El robo de bebés desde una perspectiva de género

Artículo de la periodista María José Esteso y Soledad Luque, presidenta de la asociación “Todos los niños robados son también mis niños” analizando el robo de bebés

Origen y evolución

 

Hablar de bebés robados es adentrarse en uno de los episodios más espeluznantes de nuestra historia reciente, por su extensión en el tiempo, porque se produjo en todos los rincones del Estado, y porque afectó a miles de personas de la manera más cruel imaginada.

Este drama, cuyas consecuencias seguimos padeciendo a día de hoy, no puede tratarse desde una visión simplista como acostumbran a hacer los medios de comunicación. Quedarnos en la superficie, pensando y difundiendo que este crimen tuvo un objetivo meramente lucrativo, es desvirtuar en sí su verdadera naturaleza, además de situar a los criminales en una posición jurídica que en absoluto es la que les debe- ría corresponder.

El hecho de que se produjera durante décadas, desde 1936 hasta bien entrada la democracia,  implica  tener  en  cuenta  los contextos históricos, políticos e ideológicos donde se cometió el delito. Esto supone una evolución también en el modus operan- di y los motivos a través de distintas etapas o fases, aunque todas ellas enlazadas por el fino y omnipresente hilo de la impunidad.

Se contemplan tres fases principales[1]: La primera está relacionada con el robo de los hijos a las mujeres republicanas; según el Auto de Baltasar Garzón del 18 de noviembre de 2008, se estima que hasta el año 1952, y bajo represión política, fueron robados más de 30.000 niños en cárceles y centros de detención. La segunda etapa se desarrolla a partir del año 1952 y durante toda la dictadura, es la fase más extensa; la ubicación ya no son únicamente las cárceles sino que la inmensa mayoría de robos se produce en clínicas y maternidades. Son en estos mismos centros donde se producen las desapariciones también durante la de- mocracia, donde se centra la tercera etapa, que marca diferencias con las dos anteriores en cuanto al motivo primordial de los robos, como se comentará más adelante. El número de bebés desaparecidos en la segunda y tercera es incalculable.

Los móviles de estos robos varían de una fase a otra. En la primera, el objetivo era se- parar los hijos de las mujeres republicanas por medio de aplastante represión política. Esta segregación infantil estaba basada en la teoría del psiquiatra Antonio Vallejo Nágera, jefe de los Servicios Psiquiátricos Mi- litares de la dictadura franquista y autor de Eugenesia de la  Hispanidad  y  regeneración de la raza en 1937. Una de sus tesis pseu- docientíficas, formado académicamente en la Alemania nazi, es la denominada «teoría del gen rojo», según la cual el marxismo era una enfermedad que daba lugar a una inferioridad intelectual, a degenerados y psicópatas antisociales que había que ex- terminar. En 1938 dirigió un estudio para determinar esta tesis, y para ello utilizó dos grupos de prisioneros republicanos: uno era un grupo de brigadistas y otro es- taba formado por mujeres de la cárcel de Málaga. Las conclusiones de este estudio quedaron reflejadas en La locura y la guerra: psicopatología de la guerra española en 1939, donde queda patente la horripilante y peligrosa teoría de Vallejo Nágera.

Una vez que propugna que esta «enfermedad» se transmitía genéticamente, la forma de evitar que se desarrollase en las personas que la heredaban era separarlas a temprana edad, de sus madres y padres, y reeducarlos en otros ambientes y otras familias. Las cárceles de mujeres eran el sitio propicio para llevar a cabo una segregación infantil en ese momento.

En los años 1940 y 1941 aparecen el Decreto Ley de 23 de noviembre de 1940 (BOE de 1 de diciembre, número 194, pp. 1973 y 1974, del Ministerio de la Gobernación sobre «Huérfanos. Protección a los de la Revolución y la Guerra») y la Ley de 4 de diciembre de 1941 (BOE de 16 de diciembre, página 2136, de Jefatura del Estado, sobre «Registro Civil. Inscripción de niños repatriados y abandonados»). Ambos documentos oficiales legalizaban la apropiación y tutela de las niñas y niños por parte del Estado.

A partir de mediados de los años 50, y du- rante toda la dictadura, los bebés que des- aparecen de los centros hospitalarios son fundamentalmente hijas e hijos de mujeres madres de familia numerosa, humildes o muy pobres, también de mujeres solteras, y casi todas ellas con importantes caren- cias culturales y educativas. En esta segun- da etapa se amplía considerablemente la población que es el objetivo de los robos. El motivo que suponemos como base para continuar cometiendo este crimen en estos años es la nefasta ideología  propugnada por el nacionalcatolicismo, donde la excusa de la moral cristiana justificaba el robo de bebés y su reubicación en ‘familias de bien’, con todo lo que significaba esa expresión en la España más recalcitrante y retrógrada del momento, y donde las figuras de autoridad y poder de cualquier ámbito (médico, eclesiástico o funcionariado) se permitían, supuestamente, decidir con qué familia se debía criar un bebé. En los últimos años de la dictadura encontramos también casos de mujeres jóvenes con ideas más adelantadas a las que la época, que eran consideradas «descarriadas», así mujeres separadas o parejas jóvenes primerizas.

Cuando nos adentramos en la tercera etapa, la que se desarrolla ya en la democracia, vemos que la tipología de casos no varía sustancialmente de los ocurridos en la segunda fase, aunque podría considerar- se que la motivación más relevante es la económica, la de lucrarse únicamente.

Al hablar del modus operandi, también hay diferencias entre las etapas. Mientras que en la primera, las mujeres republicanas eran conscientes de que les arrebataban a sus hijas e hijos, las mujeres de las etapas posteriores eran engañadas al decirles que sus bebés habían muerto. Tanto una como otra forma de actuar son extremadamente infames y despiadadas, pero la mentira a la que fueron sometidas las mujeres de la segunda y tercera etapa desencadenó, después de décadas de sufrimiento y una vez que son conscientes del engaño, una explosión de destructivos sentimientos que están haciendo de las vidas de estas mujeres un infierno. En la siguiente sección, se mostrará con más detalle esta situación.

Algo que no debemos perder de vista es que no se produce una ruptura entre las diferentes etapas o fases. Por tanto, no podemos hablar de mutación entre ellas sino de una evolución fruto de la continuidad. No podemos hacer una separación abrupta ya que «Las etapas de las que se ha hablado no son episodios aislados de nuestra historia reciente, sino que todas se relacionan a lo largo de una misma línea temporal cuyo punto hilo conductor es la impunidad y que llega hasta época muy próxima debido a la ausencia de una ruptura profunda con algunos ambientes sociales, políticos y jurí- dicos de una época que ni siquiera se puede todavía investigar ni enjuiciar».

 

Artículo completo:

“El robo de bebés desde una perspectiva de género”

https://revistanuestrahistoria.files.wordpress.com/2018/07/nh5_sluque.pdf

El Parlamento canario acuerda crear un banco de ADN para identificar a víctimas de la represión franquista

Eldiario.es

Canarias aprobará una ley de memoria autonómica que recogerá un banco de ADN

https://m.eldiario.es/canariasahora/politica/Parlamento-ADN-identificar-represion-franquista_0_795820956.html

La diputada del grupo Nacionalista Canario Guadalupe González Taño dijo a los periodistas que en la reunión de este lunes se ha avanzado “bastante” en la línea del consenso.

Los grupos parlamentarios han acordado este lunes que en la ley de memoria histórica de Canarias se establecerá la creación de un banco de ADN para identificar a víctimas de la represión y a bebés robados, pero aún dudan sobre el procedimiento para retirar símbolos y monumentos franquistas.

Estos han sido parte de los asuntos tratados este lunes en la reunión de la ponencia nombrada para la proposición de ley sobre memoria histórica de Canarias, y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista, que volverá a celebrar un encuentro la próxima semana.

A su término la diputada del grupo Nacionalista Canario Guadalupe González Taño dijo a los periodistas que en la reunión de este lunes se ha avanzado “bastante” en la línea del consenso y ha habido unanimidad respecto a la creación del banco de ADN, una de las cuestiones que más han reclamado las asociaciones de memoria histórica de las islas.

No obstante, señaló también que se intenta redactar una ley que tenga una fácil aplicación y ello genera algunas dudas, en concreto, sobre cómo debe tratarse la retirada de símbolos y monumentos franquistas en lo concerniente a las excepciones por razones artísticas o religiosas.

En concreto los grupos debaten sobre si la ley debe abordar esta cuestión de forma genérica o si debe detallar las razones que avalen una excepción para que no haya dudas, por lo que han pedido asesoramiento al respecto.

Se busca una ley clara, concisa y, sobre todo, de fácil aplicación para evitar que posteriormente haya estar haciendo consultas o reglamentos que la desarrollen, precisó González Taño.  

El representante de Podemos en la ponencia, el diputado Manuel Marrero, indicó que también se ha aceptado la propuesta de su grupo de ampliar de dos a cuatro el número de miembros de las asociaciones de memoria histórica en la comisión encargada de la ley, y que una de ellas sea vicepresidente o presidente de dicho órgano para evitar “que sea dirigido desde la Administración”.

Manuel Marrero dijo que ha variado “el talante” en la reunión pero aún hay asuntos en los que la posición es encontrada, como el hecho de que Podemos defiende que la investigación sobre los bebés robados se extienda más allá de 1978 y el resto de grupos pide que se mantenga ahí el límite, lo que supone “una discrepancia importante”.

