El pasado 4 de enero, una serie de colectivos memorialistas publicamos un comunicado en el que mostrábamos nuestro apoyo a la moción presentada por el Grupo Municipal Somos del Ayuntamiento de Oviedo, ante la decisión tomada por los tribunales que revierten la denominación de cuatro de las calles cuyo nombre se había cambiado en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, a resultas de las impugnaciones realizadas por un grupo de personas nostálgicas de la Dictadura.
Según la sentencia 00904/2019 del Tribunal Superior de Justicia, deberán volver a su nombre original las calles anteriormente denominadas Fernández-Ladreda, General Yagüe, Marcos Peña Royo y Yela Utrilla, lo que supone eliminar los nombres de las vías ya dedicadas a Joaquín Costa, Juan Benito Argüelles, Arquitectos Galán y Lola Mateos, respectivamente.
Por los medios de comunicación hemos sabido que, por decisión judicial, hay un plazo de tiempo muy corto que obliga al Ayuntamiento de Oviedo a reponer el nombre de las calles citadas. Pensamos que se trata de una decisión que ofende nuestras convicciones democráticas. Nos cuesta admitir que, por sentencia judicial, estos nombres vayan a volver a las calles de nuestra ciudad.
A la luz de las competencias municipales, creemos que si existiera una voluntad política para ello, el Ayuntamiento podría proceder a un cambio de nombre de las calles repuestas, utilizando los procedimientos de urgencia existentes. Entendemos que cualquier solución es mejor que seguir manteniendo el callejero heredado de la época de la dictadura. No hacerlo significaría contravenir el art 48 de la Ley de Memoria democrática aprobada por la Junta General. El mantenimiento de estos nombres significaría quedar al margen de los parámetros de las leyes internacionales que definen el concepto de democracia y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que las inspiran.
No se puede pretender ser demócrata y apoyar al fascismo: o se está con unos o con otros. La elección es suya, pero la Ley nos obliga a todos.
Oviedo, a 29 de Enero de 2020
Firmado:
– La Comuna d’Asturies – CeAQUA
– Federación Asturiana Memoria y República (Famyr)
– Asociación de Familiares y Amigos de la Fosa Común de Tiraña (AFA Fosa Tiraña)
– «Asociación de Familiares y Amigos Fosa de Parasimón»
– Foro Pozo Fortuna
– Plataforma en contra los recortes Aviles y Comarca
– «Asociación Cristino García del Cabo Peñes».
– Asociación Trece Rosas Asturias
Con la participación de Sabino Cuadra, autor del libro, abogado, sindicalista y político.
Otrxs ponentes por confirmar.
Sábado, 8 de julio de 1978. Pamplona. Plenos Sanfermines. Franco hace ya casi tres años que ha muerto pero el franquismo sigue aún muy vivo. Ese día, decenas de policías rodean la plaza de toros, que está a rebosar, cuando varios jóvenes bajan al ruedo con una pancarta en la que piden la amnistía y unos Sanfermines sin presos. Es la excusa de la Policía franquista para irrumpir en el coso, preparar “las bocachas” y tirar con todas las energías, lo más fuerte que pudieron. Pelotas de goma, botes de humo, gases lacrimógenos y balas. Dejaron decenas de heridos, algunos de gravedad, en el interior de la plaza. Muchos más en los exteriores. El joven militante de LKI Germán Rodríguez caía abatido por una bala de la Policía Armada.
Después de más de 40 años, Sabino Cuadra Lasarte, basándose en el informe que redactaron las Peñas sanfermineras en aquel entonces, en documentos desclasificados recientemente y en trabajos monográficos elaborados desde distintos ámbitos, reconstruye pormenorizadamente el ambiente anterior y posterior y los propios hechos, situando lo ocurrido aquel 8 de julio en un contexto de crímenes contra la humanidad cometidos a lo largo de la dictadura y de la llamada Transición. Porque, aunque sus perpetradores sigan impunes y la versión oficial nos cuente otra cosa, no fueron errores. Y no les importó matar.
Este libro es una coedición entre Txalaparta y la asociación Sanfermines 78: gogoan! Los derechos de autor serán destinados íntegramente a sufragar los gastos de la querella contra Martín Villa por crímenes contra la humanidad.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica afirma que el Estado franquista «permitió» la deportación de estas personas a pesar de las solicitudes para impedirlo «a sabiendas de lo que sucedía» La abogada de la asociación Ana Messuti considera que recordar a esas víctimas «reafirma la calificación de genocidio» y «universaliza la represión franquista»
La jueza argentina María Servini en una imagen de archivo. EFE
Familiares de 20 víctimas gallegas del Holocausto se sumarán a la querella argentina contra el franquismo para denunciar la «corresponsabilidad» del régimen en su deportación pese a las «reiteradas solicitudes de la embajada alemana para cambiar el destino» de estos republicanos, según informa Europa Press.
