XUICIU A MARTIN VILLA
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El Confidencial.com
Terrorífico artículo de El Confidencial sobre el robo de bebés que se realizó desde la guerra hasta entrada la transición. El sábado se desarrolló una manifestación del colectivo denunciando su situación y pidiendo investigar sus casos
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-06-03/penagrande-maternidad-franco-democracia_1568352/
Cuando Itziar se dispone a traspasar la puerta que da acceso a los restos de la antigua maternidad de Peña Grande, en Madrid, retrocede 48 años en el tiempo. Nada más dejar atrás los pasillos del instituto que ahora ocupa el recinto, empieza a reconocer los frisos de las paredes y los suelos que fregaba de rodillas a diario, hasta el mismo día que dio a luz entre insultos. Tampoco olvida el rincón donde cada domingo la exponían a una decena de hombres que revisaban su cuerpo y sus dientes para llevársela a casa, a cambio de un módico precio.
Como miles de mujeres, Itziar del Santo pasó su embarazo en el internado para embarazadas de Peña Grande, un centro franquista, garante de la moral católica, que tenía recluidas a adolescentes embarazadas de familias sin recursos o repudiadas de toda la geografía española. Bajo un régimen carcelario, mujeres como Itziar, María Ángeles, Isabel, María, Dolores o Ana, sufrieron las humillaciones diarias y la explotación a que las monjas de las Cruzadas Evangélicas las sometieron, dueñas de su tutela.
Este centro, el único con esta labor en España, sobrevivió a la dictadura franquista y se mantuvo abierto desde 1960 hasta 1984. Sus prácticas, sin embargo, no cambiaron. Los testimonios de quienes por allí pasaron, y los crímenes que acogieron, como el robo de bebés, aún resuenan en el oscurantismo de esta maternidad años después de su clausuraV
Continúa…..en el enlace https://www.elconfidencial.com/espana/2018-06-03/penagrande-maternidad-franco-democracia_1568352/
Labels: 2019 at 09:29PM , January 28 , La Querella en medios , Noticias
Público/Alejandro TorrúsTorrúsTorrúsTorrús
El juzgado de instrucción nº35 de Madrid acuerda la incoación de diligencias previas por los delitos de detención ilegal, asesinato, lesiones y torturas. La causa judicial abierta se suma a la de Valencia, donde un juez abrió una investigación por las torturas sufridas por 12 militantes cercanos al PCE en 1971 a manos de la Brigada Político Social.
Las causas contra el franquismo avanzan. El juzgado de instrucción nº 35 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por el Ayuntamiento de Rivas y cuatro vecinos de la localidad para que la Justicia investigue los crímenes que cometió la dictadura franquista en esta localidad madrileña. Concretamente, los delitos denunciados por el Ayuntamiento son los de “detención ilegal, asesinato, lesiones y torturas” en un contexto de crímenes contra la humanidad.
El auto de la jueza María del Sagrario Herrero Enguitaseñala que estos hechos presentan “características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, por lo que ha acordado la incoación de diligencias previas para “determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados, así como las personas que en él hayan participado”.
“Hay gente que dice que quiere pasar página. Nosotros creemos que para pasar la página hay que leerla antes”, señala Pedro del Cura
Asimismo, la jueza también ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre la competencia, es decir, para que determine si este juzgado de instrucción tiene la competencia para investigar sobre los crímenes de la dictadura franquista que da cuenta la querella.
“Hay gente que dice que quiere pasar página. Nosotros creemos que para pasar la página hay que leerla antes y para eso necesitamos tener toda la información y documentos y situarlo en la agenda política”, señaló a Público el alcalde Pedro Del Cura el día en el que el consistorio aprobó en Pleno presentar esta querella con los votos a favor de Izquierda Unida-Equo, Podemos y PSOE y con la negativa de PP y Cs.
La querella, de más de 100 páginas de extensión, recoge los testimonios de cuatro de los muchos ciudadanos de Rivas que acudieron a la Oficina Municipal de Atención a las víctimas del franquismo que el Consistorio abrió tras la aprobación de la moción. Se trata de los vecinos María del Carmen García y Yolanda García, que denuncian delitos de detención ilegal y asesinato; de Lucío de la Nava, por lesiones y torturas; y Faustino Crespo, por detención ilegal.
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No te puedes perder la Presentación de este estupendo Libro #LaCuerda.
Con Paqui Maqueda Fernández. Trabajadora Social del Ayto. de Sevilla. comprometida en la causa de la memoria histórica y presidenta de la asociación Nuestra Memoria de Sevilla.
