soto del Real para cumplir la pena de 3.855 días que le restaba.
Todas estas actuaciones las había realizado durante años en exclusiva la Audiencia Nacional, y esta parte cuando se personó físicamente en dicha Audiencia vio la corrección de todo lo realizado. Se comunicó a la sala el deseo de personarse aunque ya se estaba en el sumario desde el primer momento como acusación particular. Al no haberse dado cuenta a esta parte de nada de lo actuado, así se hizo. Con el confinamiento de todo el país, los familiares de los heridos en los hechos, a causa de las graves lesiones sufridas, habían ido muriendo uno tras otro quedando como único superviviente Alejandro Ruiz- Huerta. Mientras se hacían los poderes, se supo por la prensa “que el abogado de García Julia se llevaba la ejecución de la sentencia a Ciudad Real porque la Audiencia Nacional era mas política, que no era otra cosa que es esa Audiencia la que había llevado el juicio adelante, y conocía perfectamente la serie de fugas y actuaciones que llevó adelante dicho penado”.
Nada sabia esta parte de la Audiencia de Ciudad Real, porque nada se había comunicado a las victimas afectadas por los asesinatos causados por García Juliá y otros de extrema derecha. Allí se personó la Fundación Abogados de Atocha, conociendo y fue cuando se supo que apenas se estaba celebrando el juicio de Atocha, Carlos García Juliá, junto con otro preso también de extrema derecha condenado por asesinato en otra causa, se habían intentado escapar de la prisión de Ciudad Real. Por esos hechos, la Audiencia de Ciudad Real les condenó a tres años, por quebrantamiento de condena, atentado a agente de la autoridad con lesiones y detención ilegal.
El Código Penal de 1973 al que se acogió el penado establecía un máximo de cumplimiento de treinta años, por lo que los 193 años por los asesinatos de Atocha y los tres años por el quebrantamiento de condena y otros se refundieron en 1991 por la Audiencia de Ciudad Real, que estimó que eran delitos conexos y se podían haber visto en un solo juicio, algo a lo que se opuso en tres ocasiones sucesivas el Ministerio Fiscal de Ciudad Real por no estimar esa conexidad. Pero no se llevó adelante el recurso de casación, y aunque esta parte al personarse presentó un incidente de nulidad de dicho auto de refundición de las condenas, tanto ante la Audiencia Nacional, como ante la de Ciudad Real, fue denegado por ambas Salas La Audiencia de Ciudad Real hizo una primera liquidación de condena con fecha 3 de marzo del 2020, en la que no le aplicó entonces ningún beneficio de redención de penas por trabajo. ¿Y por qué no lo aplicó? Porque el Código Penal de 1973 al que se había acogido García Juliá, prohibía terminantemente redimir penas por trabajo en preventivo y una vez penado al que hubiera sido condenado en firme por quebrantamiento de condena, como es el caso de García Juliá, condenado por esa Audiencia Provincial de Ciudad Real.
Esto supone una infracción legal y jurisprudencial, pues además de lo establecido en el articulo 100 del Código penal, el Tribunal Supremo, en sentencia de 7/11/86, estableció como unificación de doctrina sobre distintos supuestos planteados, que era necesario una sentencia firme de quebrantamiento de condena para aplicar la norma del artículo 100 del antiguo Código Penal, como era el caso de autos que fue firme la condena de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.
Es más, al penado no se le habían aplicado nunca por ninguno de los jueces de vigilancia penitenciaria, ni por ninguno de los centros penitenciarios en los que había estado. El propio penado solicitó del Juzgado de vigilancia penitenciaria de Albacete, competente en el centro en el que se encontraba entonces, que planteara una cuestión de inconstitucionalidad sobre la posible inconstitucionalidad de penar doblemente una conducta, de un lado por el delito de quebrantamiento de condena, y por otro, por impedirle rebajar la condena impuesta al no aplicarle los beneficios penitenciarios de la redención de penas por trabajo.
Y efectivamente, el Juzgado de vigilancia penitenciaria de Albacete, planteó esa cuestión de inconstitucionalidad ante el Constitucional, en el recurso 845/1983, y el Tribunal Constitucional en Sentencia de 8 de julio reafirma la actuación hasta entonces de todos los Juzgados de vigilancia penitenciaria.
Inexplicablemente el Juzgado de vigilancia penitenciaria de Albacete ya le quiso dar un permiso penitenciario en 1984, contra el criterio de la Junta de Régimen y de Instituciones Penitenciarias, para pasar 6 días de Navidad en su casa, advirtiendo que había un peligro de fuga. Al beneficiarse también Emilio Hellín, asesino de Yolanda González, el letrado que acusaba en nombre de las victimas en los dos sumarios incoados, se dirigió a la Audiencia Nacional para evitar ese permiso. Esta se declaró competente en esa ejecución por ser el tribunal sentenciador y anuló dicho permiso, lo que no ha hecho en esta ejecución con posterioridad por inhibirse a favor de la de Ciudad Real, que ya era entonces competente porque ya se habían refundido ambas condenas desde el año 1981.
En este juego de competencia si, o de competencia no, se produce otro hecho inexplicable, que es que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 1 de Valladolid, a propuesta de la cárcel de Zamora, le concede el beneficio de redención de penas por trabajo, alegando que el Patronato de Nuestra Señora de la Merced, que es el encargado de las redenciones por trabajo, había anulado las sanciones que tuvieran los presos en su expediente y que supusieran la perdida de las redenciones de trabajo.
Pero Carlos García Julia no redimía penas por trabajo por unas sanciones que no se sabe si tenía en su expediente, sino por una prohibición legal y constitucional que no podía anular dicho patronato. Y olvidando todo lo anteriormente ocurrido, el centro penitenciario de Zamora le reconoce las redenciones ordinarias y extraordinarias a este penado, que suman un total de 3.138 días de redenciones, que suponen tener supuestamente cumplida las tres cuartas partes de condena. Ese mismo Juzgado de vigilancia penitenciaria de Valladolid le concede la libertad condicional, que es recurrida por el fiscal a la Audiencia Nacional porque no le reconoce que ya esté en tercer grado por el cumplimiento de las tres cuartas partes de condena al no admitir las redenciones aplicadas. Es la Audiencia Nacional de nuevo la que interviene y rechaza el recurso, pero la inacción una vez más del fiscal deja a criterio de la Sala la resolución del recurso, por lo que se hace efectiva la libertad condicional con fecha 23 de septiembre de 1991.
Dos años después Carlos García Juliá pide un permiso para irse a trabajar a Paraguay y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria se lo concede con las condiciones de vivir en Asunción y presentarse una vez al mes ante la Embajada de España. Esta vez el fiscal recurre ese permiso y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid lo revoca por auto de fecha 13 de enero de 1995. García Juliá no se presenta a la Embajada de España y huye de Paraguay, siendo encontrado al cabo del tiempo en una cárcel de Bolivia, donde está cumpliendo pena de seis años de prisión por tráfico de drogas. Es la Audiencia Nacional la que solicita al Gobierno español la extradición del fugado a las autoridades de Bolivia. Estas la acuerdan pero la posponen porque esta cumpliendo allí la condena por tráfico de drogas, y cuando lo van a entregar a España, en un permiso de pre-libertad el penado se fuga de nuevo y no se le puede entregar a España.
No acaba aquí la historia, pues al cabo de más de quince años huido, el 5 de diciembre de 2018, es detenido en Brasil, con una identidad falsa a nombre de un súbdito venezolano. Es de nuevo la Audiencia Nacional la que solicita al Gobierno la extradición de García Juliá, que es concedida, siendo entregado por fin a las autoridades españolas, y en concreto a la Audiencia Nacional, el 6 de enero de 2020.
Solo atendiendo a una solicitud de la defensa del penado y del centro penitenciario de Soto del Real, la Audiencia Nacional, sin tener en cuenta a las victimas, se declara incompetente y reconoce a la Audiencia de Ciudad Real para hacer la liquidación de condena, mediante auto de 31 de Marzo de 2020. La Fundación conoce tal decisión por los medios de comunicación.
