Anekdotas o lapsus na razón.
Comunicado de las organizaciones defensoras de los DDHDD en el día Internacional de las Desapariciones Forzadas. Algunas de ellas son integrantes de CeAqua, APDHE, y otras colaboradoras, Amnistía Internacional.
Han remitido un escrito al Gobierno reclamando la intervención en relación con las Desapariciones Forzadas en España.
eldiario.es/Juan Miguel Baquero
https://www.eldiario.es/andalucia/victimas-Franco-rescatadas-proyecto-nombres_0_807019616.html
Y un equipo base en el que están los historiadores Fernando Romero y José Luis Gutiérrez Molina, el archivero Julio Guijarro, Cecilio Gordillo del colectivo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía, de CGT, y Paqui Maqueda de la asociación Nuestra Memoria.
Este archivo supera los 95.000 represaliados por el franquismo, consultables en la página web de esta iniciativa social
Las identidades registradas corresponden a 5.145 mujeres y 89.875 hombres rescatados del anonimato y el proyecto espera alcanzar 150.000 personas
La cifra confirma “el alcance del genocidio” cometido por los golpistas en la zona de actuación del proyecto: Andalucía, Extremadura y norte de África
Claveles rojos reposan sobre una de las fosas comunes donde yacen los restos de decenas de republicanos fusilados durante el franquismo en el cementerio de Paterna JUAN CARLOS CÁRDENAS / EFE¿A quién buscas? Con este pregunta abre todoslosnombres.org. Y sigue. ‘Primer apellido. Segundo apellido. Nombre’, piden las pestañas del buscador en la página web de una base de datos que ya supera las 95.000 identidades de víctimas de Franco en Andalucía, Extremadura y el norte de África.
Las identidades registradas corresponden a 5.145 mujeres y 89.875 hombres. Por ahora. Porque el listado sigue creciendo con cada aportación de familiares y colaboradores. Nombres rescatados del anonimato de una fosa común o de las cunetas del olvido donde aparecen represaliados, presos, sometidos a Consejos de Guerra y a expedientes de depuración profesional, exiliados, esclavos del franquismo o expoliados por los vencedores.
Los números confirman “el alcance del genocidio social cometido por los golpistas de 1936 y la dictadura que siguió, durante décadas, a su triunfo bélico”, dicen los gestores de un proyecto pionero, nacido de la sociedad civil y que ha cumplido doce años de existencia. Ahí están rescatados para “que mi nombre no se pierda en la historia”, como escribió una de las Trece rosas, Julia Conesa, antes de acabar ejecutada por fascistas.
Página web del proyecto ‘Todos (…) los nombres_’.
La base de datos cuenta además con 787 microbiografías y 1.331 documentos expuestos a consulta libre y gratuita. Además de una biblioteca virtual sobre Memoria Histórica con 209 libros descargables o una sección de noticias con informaciones memorialistas.
“Poco a poco, nombre a nombre”, el proyecto ‘Todos (…) los nombres_’ (TLN) crece hasta límites insospechados. “En la vida nos planteábamos esa idea, que llegara a esos números, era algo impensable”, reconoce uno de los promotores de la idea, Cecilio Gordillo. “Pensábamos que podían ser 50.000 y van cerca de 100.000 y los cálculos se nos van a 140 ó 150.000”, explica.
‘Todos (…) los nombres’.
Pero hay una pregunta obligada: ¿por qué tan pocas mujeres? “El problema es que el tema de la mujer sigue estando pendiente de tratar en profundidad, hasta hace poco no han sido reconocidas como víctimas del franquismo y solo en Andalucía”, dice. “Sigue por investigar”, subraya, y “eso significa que esas 5.000 mujeres son un detalle”, la punta de iceberg de la doble represión de género de Franco.
“En todos los pueblos hemos oído siempre de las mujeres que raparon pero no se dan esos nombres. Es un vacío importante, sigue estando pendiente hacer esos estudios específicos sobre la mujer. El día que se empiecen a dar esos datos tendrá una repercusión importante, queda mucho por trabajar”, cuenta Gordillo. “Otro grupo –en situación análoga– es el tema de los homosexuales”, apunta. “Sigue estando pendiente también. Se habla sobre todo en los últimos tiempos de ellos, pero faltan las relaciones, los nombres, que se plasmen y visualicen”, esgrime.
Frente a “estos grupos que están en minoría” hay un elevado número de “gente que fueron procesados en Consejos de Guerra o a los que se le aplicó la Ley de Responsabilidades Políticas”. Y “datos importantes de los que fueron condenados con pérdida de puestos de trabajo, los que pasaron por trabajos forzados, que fue uno de los primeros grupos que se incorporaron a la base de datos, o gente que pasó por campos concentración, colonias penitenciarias o batallones de trabajadores”, revela.
O presos que pisaron cárceles franquistas tras sentencias del Tribunal de Orden Público. También un conjunto de nombres “vinculados con la guerrillas, maquis y grupos de apoyo”. Todo en un triángulo que acoge gran parte de la represión fascista en España: “el espacio que abarcamos es Extremadura, Andalucía y norte de África”.
Víctimas del franquismo en la fosa de Benamahoma (Cádiz). | JUAN MIGUEL BAQUERO
‘Todos (…) los nombres_’ es un proyecto singular. “Nos alimentamos de información de terceros que son los que nos suministran”. Desde familiares de las propias víctimas a investigadores. Y un equipo base en el que están los historiadores Fernando Romero y José Luis Gutiérrez Molina, el archivero Julio Guijarro, Cecilio Gordillo del colectivo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía, de CGT, y Paqui Maqueda de la asociación Nuestra Memoria.
La base de datos ha tirado adelante a pulso, en muchas ocasiones. “Ahora tenemos una subvención de 10.00 euros fijos, desde hace unos años, primero como Junta de Andalucía y ahora directamente del Parlamento andaluz en la Ley de Presupuestos a través de la consejería de Presidencia”, detallan.
Y faltaría, sugieren, “que no fuéramos un grupo de cuatro los que lo hacemos sino que fuera todo el país quien lo hiciera”. Porque ‘Todos (…) los nombres_’ tendría que haber sido “un proyecto llevado a cabo por las administraciones, fundamentalmente por el Gobierno central”, lamenta Gordillo. Activando una red de investigadores e implicando a las facultades de Historia.
Pero “poco a poco, nombre a nombre”, ellos suman casi 100.000 víctimas. No están todas. Aunque son ‘Todos (…) los nombres_’. “Estas armazones de estantes son las que soportan el peso de los vivos”, escribía el Permio Nobel José Saramago en la novela Todos los nombres que titula también la base de datos memorialista. “Cuando empezamos –con el proyecto–, hablamos con Saramago y le pareció una idea magnífica, le pedimos autorización para usar el nombre y se puso contentísimo, Pilar del Río igual”, rememora Cecilio Gordillo. “Esa vinculación con Saramago es de las cosas más bonitas que hemos conseguido”.
Hoy nos despedimos de una gran persona y amigo. Como quería el sin flores y rodeado de su gente.
via https://www.lne.es/aviles/2018/08/29/fallece-alejandro-rodriguez-edil-pc/2340143.html
Eldiario.es /Marta Borraz
Las víctimas del franquismo se alegran de la decisión del gobierno pero piden más medidas para hacer justicia
https://m.eldiario.es/sociedad/victimas-franquismo-exhumacion-dictador-Vamos_0_807019389.html
Los represaliados del franquismo celebran el paso dado por el Gobierno para sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos, pero reclaman medidas más allá de la exhumación que salden la deuda histórica con las víctimas
Rosa María García, detenida y torturada en 1975, califica de “contradicción con la democracia” mantener “al dictador enterrado con honores mientras las víctimas siguen desaparecidas en las cunetas”
“Vamos 40 años tarde, es algo que deberíamos haber hecho entonces”, explica Chato Galante, miembro de la asociación La Comuna, Presxs del franquismo
Rosa María enseñando una foto suya a los 19 años, cuando fue detenida por la policía franquista
Celebran, con alegría serena y precaria, el paso que el Gobierno ha dado este viernes para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, donde fue enterrado con honores en 1975. Las víctimas del franquismo reclaman su propia voz en medio de la maraña de opiniones, tertulias y acusaciones cruzadas que han poblado los titulares y las televisiones los últimos días; colmadas, sobre todo, de militares y políticos hablando sobre la exhumación. “Es doloroso que todo el mundo opine, sepa e intente reflejar el sentimiento de las víctimas. Sabemos perfectamente lo que queremos: justicia”.