Sábado 19 de enero, 12:30 h
Traficantes de Sueños traficantes.net C/Duque de Alba, 13 (Metro Tirso Molina) Con Isaac Rosa y Chato Galante
https://twitter.com/garajeediciones/status/1086241775688343554
https://elgarajeediciones.com/prod…/la-cuerda-paqui-maqueda/
Evento en Facebook:
http://bit.ly/2APiQ6c
#Elgarajeediciones
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Ha sido aprobado en el pleno del distrito de Chamberi, donde se encuentra la plaza de Olavide. En esa plaza sucedió algo que marcaría su existencia pero que no minaría su decisión y empuje en la defensa de los trabajadores y trabajadoras y los derechos humanos.
El año en que la justicia posó en cueros
Público/Blog Verdad, Justicia y Reparación ( Luis Suárez, miembro de La Comuna)
https://blogs.publico.es/verdad-justicia-reparacion/2019/01/05/2018-y-el-fin-de-la-justicia/
Que la justicia estaba desnuda lo sabíamos ya antes de 2018, aunque fingíamos que la veíamos cubierta con una púdica sábana o toga y cegada con una venda como en sus representaciones mitológicas y artísticas.
En realidad, estaba en pelota picada, pero nadie lo reconocía en voz alta, sólo en susurros. Y carecía de venda, tenía los ojos bien abiertos y mirando siempre al poder, un ojito puesto en el gobierno, el otro enfocando al dinero.
Este año recién acabado ha sido cualquier cosa salvo tranquilo para una justicia sometida a un protagonismo muy por encima de sus capacidades interpretativas; ha sido sin duda esa forma de llamar la atención y quedar en evidencia la que nos ha permitido descubrir o reconocer abiertamente su carencia de ropaje, o, digamos, de respetabilidad.
Sin túnica que cubra sus (des)vergüenzas, nuestra justicia se ha mostrado en toda su penosa corporeidad. Y no es únicamente que hayan brillado por su ausencia atributos inexcusables en una justicia verdadera como la defensa de derechos humanos y la independencia, es que a nuestra judicatura este año le han tenido que afear la conducta sus homólogos europeos, y no una, sino varias veces.
La judicatura triunfa en su particular eurovisión (premio al ridículo)
Le tiraron de las orejas, por ejemplo, con relación al ya viejo proceso de 2011 a Arnaldo Otegui. En concreto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentenciando: ‘se vulneró el derecho de los acusados a un juicio justo por la falta de imparcialidad de la magistrada de la Audiencia Nacional Ángela Murillo’. En este caso, como en tantos otros, cuando la justicia de verdad se ha abierto paso entre el fango de chapuzas legales, ya es demasiado tarde para arreglar el estropicio.
Aquí abro paréntesis para hacerme una pregunta retórica: ¿no serán los tribunales cuando actúan contra derecho plenamente conscientes de ello, pero sepan al mismo tiempo que el daño que quieren infligir será irreversible cuando se quiera desfacer, confiando por otra parte en que sus poltronas no peligrarán, pues nunca serán expedientados por sus compinches (perro no come perro)?
Siguiendo con los repasos del hermano mayor, es decir, los tribunales europeos, más varapalos han caído a cuenta de la persecución en que se han empeñado contra los representantes catalanistas. El caso de Puigdemont puede considerarse de traca, no se había visto un ridículo semejante desde hacía mucho, hasta llegar a recordarnos la imagen de la servil ‘justicia’ franquista.
Lo más lamentable quizás en este caso fue comprobar el cierre de filas judicial alrededor del inefable Llarena tras ser vapuleado por sus homólogos alemanes, haberse envainado su eurorden y ser a su vez encausado desde Bélgica. El corporativismo sale al quite exigiendo al gobierno que le respalde y le pague una defensa tan cara como imposible.
¡Qué chiquillada! Cuándo se enterarán de que el personal togado, por mucho que se adorne con puñetas almidonadas, no es merecedor, en principio, de más respeto que cualquier otro gremio; que el respeto se gana, no se exige. Y que sus desaguisados los deben pagar sus autores, no nuestros impuestos.
También les han enmendado la plana en procesos abiertamente represivas, violadores de derechos básicos como el del rapero Valtonyc. La justicia belga (de nuevo) denegó su extradición al considerar que los delitos por los que fue condenado en España están amparados bajo la libertad de expresión.
Una justicia reaccionaria, misógina y clasista
Probablemente la justicia nunca pueda abstraerse plenamente de las creencias de los jueces, pero nuestros tribunales han dictado algunas sentencias que son abiertas declaraciones ideológicas antidemocráticas. Por citar solo un par de ellos: Alsasua y ‘la manada’.