De ello ha informado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que ha detallado que prevé presentar las denuncias, que previamente dará a conocer en distintos actos públicos, ante el Consulado de Argentina en Vigo.
La entidad considera que para los familiares es reparador que por primera vez un organismo oficial, en este caso el Juzgado Nacional número 1 de Argentina, a través de la representación consular en este país, recoja oficialmente «tantos padecimientos de las víctimas gallegas del Holocausto nazi».
«Víctimas que lo fueron porque el Estado franquista, a sabiendas de lo que sucedía, permitió su deportación a pesar de las reiteradas solicitudes de la embajada alemana y de muchos familiares para cambiar el destino de estos hombres y mujeres republicanos», ha indicado.
Las denuncias han sido redactadas por la abogada de la asociación ante la causa argentina, Ana Messuti, quien ha considerado que «recordar esas víctimas, tenerlas bien presentes, es esencial desde la perspectiva jurídica».
«Por una parte, porque reafirma la calificación de genocidio al vincularlo a un exterminio cuyo carácter genocida nadie puede poner en duda y, por otra, porque universaliza la represión franquista, no circunscribiéndola al territorio español», asegura.
Precisamente, para dar a conocer los casos, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica celebrará distintos actos a partir del próximo lunes, día 27 de enero, en A Coruña, Vigo y Ourense.
Querella argentina
La asociación ha recordado que la conocida como «querella argentina» es un proceso judicial iniciado el 14 de abril de 2014 con la presentación del caso de Darío Rivas, hijo del alcalde republicano de Castro de Rei (Lugo) ante un juzgado argentino para buscar la aplicación del principio de justicia universal, «el derecho de la justicia de otro país a investigar crímenes contra la humanidad que no estén siendo investigados por la justicia local».
Hui ens visiten Sabino Quadra, de San Fermines 78 gogoan, exdiputat de Amaiur i autor del llibre «No us importe matar»,Llum Quiñonero, presidenta de Acció ciutadana contra la impunitat del franquisme al País Valencià, exdiputada autonòmica de Podem i autora del llibre «Miquel Grau 52/1977» iLucila Aragó, portaveu de Acció ciutadana contra la impunitat del franquisme al País Valencià / Plataforma de Suport a la Querella Argentina País Valencià, amb els qui parlem de la campanya «Exigisc justícia, judici a Martín Villa».
ASSUMPTE: Fòrum de Debats analitza els crims d’Estat i de l’extrema dreta que es perpretaren durant la Transició
València, 21 de gener de 2020. Aquest dijous 23 de gener, a les 12 hores, al Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, es farà una roda de premsa per presentar la campanya ‘Exigisc justícia, judici a Martín Villa’. La campanya, que porten endavant diferents col·lectius de tota Espanya, reclama justícia pels crims d’Estat i de l’extrema dreta que es perpetraren durant la Transició, quan l’exministre franquista citat era el responsable d’Interior. Martín Villa està imputat en la causa que es duu a Argentina contra els crims franquistes. La jutgessa Servini, responsable d’aquest procés, ha anunciat que vindrà a Espanya el proper mes de març a prendre-li declaració.
En aquest context, també es farà a La Nau, a les 19 hores del mateix dijous, la taula redona ‘Impunitat i víctimes de crims d’Estat i de l’extrema dreta en la Transició’, que s’emmarca en la programació del Fòrum de Debats del Vicerectorat de Cultura i Esport i tindrà lloc a l’Aula Seminari A, amb entrada lliure fins que es completen les places disponibles. Sobre l’acte de la vesprada obert al públic: http://bit.ly/2TO7Foy
Entre 1975 i 1980, cent setanta-quatre persones van ser víctimes mortals de l’acció de membres dels cossos de seguretat de l’Estat i de grups d’extrema dreta en diferents llocs d’Espanya. La majoria d’aquests crims o bé han quedat impunes fins hui, o bé van ser tractats amb una gran indulgència per part de la justícia.
Dia: Dijous, 23 de gener de 2020.
Hora: 12 hores.
Lloc: Sala Gonzalo Montiel del Centre Cultural de la Nau de la Universitat de València (carrer de la Universitat, 2), València.
Hi intervindran: Sabino Quadra, representant de ‘San Fermines 78 gogoan’, exdiputat d’Amaiur i autor del llibre ‘No os importe matar’; Llum Quiñonero, presidenta d’‘Acció Ciutadana Contra la Impunitat del Franquisme al País Valencià’, exdiputada autonòmica de Podem i autora del llibre ‘Miquel Grau 53/1977’; Lucila Aragó, portaveu d’‘Acció Ciutadana Contra la Impunitat del Franquisme/Plataforma de Suport a la Querella Argentina-País Valencià’, i Alfons Cervera, escriptor i coordinador de Fòrum de Debats.