Habla Chon Vargas Mendieta, hija de Ascensión Mendieta, la mujer que con 91 años recuperó los restos de su padre Timoteo, sindicalista asesinado por el franquismo en 1939 y arrojado a una fosa común de Guadalajara. El año pasado, Ascensión cumplió el sueño que le había ocupado, con voluntad inquebrantable, casi toda la vida: encontrar a su padre y darle una sepultura digna. “Independientemente de que haya víctimas más directas, esto va trascendiendo al resto de generaciones”, afirma su nieta. La “guerra del abuelo”, como dijo con actitud despectiva el actual líder del PP, Pablo Casado, en referencia a los “carcas” de izquierdas, también lo es de sus nietas.
Ascensión Mendieta. FOTO: ARMH
“Estamos tan cansados de escuchar la típica frase de que lo que hacemos es reabrir heridas… Tan manida, tópica y cínica… Quienes lo dicen saben que esto no es reabrir heridas porque nunca se han cerrado, saben que siempre han estado abiertas. La presencia de Franco en el Valle es una herida sangrante”, cuenta Luis Suárez, la primera víctima del franquismo que presentó una querella individual en España. Luis acusa a Antonio González Pacheco, apodado ‘Billy el Niño’, y otros dos inspectores de la Brigada Político Social del régimen franquista de participar en su detención en 1973 y someterle a torturas.
Confiesa que la exhumación del dictador, que ha echado a andar este viernes a través de un decreto ley, es una alegría. Pero una alegría “pequeña”. “Estamos tan poco acostumbrados que cualquier cosa nos supone una inyección de confianza. Somos plenamente conscientes de que es poca cosa, pero claro, la deuda es tan inmensa…”, reflexiona Luis al otro lado del teléfono. “La presencia de Franco en el Valle y su conservación como un mausoleo a un genocida es algo hiriente y ofensivo, pero coherente con la situación anómala que hemos vivido en este país”.
Luis Suárez-Carreño, querellante contra el “torturador” franquista ‘Billy el Niño’. | LA COMUNA PRESXS DEL FRANQUISMO
Rosa María García fue detenida en 1975 y pasó siete días sometida a palizas y amenazas en la Dirección General de Seguridad, el principal centro de detención de la policía franquista situado en la madrileña Puerta del Sol. Militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), Rosa María estuvo posteriormente unos meses en la cárcel de mujeres de Yeserías, donde todas las presas compartían la doble represión que habían sufrido por parte del régimen: por ‘rojas’ y por mujeres.
Esta víctima del franquismo apunta a lo que, para ella, es una “contradicción con la democracia”: la situación que mantiene “al dictador enterrado con honores mientras las víctimas siguen desaparecidas, enterradas en las cunetas”. Una anomalía democrática a la que estas últimas semanas se han sumado centenares de oficiales al firmar un manifiesto a favor de Franco. “Que a mí me expliquen como víctima qué les suscita mantener a este dictador brutal y sanguinario en un altar mientras sus víctimas no hemos conseguido aún justicia. ¿Qué idea de democracia tienen para sostener esto?”, se pregunta.
Chato Galante, expreso franquista y miembro de ‘La Comuna’. MARTA JARA
Hace unos meses Rosa María se sumó a la batería de denuncias que varias víctimas están interponiendo en España al margen de la querella argentina que investiga los crímenes franquistas. Su intento ha sido archivado, como ya podía augurar antes de presentar la querella, pero eso no le echa atrás. “A veces luchar no consiste en saber qué vas a conseguir. A veces consiste simplemente en plantar cara, aunque no vayas a ganar. En poner un granito de arena, en dar un pequeño paso. Aunque no vayas a conseguir nada, te queda la dignidad de no haberte agachado”, decía en una entrevista con eldiario.es. De hecho, acaba de recurrir el archivo.
A Chato Galante, miembro de la asociación La Comuna, Presxs del franquismo, le parece “incomprensible” que a estas alturas el debate siga polarizado porque “vamos 40 años tarde, es algo que deberíamos haber hecho entonces”. Así lo ha reconocido también la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, en la rueda de prensa de este viernes posterior al Consejo de Minsistras: “Vamos tarde […] No hay ninguna democracia con la que nos queramos comparar que haya sostenido esta situación durante 40 años”.
Este activista, que también se ha querellado en España contra ‘Billy el Niño’ por crímenes de lesa humanidad con delitos de torturas, admite que el inicio del proceso para exhumar al dictador es “un hecho histórico”, pero “no puede ser más que el primer paso”. “Hay que garantizar que se pueda recuperar a los restos de un familiar, que se desacralice la basílica, anular las condenas del franquismo y abrir el paso a la justicia”.
Ya esta misma semana la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, confirmó que el Gobierno impulsará una Ley de Memoria Histórica en la que se anularán los juicios, fallos y sentencias de los tribunales franquistas. Una pata de esta búsqueda de “verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición” que Galante confía que prosiga su camino. “De paso, no estaría mal que el PSOE pidiera disculpas por haber estado gobernando tantísimos años con miles de personas en las cunetas”, añade.
La exhumación de Franco es, para sus víctimas, un paso “ineludible” en su anhelo de justicia, un deseo que se extiende más allá de sus casos personales como forma de “restablecer las condiciones de convivencia democrática”. No hablan de venganza ni de odio. “La justicia es poner a cada uno en su sitio y reconocer a las víctimas de la dictadura, a los que están enterrados en cunetas, a los exiliados, a los que han estado en campos de concentración y también a los criminales”, concluye Chon Vargas Mendieta.
ceaqua.org Ante las dudas planteadas por juristas presentamos el informe presentado por el equipo Nizkor en 2010 a los diputados argumentando la necesidad de la nulidad de las sentencias de los tribunales sumarísimos. https://ift.tt/2PyKie4 Texto de la carta-informe enviada a cada uno de los diputados de todos los grupos parlamentarios acerca de la nulidad de las leyes y sentencias nacionalsocialistas en Alemania https://ift.tt/2LnEeSH
via http://www.ceaqua.org/si-es-posible-la-nulidad-de-las-sentencias-franquistas/
elsaltodiario.com El Gobierno aprueba el Decreto que sacará el cadáver de Franco del Valle de los Caídos El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto que pone fin al reconocimiento de Estado al cadáver del dictador Francisco Franco. https://ift.tt/2BVOm5J
via https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/gobierno-aprueba-decreto-exhumacion-franco-del-valle-de-los-caidos
Ante las dudas planteadas por juristas presentamos el informe presentado por el equipo Nizkor en 2010 a los diputados argumentando la necesidad de la nulidad de las sentencias de los tribunales sumarísimos
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/nulidad1.html
Madrid, 16 de febrero de 2010
Señora Diputada, Señor Diputado:
Nos dirigimos a S. E. con motivo del segundo aniversario de la entrada en vigor de la “Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, a la que algunas asociaciones consideramos una ley, cuanto menos, legalmente ineficaz, y, lo que es más grave, nula de pleno derecho.