Se ha dado por definitiva por la Audiencia de Ciudad Real la liquidación de condena realizada con fecha 7 de mayo de 2020, que le reconoce los 3.138 días de redenciones ordinarias y extraordinarias, pese a el quebrantamiento de la libertad condicional, que implicaría la pérdida de todo lo redimido con anterioridad a la revocación del permiso a Brasil, que seria desde el 23 de septiembre de 1991, que sale en libertad condicional, hasta el 13 de enero de 1995, que se le revoca el permiso para estar en Paraguay y huye de allí quebrantando esa libertad condicional. Por ello se debe descontar del tiempo efectivamente cumplido los 1.207 días que transcurren en ese periodo de libertad condicional, por lo que si del tiempo que le reconoce como cumplimiento efectivo, se le descuentan esos días de redención que debe perder, resultan un tiempo de cumplimiento efectivo de 4.499 días. Se ha de añadir el tiempo pasado en Brasil desde la detención el 5 de diciembre de 2018 hasta el 6 de febrero de 2020, que suman 429 días, por lo que el resultado total del cumplimiento efectivo serian los 1.390 días en preventivo, 4.499 en penado, 429 en Brasil y los días de cumplimiento desde que ingresó de nuevo en España en prisión el 7 de febrero de 2020 al 19 de noviembre, que está prevista su libertad, lo que suma 345 días. Así, lo realmente cumplido son un total de 6.563 días que si se descuentan de los treinta años a cumplir, que son 10.950, supone que quedarían por cumplir un total de 4.387 días, que es la cifra que se ha barajado ante todas las autoridades a las que se les ha pedido la extradición. Son 3.855 días a los que hay que añadir el tiempo que estuvo en libertad condicional hasta que huyó de Paraguay, que son los que determinan la diferencia.
La salida de prisión de Carlos García Juliá supone una infracción tan grave como no cumplir más de doce años de prisión que le restan por cumplir. Se da una absoluta falta de tutela jurídica que se ha denunciado ante el Tribunal Constitucional en demanda de amparo, solicitando una medida cautelar que impida ese excarcelamiento del preso o en su caso se le prohíba salir del país y que se le retire el pasaporte si lo tuviera o se dieran instrucciones al Ministerio del Interior para que no se le expidiera en ningún caso el pasaporte español.
También se ha presentado ante la Audiencia de Ciudad Real un recurso de suplica contra ese licenciamiento definitivo para que al menos tome cautelarmente las medidas que se han solicitado al Tribunal Constitucional. Y se han hecho alegaciones ante la Audiencia Nacional, que repentinamente se ha inhibido como tribunal sentenciador de esta ejecución, causando una falta de tutela jurídica a las victimas de estos sucesos, y permitiendo que con la aplicación de estos beneficios se modifique en más de diez años el fallo de la sentencia, que quedó de por sí reducida a 30 años. De esos 30, restan por cumplir más de doce años de condena.
(García Juliá, embarca en el aeropuerto internacional de Guarulhos (Brasil) cuando fue extraditado. (EFE)
Para comprender bien el presente, es necesario conocer el contexto en el que se produjo la transición, y los límites que se impusieron a sangre y fuego. Porque esta transición, esta constitución, está teñida de sangre y no se fraguó en un clima de verdadera libertadEsta nota es la continuación de una serie de publicaciones recopilatorias que recogemos en La transición ensangrentada, una introducción para el recuerdo de l@s asesinados y represaliados en esa época que nos han impuesto como ejemplo de democracia… a golpe de tortura, detenciones y 159 vidas sesgadas. Ninguno de los crímenes aquí recordados han tenido su merecido castigo, ni siquiera han sido juzgados penal o políticamente como lo que son: asesinatos. Asesinatos de Estado o amparados por el Estado.
1976
28 DE NOVIEMBRE. SANTESTEBAN (NAVARRA)Santiago Navas Aguirre (20 años) y José Javier Nuin Azcárate (19 años). En la sala de fiestas Bordatxo, de Santesteban, tiene lugar un altercado nocturno. Un guardia civil fuera de servicio y de paisano, José Roca Díaz, que acompaña al inductor de la riña, dispara sobre un grupo de 6 o 7 jóvenes. Santiago Navas recibe un balazo. José Javier Nuin, dos. Ambos mueren tras ser llevados al hospital provincial de Pamplona. También José Antonio Díaz Díaz, de 37 años, resulta herido de bala por el guardia civil.
1978
8 DE NOVIEMBRE. BILBAO (VIZCAYA)Ricardo Gómez de Goikoetxea «Ritxi». 36 años. Un coche camuflado de la Policía le persigue a él y a otros jóvenes abertzales. En su huida, tropieza con un cable metálico y cae. Ya no se levanta. Dos disparos le alcanzan, uno de ellos en la cabeza, matándole en el acto.
15 DE NOVIEMBRE. MONDRAGÓN (GUIPÚZCOA)José María Iturrioz Garmendia y Roberto Aramburu Uribarren. Un comando armado de los Comandos Autónomos Anticapitalistas ametralla el cuartel que el Cuerpo tiene en la villa de Arechavaleta. La guardia civil persigue a un R-12 que, según la nota oficial de la Comandancia, había ametrallado el cuartel con anterioridad. Al llegar a la entrada de Mondragón, coincidiendo con la salida de las fábricas, se topan con un atasco. Dos de los ocupantes del R-12, José María y Roberto, salen corriendo y los guardias civiles, sin mediar orden de alto ni tiroteo alguno según los testigos, les ametrallan y dan muerte en el acto. Después se dirigen al que quedaba dentro del coche, Kike Zurutuza Odriozola, y le disparan igualmente. Con una bala en el pulmón, es trasladado al hospital de Vitoria.Emilia Larrea Sáez de Adacia. 54 años. Vecina de Mondragón. Tras el ametrallamiento de José María y Emilio, llegan al lugar más refuerzos de la Guardia Civil, de uniforme y de paisano, y vuelven a utilizar sus armas de fuego: una bala alcanza en el cuello y mata a Emilia Larrea, completamente ajena a los acontecimientos, que se encontraba en la puerta de su caserío, próximo al lugar del ametrallamiento. Hay, además, otros tres heridos de bala: Crescencia Vidaurreta García, herida en la ingle; Alberto Beltrán Heredia y Juan Martín Lorente.
1980
14 DE NOVIEMBRE. CARACAS (VENEZUELA)Jokin Alfonso Etxeberría (32 años) y Esperanza Arana (19 años). Jokin era ingeniero y dirigente de Herri Batasuna. Esperanza era su pareja. Ambos residían en Caracas desde hacía 4 años por motivos profesionales, como representante de una cooperativa de Mondragón. Tenían un papel destacado en el movimiento de apoyo a presos y exiliados vascos y habían organizado la visita que hicieron a Venezuela los dirigentes de HB Telesforo Monzón y Francisco Letamendía durante la campaña electoral de ese año para el Parlamento Vasco.Dos individuos jóvenes, armados con una metralleta y una pistola, entraron en su apartamento de la capital venezolana y los asesinaron. Todas las sospechas sobre la autoría recayeron en los servicios parapoliciales de la embajada española en Caracas, en la que, como denunció Txomin Ziluaga, estaba destinado Antonio González Pacheco, Billy el Niño: “Que no se acuse, pues, a mercenarios o incontrolados de este asesinato, sino a la policía de la Embajada”.
14 DE NOVIEMBRE. URNIETA (GUIPÚZCOA)Joaquín Altimasbere Escoz (31 años) y Andrés Echeverría. El Batallón Vasco Español comunica en llamada al Diario Vasco que los cuerpos de dos etarras muertos serían hallados cerca de Andoáin. En la búsqueda, aparecen tiroteadas dos personas de etnia gitana, dedicadas al negocio de la chatarra y sin ninguna relación con ETA: Joaquín Antimasbere y su primo, Andrés Echeverría. El primero apareció muerto, con tres disparos en la cabeza, en una cuneta de la carretera Andoáin-Hernani. El segundo, gravemente herido, con disparos en cuello y espalda, moriría horas después.