En el caso Alsasua, la Audiencia Nacional se ha empecinado, contra pruebas y razones, en convertir una pelea de bar en un delito de atentado y odio, imponiendo penas de cárcel del todo escandalosas. Y en el de ‘la manada’, el tribunal (Audiencia de Navarra en este caso) se ha negado contra viento y marea a reconocer el delito de violación, en una interpretación misógina de la ley, que supone la desprotección de las mujeres ante agresiones machistas grupales de este tipo, o al menos el tratamiento benévolo de los criminales.
Nuestra judicatura también ha tenido tiempo en este año tan ocupado de mostrar su clasismo, y lo ha hecho desde sus ‘más altas instancias’, en concreto el Tribunal Supremo, que nos ha proporcionado uno de los más bochornosos reality-shows vividos en tiempos recientes, al desdecirse y fallar (literalmente) a favor de la banca y en contra de la ciudadanía, en el asunto de los impuestos de las hipotecas.
Independencia judicial, versión PP
¿Sería posible empeorar aún más la imagen de nuestra ‘justicia’? Difícil parece, pero sí, ha sido posible. El año ha concluido con un episodio esclarecedor protagonizado por Ignacio Cosidó, exdirector de la policía, actual senador del PP, presunto integrante de las cloacas del estado (la ‘policía política’ se montó bajo su dirección), del cual se han difundido unos mensajes en los que alardea del control de su partido sobre los jueces del Supremo.
‘Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS y centenares de nombramientos en el Poder Judicial, vitales para el PP y para el futuro de España’, explicaba candorosamente Cosidó, refiriéndose a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en sus mensajes, que se distribuían sin recato al conjunto de senadores y senadoras de dicho partido.
En breve: descaro de políticos y sumisión de jueces; órganos y cortes judiciales cortadas a la medida del poder.
Como aderezo, otros ‘fallos’ judiciales por lo que aparenta ser simple desidia (o no tan simple): véase el caso del expresidente murciano, Pedro A. Sánchez, cuyo sumario por corrupción se ha cerrado sin haberse practicado ninguna prueba gracias a la inacción de la magistrada de turno, con la ayuda de una ley de enjuiciamiento criminal promovida por Rajoy y aprobada en 2015, que (nada inocentemente) redujo los plazos de instrucción.
¿Y qué hay de lo nuestro?
Pero déjenme hablar también de lo ‘nuestro’, aquello que nos toca más directamente a las víctimas del franquismo, y en general a la causa contra la impunidad de los crímenes de aquel régimen, esa espesa vergüenza que enturbia nuestra democracia.
Este año ha habido algunos muy tímidos avances en las deudas de justicia, en concreto en materia de bebés robados (una primera sentencia sin consecuencias prácticas por la prescripción del delito), pero la nula colaboración de los tribunales en el acceso a la justicia se ha mantenido en general impasible. Valga como ejemplo el sistemático archivo de las querellas que hemos presentado ante múltiples juzgados territoriales contra torturadores como J.A.G. Pacheco (‘Billy el niño’).
En lo que se refiere a la también reiterada y negada exigencia de la nulidad de procesos y sentencias de los tribunales franquistas, la Fiscalía General del Estado ha rechazado anular el proceso y condena a muerte del presidente catalán Lluis Companys (fusilado el 15 de octubre de 1940), alegando que dicha sentencia era ‘inexistente’, demostrando así que el oficio de fiscal no está reñido con el de cómico.
Nuestra judicatura ha mostrado en este sentido una unánime insensibilidad en materia de derechos humanos, y de paso nos ha brindado alguna muestra de su pedigrí franquista. Y aquí, este repasito de puntillas sobre el annus horribilis de los tribunales vuelve a su punto de partida, es decir, a la causa general contra el ‘procés’.
Autorretrato de fiscal neofranquista
El escrito de acusación presentado en noviembre por la fiscalía, en su desesperada búsqueda (invención) de una violencia a todas luces inexistente, no se le ha ocurrido mejor prueba (majadería) que la utilización por Jordi Cuixart de la expresión ‘¡no pasarán!’ el 20-S.
¡Qué fiel autorretrato de un fiscal neofranquista sobre paisaje de camposanto, banderas al viento y paredón!
Pues, eso, a ver si en 2019 levantamos un buen NO PASARÁN frente a la tropa judicial y sus tropelías.
Labels: 2019 at 09:44PM , January 07 , La Querella en medios , Noticias