En esta oportunidad no pretendemos analizar dicha ley. Sólo queremos aprovechar el segundo aniversario de la misma para que S. E. tome conocimiento de algunos hechos que consideramos relevantes a efectos de promover una reflexión general sobre una de las cuestiones que más nos preocupa y que no es otra que la nulidad de ciertos actos jurídicos del régimen franquista, como son los juicios sumarísimos, las condenas por tribunales ilegales y otras sanciones punitivas, que podemos considerar, en términos de derecho internacional, ilegítimos por su origen e insalvablemente ilegales.
Al contrario de lo que se ha dicho públicamente, proceder a tal nulidad no significa en modo alguno que deba ser modificada la actual Constitución, ni afecta a la seguridad jurídica.
Para favorecer el ejercicio de reflexión que estimamos inexcusable, decidimos informar a S. E., en forma sucinta pero concreta, y con los datos mínimos imprescindibles, pero suficientes a nuestro entender, la forma en que se procedió a la nulidad de actos similares en la República Federal Alemana, país que, como es de general conocimiento, tuvo que hacer frente a esta cuestión respecto de los actos jurídicos del régimen nacionalsocialista:
A. Validez de las leyes nacionalsocialistas con posterioridad a 1945.
Al término de la II Guerra Mundial, y al iniciarse el periodo de ocupación sobre Alemania, las potencias aliadas confirieron prioridad a la necesidad de eliminar del ordenamiento jurídico las normas que sirvieron de sustento al régimen nacionalsocialista.
De este modo, inmediatamente después de la toma de posesión de los Gobiernos Militares de Ocupación en sus respectivas zonas, se procedió a la anulación de las principales leyes nacionalsocialistas. Mediante la Ley No. 1 del Gobierno Militar sobre “Abrogación de la Legislación Nazi”y la Ley nº 1 del Consejo de Control Aliado de 20 de septiembre de 1945, se dejaron sin efecto las principales leyes políticas y discriminatorias del régimen nacionalsocialista, incluidas las leyes raciales conocidas como “Leyes de Nuremberg”.
El Artículo I, 1º de la Ley nº 1 del Consejo de Control Aliado dejó sin efecto las leyes nacionalsocialistas fundamentales por ser leyes de “naturaleza política o discriminatoria sobre las que se sustentaba el régimen nazi”. Esta Ley extendía también su finalidad a cuantas leyes, decretos y reglamentos sirvieran de desarrollo e interpretación de los textos incluidos en la misma. Entre otras, fueron dejadas sin efecto las siguientes normas:
El Artículo II de la Ley nº 1 del Consejo de Control Aliado, disponía además lo siguiente: “Cualesquiera hayan sido la modalidad y la fecha de su promulgación, ningún acto legislativo alemán será aplicado por vía judicial o administrativa en ningún caso en que tal aplicación causare injusticia o inequidad, bien a) al favorecer a una persona en virtud de su relación con el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, sus formaciones, asociaciones afiliadas u organizaciones bajo su control, o bien b) al discriminar a alguien por motivos de raza, nacionalidad, creencias religiosas o por su oposición al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes o a las doctrinas del mismo”.
Sin entrar en el alcance ni en las diferencias en la aplicación de esta Ley del Consejo de Control Aliado en las diferentes zonas de ocupación en Alemania (básicamente entre 1945 y 1949), así como en otras normas sucesivas y que servían a la misma finalidad, lo importante es el hecho de que en técnica legislativo-jurídica nada se opone a que aquellas leyes discriminatorias, -ya sea por motivos políticos, raciales o religiosos-, sean declaradas nulas, como tampoco el Gobierno español democráticamente elegido en 1931 tuvo problema técnico-jurídico alguno para declarar nulo el Código Penal de la Dictadura de Primo de Rivera (CP 1928).
La Ley Fundamental de la República Federal de Alemania de 1949, en su Artículo 123.1 (Continuidad de la vigencia de la legislación y de los tratados internacionales anteriores) dispuso que el derecho vigente con anterioridad a la primera sesión del Bundestag “continuará en vigor siempre que no contradiga la presente Ley Fundamental”.
Por su parte, la Ley nº 1 del Consejo de Control Aliado estuvo vigente en la República Federal Alemana hasta la promulgación de la Primera Ley de Nulidad de la Ley de Ocupación, de 30 de mayo de 1956. No obstante, la anulación efectuada de las leyes fundamentales nacionalsocialistas siguió en vigor.
B. Validez de las decisiones judiciales basadas en la legislación nacionalsocialista con posterioridad a 1945.
1. En el periodo que precedió a la fundación de la República Federal Alemana en mayo de 1949, los primeros pasos para la anulación de las decisiones judiciales basadas en normas del régimen nacionalsocialista fueron adoptadas por las potencias aliadas a través de la autoridad del Consejo de Control Aliado.
Las leyes del Consejo de Control Aliado nº 1 de 20 de septiembre de 1945, ya mencionada, y la Ley nº 11 de 30 de enero de 1946, dejaron sin efecto determinadas leyes y disposiciones del Código Penal que adolecían de contenido nacionalsocialista. Entre las mismas se encontraban las disposiciones sobre alta traición, ataques a la moral militar (“Wehrkraftzersetzung”) y la prestación de auxilio al enemigo (“Feindbegünstigung”).
El 20 de octubre de 1945 se emitió la Proclamación nº 3 del Consejo de Control Aliado bajo el título “Principios Fundamentales para la Reforma Judicial”. Su artículo II, 5 disponía: “Las condenas injustamente dictadas por el régimen de Hitler por motivos políticos, raciales o religiosos han de ser anuladas”.
Mediante su artículo III, bajo el título “Eliminación de los tribunales hitlerianos extraordinarios” (“Liquidation of Extraordinary Hitler Courts”) “Quedan abolidos el Tribunal Popular, los Tribunales del NSDAP y los Tribunales Especiales, y se prohíbe su restablecimiento”.
En su artículo V disponía que “La justicia será administrada en Alemania de conformidad con los principios de esta proclamación mediante un sistema de tribunales ordinarios alemanes”. Este mandato fue implementado de manera distinta en cada una de las cuatro zonas de ocupación.
En la zona americana, por ejemplo, el recién creado Länderrat o Consejo Alemán de Estados de la zona americana, aprobó la Ley para la reparación de la injusticia en la administración del derecho penal por parte del régimen nacionalsocialista (“Gesetz zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in der Strafrechtspflege”), de 17 de abril de 1946, de conformidad con el mencionado artículo II, 5 de la Proclamación nº 3 del Consejo de Control Aliado. La Sección 2 de esta Ley enumeraba una serie de normas, como las relativas a alta traición, ataque contra la moral militar y prestación de auxilio al enemigo.
Las sentencias recaídas en lo penal basadas exclusivamente en esas disposiciones fueron anuladas automáticamente al entrar en vigor la nueva ley. La nulidad ipso iure no estaba supeditada al lugar de residencia, gravedad de la pena, tipo de tribunal (popular -Volksgerichtshof-, militar u ordinario) o jurisdicción del mismo. Las condenas basadas en normas que no aparecieran en el listado, podían ser anuladas mediante el examen del caso por parte de tribunal regional (Landgericht).
En las zonas de ocupación administradas por los Estados Unidos y el Reino Unido se previó la nulidad de estas sentencias de forma automática o a instancia de parte, según el caso. En la zona francesa se procedió más bien a la reapertura de los procedimientos ex oficio o a la anulación bajo solicitud. En la zona soviética y en Berlín se procedió a la nulidad bajo solicitud.
2. Estas divergencias continuaron estando vigentes en Alemania Occidental después de 1949 dada la continuidad jurídica de los estados regionales. Su evolución no fue la misma en todas las zonas.
3. Tales divergencias llevaron a la aprobación de una nueva ley a nivel Federal en 1998, la “Ley de Nulidad de las Sentencias Nacionalsocialistas Injustas en la Administración de Justicia Penal” (“Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege” – NS-Aufhebungsgesetz), de 25 de agosto de 1998.