23 DE NOVIEMBRE. HENDAYA (FRANCIA)José Camio (52 años) y Jean Pierre Haramendi (68 años). Un comando, también del Batallón Vasco Español llega en coche a las inmediaciones del bar Hendayais, frecuentado por refugiados vascos, se acerca a la ventana del establecimiento y, sin mediar palabra, abre fuego antes de huir. Dos ráfagas de metralleta acaban con la vida de José y Jean Pierre, que estaban, como tantos otros ocupantes del bar, jugando a las cartas y charlando amistosamente. Resultan heridas otras 9 personas: Roger Garrigues, Pedro Tortosa, Juan Luis Humbert, Michel Imaza, León Iraoqui; Luis Berlani, Juan José Inciarte, Amil Muley y Manuel Sein Echeverría.
30 DE NOVIEMBRE. BARCELONAJuana Caso (25 años) y José Muñoz (16 años). Salvador Durán, jefe comarcal en el Maresme (Barcelona) de Fuerza Joven, filial de Fuerza Nueva, y su amigo Cristóbal García, militante de la misma organización ultraderechista, proponen a unos jóvenes conocidos acompañarles a “dar un palo” a alguno de los camellos de la zona. Los jóvenes son Juana Caso, José Muñoz y Antonio Camacho (15). Les llevan en coche a una zona apartada y les disparan con una escopeta. José y Juana resultan muertos.
La Asociación de Víctimas de la fosa 94 en Paterna (Valencia) advierte de que el Ayuntamiento quiere enterrar los restos óseos “no reclamados” en la misma fosa en la que “han estado 80 años solo por venganza y por hacer daño… por hacerlos desparecer”
¿Huesos devueltos a una fosa franquista? El conflicto que desafía a familias de víctimas del ‘paredón de España’
Trabajos de ArqueoAntro en la fosa 111 de Paterna (Valencia). EFE
“Esa fosa es franquista, no entra en mi cabeza meterlos ahí otra vez”, dice Carolina Martínez, presidenta de la Asociación de Víctimas de la fosa 94 en Paterna (Valencia). Los trabajos arqueológicos han recuperado 39 personas y solo tres han sido identificadas por ADN. Y el Ayuntamiento baraja enterrar de nuevo los cuerpos no identificados en la misma ubicación de la tumba ilegal pero en una “digna sepultura”.
A las cajas con los huesos “no se les va a tirar de nuevo la tierra encima”, explica de forma gráfica el presidente del Consejo de Memoria Histórica de Paterna, Julio Fernández. La idea del Ayuntamiento es “reconstruir” el lugar de la fosa original con un espacio funerario “pero para nada mal, para que sirva de lugar de la memoria”.
El conflicto parte de un problema común en las fosas del franquismo: el paso del tiempo. La tierra degrada los huesos en un proceso natural que complica la identificación mediante pruebas genéticas y muchos familiares directos han muerto o no aparece ningún descendiente. En el caso de Paterna, las tres familias que sí tienen respuesta positiva han reclamado los cuerpos para darles una sepultura digna.
Los restos “no reclamados” serán “inhumados en el cementerio correspondiente al término municipal en que se encontraran”, según la Ley de Memoria Histórica estatal y la Ley de Memoria Democrática valenciana. La normativa no marca que los restos deban regresar a la fosa original.
A unos pasos de estas fosas valencianas está el conocido como ‘paredón de España‘. Hasta 2.238 personas fueron asesinadas a tiros por los golpistas de Francisco Franco, al acabar la Guerra Civil, y arrojadas a más de 130 fosas comunes. Una decena de las sepulturas colectivas ya han sido abiertas, con la extracción de unos 800 esqueletos.
“39 cuerpos y tres identificados”
De la fosa 94 han sido rescatados “39 cuerpos y solo tres han sido identificados”, cuenta Carolina Martínez a elDiario.es. “Uno es mi abuelo”, pero no le puede poner nombre y apellido a ninguno de los huesos. “El Ayuntamiento quiere que los volvamos a meter en la misma fosa, es horrendo, no entra en ninguna cabeza”, denuncia la presidenta de la asociación de familiares.
Las descendientes de represaliados reclaman otra solución. “Ponerlos en un sitio digno, un memorial donde podamos honrarlos y dignificarlos, porque estas personas las mataron por defender la democracia”, señala.
Una suerte de columbarios para “dignificar” a las víctimas sin identificar en las exhumaciones, como ha anunciado la Generalitat Valenciana. Esta actuación, a través de la conselleria de Memoria Democrática, estaría vincula la construcción en los cementerios municipales de estos mausoleos al desarrollo del Banco de ADN.
Desde el Ayuntamiento de Paterna, gobernado en solitario por el PSOE, no tienen clara esa solución. “No somos partidarios del columbario, ¿cómo nos van a decir desde fuera cómo organizar nuestro cementerio? En un pueblo con una fosa de 20, vale, queda hasta bien, pero aquí es muy complicado” por la cantidad de fosas y víctimas enterradas, esgrime Julio Fernández.
Detrás de la queja está “una batalla –de algunas familias de víctimas, precisa– que viene de unos años y no entendemos”, según el presidente del Consejo de Memoria Histórica paternero. El Ayuntamiento pretende “dignificar” para “visualizar”, asegura. “Vuelven a su fosa previamente adecuada para que reciban digna sepultura”, confirma el Gobierno local a elDiario.es.
El colectivo de familiares no comparte la solución. “No es el sitio donde meterlos”, subraya Carolina Martínez. “Han estado 80 años allí metidos, sin el consentimiento de las familias, solo por venganza y hacer daño… por hacerlos desparecer”, dice. Y lamenta la negativa “rotunda” del Consistorio a construir ningún panteón para la fosa 94.
Entrega de restos óseos a familias de víctimas en Paterna, marzo de 2020.
Mausoleos para otras víctimas anónimas
Una situación paralela, vivida en un pueblo con topónimo casi calcado: Paterna de Rivera (Cádiz). La intervención arqueológica recuperó a diez víctimas del franquismo. Ninguna pudo ser identificada. Y fueron enterradas en el mismo lugar donde estaba la fosa… pero unos metros más arriba y sobre un mausoleo coronado con una escultura.
El conjunto fúnebre dignificó el espacio y alimentó la memoria colectiva asumiendo la cultura de paz y la pedagogía de los Derechos Humanos que Naciones Unidas reclama a España. Un camino que pretende abordar, de una vez, la nueva Ley de Memoria Democrática ya presentada como anteproyecto por el Gobierno de España.
El ejemplo de la reparación, incluso en estos ‘fracasos’ en las fosas, está en Luis Vega Sevillano (90 años). Los franquistas mataron a su madre, Catalina, y a su padre, Francisco, en el pueblo gaditano de Paterna. El ADN y los análisis de la Universidad de Granada no certificaron que estuvieran entre los huesos rescatados.
“Me voy sin saber“, manifestaba Luis, sostén de la búsqueda. El 14 de julio de 2019 fue el entierro de las víctimas. El acto queda en el recuerdo como un día grande para el pueblo. Una fecha que Vega Sevillano vive como una victoria de esos a los que “llaman ‘busca huesos“.
No siempre ocurre. “Pensábamos que al abrir las fosas saldrían todos nuestros familiares, pero no es así”, lamenta Carolina Martínez. El porcentaje de identificaciones es bajo “porque los huesos ya no tienen ADN o los familiares no viven o no aparecen”, dice.
La Asociación de Víctimas de la fosa 94 en Paterna “quiere ir a bien con el Ayuntamiento”, llegar a un acuerdo, y nunca volverlos a tapar con la misma tierra. “Los expertos –continúa– nos dicen que al enterrar los restos en la misma fosa, aunque sea en cajitas, se acabarían deteriorando por la humedad, porque se filtra el agua… los destrozaría, y también la posibilidad de hacer nuevas pruebas de ADN en el futuro, si fuera posible”.
El Ayuntamiento de Valencia encabezado por el Alcalde Joan Ribó, con la participación en el acto de la Vicepresidenta Monica Oltra, y la Consellera de Memoria Democrática Rosa Pérez, inauguró el pasado 14 de Octubre esta placa en la antigua prisión provincial de mujeres de Valencia, hoy colegio publico 9 de Octubre.