Los otros grupos consideran que las secuelas del franquismo acabaron cuando se aprobó la Constitución “y no es así”, advirtió Marrero, quien dijo que en el caso de los bebés robados puede haber “matices” al considerar su petición de que la investigación se extienda hasta 2001 pero globalmente, explicó, “el modus operandi y en muchos casos los actores seguían siendo los mismos”.

También queda pendiente si la denominación de la ley incluye además el término de “democrática” para incluir la reparación integral a las víctimas de la dictadura, una cuestión de fondo a la que el diputado de Podemos confía que ayude una posible revisión de la ley de amnistía del franquismo por parte del Congreso de los Diputados.

Al respecto recordó que los relatores de las Naciones Unidas han advertido de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

En todo caso, Podemos prevé consultar el texto resultante de la ponencia con las asociaciones canarias de memoria histórica para saber si consideran que es satisfactorio y cubre sus expectativas y si no es así, añadió Manuel Marrero, no respaldarán la ley

La negación a las víctimas del franquismo del derecho a la tutela judicial efectiva

Público/Jacinto Lara

Es abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y de las víctimas del franquismo en la conocida como querella argentina

http://blogs.publico.es/otrasmiradas/14135/la-negacion-a-las-victimas-del-franquismo-del-derecho-a-la-tutela-judicial-efetiva/

El artículo 24 de la Constitución española establece de forma clara y precisa lo siguiente: todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

En el mes de julio de 2014, Pablo de Greiff, Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, en el marco de su misión a España, emitió un informe, en relación con las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, en el que puso de manifiesto que era en el ámbito de la justicia donde se observaban los mayores déficits en el tratamiento de esta cuestión.

Entre las recomendaciones al Estado español en esta materia formuló las siguientes:

a)    Valorar las alternativas y privar de efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía que obstaculizan todas las investigaciones y el acceso a la justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

b)    Promover una mayor conciencia acerca de las obligaciones internacionales en materia de acceso a la justicia, el derecho a la verdad y las garantías del debido proceso y darle expresión institucional adecuada a esas obligaciones.

c)    Asegurar la colaboración de la justicia española con procedimientos judiciales en el exterior.

También desde otros organismos de las Naciones Unidas durante los años 2014 y 2015 (Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Humanos y Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias) se ha reiterado al Estado español la necesidad de implementar esas medidas al objeto de revertir una situación de impunidad generadora de una absoluta indefensión que contraviene frontalmente la normativa que conforma el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional.

En realidad dicha situación no solo es incompatible con esa normativa internacional que, no olvidemos forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno de conformidad con la previsión contenida en el artículo 96 de la Constitución Española, sino que también violenta nuestra norma constitucional, entre otros, el artículo 24 anteriormente citado y el artículo 10.2 en cuanto establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades reconocidas se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Es por ello que nuestra propia norma constitucional prevé mecanismos suficientes para otorgar el debido y adecuado amparo judicial a las víctimas de la dictadura franquista, pero incomprensiblemente desde los poderes del Estado se les ha negado sistemáticamente ese derecho.

Transcurridos cuatro años desde que el Relator Especial Pablo de Greiff emitió su informe, el Estado Español no sólo ha hecho caso omiso a las recomendaciones que formuló, sino que la situación se ha visto agravada en cuanto al reconocimiento del derecho a la justicia a las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista. Algunas muestras de ello son las siguientes:

–       Por medio de Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de marzo de 2015 se denegaron las extradiciones de los imputados en la denominada querella argentina, causa penal que se tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires y en la que se investigan los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Por parte del Juzgado argentino se interesaba la extradición a efectos de tomar declaración, como ya se ha dicho, a los imputados en dicha causa, entre los que se encuentran varios ministros del régimen dictatorial franquista.

–       La Fiscalía General del Estado emitió con fecha 30 de septiembre de 2016, una instrucción de obligado cumplimiento, dirigida a las diferentes Fiscalías territoriales, para impedir que los Juzgados y Tribunales del Estado, mediante la ejecución de los correspondientes exhortos o comisiones rogatorias cursadas por el Juzgado argentino tomaran declaración tanto a las víctimas de la dictadura franquista como a los imputados en la causa penal referida anteriormente.

–       Durante 2016, 2017 y 2018 se han presentado un total de dieciséis querellas criminales en diferentes Tribunales de nuestro país para investigar los crímenes cometidos por la dictadura franquista. Cuatro fueron interpuestas por Ayuntamientos y otras Instituciones Públicas y doce formuladas por querellantes particulares. Once de dichas querellas actualmente han sido archivadas por los Juzgados, inadmitidas a trámite sin acordar diligencia de investigación alguna. Con carácter previo a dictarse las resoluciones de archivo la Fiscalía informó  negativamente respecto a la admisión a trámite de dichas querellas.

–       El pasado día 20 de marzo de 2018 el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó la toma en consideración de una proposición de Ley cuyo objeto era modificar la Ley de Amnistía en los términos recomendados por el Relator Especial de las Naciones Unidas Pablo de Greiff en su informe. La toma en consideración fue rechazada como consecuencia de los votos emitidos en tal sentido por los Grupos Parlamentarios del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos.

Sirva de botón de muestra lo hasta aquí expuesto para comprobar  y constatar que ha existido y existe una convergencia plena entre los diferentes poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que ha impedido el reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva que asiste a las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos punibles durante la dictadura franquista.

Por otra parte, el pasado 11 de julio compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados la actual Ministra de Justicia, Dolores Delgado. En dicha comparecencia la Ministra anunció como uno de los ejes centrales de la política del Ministerio los asuntos concernientes a Memoria Histórica.

En dicha comparecencia la Ministra después de expresar que cuando hablamos de Memoria, hablamos de Justicia, manifestó que el Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas, Pablo de Greiff, era “demoledor” para el Estado español, invitando a su lectura. También reconoció que las víctimas de la dictadura se encontraban en una situación de indefensión judicial que nos humilla a todos como pueblo.

Al finalizar su exposición anunció la adopción por parte del Gobierno de una serie de medidas en esta materia:

–       Reforma integral de la Ley de Memoria Histórica del año 2007.
–       Nulidad de los Tribunales de excepción franquistas y sus sentencias.
–       Impulsar desde lo público las exhumaciones.
–       Creación de una comisión de la verdad.
–       Resignificar el Valle de los Caídos.
–       Retirar la simbología franquista y el establecimiento de un régimen sancionador para aquéllos que incumplieran con la remoción de dicha simbología.
–       Acceso a los archivos.
–       Reapertura de la oficina de atención a las víctimas.
–       Estudio respecto a la posible ilegalización de las asociaciones e instituciones que hagan apología del franquismo.

La batería de medidas anunciada por la Ministra de Justicia -profunda conocedora del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Penal internacional- son de indudable trascendencia e importancia y, cuando las mismas sean adoptadas, el escenario mantenido hasta la fecha cambiará sustancialmente y supondrá un importante avance en cuanto al reconocimiento del derecho a la verdad, reparación y garantías de no repetición de las víctimas de la dictadura. Pero ¿qué sucederá en cambio con el derecho a la Justicia, con el derecho al debido proceso penal que asiste igualmente a todas aquellas personas que sufrieron aquéllas violaciones?. No podemos olvidar que el conjunto de derechos que les asisten, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición conforma un sistema integral indivisible e irrenunciable conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Cuando se habla de crímenes, el orden jurisdiccional competente para su investigación y, en su caso, enjuiciamiento, es el penal. Pero además, es incuestionable que conforme a los diferentes pronunciamientos de los mecanismos de las Naciones Unidas, los crímenes cometidos durante la dictadura franquista son constitutivos de crímenes contra la humanidad y que, conforme a los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por el Estado español resulta de obligado cumplimiento su investigación judicial.

Los argumentos esgrimidos hasta la fecha por los Juzgados y Tribunales nacionales en esta materia no pueden resultar más disconformes a Derecho.

–       La Ley de Amnistía no puede impedir la investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista, porque ello se opone frontalmente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Si los Tribunales españoles insisten en aplicar dicha Ley para impedir el acceso al debido proceso a las personas que sufrieron dichos crímenes y a sus familiares, habrá que impulsar e introducir las modificaciones legislativas necesarias para neutralizar el efecto que está provocando dicha norma.

–       El principio de legalidad, incuestionable en el ámbito penal, cuando se trata de investigar y enjuiciar crímenes contra la humanidad, debe ser debidamente modulado, pues si bien ninguna conducta que previamente no esté tipificada como delito puede ser sancionada penalmente, cuando nos encontramos ante los crímenes más aberrantes, que atentan contra el núcleo duro de los derechos humanos y que ofenden a la comunidad internacional en su conjunto, la previsión del Derecho Internacional contenida, entre otras muchas normas, en el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, establece que el citado principio de legalidad no puede impedir ni el juicio ni  la condena de una persona por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. Dado que esto último no se aplica por los Tribunales españoles, incurriendo en una grave ilicitud e ignorando que las normas de derecho interno no pueden contravenir las normas contenidas en cualquier Tratado internacional –artículo 27 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados-, resulta imprescindible acometer la correspondiente reforma en nuestro Código Penal para incorporar el citado principio de legalidad desde una perspectiva internacional.

–       La imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad es una norma consuetudinaria de Derecho Internacional de obligado cumplimiento, cuyo reconocimiento positivo se obtuvo a través del correspondiente Convenio Internacional.

–       La norma o principio básico de Derecho Internacional consistente en “extraditar o juzgar” es plenamente aplicable para incoar los correspondientes procesos penales en nuestro país a todas aquellas personas que fueron imputadas en la denominada “querella argentina” y cuyas extradiciones a este país fueron denegadas. En aplicación del citado principio procedería anular el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de marzo de 2015 y, en todo caso,  impulsar desde el Gobierno, a través de los Servicios Jurídicos del Estado o de la propia Fiscalía el ejercicio de acciones en el ámbito penal para que se investiguen dichos crímenes.