Su numeral 1 dispone la nulidad ipso iure de todas las sentencias y condenas dictadas por la administración de justicia penal a partir del 30 de enero de 1933 en contra de los más elementales principios de justicia y que tenían por objeto la consolidación del Régimen Nacionalsocialista al tiempo que estaban basadas en discriminación por motivos políticos, militares, raciales, religiosos o ideológicos.
Su numeral 2 contiene la definición de “sentencias” a los efectos del punto anterior, especificando que tienen el carácter de tales: 1) las decisiones del Tribunal Popular (Volksgerichtshof), 2) las decisiones de los Consejos de Guerra sumarios establecidos conforme a la Directiva sobre Consejos de Guerra de 15 de febrero de 1945, y, 3) las decisiones basadas en la relación de leyes contenida en el anexo.
Dicho anexo enumera 59 normas de diverso rango legal entre leyes y normativa complementaria, de desarrollo y ejecución.
En el supuesto de que una sentencia se fundamente en varios preceptos penales y no sólo en los enumerados, es decir, no sólo en disposiciones de claro carácter nacionalsocialista, de conformidad con el numeral 3 de la Ley de 1998, dicha sentencia será anulada cuando la parte sustentada en normas nacionalsocialistas constituya la base de la sentencia, o lo que es lo mismo, cuando la parte de la sentencia basada en normas que no tengan carácter nacionalsocialista sea de relevancia menor o secundaria respecto de la parte basada en la legislación nacionalsocialista discriminatoria. En caso de duda, se optará por la interpretación más favorable al condenado.
4. La Ley de 1998 fue modificada el 23 de julio de 2002 por la “Ley de Modificación de la Ley de Nulidad de las Sentencias Nacionalsocialistas” (“Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege – NS-AufhGÄndG” – Bundestagsdrucksache 14/8276, BGBl. I S. 2714), mediante la cual se amplió el anexo a que se refiere el numeral 2.3 para incluir una serie de grupos diferentes de víctimas, entre ellas los homosexuales y los desertores.
5. El polémico aspecto pendiente era el de las sentencias de muerte por traición dictadas contra militares en aplicación de los artículos 57, 59 y 60 del Código Penal Militar de 1934. La nulidad ipso iure prevista por la Ley de 1998 no abarcaba las sentencias basadas en estos preceptos. Sólo el análisis del caso particular podía llevar al reexamen de la sentencia.
Tras un intenso y enardecido debate, el Bundestag llegó por unanimidad a la conclusión de que esas disposiciones eran irreconciliables con el estado de derecho y la Constitución. Por un lado, la vaga redacción de esos delitos hacía posible que en el tipo penal fueran subsumibles un amplio abanico de actos, incluido cualquier acto de desobediencia civil o militar, y por otro, la única pena prevista era la pena de muerte.
De este modo se aprobó la Segunda Ley de Nulidad (“Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege – 2. NS-AufhGÄndG”), de 24 de septiembre de 2009, mediante la cual se incluían esos preceptos del Código Penal Militar en la relación de leyes contenidas en el anexo de la Ley de 1998, y por tanto, las sentencias dictadas sobre la base de esos preceptos pasaron también a estar sujetas al vicio de nulidad declarado por esa Ley.
En el año 2004 nuestra organización inició una campaña de sensibilización en relación con esta grave cuestión, cuyo argumentario puede encontrar en el informe “La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas”, disponible en:
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/impuesp.html
El documento que acaba de leer no tiene más finalidad que promover la reflexión profunda, seria e informada sobre estas cuestiones. Únicamente demandamos de S. E. que ésta sea en conciencia.
Señora Diputada, Señor Diputado, esperamos que esta cuestión sea resuelta por el Congreso de los Diputados en forma racional y acorde con las medidas adoptadas en otros países europeos que sufrieron regímenes similares al establecido en España por el General Francisco Franco y no dejarla como tarea pendiente para futuras generaciones.
Saludamos a Ud. con la consideración más distinguida,
| Gregorio Dionis Presidente del Equipo Nizkor |
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| Ana Viéitez Gómez Presidenta de AfarIIREP |
Dolores Cabra Secretaria General de AGE |
https://elpais.com/politica/2018/08/22/actualidad/1534963897_141577.html
Lluís Companys (en el centro), durante el acto de proclamación de la independencia de Cataluña. Foto: Universal History Archive / UIG. Vídeo: ATLAS
La anulación por ley de los juicios —y las consiguientes sentencias— emanadas por los tribunales de la dictadura franquista contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Lluís Companys —fusilado el 15 de octubre de 1940— y contra otros cientos de miles de personas perseguidas penalmente por su militancia o inclinación política o por motivos ideológicos o religiosos tendría una eficacia más simbólica que jurídica. Así lo consideran juristas consultados por este periódico, que, aunque creen posible establecer por ley la ilegalidad y la nulidad de aquellos procesos, entienden que de ello difícilmente se podrían derivar, por ejemplo, indemnizaciones y reparaciones económicas para las víctimas o sus herederos.
Otros expertos, sin embargo, advierten de que la anulación por parte del Congreso de sentencias firmes sobre la base de que fueron dictadas por un poder ilegítimo es una cuestión “jurídicamente peliaguda”. Si no se hila muy fino en la redacción de la norma derogatoria, advierten, esta podría desembocar en demandas de anulación de fallos judiciales no solo de represaliados políticos, sino incluso del resto de jurisdicciones —civil, contencioso…— entre 1939 y la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
“En la práctica, debido al tiempo transcurrido, no es concebible la existencia de antecedentes penales u otros rastros jurídicos de la gente que fue condenada por el Tribunal de Orden Público, por los llamados Tribunales de Responsabilidades Políticas o por los distintos consejos de guerra que se crearon en aplicación de las leyes promulgadas durante y después de la Guerra Civil más allá de lo que ha quedado registrado en los archivos históricos”, señala Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en el Poder Judicial.
Según este jurista, la derogación, a través de una modificación de la Ley de Memoria Histórica, de los juicios del franquismo, como reclama Esquerra Republicana de Catalunya, tendría unas consecuencias más testimoniales que prácticas. Rodríguez Padrón considera que llevar al Boletín Oficial del Estado la ilegalidad y nulidad de esos juicios “puede tener un componente de reparación personal, sentimental, simbólica o cultural, pero difícilmente efectos jurídico penales”.
Sobre la posibilidad de que las víctimas pudieran, una vez anuladas las sentencias, reclamar al Estado por un mal funcionamiento de la Administración, Rodríguez Padrón es escéptico. “Las leyes que regulan esto son muy posteriores y con unos plazos de ejercicio que no creo que fueran aplicables”.
Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia tampoco ve más que un valor simbólico a la anulación de los juicios franquistas: “Es reconocer que era un régimen ilegítimo y que las resoluciones de esos tribunales carecían de validez, y eso algo a lo que hay que darle importancia, pero más allá de lo simbólico no sé qué efectos puede tener cuando la sentencia más reciente tiene 43 años”, sostiene.
Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha y exdiputado del PSOE, advierte de los posibles efectos jurídicos inesperados de la nulidad de las sentencias políticas del franquismo. “Si anulas una sentencia de los tribunales por la ilegitimidad del régimen, tendrías que poder anularlas todas. Eso es la inseguridad jurídica total”, apunta.
El pasado septiembre, el Congreso aprobó una proposición no de ley -una iniciativa declarativa- para reclamar la nulidad de las sentencias del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas y del Consejo de Guerra por las que se condenó a muerte de Companys. El texto calificaba estas sentencias de “ilegítimas, radicalmente nulas e injustas”, y decía que “carecen absolutamente de eficacia y validez”. El texto reiteraba la “ilegitimidad” del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, del Tribunal de Orden Público, de los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa”, así como de las “condenas y sanciones dictadas por estos y cualesquiera otros tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura”. ERC quiere ahora convertir en ley esta declaración de la Cámara baja.