La iniciativa la han desarrollado unas mujeres que sufrieron la represión durante el franquismo, y que durante una visita al centro no pudieron dar crédito a que en aquel edificio transformado en colegio publico no quedara ningún vestigio, nada que recordar. Concitaron el apoyo de un numero importante de entidades, asociaciones memorialistas y feministas, recogieron un millar de firmas y encontraron en el gobierno municipal actual el apoyo necesario, tanto la concejala de igualdad Lucia Beamud como el propio alcalde Ribo se comprometieron con esta causa.
Desde nuestra plataforma hemos dado todo el apoyo para que esta reivindicación haya sido una realidad y saludamos que se recuperen en Valencia los espacios donde la memoria democrática se “materializa”.
Las más de cien resoluciones judiciales que han sido dictadas por los Juzgados y Tribunales del Estado español desde el año 2016 hasta la actualidad, invocan sistemáticamente el principio de legalidad para proceder al archivo de las querellas criminales presentadas al objeto de que sean investigados judicialmente los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista y la Transición.
En este sentido dichas resoluciones judiciales argumentan que en aplicación del principio de legalidad y atendiendo a que el delito de lesa humanidad no fue tipificado como tal en el Código Penal español hasta el año 2004, fecha en la que entró en vigor, los crímenes anteriores a dicha fecha no pueden ser investigados y calificados como tales.
Con la modificación que se ha registrdo hoy del Código Penal, lo que se pretende es que los Juzgados y Tribunales españoles apliquen el principio de legalidad modulando y ponderando el mismo conforme a lo establecido en múltiples Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el Estado español.
En definitiva, que más allá de la fecha en la que se incorporara a nuestro Código Penal el referido crimen, a nivel internacional ya existía y ya estaba tipificado como tal y, por tanto, se debe atender a ese tipo penal de carácter internacional para proceder a la investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista y la Transición.
Plataforma ciudadana por el Centro de Memoria Cárcel de Carabanchel
El próximo jueves 22 comenzarán las jornadas de 12⁰ aniversario del derribo de la cárcel de Carabanchel, con algo de la historia de los presos y de los familiares, de su construcción y de su destrucción, así como los movimientos sociales en torno a la cárcel y la parcela que ocupaba.
Es La Cárcel de Carabanchel en nuestra Memoria Colectiva.
El próximo 22 de octubre a las 19.30 horas en la Librería “Sin Tarima” (calle Magdalena, 32 Madrid) se presentará el libro con la participación de Luis S. Fernández, autor del libro y nieto del protagonista, Mirta Núñez, historiadora, y Pablo Mayoral, miembro de la Comuna
Hablamos sobre… Los tres agostos de Luis el Sastre
Nos sentamos a hablar con Luis S. Fernández, amigo de esta web y compañero de mucha luchas, activista del memorialismo madrileño, es presidente/coordinador de la Asociación “Mesa de Memoria Histórica del Distrito de Latina” de Madrid
Luis es el nieto de Luis el Sastre, y sobre la historia de su abuelo acaba de publicar un libro en el que le rinde un sentido homenaje y recupera su figura para la memoria histórica colectiva del estado español.
En Los tres agostos de Luis el Sastre* nos relata la historia real de Luis Fernández Aguado, que fue el primer alcalde republicano de Fuenlabrada (Madrid), fusilado por el fascismo el 9 de agosto de 1940. En sus páginas aparecen, además del protagonista y su familia, lo que fue el pueblo durante los años de la II República, los problemas a los que se enfrentó el protagonista, su actividad, así como los falsos amigos, los delatores, los falsos jueces, los culpables de su asesinato… Es la vida de un hombre que peleó hasta el final por sus ideales y por mejorar las condiciones de vida de sus convecinos más necesitados…
LQSomos: ¿Cómo germina la idea de hacer este libro?
La idea surge a raíz de la curiosidad de mi prima hermana, Maria del Pilar, Maripili para la familia, que un día se le ocurrió poner el nombre del abuelo en el buscador de Google.
Salió, entre otros muchos resultados, uno que nos llevaba al libro que escribió Mirta Núñez Diez-Balart y Antonio Rojas Friend «Consejo de Guerra» y ahí aparecía el nombre de mi abuelo, con otros datos, entre ellos el número de expediente de la causa general.
A partir de entonces empezamos a interesarnos, aún más, por la historia verdadera de mi abuelo.
Yo disponía de sus cartas, las que escribió desde las diferentes cárceles por las que pasó, sobre todo Yeserías y Porlier, y todo esto sumado a que disponía de tiempo al haberme prejubilado de mi trabajo, me animó a lanzarme a la búsqueda de datos y hechos para ir formándome una idea de la historia real de Luis el Sastre, mi abuelo. Mi prima disponía de los recuerdos orales de sus tías abuelas, hermanas de mi abuelo que convivieron con ella varios años.
Según iba descubriendo cosas, empezó a rondarme la idea del libro, y aquí está.
LQSomos: ¿Lo ocurrido a tu abuelo y a tu familia durante aquellos terribles años, ha sido algo que hayas vivido y te hayan contado durante tu infancia y juventud, o ha sido una especie de descubrimiento reciente para ti?
Realmente en mi familia, como en la inmensa mayoría de ellas, imperaba la ley del silencio. Mi padre no quería hablar casi nunca del suyo y cuando lo hacía de forma muy escueta y contundente «el abuelo murió en la guerra» y yo me hice a la idea de que lo había hecho en una batalla en el frente de Madrid o defendiendo Fuenlabrada, lo que menos me esperaba era que hubiera sido fusilado por sus ideas diferentes a las de los vencedores. Cuando me enteré de la realidad, me dio un vuelco la vida, hablé con mi padre y me dijo que tenía guardadas las cartas que antes he citado, y me las puso en las manos haciéndome prometer que hasta que él no muriera no dijera nada a nadie de la existencia de esas cartas. Cosa que cumplí a rajatabla.
Pasado un tiempo de la muerte de mi padre, ocurrida en enero de 2007, abrí el tubo de latón que contenía los escritos de mi abuelo, delante de mí tenía un tesoro de 80 años de antigüedad, la letra de mi abuelo contando sus avatares en la cárcel y las tres últimas y desgarradora cartas de Capilla a su mujer, a sus hijos y a su madre y hermanos.
LQSomos: Tu abuelo, el primer alcalde republicano de Fuenlabrada, fusilado el 9 de agosto de 1940, ¿ha tenido algún tipo de reconocimiento por parte del ayuntamiento o las instituciones?
Parece increíble que siendo socialista mi abuelo, institucionalmente, y a día de hoy, no a tenido ningún reconocimiento siendo mayoría socialista la que gobierna allí. Hace un par de años se pusieron en contacto el Ayuntamiento de Fuenlabrada con mi prima y conmigo a raíz de un tuit que publiqué en el aniversario de su asesinato.
Fuimos al Ayuntamiento y ahí nos hablaron de ponerle el nombre a una calle, una Stolpersteine (1), o algún otro reconocimiento tanto a él como a otros vecinos fuenlabreños asesinados en Gusen y en Mauthausen, creo recordar.
Unidas Podemos presentó en 2019 una moción para cambiar el nombre del antiguo ayuntamiento, hoy Espacio Joven La Plaza, para poner el nombre de mi abuelo a ese edificio. Esa moción fue tumbada por la mayoría socialista que gobierna Fuenlabrada.
El único reconocimiento que ha tenido mi abuelo fue el que le organizaron, también, los compañeros de Unidas Podemos, en las fiestas del pueblo en el año 2019 que fue muy emotivo y cariñoso tanto para mí, personalmente, como para mi familia que asistió al mismo.
Podemos y debemos cambiar el pasado y podemos y debemos honrar a quienes se lo jugaron todo por devolvernos la democracia que otros nos robaron…
Betty Boop hecha por Luis El Sastre, en la cárcel de Porlier, 1940
LQSomos: ¿Por qué fusilaron los fascistas a tu abuelo? ¿Qué quiso hacer e hizo como alcalde en el pueblo?
El motivo real de por qué lo asesinaron sólo lo saben ellos, nosotros pensamos que los principales fueron, además de la ideología, la venganza y la envidia.
Venganza porque hizo el bien a muchos paisanos, los más desfavorecidos (eso se puede ver y demostrar con las actas de los plenos del ayuntamiento donde quedaron reflejadas sus solicitudes hacia los pobres del pueblo) y eso a los poderosos, a los caciques les sentó bastante mal, tocaba sus cuartos y mejoraba los bolsillos y la cultura de sus peones y trabajadores y eso no les gustaba nada.