Ceaqua señala en un informe remitido al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas los incumplimientos sistemáticos de las recomendaciones dictadas para garantizar la tutela judicial de las víctimas del franquismo.
Ningún avance en cuanto a garantizar la tutela judicial efectiva de las víctimas del franquismo. “Lo que hay son retrocesos”, apostilla Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella argentina contra los crímenes del franquismo (Ceaqua).
Mañana, 22 de enero, España entra en el tercer ciclo de su examen periódico internacional ante el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas. Desde Ceaqua han trasladado a este Consejo un informe, apoyado por más de cien colectivos de todo el Estado, entre los que se cuentan decenas de asociaciones y foros territoriales de memoria histórica, Ecologistas en Acción, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, el Institut de Drets Humans de Catalunya, Irídia, la Unión de Asociaciones Familiares, o la asociación de presos y represaliados del franquismo La Comuna.
En él detalla cómo el Estado español ha incumplido las recomendaciones realizadas desde Naciones Unidas en cuanto a memoria histórica. “En este momento de examen es muy importante el papel de las organizaciones de la sociedad civil, que son una fuente de información”, explica Paloma García Varela, politóloga de Ceaqua, quien añade que tras esta nueva fase de examen saldrá un nuevo informe por parte del Consejo de Derechos Humanos con nuevas recomendaciones sobre las que el Estado español tendrá que responder en junio.
El proceso de examen periódico universal comenzó en mayo de 2010 y en 2015 tuvo su segunda fase. En ese tiempo, desde el Consejo de Derechos Humanos se han realizado una serie de recomendaciones a España enfocadas en varias temáticas que van desde los derechos del niño, de las personas con discapacidad y de las migrantes hasta la libertad ideológica o religiosa, la trata de personas o los derechos de las personas detenidas.
Una de las temáticas abordadas es la actuación en memoria histórica, ámbito sobre el que desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya recomendaron a España en 2015“elaborar una estrategia amplia e incluyente para abordar los problemas del pasado” sobre las bases de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición —recomendación 131.98—, proseguir esfuerzos para abordar las injusticias históricas y proteger los derechos de las víctimas —recomendación 131.99— y abordar los retos que plantea la investigación de los delitos de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista —recomendación 131.100—.
“No ha habido ni una sola medida adoptada por parte de los tres poderes del Estado que suponga ningún avance, lo que hay son retrocesos porque, a diferencia de lo que acontecía hace diez años, ahora sí hay un buen número de resoluciones judiciales que vulneran ese derecho a la tutela judicial efectiva”, explica Lara en relación al más del medio centenar de querellas interpuestas por particulares e instituciones por los crímenes cometidos durante el franquismo y que están siendo sistemáticamente rechazadas por los órganos judiciales.
La respuesta dada por España, en noviembre de 2019, a las recomendaciones en cuanto a memoria histórica se limitaron a tres párrafos que sumaban 16 líneas de texto. En ellas, el Gobierno de España, ya con el PSOE de Pedro Sánchez, se limitaba a afirmar que la prescripción de delitos y la Ley de Amnistía de 1977 impedían juzgar los hechos “acaecidos durante los años 30 y 40” —olvidando las otras tres décadas de dictadura franquista—, luciendo como avance la proposición de Ley sobre bebés robados —cuya tramitación fue aprobada por unanimidad pero de la que no ha vuelto a haber nuevas noticias— y la creación de la Dirección General de Memoria Histórica dentro del Ministerio de Justicia.
“Lo que plantea el Consejo de Derechos Humanos es un avance sustancial en la tutela efectiva de las víctimas, algo que no se está produciendo a pesar de que se está desplegando una actividad judicial muy importante desde Argentina y desde el Estado español”
“Siguen invocando la prescripción de lo delitos y la Ley de Amnistía de 1977 porque entienden que las víctimas no pueden acudir a la justicia —señala Lara— y no nos parece que sea una respuesta mínimamente adecuada ya que lo que se plantea desde el Consejo de Derechos Humanos es un avance sustancial en la tutela efectiva de las víctimas, algo que no se está produciendo a pesar de que se está desplegando una actividad judicial muy importante desde Argentina y desde el Estado español”. Lara apunta que lo que exige Naciones Unidas es acabar la impunidad. “Se lo exige porque España está incumpliendo sistemáticamente el contenido de todo el derecho internacional de derechos humanos que está obligada a cumplir por la ratificación de tratados internacionales”, explica el abogado. “No se trata de ratificarlos y dejarlos como papel mojado, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico”, añade.