“En el momento en que Franco gana la guerra y desaparece la república y aparece un nuevo Gobierno de facto al que se le reconoce por la comunidad internacional; a partir de ese momento podríamos considerar nulas las sentencias. Claro que los consejos de guerra eran ilegítimos; pero era ilegitimo todo, no puedes decir de pronto que desaparecen todas las sentencias judiciales. Eso trasladado a una ley puede desencadenar millones de demandas contra sentencias de tribunales, lo que se puede producir en España es tremendo”, afirma el catedrático.
López Garrido advierte además de que anular juicios desde el poder legislativo puede suponer una intromisión en el poder judicial. “Tendría que ser otra sentencia la que anulara la sentencia”, señala.
Cristina Fallarás - Oficial, amenazada de muerte por posicionarse en contra del franquismo
via http://www.zeleb.es/tv/cristina-fallaras-amenazada-de-muerte-por-posicionarse-en-contra-del-franquismo
ceaqua.org "Consideramos que es un paso ineludible para hacer justicia con las víctimas del franquismo" https://ift.tt/2PvqNmO
via http://www.ceaqua.org/el-psoe-confirma-que-esta-dispuesto-a-anular-los-juicios-del-franquismo/
Eldiario.es
Consideramos que es un paso ineludible para hacer justicia con las víctimas del franquismo
https://m.eldiario.es/politica/PSOE-confirma-dispuesto-juicios-franquismo_0_806669376.html
La portavoz en el Congreso reitera que van a impulsar una Ley de Memoria Histórica en la que se anularán los juicios, fallos y sentencias de los tribunales franquistas
ERC condicionó su apoyo al decreto de exhumación de Franco a que el Gobierno hiciera efectiva la anulación de las sentencias de la dictadura
El Valle de los Caídos en una imagen de archivo. EFE
El PSOE ha anunciado este miércoles que el Gobierno está dispuesto a declarar la nulidad de los juicios del franquismo. La portavoz de los socialistas, Adriana Lastra, ha asegurado desde Almería que se decretará en breve esa nulidad, la principal exigencia de ERC para apoyar el decreto-ley con el que se modificará la Ley de Memoria Histórica para exhumar los restos de Francisco Franco.
Lastra ha apuntado que además de los juicios, el Ejecutivo de Pedro Sánchez anulará los fallos y las sentencias de los tribunales franquistas: “No solamente la nulidad de los tribunales franquistas, sino de los fallos, de las sentencias”. Con esta iniciativa, el Gobierno sumaría los votos de Esquerra Republicana para la aprobación del decreto-ley que se presentará este viernes en el Consejo de Ministros.
ERC anunció que su apoyo al decreto dependería de que el Gobierno se comprometiera a anular las sentencias del franquismo, especialmente la condena a muerte dictada contra el expresident catalán Lluís Companys, fusilado en octubre de 1940.
Aunque desde Esquerra consideran “simbólicamente importante” la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, recuerdan que sus reivindicaciones en materia de memoria histórica “van mucho más allá”. Para ellos, pasarían por “la reparación a todas las víctimas del franquismo, en España y en Catalunya, que el Estado español nunca hasta ahora ha tenido el coraje de asumir”.
“En eso hay plena sintonía”, ha aseverado Adriana Lastra sobre la nulidad de estos juicios. Además, la portavoz socialista ha recordado que la principal exigencia del partido catalán es una petición que ya incluyó el PSOE en su proyecto de Ley de Memoria Histórica “que el Partido Popular en el Gobierno vetó”.
El Gobierno de Pedro Sánchez confirmó este martes que la fórmula “más adecuada” para hacer efectiva la exhumación de Franco pasaría por presentar este viernes ese decreto-ley para reformar la Ley de Memoria Histórica. En este sentido, Adriana Lastra ha asegurado que espera recabar el apoyo de la “mayoría absoluta” del Congreso de los Diputados “para sacar al dictador del mausoleo, para que deje de ser el mausoleo de un dictador”.
La cantautora Mary Rozalén se ha unido a esta campaña para pedir justicia para las víctimas de la guerra civil y el franquismo y que ya han firmado casi 310.000 personas. Ha dejado este mensaje, ¡mira el vídeo y firma tú también en http://amn.st/6185DsCsl para pedir justicia!
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www.europapress.es El Tribunal Constitucional alemán ratifica la ilegalización de uno de los colectivos neonazis más grandes del país, con más de 600 integrantes. https://ift.tt/2BwmyV6
via http://www.europapress.es/internacional/noticia-constitucional-aleman-ratifica-ilegalizacion-mayor-grupo-neonazi-20180821134728.html
elgarajeediciones.com Magazine: POLITICAL PRISONERS IN CONTEMPORARY SPAIN editada en inglés. El recurso universal a la institución penitenciaria es en sí mismo un indicador del fracaso y la impotencia de las sociedades para construir un ámbito de convivencia saludable que respete la soberanía personal. La presencia de presos políticos dentro de las cárceles constituye además la piedra de toque que desacredita a cualquier gobierno que pretenda definirse como democrático. En consecuencia, ningún gobierno admite su existencia, camuflándola con tipos penales tales como atentado contra el orden público, enaltecimiento del terrorismo, rebelión, etc. El estado español no es una excepción. Cuando en 2016 el dirigente abertzale Arnaldo Otegui se calificó a sí mismo como “preso político”, tras cumplir varios años de condena, el ministro de Justicia Rafael Catalá declaró de inmediato que “en una democracia no hay presos políticos” y que en España “no los hay desde hace muchos años”. No obstante, una mirada superficial sobre el panorama carcelario español permite identificar a numerosas personas que han sido condenadas por sus ideas, en particular en los ámbitos abertzale y anarquista, aunque no exclusivamente. Santiago Sierra El Garaje Ediciones https://ift.tt/2N6INCg
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Casapueblos – AEDD*. LQS. Agosto 2018
http://loquesomos.org/800-victimas-10-imputados-y-un-profugo-comenzo-el-juicio-esma-iv/
En ese juicio se juzgó a militares y civiles involucrados en secuestros, torturas, crímenes y apropiación de niños durante la dictadura, como así también a pilotos involucrados en los denominados “vuelos de la muerte”
Este 13 de agosto arrancó el cuarto juicio contra genocidas de la ESMA. El proceso aborda los casos de más de 800 víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó durante la última dictadura cívico-militar. Están acusados diez represores, integrantes de esa fuerza, de la Policía Federal, el Batallón 601 del Ejército.
Tras dos postergaciones, el juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº 5, integrado por Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñíguez. El juez sustituto será Javier Ríos. Las audiencias se desarrollan en los Tribunales de Av. Comodoro Py 2002, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De los diez imputados, la mitad goza de la prisión domiciliaria, y uno de los represores, Claudio Vallejos se encuentra prófugo de la justicia, por lo que el tribunal ya ordenó su captura. El ex integrante del Servicio de Inteligencia Naval está acusado del secuestro de un pianista brasileño que tocaba con Vinicius de Moraes. También habría participado del asesinato de cinco sacerdotes y seminaristas en la Iglesia de San Patricio.
“Es una causa del presente, no del pasado”, señaló Carlos Loza, integrante de la Comisión de Ex Detenidos Desaparecidos, en diálogo con el programa radial Sobre la Hora. “La pata civil del genocidio durante la última dictadura fueron las empresas que hoy figuran en los famosos cuadernos: es decir, Techint, Pescarmona, Socma. Ellos fueron los beneficiarios de aquella masacre que permitió el saqueo posterior”.
Antes delegado en la Administración General de Puertos, a los 23 años Loza fue secuestrado. Estuvo privado de su libertad en la ESMA durante 21 días. “Durante ese tiempo, entre quienes estábamos allí, nos prometíamos que el que pudiera salir iba a contar ese horror”, contó.