Nos encontramos en un momento importante en el que, gracias fundamentalmente al trabajo desarrollado por el movimiento social memorialista, los asuntos de Memoria Histórica y Derechos Humanos se encuentran en un primer plano de la agenda política y es necesario la adopción de una serie de medidas eficaces para revertir de una vez por todas una situación de impunidad incompatible con los principios básicos de un estado democrático.  Aquí solo  se indican algunas de dichas medidas que no tienen porqué ser las únicas, ni siquiera necesariamente imprescindibles, ahora bien, lo que no se puede es dejar de articular todas aquellas que modifiquen, de forma eficaz, un estado de indefensión inasumible tal y como la propia Ministra reconoció en su comparecencia.

Eso sí, en todo caso, convendría que desde el Gobierno se interesara de la Fiscalía General del Estado que la Circular de 30 de septiembre de 2016, que constituye una grotesca agresión jurídica a las víctimas de la dictadura, sea dejada sin efecto y ponga de manifiesto, igualmente, que también es de su interés un cambio de criterio de la propia Fiscalía respecto a la admisión a trámite de las querellas criminales que se interpongan para la investigación de los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista.

En definitiva, como dice el Relator de las Naciones Unidas, Pablo de Greiff,  es evidente que la fortaleza de las instituciones democráticas no puede ser adecuadamente medida por su capacidad de silenciar o dejar de lado algunos temas, especialmente aquellos que se refieren a derechos fundamentales, sino por su capacidad de gestionarlos efectivamente, aunque sean complejos e incómodos.

Por tanto, en consonancia con ello, cabe añadir que es evidente la debilidad democrática de un Estado que implementa medidas conducentes al establecimiento y mantenimiento de una situación de impunidad que genera una grave indefensión judicial a las víctimas de la dictadura franquista, resultando necesario revertir, de una vez por todas, dicha situación con una serie de medidas eficaces que integren de forma plena el conjunto de todos y cada uno de los derechos que asisten a dichas personas. Y esto último es una cuestión de voluntad política que debería estimular a la Administración de Justicia a dictar resoluciones judiciales que sean acordes con los estándares internacionales exigidos en esta materia.

40º aniversario del asesinato de Germán Rodríguez.

Las consecuencias de la petición de justicia y lucha contra la impunidad acaban en coacciones contra la libertad de expresión.

El 8 de julio acudimos al homenaje a Germán Rodríguez en Pamplona. Se iniciaba un recorrido desde la Plaza de Toros, continuando hasta el lugar donde se sitúa la estela conmemorativa que, por diversos motivos, ha tenido que instalarse una y otra vez con el esfuerzo de las entidades memoralistas navarras. Dicha estela se situó, en un inicio, en el lugar donde fue asesinado Germán. Se añadió a la ruta la nueva estatua recién erigida por el 40º aniversario de su asesinato a manos de la policía.

El recorrido acabó en la plaza del Ayuntamiento, desde donde las distintas entidades sociales honraron tanto a Germán como a Joseba Barandiaran, también asesinado en una manifestación en Donostia pocos días después, cuando reclamaba justicia por Germán, y donde todos y todas exigieron el fin de la impunidad de los hechos de ese trágico 8 de julio de 1978.

Entre ellos, se encontraban varios de nuestros compañeros de CEAQUA (aquí la intervención de Felisa Echegoyen)

Ya en el mes de mayo se había presentado el informe de la Comisión de la Verdad sobre dicho ataque sobre la población civil. En el mismo, se destacaba que había base suficiente para reabrir los sumarios y presentar una querella por delitos de lesa humanidad.

El Congreso de los Diputados rechazó el 8 de mayo la petición de la apertura de una investigación solicitada por la Plataforma Sanfermines 78 Gogoan!

Esta semana hemos asistido con sorpresa a la denuncia de aquellos y aquellas que han tenido carteles contra la impunidad colgados de sus balcones por “injurias al Estado”. Desde CEAQUA nos parece indignante que la libertad de expresión, que es uno de los Derechos Fundamentales inalienables sea vulnerada de esta manera.

Por ello, hemos escrito la siguiente carta al Ministro de Interior, solicitando que deje sin efecto las diligencias policiales abiertas en este sentido.

AL MINISTRO DEL INTERIOR

D. FERNANDO GRANDE-MARLASKA GÓMEZ

 

[…], Letrado en ejercicio perteneciente al Colegio de Abogados de Madrid, actuando como Letrado de la COORDINADORA ESTATAL DE APOYO A LA QUERELLA ARGENTINA (CEAQUA), ante el Sr. Ministro comparezco y, como mejor proceda, DIGO:

PRIMERO.- Que el pasado viernes 13 de julio vario/as vecino/as de Pamplona que exhibían en sus balcones una serie de pancartas firmadas con el logotipo de la Plataforma “San Fermines 78 gogoan”, recibieron una serie de notificaciones para comparecer ante la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Navarra, al objeto de determinar la posible existencia de un delito de injurias a las instituciones del Estado.

SEGUNDO.- Las pancartas exhibidas denunciaban la impunidad en la que se encuentran los trágicos sucesos acontecidos en la ciudad de Pamplona durante las Fiestas de San Fermín de 1978 como consecuencia de una brutal, desmedida y desproporcionada acción policial que generó la muerte del joven pamplonés Germán Rodríguez y más de cien heridos (más de una decena de ellos de bala).

El lema de dichas pancartas “SF-78: INPUNITETARI STOP IMPUNIDAD” se ha venido utilizando durante toda la campaña que la Plataforma “San Fermines 78 gogoan” lanzó el pasado mes de enero y que ha sido suscrito y apoyado por más de cien colectivos sociales, sindicales, políticos, peñas sanfermineras y diferentes instituciones públicas.

Es más, el pasado día 8 de julio se concentraron en la Plaza del Ayuntamiento miles de personas exigiendo el fin de la impunidad en relación con los crímenes cometidos durante las Fiestas de San Fermín de 1978.

TERCERO.- Como consecuencia de aquellos sucesos se incoaron varios sumarios por los Juzgados de Instrucción de Pamplona resultando todos ellos sobreseídos provisionalmente y ello sin haberse practicado determinadas diligencias de prueba que pudieran haber identificado a los responsables de aquéllos crímenes atroces.

CUARTO.- En definitiva, nos encontramos ante una situación de impunidad en relación con una grave actuación policial, lamentablemente tan característica de la época, que ha llevado, aprovechando el cuarenta aniversario de aquéllos sucesos, a que la ciudad de Pamplona recuerde no sólo a las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos, sino también a denunciar la inacción del Estado respecto a la investigación y enjuiciamiento de aquéllos hechos.

QUINTO.- La notificación policial recibida el pasado viernes por varia/os vecina/os de Pamplona por un posible delito de injurias a las instituciones del Estado, como consecuencia de la exhibición en sus balcones de las pancartas referidas anteriormente, supone y representa una gravísima violación del derecho a la libertad de expresión que les asiste.

Debemos recordarle, como usted bien sabe, que la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales reconocidos a todo ser humano en la práctica totalidad de los países democráticos por ser un elemento nuclear para el pleno desarrollo de la personalidad y para la existencia de una convivencia plural y libre. Es así que la libertad de expresión ocupa un lugar eminente en los textos constitucionales de todos los países de nuestro entorno, también en los pactos y declaraciones internacionales que consagran los derechos humanos. Entre otros, así lo recogen el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH).

En su Observación general n.º 34 de julio de 2011, relativa al artículo 19 —sobre libertades de opinión expresión— del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresaba que la libertad de expresión era «la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas». Esta libertad se considera asimismo como la «condición necesaria para el logro de los principios de transparencia y rendición de cuentas». Es así muy claro el Comité de Derechos Humanos cuando, más adelante, expresó directamente que «el Pacto atribuye una gran importancia a la expresión sin inhibiciones en el debate público sobre figuras del ámbito público y político en una sociedad democrática». Añadiendo: «Todas las figuras públicas, incluso las que ejercen los cargos políticos de mayor importancia, como los Jefes de Estado o de Gobierno, pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política. En consecuencia, el Comité ha expresado su preocupación en relación con leyes sobre cuestiones tales como la “lèse majesté”, el desacato, la falta de respeto por la autoridad, la falta de respeto por las banderas y los símbolos, la difamación del Jefe de Estado y la protección del honor de los funcionarios públicos. Los Estados partes no deben prohibir la crítica de las instituciones, como el ejército o la administración.»

Por su parte, el Relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, abundó en la misma línea y así incluyó en su informe de junio de 2012, entre sus recomendaciones a los Estados, lo siguiente: «La difamación no debe constituir un delito penal en ningún Estado. Las leyes penales sobre difamación son intrínsecamente severas y surten un efecto desproporcionado y paralizante sobre el derecho a la libertad de expresión».

SEXTO.- Por tanto y para concluir, la actuación policial a la que se ha hecho mención anteriormente, supone una grave violación del derecho fundamental a la libertad de expresión y opinión, reconocido constitucionalmente, así como en diferentes Pactos y Convenios Internacionales en materia de derechos humanos.

Resulta sorprendente que el actual Gobierno no ponga límites a una actuación policial totalmente desproporcionada, que lo único que pretende es amedrentar, limitar y restringir derechos fundamentales que asisten a la ciudadanía en cualquier marco democrático.