La contribución de Ceaqua al examen periódico universal, titulada El derecho a la tutela efectiva de las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista, recuerda que en la Guerra Civil y en los cerca de 40 años transcurridos hasta el final de la dictadura franquista se exterminó a cientos de miles de personas, miles de bebés fueron robados, miles de personas fueron sometidas a trabajo esclavo o internadas en campos de concentración, las mujeres fueron privadas de sus derechos civiles fundamentales y se cometieron miles de casos de torturas contra opositores al régimen y de represión de personas homosexuales, lesbianas o transexuales. “Hasta ahora ni una sola de las personas que sufrieron estas graves violaciones de derechos humanos han sido reparadas por la Justicia y ni uno solo de los responsables de tanto horror y dolor han sido juzgados”, afirma el informe.
Ante la querella argentina contra los crímenes del franquismo, interpuesta el 14 de abril de 2010 y tramitada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires con el número 4591/2010, Lara señala que “ahora directamente hay resoluciones judiciales de órganos españoles en las que se niega la tutela judicial efectiva”.
La primera acción de bloqueo de la querella fue una decisión del Consejo de Ministros adoptada el 13 de septiembre de 2015 con la que se negaba la extradición de las 20 personas entonces imputadas en la querella para que se les tomara declaración por parte de la juez María Servini, instructora de la causa. El Gobierno español argumentaba entonces el principio de jurisdicción preferente por parte del Estado español para juzgar a sus ciudadanos y la “extinción de la responsabilidad criminal”, ya que, según cita el texto, el Código Penal de 1973 tenía una previsión de extinción de la responsabilidad de quince años.
La decisión del Consejo de Ministros fue respondida doce días después por Ariel Dulitzky —presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias—, Christof Heyns —relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias—, Juan E. Méndez —relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes— y Pablo De Greiff —relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición— con un carta en la que expresaban su preocupación por el “desamparo en el cual esta decisión dejaría a las víctimas y a los familiares de víctimas de estas violaciones, en particular por la denegación de su derecho a la justicia y a la verdad”, y recalcaban la obligación internacional de España de extraditar o juzgar a los responsables de estos delitos.
“Expresamos grave preocupación por los argumentos esgrimidos por el Gobierno, los cuales ignorarían y contradecirían las normas y estándares internacionales de los derechos humanos. En particular, el Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad criminal para no juzgar o extraditar los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas”, continuaba la carta, que fue ignorada por el Gobierno español de entonces, en manos del Partido Popular.
Nuestra compañera Adelina acaba de fallecer. Se ha ido sin saber qué pasó con su hijo. Dos veces tuvo que ver cómo se suspendía el juicio por la desaparición de su hijo, por la enfermedad del médico que atendió su parto, estando ella mucho peor de salud. Una madre más que muere sin saber la verdad y sin obtener justicia. Cuánto dolor y cuánta tristeza podía haberse ahorrado si el Estado hubiera cumplido con su obligación de buscar a su hijo. Adelina no ha tenido justicia. Seguiremos luchando por conseguirla, por ella y por todas las víctimas. Hasta siempre compañera.
Reproducimos el artículo de la escritora Consuelo García del Cid donde recoge una entrevista a Adelina
No se ha hecho justicia, una vez más. Pero seguiremos buscando a Bruno, y el día que aparezca, le hablaremos de su madre, Adelina, que murió con las botas puestas
Consuelo G. del Cid Guerra
– Hola, Consuelo. Vamos a empezar el relato de mi historia, no podré hacerlo muy seguido porque me encuentro mal y tengo que parar de vez en cuando para descansar…
– Tranquila, no te preocupes, tenemos tiempo…
-El nombre de la monja ponlo de otra manera no vaya a ser que me metan un paquete…
-El nombre de la monja se va a poner como me llamo Consuelo y si hay paquete será para las dos.
«Mi nombre es Adelina Ibáñez Mazcua y busco a mi hijo nacido el 27 de octubre en la Maternidad Santa Cristina de Madrid.
Yo era una mujer separada judicialmente de mi marido, quien me pasaba la manutención de mis hijas y la mía: 4000 pesetas todos los meses, y tenía la cartilla de la Seguridad Social para mis hijas y para mí.
Me quedé embarazada de mi nueva pareja, llevaba viviendo con él 3 años. En aquella época una mujer que no estaba casada no podía reconocer a su hijo, eso era un problema bastante grande porque si mi marido se enteraba automáticamente me quitaba mis hijas que las tenía bajo mi custodia y tutela y de protección en el domicilio de mis padres.
El embarazo me lo quise quitar, mi pareja me decía que no, que se hacía cargo del niño, que cuando me dieran el divorcio era para casarnos, pero yo a toda costa no quería tenerlo, pues el médico que tenía que ir con la cartilla a consulta, era vecino nuestro. Me dijo que dos portales más abajo de él encontraría una clínica particular en la calle Desengaño, me dicen que sí y me das el precio para abortar. Me da cita para ello pero cuando llego me encuentro los coches de patrulla que estaban dentro de la clínica y por un minuto no me cogen a mí.