“En caso de ser condenados, estaríamos hablando de nuevos genocidas tras las rejas”, explicó.
Los imputados son:
-Carlos Mario Castellví, alias “Lucas”: oficial retirado de la Armada, integró el área de Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA desde el 11/4/1979 hasta el 1/3/1980.
-Néstor Eduardo Tauro: ex cabo de la Armada, ex jefe de pelotón de fuego de la ESMA, integró el Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA desde el 24/3/1976 hasta el 20/12/1976.
-Ramón Roque Zanabria: ex cabo de la Armada, integró el Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA, desde el 24/3/1976 hasta el 20/12/1977.
-Carlos Néstor Carrillo, alias “Cari” o “El salteño”: ex suboficial de la Armada, operador de comunicaciones del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA desde el 13/3/1979 hasta el 15/11/1979 (era estudiante en la ESMA al momento de los hechos).
-Raúl Armando Cabral, alias “Tiburón”, ex agente de Policía, integró el Grupo de Tareas 3.3.2 desde el 7/1/1977.
-Miguel Conde, alias “Carames” o “Cortez”: personal civil de Inteligencia del Batallón 601, integró el área de Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA desde el 14/10/1976 hasta el 31/3/1979.
-Horacio Luis Ferrari, alias “Pantera” o “Diego”: contraalmirante retirado de la Armada, integró el Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA desde marzo de 1977 hasta enero de 1978.
-Jorge Luis María Ocaranza, ex suboficial de la Armada: ex jefe de grupo de tiradores de la ESMA, integró el Grupo de Tareas 3.3.2 desde el 24/3/1976 hasta el 1/8/1977.
-José Luis Iturri: ex cabo de la Armada, integró el Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA desde el 24/3/1976 hasta el 15/11/1976.
-Claudio Vallejos: ex integrante del Servicio de Inteligencia Naval.
loquesomos.org Presos: para un@s tanto y para otr@s nada “Por censura no entendemos que los hechos se oculten o se nieguen sino que, una vez admitidos, se retoquen siempre para adaptarlos a interpretaciones tranquilizadoras y por último, edulcorarlas para que pierdan todo significado” (El abismo se repuebla. Jaime Semprún) https://ift.tt/2KZas6e
via http://loquesomos.org/presos-para-uns-tanto-y-para-otrs-nada/
eldiario.es/Murcia
La iniciativa está relacionada con el próximo acto de homenaje que tendrá lugar en Cartagena y que fue aprobado en el pleno municipal de junio de 2017
Los prisioneros de Mauthausen reciben a las tropas aliadasLa Asociación de Memoria Histórica de Cartagena ha emitido un comunicado en el que pide ayuda a todos aquellos que tengan información sobre los más de cincuenta vecinos de Cartagena que fueron deportados a los campos de exterminio nazis.
La iniciativa de la asociación tiene relación con el próximo acto que tendrá lugar en la ciudad portuaria en el que se hará un homenaje público a todos los vecinos de Cartagena que sufrieron el horror nazi, y que fue aprobado por unanimidad en el pleno municipal de junio de 2017.
Con el objetivo de facilitar la tarea de búsqueda de familiares de las víctimas del nazismo, la Asociación ha publicado un listado de cincuenta y siete nombres, agrupados según la pedanía o barrio de Cartagena en el que nacieron, en el que se indica el nombre del campo de concentración y el final de cada uno de ellos: Liberado (L), fallecido (F) o evadido (E).
Cartagena Centro:
Álvaro Moreno, Ramón (F: 10/04/1942)
Andrés García, Juan (L: 05/05/1945)
Barreto Moya, José (L: 05/05/1945)
Bueno Belmonte, Alfonso (F: 15/1271941)
Calventus Muñoz, Alfonso (F: 25/12/1941)
Casado Sánchez José (F: 12/11/1941)
Casas Sancho, Claudio (F: 30/04/1942)
De Haro Paredes, Lázaro (F: 29/05/1941)
Fortuny Milán, José (L: 05/05/1945)
García Inglés, Francisco (F: 08/05/1941)
García, Florentino (F: 18/08/1944) en Dachau
Guirado Navarro, José (L: 05/05/1945)
Gumila Raja, Juan (L: 05/05/1945)
Hermosilla Rubio, Cecilio (F: 05/12/1941)
Hernández Sánchez, Francisco (L: 05/05/1945)
Juan Payá, Alfonso (F: 02/04/1944)
Legaz Sáez, Juan (L: 05/05/1945)
Madrid Bastida, Antonio (F: 19/09/1941)
Marín Aroca, Rafael (F: 23/09/1941)
Martínez Martínez, José (F: 05/05/1941)
Martínez Martínez, Pedro (L: 05/05/1945)
Martínez Mateos, Manuel ((F: 15/06/1941) en Dachau
Martínez Meseguer, Juan (L: 05/05/1945)
Morales Pérez, Julio (L: 05/05/1945)
Morote Morales, Pedro (L: 05/05/1945)
Naja López, Antonio (L: 29/04/1945) en Buchenwald.
Navarro Solano, Joaquín (L: 05/05/1945)
Navarro, Diego (L: 29/04/1945) en Dachau
Olivares Villegat, José (L: 29/04/1945) en Dachau
Pérez Garrido, Ginés (F: 07/11/1941)
Pérez, Antonio (L: 29/04/1945) en Buchenwald
Ramírez Cañavate, Antonio (L: 05/05/1945)
Rosique, Ramón (E: 14/08/1944) en Aurigny
Sánchez López, Eusebio (F: 17/04/1941)
Sánchez Molina, Ramiro (F: 04/11/1941)
Sarabia Galiano, Ramón (F: 22/08/1941)
Saus Pérez, Geronimo (F: 16/05/1941)
Soto Sánchez, Agustín (L: 29/04/1945) en Dachau
Tovar Martínez, Emilio (F: 16/11/1941)
Escombreras
Avilés Hernández, Gregorio (L: 05/05/1945)
El Algar
Bueno Pastor, Silverio (F: 12/09/1941)
Campillo Blázquez, Mauricio (F: 30/11/1941)
Fernández Benavente, Máximo (F: 02/11/1941)
García Gómez, Juan (F: 16/10/1941)
Martínez López, Fernando (F: 22/07/1941)
Martínez Olmos, Andrés (L: 05/05/1945)
El Estrecho de San Ginés
Garrido Giménez, José ((F: 26/01/1942)
Gómez Manresa, Victoriano (F: 23/07/1942)
Guerrero Fernández, José (L: 05/05/1945)
Martínez García, Luis (L: 05/05/1945)
Ramón Alcaraz, José (F: 01/11/1941)
Pozo Estrecho
Conesa Inglés, Juan (F: 14/11/1941)
Santa Lucía
López Asensio, Jesús (L: 05/05/1945)
Los Segados
Otón Blaya, José Andrés (F: 28/06/1941)
Los Dolores
Pérez Beltrán, José Antonio (F: 22/11/1941)
Torre Nicolás Pérez
Ros Torres, Damián (F: 09/11/1941)
elgarajeediciones.com Propaganda ilegal. Itinerario de prisiones 1972-1975 – Nueva edición ampliada Luis Puicercús Vázquez El 26 de octubre de 1972, un grupo de la Brigada Político Social, la policía política de Franco, irrum-pe en la imprenta clandestina del Partido Comunista de España (marxista-leninista) y detiene a los militantes que allí trabajaban. Entre ellos está Luis Puicercús Vázquez, el autor de este libro, que comienza así su itinerario de más de 3 años por las cárceles franquistas. Esta obra recoge su detallado testimonio de aquella experiencia, de su militancia carcelaria en la co-muna del PCE (m-l) y del FRAP, cargada de anécdotas, luchas, camaradería, debates, ilusión, incer-tidumbres, etc. que dibujan su día a día entre las rejas y la repercusión que allí tuvieron los grandes acontecimientos históricos de aquellos años del tardofranquismo. El propósito del autor es que los resistentes antifranquistas no sean condenados a la más atroz de las condenas: el olvido. Con ese objetivo, ha documentado meticulosamente y ofrece aquí el listado de cientos de presas y presos políticos de aquellos años, así como de los abogados que les defendieron, y de algunos siniestros responsables de aquella represión. Se incluyen, además, unas 50 páginas de material fotográfico del interior de las cárceles. https://ift.tt/2MLmmT3
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http://loquesomos.org Yagüe ordenó el encierro de los prisioneros en la plaza de toros. Se entregaron invitaciones para acudir al festejo, se instalaron focos para iluminar. En los tendidos señoritos, falangistas, terratenientes, señoritas cristianas, devotas de la alta sociedad, monjas, frailes, aguardaban impacientes la orgía de sangre https://ift.tt/2KNHBlu
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ceaqua.org Reconocimiento a Carli en la Legislatura https://ift.tt/2nBhZik
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El Estado Español vendió 361 millones en armas a Arabia Saudí en 2017 según datos oficiales
de rodriguezamorín https://ift.tt/2KNWC6X
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El 14 de agosto se realizará en Argentina un acto de recuerdo y reconocimiento a la figura de nuestro siempre amado Carlos Slepoy Prada.