Por lo expuesto,

SOLICITAMOS AL SR. MINISTRO acuerde impartir las correspondientes órdenes e instrucciones para dejar sin efecto todas y cada una de las diligencias policiales a las que hemos aludido a lo largo del presente escrito.

En Madrid, a 16 de julio de 2018.

Las víctimas de Billy el niño hablan a los medios

Julio Gomáriz ha intervenido en el programa de la Cadena Ser “La Ventana” donde ja explicado las torturas que sufrió y los motivos que le llevan a presentar la querella pidiendo Justicia
Enlace donde se puede oír la entrevista desde el minuto 6 del programa.
http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_laventana_20180713_160000_170000/

La Sexta

Dos víctimas de las torturas de ‘Billy el Niño’ presentan nuevas querellas contra el expolicía franquista
http://www.lasexta.com/noticias/nacional/dos-victimas-de-las-torturas-de-billy-el-nino-presentan-nuevas-querellas-contra-el-expolicia-franquista_201807135b487d630cf29dfeb1bcf6cf.html

Dos víctimas de las torturas del expolicía Antonio González Pacheco, conocido como ‘Billy el Niño‘, acuden este viernes a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para interponer dos querellas contra el torturador, la octava y la novena, según informa ‘Público’.
El exmiembro del PCE Adolfo Rodríguez y Julio Gomáriz, que pertenecía al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, acuden este viernes a los Juzgados de Plaza de Castilla para interponer dos querellas contra Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño’, por crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado por las torturas a las que fueron sometidos.
Con estas querellas, ya son nueve en total contra el expolicía ‘Billy el Niño’, que tiene un total de cuatro condecoraciones: dos medallas de plata al mérito policial y dos cruces con distintivo rojo, gracias a las cuales tiene pluses en su pensión acumulables.

La Batería de Cok, espacio de confluencia en Avilés.

Se ha abierto un local, en la C/Rivero 31, cuya finalidad como dicen en su pagina de facebu es:  "un nuevo espacio en Avilés dedicado a la confluencia de personas e ideas, a la cultura y a la transformación social".
Muy buena idea que, espero que cuaje en nuestra ciudad.
https://www.facebook.com/labateriadecok/ 

No olvidemos a los bebés robados

Infolibre/Cristina Monte

Artículo en el que se desgrana la poca información que se dispone de los casos de bebés desde el franquismo a pesar de haber abierto el caso Garzón en su causa contra los delitos del franquismo

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/columnas/2018/07/16/no_olvidemos_los_bebes_robados_85124_1023.html

Hace unos días la Ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunciaba la reforma de Ley de Memoria Histórica para incorporar asuntos que hagan de ésta una Ley digna de tal nombre: “Declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias, impulsar desde lo público las exhumaciones, crear una comisión de la verdad, resignificar el Valle de los Caídos en los términos recomendados por la Comisión de Expertos que estudió el asunto en 2011, retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, con un procedimiento tasado con sanciones económicas para el caso de incumplimiento y reforzar el acceso a archivos”. Además, anunció la reapertura de la oficina de apoyo a las víctimas del franquismo, la puesta en marcha de planes de búsqueda de desaparecidos, la elaboración de un censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, y el estudio de fórmulas que permitan la “ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo”. Cualquier demócrata debe sentirse reconfortado, al menos a la espera de ver cómo estos planes se concretan.

Sin embargo, de entre toda la herencia que nos dejó la Guerra Civil y el franquismo, un asunto va quedando relegado, el de los bebés robados. Quizá porque está demasiado vivo y duele de forma especial, quizá por el papel protagonista de una parte de la Iglesia, o tal vez porque hay quien discute que deban considerarse víctimas del franquismo, al existir casos muy posteriores al fin de la dictadura.

Hace un tiempo tuve ocasión de estudiar con cierta profundidad el escándalo de los bebés robados en España. Quiero agradecer a Sol Luque, Presidenta de “Todos los niños robados son también mis niños”, integrante de CeAqua, e investigadora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid su disposición a explicar este drama, su rigurosidad a la hora de describir y valorar las posiciones tanto judiciales como de los que están trabajando desde asociaciones dedicadas a este asunto. Tanto en aquel momento como ahora, en la preparación de este artículo, su información ha sido clave.

Al acercarse a este asunto, lo primero que llama la atención es la falta de datos rigurosos, o al menos que conciten el acuerdo de quienes están trabajando sobre ello. Nadie se atreve a asegurar una cifra de afectados. Hay quien habla de 3.000, hay quien de 30.000 o incluso muchos más. De las 2074 diligencias de investigación que se han abierto desde 2011, únicamente han sido judicializadas 522, de las que no se tiene información. El resto han sido archivadas por diferentes motivos: falta de pruebas, muerte de los implicados, e incluso por prescripción. Esta prescripción supone negar que el robo de bebés fuera un delito de lesa humanidad, cuestionando así los principios sobre los que trabajó el juez Garzón en su ofensiva judicial contra los crímenes del franquismo.

En el auto de inhibición que dictó Baltasar Garzón ante la negativa de la Audiencia Nacional para investigar los crímenes del franquismo, y en el que remite a los juzgados decanos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Burgos, Málaga y Zaragoza los datos relativos a los niños robados durante la Guerra Civil y primeros años del franquismo para que investiguen su paradero, Garzón resaltó que de los documentos que figuran en la causa se desprende que “podría haberse desarrollado un sistema de desaparición de menores hijos de madres republicanas (muertas, presas, ejecutadas, exiliadas o simplemente desaparecidas) a lo largo de varios años, entre 1937 y 1950, realizado bajo la cobertura de una aparente legalidad”.

A esto hay que añadir que después de 1950 siguieron desapareciendo bebés, si ya no en cárceles, sí en clínicas y maternidades; quizá ya no por represión política, pero sí bajo la otra represión, la ideológica, la social y, por supuesto, la de género. El móvil político no es el único que existe en la represión del Estado dictatorial que fue el franquismo.

El auto del juez Garzón continúa afirmando que “esta situación, a pesar de lo terrible que puede parecer hoy día y de que a la gran mayoría de los ciudadanos les puede resultar casi inverosímil, lo cierto es que presuntamente ocurrió y tuvo un claro carácter sistemático, preconcebido y desarrollado con verdadera voluntad criminal para que las familias de aquellos niños, a las que no se les consideraba idóneas para tenerlos porque no encajaban en el nuevo régimen, no pudieran volver a tener contacto con ellos. Se propició una desaparición legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha”.

Este auto es del año 2009, pero la falta de información y análisis sobre esta tragedia sigue dejando en la oscuridad uno de los acontecimientos más negros del franquismo. Mientras no se arroje luz sobre los casos de bebés robados será imposible reparar el daño.

Con este objetivo, la asociación Todos los niños robados son también mis niñospropuso a la Coordinadora Estatal de apoyo a la querella argentina -CeAqua- una Proposición de Ley para abordar de forma específica los casos de bebés robados. Recogiendo las reivindicaciones históricas de las diferentes asociaciones que trabajan sobre el tema, la Proposición de Ley se centra en las medidas relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos basadas en los principios de Naciones Unidas sobre el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, dando cabida a todas las víctimas desde el 17 de julio de 1936.

No debemos olvidar que estamos ante un tipo de crímenes con una peculiaridad que dificulta la investigación: los bebés desaparecían en una punta del país y eran trasladados a la otra. Esto hace que sea imprescindible la coordinación en todos los niveles y un tratamiento unificado de todos los mecanismos relacionados con archivos, banco de ADN, censo, unificación de criterios jurídicos en las Audiencias Provinciales, política única de exhumaciones y un largo etcétera. Por eso, la Proposición de Ley ofrece un marco estatal a las medidas que existen ya en las diferentes Comunidades Autónomas para que pueda coordinarse de la forma más eficaz.

La Proposición cuenta con el apoyo, hasta el momento, de Amnistía Internacional, la Asociación ProDerechos Humanos de España, la Red argentino-europea por el Derecho a la identidad, y numerosas asociaciones de víctimas por el robo de bebés de diferentes puntos del Estado español. Desde finales de 2017 las asociaciones que la impulsan se han reunido con todos los grupos parlamentarios. Están a la espera de su registro para que sea tramitada.

Nos encontramos, sin duda, ante un caso más de víctimas del franquismo, con crímenes cometidos durante la Guerra Civil, la dictadura y años posteriores. Nadie se atreve a poner una fecha final, si bien hay dos fechas que coinciden con dos hitos legislativos que permiten hablar del descenso de casos: 1987, que es cuando se promulga la primera Ley de adopción, y 1999, cuando se declara inconstitucional el parto anónimo. El hecho de que estos crímenes se siguieran produciendo después de la dictadura, durante toda la Transición y bien entrada la democracia, no sólo no invalida su naturaleza de crímenes franquistas, sino que es una prueba más de cómo el franquismo dejó una profunda huella estructural en nuestra sociedad de la que debemos urgentemente liberarnos. En este sentido, en 2010 se interpuso la denominada Querella argentina contra los crímenes del franquismo, una Causa que investiga los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. De las 19 personas imputadas en esta acción judicial, hay un ginecólogo –Abelardo García Balaguer– presuntamente relacionado con el robo de un bebé en 1967en la Línea de la Concepción. Es la primera vez que en un ámbito judicial se considera delito contra la humanidad el robo de bebés en España.

El primer juicio por un asunto de bebés robados tuvo lugar el 26 de junio de 2018, hace apenas un mes, y quedó suspendido por ingreso hospitalario del acusado, el Doctor Vela., acusado de sustracción de menor de siete años, suposición de parto y falsedad en documento oficial.