Tomé la determinación de continuar con mi embarazo, ya me tocaba la tripa, y llegué a querer mi embarazo, salir adelante con él y que sea lo que Dios quiera.
Hablé con una amiga de mi trabajo, la cuento mi problema y la situación que se me presenta, que es grande, y me dicen que vaya a la maternidad de Santa Cristina, que allí hay una monjita muy buena que ayuda en estos casos a las personas que tenemos problemas… yo no lo pensé allí me fui.
Buenos días, vengo buscando a Sor María -y me dice
– soy yo.
– Sor María, tengo un problema.
– Sí hija, siéntate y anda cuéntame qué es lo que te pasa y por qué vienes a buscarme.
– Verá, soy una mujer separada de mi marido judicialmente y me he quedado embarazada, no puedo usar la cartilla de mi marido porque si se entera me quita a mis hijas y me ha dicho una amiga que usted ayuda en estos casos…
-Sí, sí…. te ayudo… ¿Conoces a su padre de la criatura?
– Sí sor María, le conozco…
– ¿Es soltero o casado?
– Soltero.
– ¿Y tú sabes si cuando tú tengas al niño se va hacer cargo?
– Sí se va a hacer cargo del niño, porque cuando yo tenga el divorcio, tenemos intención de casarnos.
– ¿Sabes de cuánto tiempo estás embarazada?
– No, no lo sé, yo no puedo llevar la cuenta de los embarazos porque yo tengo bocio y no regla regla muy mal y me tiene que llevar la cuenta el tocólogo…
– Bueno, pues en este caso para ti lo mejor que hay es hacerte la cartilla de la beneficencia para que así tengas derecho a que te atiendan los médicos hasta que paras.
Sacó un libro, “firma aquí” -dijo- y dame el carnet de identidad.
Yo le di el carnet y firmé en el libro que me dio y después me dijo: “Ahora pásate a ver al médico. Toma este sobre y cuando pases a consultar se lo das”. Cuando pasé a la consulta, a mí el médico me dejó la última, yo ya era un poco sorda, me tenían que hablar alto.
El médico me dijo que estaba aproximadamente de 4 meses. Sor María me había dado una tarjeta con 12 cuadritos correspondiente a un año y le dijo el médico “me tienes que firmar aquí” y le dije “¿Aquí? Si aquí yo ya lo he firmado a Sor María en el libro para que me hagan la cartilla de la beneficencia”.
Y a mí también me tienes que firmar en este cuadrito porque eres de la beneficencia. Tú cuándo trabajas, cobras.
Sí claro…
Pues entonces a mí me tienes que firmar aquí porque yo tengo que presentar a las personas que atiende de beneficencia para que a mí me paguen.
Se guardó las tarjetas, le pregunté por qué no me daba una y me dijo «no, ésta se queda aquí conmigo hasta que paras. Toma este volante y sube a hacerte un análisis de sangre y cuando te lo hagan, bajas».
Me dio el sobre: “Ahora bajas a hablar con sor María, qué pasó al despacho”.
Le dije que según el médico yo estaba de unos cuatro meses. Me dio una tarjeta con el número de historia que debía conservar para entregarla en cada consulta.
Regresé a los quince días y Sor María me preguntó si «había resuelto mi problema», si se lo había contado a mi familia… “No” -contesté-. Entonces no se me notaba la tripa.
Me dijo que lo mejor para mi caso era dar el niño en adopción, yo me quedé pensativa, tardé en contestarla y la dije: “Mire Sor María, ya sabe que soy sorda. y si en algo le he dicho que sí que tiene que ser no y en lo que tiene que ser si aún no le he dicho que tiene que ser sin es porque usted sabe que yo no oigo bien yo no quiero dar a mi hijo, yo quiero tener a mi hijo”.
Ven a la consulta dentro de 15 días para que te vea otra vez el ginecólogo -me dijo.
Cada vez que iba tenía que firmar en un cuadrito y ese cuadrito de esa tarjeta se la quedaba el médico era una tarjeta verde de la Beneficencia. Yo me mosqueo mucho con Sor María y le cuento a mi amiga: “Tengo un mosqueo con esta monja… No me gusta nada, me ha dicho que le dé a mi hijo para que lo de en adopción”, y me dice: “No te preocupes, si no lo quieres dar, ella tiene una guardería donde tú dejas al niño 3 o 4 días, te lo guardan hasta que tú resuelvas el problema con tu familia y para ver cómo lo puedes reconocer”.