Y envidia porque era una persona que era muy querida por la vecindad por ser muy cercana a ellos, y le sonreía la vida: era feliz con su negocio, su familia y sus hijos y amigos. Eso a la derecha como que no les gustaba, como se puede también demostrar en los documentos de denuncia por los que fue detenido y que figuran en la causa general.
En el libro desmontó cada argumento de esas falsas denuncias.
Como alcalde, y según consta en las actas de los plenos, mi abuelo instó a construir dos escuelas (con posterioridad las derechas dedicaron esos terrenos para casa cuartel de la guardia civil, hoy en día Casa de la mujer); encargó las obras a la gente del pueblo, en vez de contratar a gente de fuera; en fiestas tanto toros, toreros y músicos pedía que fueran también de la localidad para evitar gastos de mantenimiento al ayuntamiento; aumentó las listas de beneficencia para la gente más pobre del pueblo (y quitó a la guardia civil de ella, nadie sabía por qué la benemérita tenía privilegios sobre la población); peleó con la iglesia para que cumpliera la ley estatal de devolver los cementerios al ayuntamiento, y así muchas cosas más, siempre a favor de los más débiles, lo que le causó varias enemistades que a la postre fueron decisivas en la suerte que corrió ya que fueron las que le denunciaron y mintieron en sus declaraciones a la policía y a la guardia civil.
LQSomos: Parece que la principal base de documentación ha sido el propio archivo familiar: cartas, cuadernos, fotos, cuidadosamente conservados. ¿Has tenido acceso a otras fuentes de información? ¿Archivos oficiales? ¿Personas que conocieron y compartieron vivencias con tu abuelo?
Sí, por supuesto que sí, he visitado los archivos de Salamanca, Ávila, Alcalá de Henares, Paseo de Moret en Madrid y el archivo del propio ayuntamiento de Fuenlabrada, donde he contado con las mayores facilidades y ayudas por parte de todos y en especial de Luisa a la que nombro y doy las gracias en el libro porque sin ella y su ayuda le faltaría una pata al mismo.
Y he tenido la suerte, la satisfacción y la emoción de haber estado y hablado con varias personas que conocieron a mi abuelo y que me han contado cosas y anécdotas de él, en especial Francisco Fernández «Paco el concejal» hijo de Mariano Fernández, juez de Paz de la época de mi abuelo y que figura en el libro. Las otras personas no me dieron permiso a que aparecieran en él y no aparecen, pero si lo que me contaron.
LQSomos: La publicación cuenta con el prólogo de la prestigiosa historiadora Mirta Núñez Díaz-Balart, y dos introducciones de la mano de Pablo Mayoral (La Comuna, presxs del franquismo) y Arturo Peinado (Foro por la Memoria). ¿Confortan estos avales como un reconocimiento a tu investigación?
Por supuesto que sí, pero figuran como prologuistas sobre todo porque tengo el orgullo de contar con su amistad y luego de ser quienes son: tres de los puntales básicos de la memoria histórica a día de hoy.
Que personas tan importantes en la lucha memorialista sean los que prologuen tu obra es un punto más a favor del mismo y le da cierto caché al mismo. Es una auténtica gozada y un verdadero honor contar con su aportación.
A cada uno de ellos les conté la idea del libro y los tres me «empujaron» a escribirlo, me hicieron ver el tesoro que tenía en mis manos con las cartas de mi abuelo.
Al final les hice caso y el libro es en parte culpa suya también. Les estaré eternamente agradecido.
LQSomos: En el libro también cuentas con las ilustraciones del artista J. Kalvellido, ¿cómo surge esta idea de colaboración?
Pues como todas las grandes cosas de la vida, por una simple casualidad. Una de las compañeras de Unidas Podemos que componen el grupo municipal en los plenos, Tania Pasca, es la compañera sentimental de Juan Kalvellido.
Tania le informó a Juan de mi idea de hacer el libro y le facilitó mi contacto. Juan me escribió un WhatsApp….
Y a partir de ahí empezó todo, hablamos, se ofreció a hacerme los dibujos del libro, muchas charlas, escritos, fotos, etc, etc… y de ahí surgió una gran amistad que seguimos manteniendo hoy a pesar de la distancia.
En el homenaje que antes he citado Juan tuvo a bien regalarme un cuadro que compuso en honor a mi abuelo y que me entregó en persona en el mismo y que figura en un espacio preferente de mi despacho junto con el cartel del homenaje de UP
Luego empezamos a hablar a ver qué y cuántos dibujos haría para el libro y ahí están, un lujo para mí haber contado con el trabajo desinteresado de ese artistazo que es Kalvellido, un auténtico crack.
LQSomos: Con la manipulación histórica de la II República, el encubrimiento del franquismo, la Transición adulteradora… ¿eres consciente de la importancia del legado que aportan estos testimonios?
Sí, lo soy, y me alegro de que me hagáis esta pregunta porque soy de los que piensan que todos estos datos, llámense papeles, entrevistas, etc., deben salir a la luz para que impere la verdad, la única verdad y no la que nos han hecho creer. Y a las pruebas me remito, si no hubiera indagado en la vida de mi abuelo el día de mañana quedarían únicamente los datos tergiversados y malintencionados de la causa general.
Toda persona que tenga conocimiento e información acerca de sus familiares asesinados o desaparecidos deberían hacer lo mismo, como mínimo para lavar el honor de personas.
Podemos y debemos cambiar el pasado y podemos y debemos honrar a quienes se lo jugaron todo por devolvernos la democracia que otros nos robaron. Hay que empezar a saldar esa deuda histórica que tenemos con nuestras familias, es nuestra tarea pendiente y ahí es donde se empezarán a cerrar las heridas de una vez por todas.
LQSomos: Verdad, Justicia, Reparación… ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué necesita el movimiento memorialista para hacer realidad esos tres derechos?
Otra pregunta muy importante e interesante, estamos donde la ley de Amnistía del 77 nos deja estar, maniatados. Es una vergüenza que tengan que juzgar a los asesinos países diferentes al nuestro.
Si queremos avanzar hay que derogar esa vergonzosa ley, mientras siga en vigor es un aval para los jueces, es una carta blanca a la que se agarran como lapas, y más viendo lo que le pasó al juez Garzón…
Y otro punto sería conseguir la derogación de los juicios y condenas fascistas, es vergonzoso que hoy mi abuelo siga teniendo en la actualidad ficha de delincuente, cuando todo el mundo conoce el carácter de farsa que tuvieron aquellos seudojuicios.
El movimiento memorialista lo que necesita es savia nueva, gente más joven que la actual porque lo que parece que quiere la derecha española es que todos los abuelos de la memoria vayan muriendo y de esa forma acabar con esta gente «tan molesta»
Por suerte hay bastante juventud que empieza a involucrarse en el tema y varios periodistas que se encargan de darle altavoz mediático, también muy necesario, para que la lucha continúe hasta que todos los represaliados, en sus múltiples formas, bebés robados, exiliados, deportados, cunetas, fusilados, etc. etc. tengan la justicia y la reparación que merecen y eso solamente se puede conseguir con la verdad.
De momento el libro ya esta a la venta, pero con las circunstancias de la pandemia se van suspendiendo todas las presentaciones previstas. Nosotras de momento sugerimos su lectura y seguiremos a la espera poder difrutar de la presentación del libro de forma viible.
¡Gracias Luis!
Notas:
1.- https://bit.ly/3b4zM87
* Ficha técnica: LOS TRES AGOSTOS DE LUIS EL SASTRE. Primer alcalde republicano de Fuenlabrada
Autor: Luis S. Fernández, Prólogo de Mirta Núñez Díaz-Balart. Ilustraciones de Juan Kalvellido EL GARAJE EDICIONES. Colección Documentos Sociedad
230 páginas. Formato: 13,5 x 19,5 cms. ISBN: 978-84-121087-2-9 Precio: 15 euros.
Hoy el Ayuntamiento de Madrid ha retirado la placa de en honor a Largo Caballero y al lado del monumento a las víctimas del franquismo en Tormo se han producido 2 incendios provocados.