Además de apoyar a las víctimas, estudiar los crímenes, conocerlos y juzgarlos es imprescindible para arrojar luz sobre este drama, muchas de cuyas víctimas están vivas y en algunos casos, con muchas dudas sobre su identidad. Este sería, sin duda, el primer paso para poder hablar de un Derecho de reparación.

Presentadas 2 nuevas querellas contra Billy el niño por torturas

Ceaqua

 

COMUNICADO DE PRENSA CEAQUA

En el día de hoy, 13 de julio de 2018, se han presentado dos querellas criminales en los Juzgados de Instrucción de Madrid por parte de Adolfo Rodríguez Gil y Julio Gomáriz Acuña.

Ambas están dirigidas contra diferentes miembros de la policía política franquista, entre otros, Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, por las torturas que sufrieron.

Adolfo Rodríguez Gil fue detenido en dos ocasiones por agentes de la Brigada Político Social entre los que se encontraba Billy el Niño, una de ellas en mayo de 1972 y la otra a principios del año 1974. En la primera detención fue sometido a tortura.

Julio Gomáriz Acuña fue detenido en tres ocasiones durante el período comprendido entre 1970 y 1976 y, de igual forma, fue brutalmente torturado.

Tal y como se indica en el texto de las querellas presentadas, dichos delitos constituyen crímenes contra la humanidad porque formaban parte de un ataque planificado y sistemático
contra la población civil, organizado por y desde los aparatos de la dictadura franquista para reprimir a la disidencia política de la época. Esto es, dichos ataques estaban dirigidos contra todas
aquellas personas que ejercían oposición política al régimen, reclamando y requiriendo el reconocimiento de derechos fundamentales que hoy están reconocidos constitucionalmente.
Con la presentación de estas querellas se ofrece una nueva oportunidad en una doble vertiente:
1.- Que la Fiscalía cambie y modifique el criterio mantenido hasta la fecha e informe favorablemente respecto a la admisión a trámite de dichas acciones.
2.- Que los Jueces, de una vez por todas, dicten resoluciones, en estos casos, acordes con los estándares internacionales exigidos en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y del Derecho Penal Internacional, aplicando para ello la propia norma constitucional
que así lo prevé en sus artículos 96 y 10.2 y, en consecuencia, investiguen y enjuicien este tipo de crímenes tal y como en su momento hicieron con los crímenes internacionales que fueron
cometidos en otros países.

Una vez más nos vemos obligados a recordar que las graves violaciones punibles de
Derechos Humanos no pueden quedar impunes, que los crímenes denunciados son inamnistiables e imprescriptibles, y que la tipificación del crimen de lesa humanidad, con independencia de cuando fuera incorporado como tal a nuestro derecho interno, se encontraba
tipificado en el ámbito internacional con anterioridad a que sucedieran los hechos objeto de denuncia.

Si a las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista no se les reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, no obtendrán la correspondiente reparación integral que requiere estos casos y continuaremos manteniendo un déficit democrático insostenible.

Por ello, queremos emplazar expresamente al nuevo Gobierno socialista para que interese
de la Fiscalía General del Estado un cambio de criterio que implique el informar favorablemente la admisión a trámite de las querellas presentadas.

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Utrera Molina justificó las penas de muerte franquistas en una entrevista de 2014

Público /Raúl Bocanegra

Utrera Molina firmó la sentencia a pena de muerte de Salvador Puig Antich. Suegro de Gallardón fue denegada su extradición a Argentina

http://www.publico.es/politica/impunidad-franquismo-utrera-molina-justifico-penas-muerte-franquistas-entrevista-2014.html

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, responde con un contundente y documentado escrito a la demanda de la familia del exministro franquista contra él, Teresa Rodríguez y Alfredo Díaz-Cardiel

Fotografía de Archivo, tomada el 16 de diciembre de 1974, de José Utrera Molina, ministro y vicepresidente en diferentes Gobiernos de Francisco Franco. EFE/Volkhart Müller

“Los Consejos de Ministros…eso lo llevaba el Ministro de Justicia y Franco lo firmaba y los demás no decíamos nada, estábamos de acuerdo con lo… las medidas que se podían tomar. Pero yo concretamente ni siquiera recuerdo que pasara eso por consejo de Ministros, yo no… es que no me acuerdo, si no lo diría, no me acuerdo, pero es que aunque estuviera allí, pues claro, pues habría dicho que sí a tal (sic) decisiones colectivas frente a gente que se estaba acreditando en el asesinato y en el ataque al Estado. Lógicamente estábamos en contra de todos aquellos que querían subvertir el orden en España”. Con estas palabras, justificó el exministro franquista, José Utrera Molina, las condenas a muerte franquistas –incluida, claro está, la del militante anarquista Salvador Puig Antich, en 1974– en una entrevista con la Voz de Nerja, publicada aquí el 22 de septiembre de 2014.

La entrevista es uno de los documentos que contiene el contundente y trabajado escrito que han presentado los abogados del diputado de ERC, Gabriel Rufián, en un juzgado de lo Civil de Madrid para defenderse de la demanda que le ha puesto la familia de Utrera Molina por dos tuits. La familia política (Utrera Molina era su suegro) de Alberto Ruiz Gallardón, exministro de Justicia de Mariano Rajoy, le reclama a Rufián 10.000 euros en concepto de daños al honor, la retirada de los tuits y la publicación de la sentencia, en caso de ser condenatoria, en Twitter y en un diario nacional, además del pago de todas las costas. La demanda también va dirigida contra Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos Andalucía y contra el exdirigente de Podemos en Castilla La Mancha, Alfredo Díaz-Cardiel, a quienes les pide lo mismo.

 

Rufián sostiene que sus tuits son opiniones y comentarios sobre frases de dominio público difundidas por la prensa

El pasado 2 de marzo, Rufián, activo y polémico tuitero, escribió en la red social lo siguiente: “A Puig Antich le rompieron el cuello con 23 años en un garrote vil. Hoy hace 44 años. Quien le condenó, Utrera Molina, murió con 91 en su cama. Quien redactó su sentencia, Carlos Rey, es hoy abogado de Sánchez Camacho. Que no se te olvide”. Un año antes, el 22 de abril, día en que falleció el exministro franquista, Rufián había puesto este otro tuit: “A Puig Antich le rompieron el cuello con un garrote vil y 23 años. Quien le condenó, ha muerto hoy con 91 en su cama. Que no se olvide”.

En el escrito de defensa, Rufián sostiene que los tuits “son comentarios, opiniones, manifestaciones personalizadas sobre frases de dominio público difundidas por la prensa. En los términos utilizados en los tuits, se entiende bien la relación que el finado (Utrera Molina) tuvo con la ejecución de Puig Antich. Lo cierto que, como gobernante, el difunto Utrera Molina, validó aquel trámite, sea con convicción, con desidia o por la lealtad de la que siempre alardeaba. Por mucho que sus hijos le quieren desligar de aquella ejecución, que seguramente les resulta poco compatible con la imagen de hombre bueno y de fé católica que le atribuyen con veneración, hablamos de un hecho sobre el que tiene su cuota de responsabilidad”.

El artículo 20 de la Ley del Gobierno franquista decía lo siguiente: “El Presidente y los demás miembros del Gobierno son solidariamente responsables de los acuerdos tomados en Consejo de Ministros”. En aquel entonces, si el Ejecutivo decidía refrendar una pena de muerte, se daba por enterado de la misma. Esto fue lo que sucedió en el caso de Puig Antich. Y así lo recogió la jueza argentina María Servini, en un auto de octubre de 2014, con la siguiente fórmula: “Hechos que habré de imputarle a José Utrera Molina: El haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich”

Hacerse eco de las informaciones

En su escrito, Rufián agrupa diversos recortes de prensa que dan cuenta de la acusación de la jueza argentina, María Servini, que indaga una querella de la familia de Puig Antich. “Es la prensa, pues, -prosige la defensa de Rufián- la que difunde primero la acusación de una jueza argentina por delitos de lesa humanidad. No se duda de la firma necesaria de Utrera Molina en la tramitación de la pena de muerte, se da por hecha esa participación. Por eso, cuando fallece, es la prensa la que de nuevo incide en la contribución de José Utrera Molina a la consumación de la ejecución”.

Agrega el escrito: “De hecho, a la vista del contenido de las noticias, es incomprensible que los demandados se ensañen con los tuits, en lugar de luchar por una rectificación de esos artículos demandando judicialmente a los informadores, si es que de verdad se considerasen deshonrados. La participación del finado en los trámites necesarios para llevar a efecto la ejecución se da por hecho en todas las noticias, con cita de su nombre y afirmaciones tan explícitas como estas: “Fue uno de los firmantes de la pena de Salvador Puig Antich”, “la magistrada le imputaba el haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich”, ejecutado a garrote vil “firmó la sentencia de muerte”, “firma la sentencia de muerte” “uno de los ministros responsables”, “validó la ejecución”, “firma la orden de ejecución”…”

“Utrera Molina era miembro orgulloso del Gobierno en aquel momento y no ha renegado de nada”

Y rematan los letrados de Rufián: “El tuit del día del óbito, posterior en el tiempo a la mayoría de las noticias que hemos reseñado, se limita a hacerse eco, de forma muy contenida por cierto, de esas informaciones”. “En cuanto al segundo tuit, se limita de nuevo a hacerse eco de las palabras de los informadores y lo hace en un tono que no tiene otro propósito más que el de disentir de la pena de muerte y del uso que de la misma se pudo hacer en el franquismo. La cita y vinculación del “agraviado” le viene dada por la prensa, pero en cualquier caso ya hemos explicado que era miembro orgulloso del gobierno en aquel momento y que no ha renegado de nada. Son los hijos, o al menos alguno de ellos, los que al parecer difunden a la prensa el óbito, seguramente con la sana intención de rendirle homenaje, pero exponiendo de hecho a su difunto padre a los titulares de prensa que se encontraron después, en una sociedad en la que las noticias se difunden de forma viral”. En el funeral de Utrera Molina, de hecho, se cantó el Cara al Sol, himno de la Falange.