Fallecido en abril de 2017 siempre está en nuestro recuerdo.
Carlos ha sido una locomotora para la lucha de la defensa de los Derechos Humanos y especialmente implicado en la defensa de las víctimas del franquismo. Lideró junto a otros abogados y abogadas la presentación de la querella en Argentina contra los crímenes del franquismo.
En el acto intervendrán amigos y compañeros de lucha.
https://www.pagina12.com.ar/132767-es-la-restitucion-de-42-anos-de-amor-no-vivido
La sombra de Franco y su dictadura es alargada. No son suposiciones dichas a la ligera: los datos y, sobre todo, la historia que tanto quieren distorsionar, son quienes ponen a los populares frente a un espejo con sus mayores vergüenzas. Incluso, han sido los responsables de que la fundación dedicada al dictador haya recibido dinero público durante la época de Aznar. Tampoco les molesta que dicha institución disponga de documentación original secreta que corresponde al patrimonio público.
Once años, desde que se aprobara la llamada Ley de Memoria Histórica, en los que la humillación y los continuos obstáculos han sido la máxima del partido de Mariano Rajoy cuando ha tocado hablar de memoria histórica. Una ley descafeinada y nacida con la voluntad de mantener intacta las cloacas de de la transición. Fue sacada adelante con la oposición del PP y ERC, este último al considerar que no terminaba con el “sistema español de impunidad” de los años posteriores al fin de la dictadura.
El último episodio de humillación a las víctimas del franquismo sucedió esta semana, en la última intervención en el Congreso de Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio de Interior, cuando se negó a retirar la condecoración a Billy El Niño. Luego, en el debate de la moción de censura, el que se rio fue el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Estos son los “hitos” del PP en memoria histórica.
2008
Muchos han acabado por creerse sus propias mentiras. Otros, directamente, son puros negacionistas de los horrores del franquismo. En una entrevista concedida a La Voz de Galicia en octubre de 2007, Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior en el gobierno de Aznar, definió de “extraordinaria placidez” los cuarenta años de dictadura. Afirmaba no sentir la necesidad de condenar nada porque “hubo muchas familias que lo vivieron con naturalidad y normalidad”.
Decía Mariano Rajoy en febrero de 2008, durante una entrevista a 20 minutos, que, si por él fuera, “eliminaría todos los artículos de la ley de memoria histórica que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado”. Unas declaraciones que no son frutos de una equivocación, sino que atienden a una idea clara de enterrar el pasado. Ese mismo año, tras la solicitud de Garzón de acceder a diversos archivos para elaborar un “censo” de fusilados y desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, Rajoy declaró no ser “partidario de abrir heridas del pasado, que no conducen a nada”.
Estas afirmaciones son totalmente entendibles teniendo en consideración la del resto de compañeros de partido. Durante un Congreso del PP de Madrid, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, señaló que la gente de izquierdas son “unos carcas” porque están “todo el día pensando en la guerra del abuelo” y “en la fosa de no se quién”. Años después se ha intentado retractar de dichas palabras poniendo como prueba que su abuelo también sufrió la represión.
No obstante, estas políticas no se han limitado a la esfera nacional. En Canarias, el PSOE se topó con CC y los populares para la aprobación de una PNL con la que elaborar un proyecto de exhumación de las fosas en las islas, que finalmente no salió adelante. El mismo sentido final el vivido en Valencia. El por entonces gobierno presidido por Rita Barberá promovió la construcción de más de mil nichos sobre una fosa común del franquismo. A pesar de que se paralizaron las obras tras ser denunciados los hechos, el Ayuntamiento apeló al TSJV, quien les otorgó nuevamente el permiso para continuar.
Ese año se cerró con la negativa del PP y del PSOE a una proposición de ley impulsada por ERC, que instaba a revisar la ley aprobada por Zapatero hacía casi doce meses.
2009
José Millán-Astray, general golpista, fundador de la Legión y jefe de prensa y propaganda de Franco es “un coruñés de pro, de toda la vida”. Estas fueron las palabras esbozadas por el presidente provincial del PP de A Coruña, Carlos Negreira, en defensa a la estatua del militar que se pretendía retirar tras aprobarse en el pleno del Ayuntamiento sin el apoyo de los conservadores.
Por aquellos tiempos, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía no era muy conocido para gran parte del país, salvo en Cataluña. Autoproclamados como la alternativa a la vieja política, lo cierto es que desde sus comienzos han compartido gran parte de su ideario. En junio de ese año, el grupo se abstuvo en la votación del proyecto de ley sobre la localización y la identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Albert Rivera expresó entonces que “para Ciudadanos, el texto que garantiza el derecho individual de las personas es correcto” pero veía peligroso que se utilizara esta ley “para hacer revisionismo político”. El Partido Popular, una vez más, votó en contra.
2011
Con Zapatero sobrepasado, se acabó por adelantar las elecciones. Rajoy se convirtió en el nuevo presidente del Gobierno con mayoría absoluta y comenzaba así la crónica de una muerte anunciada para la Ley de Memoria Histórica. Ese 2011, el gobierno socialista –en funciones– consiguió colar in extremis subvenciones por valor de 5,6 millones de euros, destinados a 190 proyectos de recuperación y justicia. El año siguiente, el gobierno del PP enterró definitivamente una época sin acabar de nuestro país.
Los populares ya en aquel momento estaban más ocupados de hacer imposible la vida a familiares de las víctimas. En Poyales del Hoyo, municipio de la provincia de Ávila, el primer edil, Antonio Cerro, decidió dar por concluida la cesión de un espacio en el cementerio –que ellos mismos aprobaron en 2002– donde descansaban los restos mortales de tres mujeres del pueblo asesinadas por falangistas en 1936. Cerro aprovechó la coyuntura que se le presentó cuando un familiar reclamó los restos de su abuela para trasladar definitivamente todos los huesos a una fosa común.
2012
Con el Partido Popular ya asentado en las instituciones, los recortes no se hicieron esperar. En los PGE de 2012 se estableció la cantidad de 2,5 millones de euros “para toda clase de gastos derivados de las propuestas de la Comisión Interministerial creada por el Real Decreto 1891/2004 de 10 de septiembre”, lo que suponía un 60% menos que en el ejercicio anterior. A eso le acompañó la supresión de la oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, un organismo creado para coordinar la exhumación de desaparecidos. Se acabó reubicando para su posterior caída en el olvido en la División de Derechos de Gracia y otros Derechos, dependiente del Ministerio de Justicia.