El Ayuntamiento de Madrid retira la placa en honor a Largo Caballero en el 151 aniversario de su nacimiento
Varios operarios han retirado este jueves la placa que honra la memoria del expresidente del Consejo de Ministros durante la II República. El Consistorio aprobó hace 15 días una petición de Vox, basada en bulos y manipulaciones, que instaba a retirar las distinciones a Largo Caballero y al exministro Indalecio Prieto. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, anuncia que su formación acudirá a los tribunales. Vox saca pecho y dice que el próximo objetivo es la estatua.
Operarios de Ferrovial retiran la placa a Largo Caballero en Madrid.- MÁS MADRID
La placa que honraba en Madrid la memoria de Largo Caballero, expresidente del Consejo de Ministros de la II República, ya no existe. Operarios de Ferrovial han arrancado la placa situada en la plaza Chamberí este mismo jueves 15 de octubre, cuando se cumplen 151 años del nacimiento del histórico dirigente del Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores.
Así lo ha denunciado Más Madrid este jueves desde la misma plaza Chamberí donde se ha arrancado la placa en honor al socialista. Manuela Bergerot, coportavoz del partido en la Comunidad, ha señalado que la iniciativa de retirar esta distinción “tendría que haber pasado por la Junta de Gobierno”, pero que el Consistorio ha decidido ejecutarlo directamente sin necesidad de motivar la decisión conforme a la Ley de Memoria Histórica. “Hoy comprobamos que el vandalismo que Vox hace en las calles amenazando delante de una escultura, el PP lo ejecuta desde las instituciones”, ha denunciado Manuela Bergerot, presente en la retirada de la placa.
La placa fue colocada por el Ayuntamiento de Madrid en 1981 con la unanimidad de todos los grupos políticos del Consistorio en el edificio donde vivió Largo Caballero, en la plaza Chamberí, y tenía la siguiente leyenda: “Madrid a Largo Caballero, testimonio vivo de honestidad y entrega a todos los trabajadores”. Largo Caballero, además de presidente del Consejo de Ministros durante la II República, fue un líder del PSOE y de la UGT y sufrió los campos de concentración nazis tras la Guerra Civil.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el 29 de septiembre la retirada de las calles y placas en honor a la memoria de los dirigentes republicanos y socialistas Largo Caballero e Indalecio Prieto, así como la petición al Gobierno de la retirada de las estatuas de ambos en Nuevos Ministerios. Lo hizo con una propuesta de Vox que historiadores y expertos criticaron por los bulos, mentiras y manipulaciones que incluye en el texto.
Quince días después, la estatua de Largo Caballero en Nuevos Ministerios ha sido vandalizada y el Ayuntamiento de Madrid ha retirado su placa sin previo aviso.
Fuentes presentes en el lugar en el momento de la retirada aseguran a Público que la coordinadora del distrito de Chamberí, miembro del PP, estaba presente durante la desinstalación de la placa. Este periódico ha contactado con el Ayuntamiento de Madrid y con la Junta Municipal del Distrito de Chamberí pero, de momento, no ha obtenido respuesta.
Más Madrid acudirá a los tribunales
La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha señalado a Público que su partido acudirá a los tribunales “para defender el patrimonio democrático de la ciudad contra los que quieren imponer una visión sesgada de la Historia donde se ensalza a los que defendieron la dictadura y se silencia a los que defendieron la democracia”. “Almeida ha consumado el atropello contra la legalidad que sus socios de Vox le han impuesto. Vox señala, Almeida acata. Es un atropello contra la memoria democrática y contra la legalidad vigente”, ha denunciado Rita Maestre.
La pared donde estaba instalada la placa a Largo Caballero.- MÁS MADRID
Vox: “El siguiente objetivo es la estatua”
La única reacción política de los tres partidos que aprobaron la retirada de las calles y placas en honor a Largo Caballero ha sido el partido de extrema derecha Vox. Desde su cuenta nacional, Vox ha citado la información de Público y ha señalado que el próximo objetivo es “la estatua” de Largo Caballero. “¿Queréis evitarlo? Derogad la ley de Memoria Histórica”, ha tuiteado la formación ultraderechista.
Armhex considera incitación al odio los incendios en El Torno
Los fuegos se han producido en las inmediaciones del ‘Monumento a la Memoria’, un grupo escultórico de Francisco Cedenilla en homenaje a los represaliados por la dictadura 15 octubre, 2020 26
Mirador de la Memoria en el Valle del Jerte
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) ha denunciado que “en pocos días”, se han producido dos incendios en la zona donde está ubicado el conjunto escultórico ‘Mirador de la Memoria’ en la localidad cacereña de El Torno. De esta manera la asociación considera que los hechos suponen una manera de “desprecio por la Memoria”.
“No deja de ser casual que, en pocos días, se hayan producido dos incendios en la misma zona y en unas horas, ya de noche, según fuentes locales, cuando más difícil es trabajar para los operativos anti-incendios, claramente intencionados y dirigidos a dañar el conjunto escultórico”, ha indicado Armhex en nota de prensa.
De esta manera, pone de manifiesto las “diversas campañas promovidas por grupos de derecha y extrema derecha que cuestionan la Ley de la Memoria Histórica así como el proyecto de nueva Ley de Memoria democrática”. De hecho, la asociación pone como ejemplo “el ataque vandálico sufrido por las esculturas en Madrid de quienes fueran destacadas personalidades del gobierno de la II República, Largo Caballero o Indalecio Prieto”.
“Son actos con evidente implicación ideológica y de incitación al odio”, insiste la Armhex en nota de prensa, en la que apunta también que El Mirador de la Memoria es un conjunto escultórico dedicado a la memoria de las víctimas de la represión franquista. Cabe recordar que es obra de Francisco Cedenilla Carrasco y fue inaugurada en 2009 con los personajes mirando hacia el Valle del Jerte y a la sierra de Tormantos.
Tiroteo tras la inauguración
De igual modo, la Armhex enfatiza que una vez se promulgó la Ley de Memoria Histórica de 2007, la Asociación Comarcal de Jóvenes del valle del Jerte, que durante varios años había estado organizando jornadas sobre la Memoria Histórica y la resistencia antifranquista en la comarca, desarrolló las gestiones necesarias junto al escultor Francisco Cedenilla Carrasco para instalar el conjunto. El mismo consiste en cuatro esculturas a tamaño natural de tres hombres y una mujer, todos desnudos.
En esta línea, recuerda que a los pocos días de ser inaugurado, el 24 de enero de 2009, el monumento fue “tiroteado”, otra muestra de la incitación al odio. No obstante, el escultor afirmó que los balazos que se pueden ver en el grupo escultórico completaron su obra, por lo cual “no necesitaba reparación”.
En este lugar se celebran diferentes actos en memoria de las víctimas y represaliados de la guerra civil y el franquismo. Uno de ellos, el día del guerrillero, se celebra cada primer domingo de octubre como homenaje a los guerrilleros que “defendieron las montañas del Valle del Jerte”. Se ha convertido igualmente en un “poderoso atractivo para turistas y viajeros”, añade la Armhex.
El monumento llamó la atención y alcanzó “gran difusión pública” al aparecer de forma destacada en la película ‘El silencio de otros’ (2018), de la cineasta de origen extremeño Almudena Carracedo y su pareja Robert Bahar, ganadora del premio Goya al mejor documental (2019), y en 2020 del ‘Emmy’ a Mejor documental, siendo considerado como “un símbolo internacional de homenaje a las víctimas de la dictadura franquista”.
Desde CeAqua damos la enhorabuena a estos compañeros de la lucha contra la impunidad.
El Salto
El trabajo de Ter García, Pablo Elorduy y Álvaro Minguito que investiga el paradero de prófugos de la justicia acusados de delitos de lesa humanidad ha sido premiados con el Cross Border Cooperation Prize.
El trabajo de los periodistas Ter García y Pablo Elorduy además del fotógrafo Álvaro Minguito “On the run from the past”, que investiga el paradero de prófugos de la justicia acusados de delitos de lesa humanidad, han sido premiados con el Cross Border Cooperation Prize de Stars4Media.