“Los hijos del difunto habrían deseado un reconocimiento público que hoy es impensable”

Sobre la alusión a la muerte en la cama, los abogados de Rufián sostienen que “se trata de un dato, sin más”. “De merecer alguna connotación, teniendo presente el contenido de las noticias comentadas que inspiraron los tuits, sería para significar la idea de que los gobernantes franquistas gozaron del perdón y, como en este caso concreto, disfrutaron de una vida larga, mientras que al condenado a muerte no se le conmutó la pena, a pesar de la demanda internacional, falleciendo muy joven dramáticamente”.

“Compagina mejor el mensaje -añaden los letrados del diputado de ERC- con el lamento por la falta de compasión que con la inexistente acusación de asesinato que la parte actora se obstina en enfatizar. No hay discurso del odio. Al contrario, el mensaje es humano y conciliador, lamentando un pasado que no podemos ni debemos olvidar. Es falso que los tuits de Gabriel Rufián hagan reseña sobre las creencias, ni contienen ninguna palabra que pueda incitar al odio. Los hijos del difunto habrían deseado un reconocimiento público que hoy es impensable; se sienten agraviados por la respuesta de la prensa y se ensañan selectiva e interesadamente contra los demandados. Pero por mucho que se cargue la pluma en la demanda, los hechos son como son y los mensajes son expresiones de libre opinión forjada sobre hechos difundidos en prensa, no exentos de veracidad y carentes de afrenta al honor y a la imagen”.

Libertad de expresión

La defensa de Rufián recoge además las siguientes reflexiones: “El contenido de los tuits es ajustado al derecho de libertad de expresión, así como a las resultas de la actividad a la que se dedicó el finado libremente. La exposición pública a la crítica social es algo inherente a la vida del político y especialmente cuando forma parte de un gobierno; no digamos ya si se trata de una dictadura (pensemos en la imagen que recibimos de los dirigentes de Venezuela o Corea del Norte). Las posibles inexactitudes que pudiesen achacarse a los mensajes litigiosos, tienen que ser contextualizadas, no dramatizadas tendenciosamente”.

“La imagen de Utrera Molina -agrega su defensa- no ha sido en modo alguno afectada por los tuits, es su objetivada pertenencia al Gobierno, bajo cuyo mandato se perpetró la ejecución [de Puig Antich] la que le coloca en una posición comprometida a la luz pública; es la prensa contemporánea la que le adjetiva y le atribuye el hecho; es su propio discurso anacrónico el que alienta la reprobación de la prensa y de las generaciones actuales; y es una juez argentina la que le llama a declarar por posible delito de lesa humanidad”.

“Enjuiciamos una expresión coloquial de carácter crítico sobre un hecho histórico en el que estuvo implicado Utrera”

Añaden los abogados del diputado: “José Utrera Molina no podría sentirse hoy agraviado porque alguien le reproche un papel (aunque fuere de comparsa), voluntariamente asumido, dentro de la teatralización que dotaba de formalidad legal una condena a muerte. Independientemente de la calificación de su asentimiento o ausencia de oposición a la pena capital, estamos aquí enjuiciando una expresión coloquial de carácter crítico sobre un hecho histórico en el que estuvo implicado el político Utrera Molina, mal que les pese a sus hijos; y es obvio que en el discurso del ofendido rechinaba una doble moral que da pie al reproche del observador actual. Así, cuando se aplauden, se justifican y se comparten las decisiones del dictador y se ha contribuido de buen grado al buen fin de su política, no se puede exigir a la sociedad que deslinde quirúrgicamente a José Utrera Molina de aquellas cuestiones que ahora resulten incómodas a su familia y sobre las que prefiere no se le identifiquen”.

Y rematan así su razonamiento: “Es completamente normal que el público perciba al finado como implicado y le acuse coloquialmente de connivencia, especialmente si se hace un esfuerzo por conocer su figura, a través de sus memorias y de sus últimas apariciones en los medios. De hecho, la revisión de la hemeroteca evidencia que el difunto Utrera Molina, tras el fin de la dictadura, justificaba los actos de gobierno realizados durante el franquismo, ensalzando la figura del dictador y sintiéndose orgulloso de su implicación política y personal”.

Justificación de la dictadura

El escrito de defensa recoge un extracto de la carta que Utrera Molina envió a la Diputación de Sevilla en noviembre de 2016, cuando esta institución decidió retirarle los honores de que gozaba. Escribió el exministro franquista: “Se me acusa también de falangista, como si el hecho de serlo me desacreditara públicamente. Pero en este caso no puedo ni voy a defenderme porque quiero afirmar con orgullo y la cabeza bien alta, que he sido, soy y seré mientras viva, falangista. […] Y finalmente se me acusa con especial crudeza de ser leal a la memoria del anterior Jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, a quien se le dirigen toda clase de insultos, pese a que ya está desde hace más de 41 años sometido al juicio de Dios y de la historia. Que la lealtad y la coherencia política sean consideradas un descrédito, dice mucho del talante democrático de quien formula la acusación”.

“Pero no me arrepiento ni me arrepentiré jamás de haber servido a España -continúa la misiva- y en este caso, al pueblo de Sevilla, bajo el mandato de un hombre excepcional al que algún día, cuando el tiempo deje pasar la tormenta de las pasiones y la objetividad se abra paso entre las nubes del odio y del rencor, se reconocerá como uno de los mejores gobernantes que ha tenido España, dejando a su muerte una nación mucho mejor, más fuerte, justa y cohesionada que la España rota de la que tuvo que hacerse cargo en una de las horas más trágicas de su historia”.

“No fue un títere ni un político sometido a los dictados del Jefe del Estado. No reniega de nada y estuvo entregado a la causa”

Utrera Molina añadió entonces: “Pero por no rehuir ninguno de los aspectos que tan apasionadamente se vierten en esa proposición, reitero en este momento que entre mis responsabilidades públicas en el gobierno de la nación jamás estuvo la de dictar sentencias o condenas de ninguna clase, ni siquiera la de su validación o consentimiento, pues tales competencias estaban claramente delimitadas por la legalidad vigente”. La defensa de Rufián reflexiona al respecto de este extremo: “No parece pues que el finado fuese un títere ni un político sometido a los dictados del Jefe del Estado. No reniega de nada, muy al contrario, estuvo entregado a la causa; sin embargo pretende que el público le distancie de las ejecuciones que pasaron por su mesa de despacho alegando que sólo le cabía participar en un trámite formal intrascendente”.

Además, el diputado de ERC añade en el documento enviado al juzgado que “no se sabe que el supuesto agraviado haya demandado judicialmente en vida a ninguna editorial por ese tipo de manifestaciones, que se vertían con crudeza ya en los años anteriores. Al contrario, el señor Utrera Molina se expuso a los medios, muy consciente de la crítica social, concediendo entrevistas provocadoras en las que se enorgullecía de su condición de franquista y falangista. De modo que si el afectado no se sintió en vida cohibido ni renegó de nada ni luchó por reponer su honor o su imagen frente a las manifestaciones que le vinculaban con las penas de muerte, mal pueden sus hijos coger el testigo de un supuesto agravio que no habría ofendido al padre”.

“A modo de resumen, -indican los abogados del diputado de ERC- concluimos que en los mensajes de Gabriel Rufián: No hay mención a creencias, ni insultos ni vejaciones ni acusación de asesinato. No hay pretensión de informar, sino de compartir un sentimiento u opinión. Se hace reflejo de noticias de prensa repetitivas que dar por cierto el hecho. Y han de tenerse presente los siguientes hechos: Los demandantes omiten la existencia de reseñas de prensa mucho más explícitas y eluden cuestionar su veracidad. El finado participó en el Gobierno por el que hubo de pasar el trámite de la ejecución. El difunto se reconoció como mínimo obediente en el trámite e incluso partidario de las ejecuciones”.

El Parlamento Europeo solicita al gobierno español actuaciones en relación a los crímenes franquistas

Ayer, 11 de julio, el Parlamento Europeo dio un paso importante al solicitar al gobierno español actuaciones en relación a la Verdad, Justicia y Reparación de los crímenes franquistas. El eje de la denuncia fue la masacre del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, pero el mayor resultado fue que la denuncia deja clara la impunidad que aún perdura en el Estado español. El Gobierno español deberá responder a las preguntas realizadas por la Comisión de Peticiones de Bruselas. Desgraciadamente han tenido que pasar tres años desde que presentamos esta petición. Y queda abierta todavía, porque no sabemos cuál será la respuesta del gobierno español. Pero nos felicitamos por este paso en la lucha contra la impunidad.
La impunidad franquista lleva cuarenta años incrustada en la médula institucional española, y para que afloren todas las responsabilidades de las barbaridades y crímenes cometidos desde 1936, tal y como lo exige la Jurisdicción Internacional, el gobierno y judicatura actuales tienen un gran trabajo por delante para responder a otras denuncias como la realizada por nuestros compañeros de Martxoak 3 Elkartea; como la masacre en Sanfermines de 1978, o Montejurra en 1976, o los fusilamientos de 1975, o los muertos en las movilizaciones pro-amnistia de 1977, o los abogados asesinados el mismo año en Atocha de Madrid, o el asesinato de Puig Antich de 1974…y así desde 1936 con las miles de víctimas que aún se encuentran en fosas comunes por todo el Estado y con la interminable lista de crímenes cometidos durante los años de la dictadura y que quedan por responder.
Con los crímenes de lesa humanidad no valen leyes de prescripción o de amnistía. Esto se lo ha dejado muy claro al Estado español, una y otra vez, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ahora ha sido El Parlamento Europeo quien ha tomado el mismo camino. También en el Congreso de Madrid las asociaciones memorialistas hemos presentado diversas propuestas de ley para eliminar todas las trabas que la impunidad ha ido tejiendo y poner en marcha la Justicia. Queda pendiente por ver si el nuevo Gobierno español toma las medidas democráticas necesarias con la misma celeridad que aplica para otras.