Cuando volví, le dije: “Sor María, usted tiene una guardería para poder dejar a mi hijo 3 o 4 días hasta que lo reconozca y ya hablé con y mi familia, y si lo puedo reconocer porque hemos ido al juzgado y me han dicho que llorando dos testigos que aleguen que somos pareja de hecho te lo podemos reconocer como padre soltero y madre casada…” Cuando le dije eso se puso a diabólica, tenía los labios morados, parecía un demonio, me daba miedo… Yo me escondía de mi familia por una hermana que tenía mucha amistad con mi marido, era muy amiga de mi marido, demasiado amiga, y si se enteraba se lo decía a mi marido y yo eso se lo decía a Sor María.
Entonces, sor María me dijo: “bueno bueno, cuando paras ya hablaremos de eso, cuando te pongas de parto te traes el sobre con la tarjeta de tu historia y con el informe del análisis de sangre y te pasas por la puerta de urgencias y en la parte de Odón”.
Me puse de parto el 26 de octubre, ingresé a las doce y media de la noche, ya era día 27 para amanecer lunes, cuando ingreso me piden la cartilla de la Seguridad Social, yo digo que soy de la Beneficencia de Sor María.
No llevo ni el sobre el análisis de la tarjeta de número de historia , bien porque se me ha olvidado o no la quise llevar … de eso no me acuerdo.
Me llevaron a la habitación roja, apenas se veía, me metieron en una cama y dije que yo era muy rápida pariendo, que enseguida paría ,y me dijeron que si no me daba un dolor fuerte, que no apretara, que jadeara, porque tenían un parto complicado que estaban atendiendo..
Me vino un dolor fuerte, y parí a mi hijo tocando la pera para que vinieran a atendernos. Toqué a mi hijo en la cabecita, las manitas, los piececitos …. no lo escuché llorar por mí sordera.. cuando la enfemera llega, hay una comadrona y un médico que me está mirando de lado. No me enfadé.
Me pusieron una mascarilla negra. Estaba amaneciendo, entró una enfermera y me hizo un análisis de sangre.
Pregunto si he tenido niño o niña y me dice que «tranquila, tranquila, que ahora vendrá el médico y te lo dirá».
Vi una monja entre nieblas con gafas de color agua … yo no conocía así a Sor María, yo la conocía con la pañoleta y sin gafas..
-Madre qué he tenido?
– Tranquila , tranquila … que el médico pasará y se lo dirá.
Cuando vino el médico le pregunté qué por qué me habían anestesiado, si ya había parido a mi hijo sola en la cama, y el médico me contestó que no, que yo lo que había tenido era la placenta previa que me anestesiaron para sacarme al niño que traía tres vueltas y se podía ahogar.
Yo le dije que eso era mentira, que se estaba confundiendo con otra mujer, me dijo que tenía puntos, le dije que era mentira que me habían dado un corte que no sabía por qué razón entonces me incorporé y pregunté donde estaba mi hijo y que había tenido y el médico me volvió a decir que tranquila que tranquila… que había nacido prematuro y que estaba en la UCI muy malito. Entonces le dije que me llevara a la UCI a verlo, me dijo que no, porque yo estaba acatarrada era verdad y que le iba a pegar el virus a mi hijo ya los demás niños también, pero qué tenido he tenido un deber y una de señora un bebé.. llévame por favor llévame a ver dónde está mi bebé no puedo ir ahora tiene que ir mañana a la 1.
Me dijo que mi hijo había nacido con el factor RH negativo y que había que cambiarle la sangre, que tenía que firmar la autorización para cambiarle la sangre al bebe, que estaba muy grave .. y yo la firmé ,siempre, siempre firmada … y la pregunto por dónde puedo ir a verlo a la 11 y me dijo no puedes verlo tiene que ser mañana a la una… yo no podía salir de la habitación yo estaba vigilada cuando asomaba la cabeza había una persona que me decía que me metiera para dentro yo no podía chillar porque venían y me llamaban la atención, yo no podía llorar… ante esas circunstancias esos nervios esa tensión después de comer dije que me iba yo no podía estar allí con esa tensión y con esos nervios y tan controlada me sentía maltratada me estaban maltratando…..
A la mañana siguiente del día 28, fui a la puerta del despacho muy temprano sobre las 9:30 las 10 aproximadamente. Yo estaba esperando a que viniera la monja porque no había nadie en el despacho y de repente se abre la puerta del despacho y aparece un señor, y por el pasillo para alante sale una señora con un cestito de paja debajo del brazo con tela blanca y topitos azul marino.
Cuando sale la monja al cerrar el despacho, se puso diabólica, y me ha sentado con las manos ¿qué haces aquí? — ¿ qué haces aquí? … Yo la dije que me había dormido un poquito pronto por si usted tiene un momento y me puedes subir un poquito antes a ver a mi hijo.