“On the run from the past” es un proyecto que El Salto lleva a cabo en colaboración con el medio francés StreetPress y el Centro di Giornalismo Permanente, ubicado en Italia. Se trata de una iniciativa cofinanciada por la Comisión Europea en el marco del proyecto piloto Stars4Media, un proyecto que fomenta la investigación relacionada con la innovación, las políticas y los desafíos socioeconómicos.
Como parte de este proyecto, El Salto ha publicado varios reportajes desde julio de este año. El primero seguía los pasos de Carlos García Juliá, uno de los asesinos de los abogados de Atocha en 1977, quien fue extraditado a España desde Brasil en febrero con 10 años y medio de condena pendiente de cumplir.
Los dos últimos reportajes se centraban en casos relacionados con violencia cometida por la extrema derecha en España, donde en los años 80 decenas de militantes españoles de extrema derecha, muchos de ellos de Fuerza Nueva y buscados por la justicia, huyeron a Paraguay. El último reportaje publicado en el marco de este proyecto ponía en contexto el asesinato de Yolanda González, un caso que condensa las incógnitas en torno a la connivencia entre los ultras, la guerra sucia contra ETA y
La querella interpuesta hace casi 2 años ha sido sobreseída al entender la juez que concurre “cosa juzgada”.
La querella interpuesta hace ya casi dos años por Sanfermines-78: Gogoan!, familiares de Germán Rodríguez, varias personas heridas en aquellos sucesos, la Federación de Peñas de Iruñea, el Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea y apoyada por el propio Parlamento de Navarra, ha sido sobreseida por entender la titular del Juzgado n.º 5 de Pamplona que concurre “cosa juzgada, atendiendo a que los hechos objeto de denuncia fueron objeto de otros procedimientos con anterioridad”.
Ofrenda floral en homenaje a Germán Rodríguez, en julio de este año. Javier Bergasa
Sanfermines-78: Gogoan! ha expuesto en una nota que casi40 años después de que la Justicia “mirara hacia otro lado y afirmase que no procedía juzgar a policía alguno, por no poderse determinar su responsabilidad en aquella criminal agresión, el Juzgado n.º 5 ha hecho un corta y pega de aquellos autos de archivo y ha repetido lo que entonces nos dijeron”.
Después de más de veinte meses en los que el Juzgado no ha practicado diligencia alguna tendente a revisar lo entonces actuado, “la Justicia vuelve a dar un bofetón a la ciudadanía navarra y dice que lo que vieron 20.000 mil personas en la plaza de toros y presenciaron decenas de testigos que afirmaron que Germán Rodríguez fue asesinado por la Policia, solamente existió en su imaginación”.
“En este sentido, nuestra discrepancia con la resolución judicial de sobreseimiento y archivo es total. En primer lugar, porque, tal como ha señalado el Tribunal Supremo, nada impide a un tribunal investigar los hechos cuando otro anterior se ha negado a ello y existan nuevas pruebas, como es el caso. Y en segundo término, porque la aplicación del Derecho Internacional a los crímenes de lesa humanidad es preeminente y exigible, exista o no tipificación propia en la legislación española. Por estas razones, en los próximos días interpondremos el pertinente recurso de apelación contra la resolución dictada”, indica SF78.
“La Justicia española, dispuesta a juzgar los crímenes de lesa humanidad siempre que estos sean cometidos en otros países (Chile: Pinochet; Argentina: Scilingo; El Salvador: Montano…), pero no en el propio, sigue siendo reacia y, en última instancia, cómplice, a la hora de perseguir y juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, en los que se enmarcan los sucesos de Sanfermines de 1978, y otros similares como los de el 3 de marzo vitoriano, los crímenes de Montejurra, la semana negra madrileña, los asesinatos habidos durante la II Semana pro-amnistía, etc.”, continúa la asociación.
Sanfermines-78: gogoan! afirma que lo sucedido en aquellas fiestas no fue casual, sino que se trató de una intervención premeditada. “Un auténtico crimen de Estado incubado en el marco de la Policía y el Ministerio del Interior, cuyo responsable político principal fue el entonces ministro Martín Villa y el Gobierno de UCD”.
El ayuntamiento ha aprobado la retirada de las calles a nombre de Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero
Como es conocido, el pleno del Ayuntamiento de Madrid del pasado 28 de octubre aprobó con los votos de PP, Ciudadanos y Vox una resolución destinada a eliminar del callejero de la capital los nombres de los dirigentes históricos socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto. La propuesta de resolución, de deficiente sintaxis, vino de la mano del grupo de extrema derecha y fue defendida en el pleno por su concejal Javier Ortega Smith. Ortega Smith cuenta en su haber con una sucinta pero laudatoria obra de Falange, el partido fascista español por excelencia y de su fundador, José Antonio Primo de Rivera. La fecha de aprobación de la resolución no es una mera casualidad. Se produce un par de semanas después de la aprobación en el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática contra el que han apuntado sus baterías la derecha mediática.
Estatua de Francisco Largo Caballero en el Paseo de la Castellana de Madrid, junto a los Nuevos Ministerios. EFE
Como ya han dado cumplida cuenta los medios de comunicación la resolución se sustenta en un cúmulo de falsedades y manipulaciones sobre la II República y la Guerra Civil plagiadas de la literatura histórica franquista y que repiten los historiadores aficionados negacionistas. Al PP y a Ciudadanos se les ocurrió la idea, que gustosamente aceptó Vox, de fundamentar la resolución en el artículo 15 de la llamada Ley de Memoria Histórica; es decir, la Ley 52/2007. Han tenido que retorcerla porque ese artículo se refiere a la exaltación de la sublevación de 1936, de la guerra y la represión durante la dictadura. Desde ese punto de vista la resolución es ilegal.
Por supuesto, la resolución municipal pasa por alto el hecho de que tanto Prieto como Largo Caballero fueron ministros y en el segundo caso también presidente del Gobierno de la República. Se trata, por lo tanto, de altos dignatarios de un régimen legal y legítimo. Y no sólo eso, sino que los crímenes atribuidos son pura invención.
A la derecha franquista le gusta decir que la guerra civil tuvo su origen en un supuesto golpe de estado en octubre de 1934, en lugar de en un golpe militar con planes de exterminio. Lo cierto es que ni Largo Caballero ni Prieto perpetraron golpe de estado alguno en octubre de 1934. Lo que hicieron fue convocar una huelga general. De hecho, a Largo Caballero le detuvo la policía en su propio domicilio.
Largo Caballero fue ministro de Trabajo entre 1931 y 1933, desplegando una amplia labor legislativa en materia sociolaboral. Hasta tal punto que académicamente se considera que fue en ese momento cuando surgió el Derecho del Trabajo en España. Ya en la guerra nada tuvo que ver con el orden público en Madrid, que estaba en manos del poder local. En cambio, fue labor fundamental suya la restitución del Estado republicano frente a la multiplicidad de poderes surgidos como respuesta al golpe de estado. Multiplicidad de poderes y también violencia política en la retaguardia republicana que no puede entenderse con las gafas del presente, sino en su contexto. Un contexto en el que a buena parte de los trabajadores y de los campesinos pobres les dio por pensar que el combate contra el fascismo iba parejo con la lucha por un nuevo orden social de carácter emancipatorio.
Tanto Indalecio Prieto como Largo Caballero murieron en el exilio, huyendo de una muerte segura en manos de los vencedores. Largo Caballero, además, pasó por los campos de concentración nazis. De manera que el Ayuntamiento al posicionarse contra una victima de los campos nazis se posiciona con los victimarios.
A los partidos que conforman la mayoría de la corporación madrileña todo esto les da igual. No es que en la argumentación de la resolución haya errores sobre la historia, como se ha dicho estos días. Más bien es que la derecha y la extrema derecha siguen leyendo el pasado en términos de victoria. En todo caso, la resolución ha de pasar por Junta de Gobierno donde ha de fundamentarse debidamente, si no se quiere incurrir en ilegalidad.