Euskal Herria, 12 de julio de 2018

Un juez suspende la entrada en prisión de la ‘bebé robada’ condenada por injuriar a la monja que participó en su adopción

Público/Maria Serrano

Se le denegó el indulto pero de momento no tendrá que entrar en prisión

http://m.publico.es/politica/2051801/un-juez-suspende-la-entrada-en-prision-de-la-bebe-robada-condenada-por-injuriar-a-la-monja-que-participo-en-su-adopcion

La decisión judicial le permitiría evitar la entrada en prisión si abona los 3.000 euros de multa en los próximos 48 meses. Tampoco tendrá que pagar la indemnización de 40.000 euros.

 

La bebé robada Ascensión López, condenada por injuriar a la monja que tramitó su adopción, no entrará en prisión. Al menos, de momento. El juzgado de lo penal número tres de Almería ha ordenado la suspensión de la condena a cinco meses de prisión que pesaba sobre Ascensión por no pagar los 3.000 euros de multa que le había impuesto la justicia. El auto también ha descartado que Ascensión López tenga que pagar 40.000 euros de indemnización y otorga un nuevo plazo de dos años para que Ascensión pueda satisfacer el pago de la multa. “Si abona dicha cantidad, la pena de prisión pendiente quedaría totalmente suspendida”, aclara a Público el abogado de Ascen, Juan de Dios Ramírez.

 

Ascensión López ha sido la primera persona condenada en España por el robo de bebés. Fue denunciada por la monja que tramitó su adopción y fue condenada al pagó de una indemnización de 40.000 euros y una multa de 3.000 euros, que se convirtió en cinco meses de cárcel ya que Ascensión no tenía recursos económicos para hacerle frente. La mujer llegó a pedir un indulto al Gobierno en 2016. que finalmente fue rechaza por el exmnistro Rafal Catalá, del Partido Popular.

 La monja que denunció a la ‘bebé robada’, Ascensión López, no quiere oír hablar de perdón

En declaraciones a Público, Ascensión ha declarado en pocas palabras su enorme “alegría” al conocer parte del auto que suspende la pena de prisióndurante dos años hasta que realice el pago total de la multa de tres mil euros en los próximos 24 meses. Asimismo, Alfonso Cárdenas, secretario de la asociación Sevilla Bebés Robados que ha arropado a Ascensión en todo este proceso, señala a Público “la satisfacción que supone para todas las víctimas que la dura condena de Ascensión se haya rebajado”.

Suspendido durante dos años

El auto judicial señala que para Ascensión ”concurren las condiciones para suspender la ejecución de la pena de cárcel, al ser inferior a dos años, no tener antecedentes penales y ver que sus circunstancias personales hacen presumir de una menor peligrosidad criminal”.

 

Crowdfunding para abonar la multa

Ascensión y la asociación Bebés Robados ya impulsaron un crowdfunding que les permitió obtener algo de dinero. “Ahora solo nos faltan 2312 euros de la multa”, dice Cárdenas, que señala que el resto de la deuda, las costas del juicio y los abogados ya han sido financiados por la campaña de crowdfunding, iniciada por la asociación.

Martxoak 3 Elkartea comparece este miércoles en el Parlamento europeo para defender su denuncia

Naiz

https://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20180709/martxoak-3-elkartea-comparece-este-miercoles-en-el-parlamento-europeo-para-defender-su-denuncia

La asociación Martxoak 3-Víctimas 3 de Marzo comparecerá este miércoles, 11 de julio, ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en Bruselas, para defender la denuncia presentada en 2015 ante la cámara europea en la que pedía, entre otras materias, «instar al Gobierno español a que atienda las demandas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición».

Concentración de Martxoak 3 para exigir justicia. (Juanan RUIZ/ARGAZKI PRESS)

En representación de la asociación Martxoak 3-Víctimas 3 de Marzo, Andoni Txasko y Nerea Martínez defenderán en la Cámara europea la denuncia en la cual se solicitaba «investigar sobre las vulneraciones de normas europeas» e instar al Gobierno español a que «atienda las demandas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición» que reclaman las víctimas ocasionadas por la Policía el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz.

Además, se pedía «contrastar la diferencia que existe» entre la política sobre memoria histórica del Gobierno español, las recomendaciones del Consejo de Europa y las Naciones Unidas y las bases del programa europeo ‘Una memoria activa’. En este sentido, la asociación demanda a las instituciones europeas que «animen a las autoridades españolas a adecuar sus políticas en dicho ámbito a los estándares internacionales».

Andoni Txasko, víctima y portavoz de Martxoak 3, y Nerea Martínez, sobrina de uno de los cinco fallecidos, expondrán los motivos de la denuncia antes de que la Comisión Europea aborde la cuestión. Posteriormente, los diputados europeos presentes expondrán sus opiniones sobre la petición y, tras el debate, la Comisión de Peticiones decidirá sobre la misma, según ha explicado la asociación.

La petición fue presentada por Martxoak 3 Elkartea el mismo 3 de marzo de 2015 telemáticamente, y en julio de 2015 de forma presencial con la ayuda de los eurodiputados Izaskun Bilbao (PNV) y Josu Juaristi (EH Bildu). La petición fue admitida en diciembre de 2015.

Tras varios trámites y respuestas de la Comisión de Peticiones, ha llegado ahora la fecha definitiva en la que se adoptará una decisión sobre la denuncia, tras escuchar a las víctimas.

La delegación de Martxoak 3 que acudirá a Bruselas se muestra «esperanzada ante este nuevo avance en su lucha contra la impunidad y el olvido». «Las víctimas del crimen de Estado perpetrado en la iglesia de San Francisco de Asís en 1976 llevamos más de 42 años reclamando Justicia ante un modelo español de impunidad que ha cerrado todas las puertas a nuestras demandas», han indicado.

Martxoak 3 considera que «la vía internacional es una herramienta de denuncia eficaz, y aunque los ritmos no son todo lo rápidos que necesitamos se van dando avances importantes». «Este paso que vamos a dar en Bruselas tiene que dejar en evidencia a un Estado que no cumple con la legislación internacional en materia de Derechos Humanos y esperemos que sea el salto definitivo para que de una vez por todas se acabe con la excepcionalidad y la discriminación vergonzosa que sufrimos las víctimas de la violencia provocada por los aparatos del Estado español durante décadas», ha concluido.

Los policías de la Masacre de Sanfermines acumulan 40 años de absoluta impunidad

Público /Danilo Albin

Sigue sin hacerse justicia despues de 40 años de la muerte de Germán Rodríguez. El colectivo Sanfermines 78 gogoan ha realizado un acto pidiendo justicia

http://www.publico.es/espana/policias-masacre-sanfermines-acumulan-40-anos-absoluta-impunidad.html

El 8 de julio de 1978, las Fuerzas de Seguridad del Estado, con Martín Villa como ministro de Interior, dispararon contra una multitud en la Plaza de Toros de Pamplona. Hubo un joven asesinado y 150 heridos. Los datos de lo ocurrido siguen siendo escondidos por el Estado.

Las balas mataron la fiesta. Los sueños se tiñeron de color sangre y la vida de Germán Rodríguez, un joven de 27 años, se apagó para siempre. La culpa fue de los disparos policiales. Este domingo, la alegría sanferminera hará una pausa para recordar, entre silencio y dolor, los terribles hechos de aquel 8 de julio de 1978, cuando un salvaje operativo de “los grises” acabó con la vida de Germán e hirió a una multitud temblorosa y confusa. Quienes estuvieron allí aún tienen grabadas las escenas del espanto. Son los recuerdos de la muerte.

“Recuerdo la sensación de pánico, el ruido de las sirenas, las luces de las furgonas que iban de una calle para otra, los policías bajándose y disparando a quien tuvieran delante…”. Sabino Cuadra, un militante abertzale que con el paso de los años llegaría a ser diputado de la coalición independentista Amaiur, tiene literalmente grabadas en su cabeza las imágenes de aquel día, que se mezclan con otro dato anecdótico. “Aquella tarde –rememora- era la primera vez en mi vida que iba a los toros”.

El reloj marcaba las 20.45. Cuando la corrida había terminado, unas 50 personas bajaron al ruedo y desplegaron una pancarta en la que se pedía la libertad de las personas encarceladas por motivaciones políticas. “Amnistía total. Presoak kalera (los presos a la calle). San Fermín sin presos”, se leía. Este mensaje desató la furia de unos cuarenta policías que entraron a la plaza y empezaron a cargar contra todo lo que se movía. Al frente de ellos estaba Miguel Rubio, comisario jefe de Pamplona.