-No te puedo atender ahora y voy a tardar.. cuando llegó a la altura de la señora las dos volvieron la cara mirando hacia mí yo ya intuía que se llevará en el niño porque en aquella época los niños salían de azul y las niñas salían de rosa entonces a mí el corazón ya me aprieta y pensaba en que se llevaban a un niño y posiblemente podría ser el mío entonces me tiré hacia delante, pero cuando me di la vuelta al pasillo, lo que me encontré fue unas escaleras y habitaciones .. me fui a la puerta principal a fumarme un cigarro..
Sale el señor y se mete en el coche.. sale la señora con el cestito lleno yo me voy hacia ellos y cuando soy María me ve empuja la mujer para dentro del coche y el coche arranca. Yo toco el culo del coche cuando me vuelvo para sor Maria me da un portazo.
Se van por la calle de La Moneda, me meto para el patio, y medio tambaleando, pude sentarme en un banco recuperarme un poco de la fatiga.. porque intuía que ese niño era mi hijo.. me voy a la puerta del despacho y al rato viene la monja ya me caigo de rodillas y con los brazos abiertos la digo :
!!! sor Maríaaaaa eso señores se han llevado a mí Bruno !!!
Y riéndose, me dijo que mi Bruno era muy guapo, que se parecía a mí, pero que había muerto la noche anterior porque no aguantó el cambio de sangre.
-Baja que te lo enseño, dijo.
Bajé muchas escaleras, me enseñaron al niño de lejos, no me pude acercar. Le dije que ese no era mi Bruno, que era un muñeco.
Salió otra monja morena, con ondas en la melena y me dijo : sor María no está. Pero la vi salir del despacho y la grité : «Usted me ha engañado con las firmas de la Beneficiencia, usted y los médicos, lo han hecho para robarme a mi hijo Bruno». Me contestó que no, y que llamara Bruno a mi próximo hijo.
Cuando fui el día 29 a enterrar a mi hijo, yo tenía sociedad de entierro, me dijeron que ya lo habían enterrado ellos en un apartamento el del hospital.
Fui a ginecología, me dicen allí que de los niños prematuros no daban informes a nadie y que los enterraban ellos.
Sor María me dijo que no volviera más por allí, que «ya se ve lo que eres», esto lo dijo haciendo la señal de la hoz alrededor de su cuello.
Puse una denuncia en el juzgado de la calle General castaño. He tenido esa denuncia en mi poder 30 años, mi hijo se independizó y me trajo una perra para que saliéramos con ella al parque, nos pusimos a arreglar archivos y nos tuvimos que marchar improvisadamente y cuando volvimos la perra se había subido encima de la mesa y me había roto un montón de documentos entre ellos la denuncia se podía leer pero yo no la guarde nunca me habían llamado ni a la pensión ni a la casa de mis padres el carnet tenía los datos de la casa de mis padres jamás me llamó el juzgado para informarme de nada espero entiendas todo esto con lágrimas en los ojos y las piernas me tiemblan no puedo rectificar mucho el que con los ojos llenos de lágrimas hay cosas que no puedo corregir espero que con un poco de suerte lo entendáis todo lo mejor posible esa es mi amarga historia y esa es el verdugo de Sor María qué fue para mí yo fui para sor María un cangrejito a la orilla del río se aprovechó de mí por los cuatro costados…
´-Tranquila, Adelina, yo le doy forma a todo esto….
-Esta historia me gustaría saber guardarla para no perderla nunca y siempre que me la pida a alguien poderla dar …
-Te la mandaré corregida, y la guardas».
.Hoy, que nos ha dejado Adelina, he querido plasmar su historia sin correcciones, tal y como me la contó en 2016. Para que todo el mundo la lea con su voz, sin pasar por el tamiz literario forzoso que se aplica en los libros cuando se trata de testimonios personales.
Acudía a las manifestaciones con sus gafas nasales de oxígeno. Era entrañable por naturaleza y muy querida por todos. No importa cómo pudiera encontrarse : ella iba. Siempre. No como el médico citado a declarar en su momento, que se ausentó por «enfermedad», cuando ella estaba mucho peor que él.
No se ha hecho justicia, una vez más. Pero seguiremos buscando a Bruno, y el día que aparezca, le hablaremos de su madre, Adelina, que murió con las botas puestas, luchando contra corriente en busca de su hijo robado. A Bruno le diremos que era una mujer sencilla, humilde, que nunca buscó otra cosa que justicia. Amiga de sus amigos, bondadosa, entregada. Maravillosa en todos los sentidos.
Buen viaje, compañera. Nos encontraremos en esa dimensión desconocida cuando tenga que ser.
Acto Público por la reposición del Memorial a las víctimas del franquismo en el cementerio del Este de Madrid
Salón de Actos de UGT. Avda. de América, 25 Mdrid.