2013
Por primera vez desde su aprobación, la Ley de Memoria Histórica se quedaba sin dotación presupuestaria. Fue el mismo año en que el diputado Rafael Hernando aseguraba en una tertulia que “algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarle”. Ahora, ya ni eso. Como había prometido años atrás Mariano Rajoy, ni un solo euro más se destinaría a recuperar los cuerpos de las víctimas.
Continuando con el camino que se habían marcado, en mayo los populares rehusaron condenar el franquismo en el Congreso. Izquierda Unida había llevado a la Cámara Baja convertir el 18 de julio, día del golpe de Estado, en jornada “oficial de condena de la dictadura”. Todos los grupos secundaron la propuesta salvo el PP, que votó en contra, y UPyD, que se abstuvo. Como justificación, el diputado Pedro Ramón Gómez de la Serna espetó: “No podemos condenar a las nuevas generaciones al peso insoportable de la guerra civil. No aspiramos a una memoria unánime, aspiramos a una memoria para poder convivir”. Meses más tarde, mismo escenario y situación parecida. En esta ocasión, la proposición instaba a retirar los símbolos franquistas y la postura se repitió.
2014
Por si no hubiese sido poco las repetidas llamadas a la cordura desde España, entró en juego la Organización de Naciones Unidas. Pablo de Greiff, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, emitió un informe donde instaba al Ejecutivo a reparar el daño que la dictadura provocó. Como venía siendo habitual, el Partido Popular restó importancia al documento hasta el punto de ignorarlo.
Sin embargo, no era la primera vez –ni sería la última– que desde organismos internacionales se había dado un toque de atención al Gobierno. Ya en 2012, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, dirigió a España una petición formal para la derogación de la Ley de Amnistía en nombre de la ONU, denunciando que incumplía la normativa internacional de Derechos Humanos. En 2017, Pablo de Greiff volvió a recordar a España que el Estado debe atender de forma urgente los reclamos de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, y señaló como prioridad las exhumaciones, el Valle de los Caídos y la nulidad de las sentencias arbitrarias adoptadas durante la Guerra Civil y el franquismo.
2015
“No hay fosas por descubrir”, dijeron ese año los populares, “salvo que se empeñen en buscar a Federico García Lorca en los cuatro puntos cardinales de España”, remataron. Fueron unas declaraciones pronunciadas en el Senado tras rechazar, otra vez, la concesión de fondos a la recuperación de la memoria de las víctimas de la dictadura.
Otro rechazo, esta vez en Catalayud, fue el del PP y el PAR junto con la abstención de Ciudadanos, evitando que se retirase a Franco la medalla de oro de la ciudad. Preguntado por esto, Albert Rivera explicó que es el modus operandi de su partido en votaciones similares para así evitar “abrir un debate sobre la memoria histórica”.
No fue la única ocasión donde los conservadores azules se negaron a retirar viejas condecoraciones. El 18 de junio de 2015 el Partido Popular votó en el Congreso en contra de la PNL presentada por el Grupo Mixto para retirar el título de “Grandes de España” a los Franco, y otros títulos nobiliarios a golpistas como Emilio Mola, José Moscardó, Gonzalo Queipo de Llano, Juan Yagüe y José Antonio Primo de Rivera, entre otros.
En los municipios, por su parte, se respiraban nuevos aires. Era el año de los llamados gobiernos del cambio. Barcelona y Madrid estrenaban alcaldesas dispuestas a modificar el callejero de sus ciudades. Todos se mostraron partidarios de la iniciativa a excepción del grupo que entonces encabezada Esperanza Aguirre, quien no dudó en arremeter contra el ” sectarismo y revanchismo ” que decía suponer la medida.
2016
Ese año los nostálgicos del régimen de la dictadura e integrantes del partido que gobernaba se vieron para cenar y celebrar. En ese encuentro, un alto cargo del PP de Extremadura y dos alcaldes fueron premiados por honrar la memoria de Franco e incumplir la Ley de Memoria Histórica y defender al dictador. Un trabajo que han cumplido a rajatabla al oponerse de manera invariable a la retirada. En esta ocasión fue en el Ayuntamiento de la capital. El Partido Popular mostró su negativa contra la retirada de los honores a 13 personalidades del franquismo. “La Ley de Memoria Histórica es fratricida y debería de haberla derogado el PP”, dijo Esperanza Aguirre.
2017
Estaba en Costa de Marfil y parecía que hubiese sufrido una amnesia selectiva. Rajoy contó a los asistentes que no comprendía el cambio de nombre de la calle en la que llegó a vivir. Ese nombre era el de Salvador Moreno, partícipe del golpe militar de 1936 y, una vez acabada la guerra, ministro de la dictadura. Resulta entendible, por tanto, que su grupo parlamentario diera su “no” a una PNL –sin efectos jurídicos– que declaraba nulas las sentencias del franquismo. Una petición que también se vio con la negativa de ERC, reprochando al PSOE el momento y las formas. Por su parte, Ciudadanos se abstuvo.
La que sí salió adelante fue la histórica Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía que suponía una ampliación de la estatal y que, si bien no contó con ningún contrario, PP-A y Cs se abstuvieron. Estos últimos, porque “pone en cuestión” un periodo “sagrado” como la Transición, así como la Ley de Amnistía, que “se aprobó para perdonarnos”.
2018
Este año, el movimiento en torno a la memoria histórica está siendo notorio. En la capital se presentó la muestra No pasarán. Madrid 1936. Para sorpresa de nadie, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, indicó que este acto buscaba la “división y el enfrentamiento”.
En la Comunidad, hasta hace unos días presidida por Cristina Cifuentes, el PP votó en contra de una iniciativa de Podemos que pedía a la justicia que investigue los crímenes franquistas. Ciudadanos, en cambio, optó una vez más por la abstención, hecho que no impidió que saliese adelante una PNL sin carácter legislativo.
A nivel estatal, ambas cámaras parlamentarias han acogido distintas propuestas legislativas. Por un lado, el Congreso ha visto frenado por el Gobierno la tramitación de la proposición del PSOE de reforma de la ley de Memoria Histórica que, entre muchas medidas, proponía exhumar los restos de Franco, sacarlos del Valle de los Caídos y convertir el monumento en un Centro Nacional de la Memoria. El motivo de dicha decisión atendió a razones presupuestarias que alcanzarían los 214 millones de euros, aseguraban. Mismo resultado obtuvo otra iniciativa dirigida a, entre otros puntos, investigar la Fundación Nacional Francisco Franco.
Las dos últimas grandes estocadas a la memoria de las víctimas se han producido en los últimos meses. La primera, el pasado 20 de marzo en el Congreso. PP, PSOE y Cs en bloque decidieron rechazar la reforma de la Ley de Amnistía para así abrir la puerta a juzgar los crímenes del franquismo. Una ley que ampara a franquistas acusados de torturas, como es el caso de Billy el Niño. La segunda, el pasado 24 de abril. El Pleno del Senado dio puerta, con el voto en contra del PP, a una iniciativa del PSOE con el apoyo del resto de grupos. Con ella se pretendía el cumplimiento íntegro de la ley de Memoria Histórica, así como investigar a la Fundación Francisco Franco y declararla ilegal.
En definitiva, 11 años donde ha quedado patente el claro interés del Partido Popular por que no se haga justicia y repare el daño que ocasionó Franco, su guerra y el posterior régimen dictatorial.
Decía el historiador José María García Márquez, que no debe olvidarse que la fundación de Alianza Popular se cerró con todos los cientos de delegados “puestos en pie y gritando ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!”. Tal vez así se comprende mejor que la memoria histórica jamás haya sido abordada como lo que debe ser: una cuestión de Estado.
Ahora, con la vuelta de los socialistas al poder tras salir adelante la moción de censura, Pedro Sánchez tiene ante sí la posibilidad de recuperar la ley de Memoria Histórica. Le toca al PSOE hacer honor a sus siglas y recuperar los años perdidos con el mandato de Mariano Rajoy.