Entonces sonaron los primeros disparos. Pero habría más. Muchos más. De hecho, se contabilizaron hasta 150 tiros de revólver contra la muchedumbre. En las calles de la capital navarra también hubo ráfagas de ametralladoras Z-70. Uno de esos proyectiles dio en la cabeza de Germán Rodríguez, que murió en el acto. Otra persona fue alcanzada en una axila, pero sobrevivió. Había heridos por todas partes. Sanfermines, los alegres Sanfermines, eran ya un reguero de sangre.

 

Germán Rodríguez

“Preparad todas las bocachas y tirad con todas las energías y lo más fuerte que podáis. No os importe matar”, había sido la orden dada por un mando desde la comisaría. “Ese es el señor que mató a Germán”, subraya Cuadra, quien destaca que “al margen del asesino material, están los asesinos políticos: el que dio las órdenes de disparar a matar y Martín Villa, que encubrió todo aquello”. En efecto, el brutal operativo policial no mereció ni la más mínima investigación. Sus responsables, a pesar de que hubo una persona muerta a causa de los disparos, siguieron en los cuerpos policiales como si nada hubiera ocurrido.

Lo que esconde el Estado

Coincidiendo con el 40 aniversario de aquella masacre, varias y varios pamploneses han formado la comisión Sanfermines 78 Gogoan, nacida con el espíritu de buscar lo que hasta ahora no se ha encontrado: justicia. A pocas horas del homenaje que se realizará este domingo frente al ayuntamiento de la capital navarra, Sabino Cuadra, uno de los componentes más conocidos de esta plataforma, valora los “pasos positivos” que se dieron a lo largo de los últimos meses en las instituciones navarras para tratar de hacer justicia. Entre otras cosas, destaca la autorización del ayuntamiento de Pamplona para instalar una escultura que rememora estos hechos y que ha sido sufragada mediante aportaciones populares. También pone en valor el apoyo del consistorio a la Comisión de la Verdad, creada a finales del año pasado para tratar de romper la impunidad que históricamente ha rodeado este caso.

Sin embargo, el muro levantado en 1978 sigue resultando difícil de quebrar. “Hay aspectos esenciales que siguen cerrados por la negativa del gobierno español a esclarecer todo aquello”, afirma Cuadra. Por ejemplo, la Comisión de Interior del Congreso –con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos- se negó en mayo pasado a desclasificar los documentos relacionados con la masacre. Esa solicitud había sido respaldada previamente por el Parlamento de Navarra, pero no sirvió de nada: en Madrid volvió a chocar con la misma pared.

El caso ha llegado ahora al Parlamento Europeo, donde la Comisión de Peticiones deberá valorar la denuncia presentada por Sanfermines 1978 Gogoan respecto a la imposibilidad de acceder a los documentos relacionados con estos hechos. En ese contexto, Cuadra advierte que la desclasificación de los archivos “es muy importante”, ya que “en su día hubo un boicot manifiesto del ministerio de Interior –dirigido por Martín Villa-, que se negó facilitar a los jueces los materiales que les fueron solicitados”. “Frente a ese boicot de Interior, hubo una condescendencia por parte de la judicatura, que miró para otro lado”, subraya. Cuarenta años después, la justicia sigue igual de lejos.

Cientos de personas recuerdan a los afectados de los Sanfermines del 78

Amnistía Internacional denuncia el robo de bebés desde el franquismo

Amnistía Internacional ha entrevistado a Soledad Luque, presidenta de la asociación “Todos los niños robados son también mis niños”, delante del Congreso y lo ha colgado en su página de facebook.

Podéis ver el vídeo en el enlace:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156037462499930&id=78151799929&_rdr

101 docentes asturianos se suman a la querella contra el franquismo en Argentina

La voz de Asturias

SUATEA entrega un listado de nombres, maestros en su inmensa mayoría, ejecutados de manera extrajudicial o que sufrieron Consejos de Guerra.

https://www.lavozdeasturias.es/amp/noticia/asturias/2018/07/03/101-docentes-asturianos-suman-querella-contra-franquismo-argentina/00031530602522824412616.htm

 

Un listado compuesto por 101 nombres y apellidos, maestros en su inmensa mayoría, que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y paseos o que sufriero las consecuencias de Consejos de Guerra. Esa es la documentación entregada por el sindicato SUATEA a la Comuna de Asturias para sumarse a la Querella Argentina, la causa que la jueza María Servini de Cubría sigue contra el franquismo al otro lado del Atlántico. Esos papeles ya han sido oficialmente incorporados a la causa a través de los abogados de Ceaqua, el colectivo que está coordinando todo este movimiento a nivel nacional. El objetivo del sindicato es doble «acabar con la impunidad de la dictadura y limpiar los libros de historia, al tiempo que dignificar el ejemplo que supone la trayectoria de aquellos profesionales de la enseñanza que acabaron padeciendo diversas formas de opresión, incluso entregando sus vidas».

SUATEA recuerda que la represión franquista se cebó con algunos colectivos a los que consideraba especialmente afines al régimen republicano, uno de ellos fue el colectivo docente. «El resultado fue un descenso notable en el número de maestros y maestras: por ejemplo en Asturies entre asesinados, presos, exiliados e inhabilitados para volver a ejercer el magisterio más de un 33% de los docentes dejaron de serlo».

 

Este sindicato se siente especialmente cercano a esta causa por varios motivos, entre ellos su propio origen. SUATEA se fundó oficialmente en 1978 después de varios años trabajando en la clandestinidad. En aquella época estuvieron en contacto con personas que les contaron de la existencia de una Asociación de Trabajadores de Enseñanza en Asturias (ATEA) formada por docentes comprometidos con una educación en los valores republicanos que fueron represaliados nada más finalizar la guerra civil.

La Querella Argentina lleva en marcha ya más de ocho años. El 14 de abril de 2010 se interpuso una querella ante los tribunales de la República Argentina reclamando la apertura de una investigación sobre los crímenes cometidos por la dictadura franquista, que se identifique a sus responsables y que se los sancione penalmente. El movimiento se ampara en la legislación internacional de la ONU sobre Justicia Universal. Víctimas del franquismo presentaron en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 1 de Buenos Aires, República Argentina, a cargo de la jueza María Servini de Cubría, la querella 4591/2010, nominada N.N. por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe cívico militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de celebración de las primeras elecciones democráticas.

Decenas de Asturias, amparados y asesorados por la Comuna de Asturias, se han sumado a la causa y siguen peleando porque se abra una causa también en España.

Presentada la Querella de SUATEA contra el franquismo en los tribunales argentinos

Como ya es sabido, el 14 de abril de 2010 se interpuso una querella ante los tribunales de justicia de la República Argentina con el objetivo de que se investiguen los crímenes cometidos por los integrantes de la dictadura franquista, se identifique a sus responsables y se los sancione penalmente.

Amparados en la legislación internacional de la ONU sobre Justicia Universal, víctimas del franquismo presentaron en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1, de Buenos Aires, República Argentina, a cargo de la Jueza María Servini de Cubría, la Querella 4591/2010, nominada “N.N. por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe cívico militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de celebración de las primeras elecciones democráticas”.

Inicialmente fue presentada por familiares de asesinados y desaparecidos durante dicha dictadura así como por asociaciones españolas y argentinas, pero los querellantes pueden ser tanto particulares como colectivos que guarden algún tipo de relación con las víctimas de la represión. De este modo, participan tanto personas descendientes de personas afectadas (asesinados, encarcelados, exiliados, inhabilitados, etc.) como organizaciones políticas y sindicales en nombre de sus afiliados que sufrieron la represión en su momento. Incluso organizaciones que no existían en esos años también se están personando en tanto que representantes o herederos de colectivos que fueron reprimidos, como es el caso de SUATEA.

Es sabido que la represión franquista se cebó especialmente en algunos colectivos por ser considerados especialmente afines al régimen republicano. Uno de esos grupos que sufrió la represión fue el colectivo docente. El resultado fue un descenso notable en el número de maestros y maestras: por ejemplo en Asturies entre asesinados, presos, exiliados e inhabilitados para volver a ejercer el magisterio más de un 33% de los docentes dejaron de serlo.

Nuestro sindicato, SUATEA, se creó en 1978 después de varios años de trabajar en la clandestinidad impuesta por la dictadura franquista. En aquella época supimos de la existencia, en décadas anteriores, de una Asociación de Trabajadores de Enseñanza en Asturias (ATEA) formada por docentes comprometidos con una educación en los valores republicanos por lo que acabaron siendo afectados por la represión franquista nada más finalizar la guerra civil.

SUATEA se ha presentado en la Querella a partir del trabajo y colaboración con grupos como La Comuna d’Asturies que fue quien nos puso en contacto con la red de apoyo a la querella a nivel estatal (CeAQUA). Con su mediación presentamos ante el Juzgado de Buenos Aires un listado compuesto por los nombres y apellidos de 101 personas, maestros en su inmensa mayoría. Se trata de diferentes casos entre los que se encuentran ejecuciones extrajudiciales y paseos o personal que sufrió las consecuencias de Consejos de Guerra. Este grupo representa una muestra de los padecimientos que sufrió el personal docente en Asturias tras la entrada de las tropas franquistas.

Esta semana, nuestros abogados nos informaron de la entrega de la documentación oficial aportada por SUATEA para hacernos presentes en la Querella que tiene como objetivo acabar con la impunidad de la dictadura y limpiar los libros de historia al tiempo que dignificar el ejemplo que supone la trayectoria de aquellos profesionales de la enseñanza que acabaron padeciendo diversas formas de opresión, incluso entregando sus vidas.

 

                                                                                                                             Asturies, 28 de junio 2018