Por otro lado, la resolución municipal destinada a eliminar a Largo Caballero y a Prieto cuenta con antecedentes. Martínez Almeida ya eliminó la estela conmemorativa con los nombres de los más de dos mil madrileños fusilados en las tapias del cementerio del Este después de la guerra. Una humillación a las víctimas, bajo la argucia de que una parte de ellos fueron chekistas. Chekistas porque así lo determinaron una serie de consejos de guerra franquistas ilegales e ilegítimos, cuyas actuaciones y sentencias serán anuladas próximamente por la Ley de Memoria Democrática. Tampoco la resolución sobre la expulsión de Largo Caballero y Prieto será la última humillación a las víctimas del franquismo porque la derecha y la extrema derecha están cambiando su posición: del “no hay que remover el pasado para no reabrir heridas” han pasado a disputar en el campo de la memoria histórica con su propio enfoque filofranquista.
Martínez Almeida necesita sentir la suficiente presión social como para evitar llevar a efecto la ignominiosa resolución del pasado 28 de septiembre. Es una batalla que le corresponde ante todo a las asociaciones de víctimas y al movimiento memorialista en su conjunto. Sabemos que existen sensibilidades y preocupaciones diversas, pero el ataque del Ayuntamiento, que, como decimos, no será el último, afecta a todas las víctimas y a la totalidad del memorialismo. Se necesita torcer el rumbo de revisionismo histórico emprendido por la corporación municipal madrileña.
En este contexto, la iniciativa del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática significa una importante movilización política. Hace falta ahora una movilización social para conjurar las amenazas de revisionismo histórico y llevar a buen puerto una norma que garantice, por fin, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para las víctimas de los crímenes del franquismo.
DESDE HACE UNOS AÑOS, CON EL RESURGIR DE UNA CONCIENCIA DE MOVILIZACIÓN Y REIVINDICACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA, LOS INVESTIGADORES,
DOCUMENTALISTAS, ARCHIVEROS, JURISTAS Y ACTIVISTAS QUE TRABAJAN EN LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA ESTÁN RESCATANDO EN PAÍSES
COMO ESPAÑA, ARGENTINA Y CHILE LA PARTE OCULTA Y SILENTE DE LA HISTORIA OFICIAL. ESTE CICLO DE MEMORIA HISTÓRICA Y MUJERES QUIERE CONTRIBUIR
A RECUPERAR PARTE DE ESTA MEMORIA, DIFUNDIENDO VARIOS EPISODIOS HISTÓRICOS SUFRIDOS POR LAS MUJERES, Y ALGUNOS DE SUS TESTIMONIOS,
RESPETANDO Y DIGNIFICANDO SU VALENTÍA ANTE LA VIOLENCIA DE LA QUE FUERONVÍCTIMAS.
Los horarios son de Argentina (6 horas +
LUNES, 5 DE OCTUBRE, 2:00 PM ET
las maestras de la república. una historia recuperada.
Luz Martínez Ten, Secretaria de Mujery Políticas Sociales de la Federación de Empleados Públicos, Sindicato UGT.
JUEVES, 15 DE OCTUBRE, 2:00 PM ET
el asesinato grupal de mujeres en la zona franquista: la otra memoria histórica.
Mirta Núñez Díaz-Balard, Profesora titular, Universidad Complutense de Madrid.
JUEVES, 22 DE OCTUBRE, 4:30 PM ET
maternidades, filiaciones y legados del terrorismo de estado en argentina: heredar y desobedecer.
Liria Evangelista, Profesora y Directora de la Escuela de Español de Middlebury College en Buenos Aires.
JUEVES, 29 DE OCTUBRE, 3:00 PM ET
el robo de bebés en el estado español: un crimen de género.
Soledad Luque Delgado, Profesora de Fonética en Middlebury College School in Spain y presidenta de la asociación
Todos los niños robados son también mis niños.
JUEVES, 5 DENOVIEMBRE, 4:30 PM ET
crítica cultural en torno a la memoria de la dictadura y la transición: las cartografías
intersticiales diagramadas por nelly richard.
Juan Pastene, Profesory Director de Middlebury College School in Chile.
JUEVES, 12 DENOVIEMBRE, 2:00 PM ET
herramientas para la construcción de la memoria colectiva de las mujeres y el franquismo: los
archivos de memoria digitales.
Alejandro Peña Carbonell, Desarrolla herramientas y recursos tecnológicos para la gestión del patrimonio cultural y
la memoria oral. Aránzazu Borrachero Mendívil, Catedrática en el Departamento de Lenguas y Literaturas
Extranjeras, Queensborough Community College (CUNY)
Acto de homenaje en el cementerio de Vigo, este domingo 27 de septiembre, a los últimos cinco fusilados por el franquismo en 1975.
Este domingo 27 de septiembre se han cumplido 45 años de las últimas cinco condenas a muertes ejecutadas en España cuando al dictador Francisco Franco apenas le quedaban dos meses de vida. La hermana de Xosé Humberto Baena Alonso, uno de los cinco últimos ejecutados, ha remitido este viernes una conmovedora carta abierta a la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Memoria Democrática, Carmen Calvo, en la que reclama una enmienda al Proyecto de Ley de Memoria Democrática que el Gobierno ha aprobado para su tramitación parlamentaria, ya que de no ser así la nueva normativa legal no anulará los juicios sumarísimos que sufrieron las últimas víctimas mortales del franquismo, apenas dos meses antes de que cayera la dictadura con la muerte en la cama de Franco.
“Me ha decepcionado enormementeque, en su redacción actual, el artículo 5.3 del proyecto excluya la anulación del caso de mi hermano, entre otros”. María Flor Baena Alonso reclama en una emotiva carta al equipo de Carmen Calvo que ha llevado a cabo la redacción de este proyecto de ley que “corrija esta situación” y que hará “lo que haga falta” de nuevo en esta ocasión como ya hizo en 2004 durante la tramitación de la denominada Ley de Memoria Histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
“Necesito su ayuda: no nos defraude como pasó en 2007”, reclama la hermana de Xosé Humberto Baena Alonso a la ministra Carmen Calvo
“Por eso necesito su ayuda: no nos defraude como pasó en 2007”, insta a la vicepresidenta del ejecutivo de Pedro Sánchez. “Soluciones jurídicas hay y usted que es una mujer vinculada al mundo del Derecho lo sabe mejor que nadie. Si hay voluntad política se puede encontrar la solución técnica”, reclama la hermana de uno de los últimos cincos ajusticiados durante el franquismo, que este domingo 27 de septiembre ha vuelto a homenajear, como cada año en el cementerio de Pereiró en Vigo, donde está enterrado, a su familiar y al resto de los ejecutados.
El citado artículo 5.3 del Proyecto de Ley apunta que “se declararán ilegítimas y nulas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales y órganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidas por la Constitución”.
Sentencias franquistas a muerte que seguirán siendo firmes
El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallínha recordado recientemente en El País que “tal y como está redactado el anteproyecto, no podrían anularse sentencias como la que condenó a muerte a Salvador Puig Antich o la que provocó los últimos fusilamientos del franquismo, en septiembre de 1975”, por lo que cree que debería modificarse este texto porque considera que “todos aquellos juicios eran farsas en las que se acusaba de delitos de sangre sin capacidad de defensa”.
La hermana de una de las cinco víctimas ejecutadas por Franco en septiembre de 1975 asegura que su situación “es única” porque, según la LOPJ, sólo puede presentar un nuevo recurso en el Tribunal Supremo si aporta nuevas pruebas, que precisamente no se ajusta a su caso. “He agotado todas las vías e instancias en España y Europa y ante la ONU. ¿Qué solución me da para el caso de mi hermano?”, pregunta María Flor Baena Alonso a la vicepresidenta Carmen Calvo.
Sólo tendría dos opciones: o que el proceso parlamentario del proyecto de ley declare la nulidad de los juicios “injustos celebrados durante la Guerra Civil y el franquismo” o, como segunda opción, que la Fiscalía de Sala para la investigación de los hechos producidos durante la Guerra Civil y la Dictadura “revise y anule, en su caso, y de oficio, los juicios injustos”.
La hermana de este ajusticiado por Franco asegura que no desea una indemnización económica. “Lo único que busco es que se anule el juicio de mi hermano y se limpie su nombre”, añade.
Fotografía: Eldia.com
Ofrenda floral en homenaje a Germán Rodríguez, en julio de este año. Javier Bergasa