Sábado 18 de Enero, 12 horas
Contra el desmantelamiento del monumento memorial en el cementerio del Este de Madrid
http://bit.ly/2Ny0m0s
NUEVATRIBUNA.ES
21 DE DICIEMBRE DE 2019 (11:52 H.)
Plataforma en Defensa del Memorial del cementerio del Este de Madrid, Diciembre de 2019 .
Las Organizaciones Memorialistas, Partidos Políticos, Organizaciones Sindicales, sociales, personalidades y entidades de la cultura, manifestamos : El pasado 18 de Noviembre, el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid arrancó las lápidas con los nombres de cerca de 3.000 personas ejecutadas en los primeros años de la dictadura en el Cementerio del Este.
La colocación de las placas fue paralizada el 17 de julio, cuando la obra estaba prácticamente finalizada. La retirada, que provocó serios daños en algunas de las lápidas, supuso una nueva humillación y la revictimización de los familiares de los asesinados, que llevaban décadas esperando el reconocimiento de la democracia a personas que fueron asesinadas por defender los valores democráticos, derechos, libertades, y justicia social representados por la II República española.
Esas personas fueron ejecutadas entre 1939 y 1944 en aplicación de las sentencias de unos consejos de guerra carentes de las mínimas garantías procesales, incluyendo el más básico derecho a la defensa. Consideramos inadmisible en democracia, que se anteponga el argumentario franquista al reconocimiento debido a sus víctimas, frente a la defensa de los valores universales por los que fueron masacradas y a la imprescindible reparación a sus familiares, dando carta de naturaleza a las sentencias de los Consejos de Guerra.
El gobierno del señor Martínez Almeida no sólo profana los nombres de quienes pagaron el más alto precio en Madrid por defender la libertad frente al fascismo, sino que ha modificado el criterio con el que fue erigido el Memorial, cambiando completamente su significación para reconvertirlo en un falso homenaje a la concordia. Ello supone un castigo post mortem añadido a las familias de las personas ejecutadas allí y un grave atentado a la memoria democrática del pueblo de Madrid y de todos los pueblos del Estado español.
Asimismo, la renuncia por parte del equipo de gobierno de Martínez Almeida, de levantar un memorial en el lugar donde se ubicaba la antigua Cárcel de Carabanchelen reconocimiento a todas las personas presas políticas durante el franquismo, así como el cierre de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria, dan idea del concepto que tienen de las políticas de memoria democrática los actuales responsables municipales.
La construcción del monumento del cementerio del Este, tal y como se estaba llevando a cabo hasta su paralización por el Ayuntamiento, no había provocado ningún rechazo ni oposición en la sociedad madrileña. Es por tanto el equipo de gobierno actual, el único responsable de alterar la convivencia y de crear problemas que no existían. La decisión por el gobierno municipal encabezado por el Sr. Martínez Almeida de remodelar el monumento, desvirtúa completamente su significado, objetivo y sentido.
Es el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid quien manifiesta una actitud autoritaria, revanchista y sectaria, capaz de crear y promover la discordia y el enfrentamiento en una sociedad ajena a sus discursos de odio. Existen en el Estado español docenas de memoriales de reconocimiento a las víctimas del franquismo, con las características del que ha sido desmantelado por el Ayuntamiento de Madrid, algunos de ellos erigidos por gobiernos municipales del partido del señor Martínez Almeida.
Exigimos la inmediata reversión del proceso, procediéndose a la reconstrucción del Memorial conforme al proyecto original, y que el Sr. Martínez Almeida pida disculpas públicas en nombre del Ayuntamiento de Madrid, a los familiares de las víctimas y al conjunto de la ciudadanía.
Consideramos imprescindible, conforme a la exigencia del Derecho y Tratados Internacionales, y a las recomendaciones de las Naciones Unidas, que el Estado y todas las instituciones asuman y garanticen el derecho a la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, a todas las personas represaliadas, asesinadas o desaparecidas de la Resistencia Antifranquista como víctimas de la violencia política. Consideramos irrenunciable el derecho de la ciudadanía a conocer la historia de la mano de historiadores, a ser juzgados solamente por jueces, y a que las instituciones democráticas reconozcan públicamente, nombre a nombre, a todas las víctimas del franquismo.
Convocamos a la sociedad civil a frenar esta agresión sin precedentes cometida, en primer lugar, contra los familiares de las personas que pagaron con la vida su compromiso en defensa de la legalidad democrática, pero también contra los derechos humanos, contra la Democracia y contra la Memoria Democrática Colectiva.
Solicitamos el apoyo explícito de todos y todas las demócratas, y de toda la sociedad, para revertir este nuevo atropello a la Memoria de las personas que lucharon contra la Dictadura. Los familiares, colectivos y organizaciones que conformamos esta Plataforma abierta, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se adhiera a este manifiesto y participe activamente en la defensa de esta causa.
Acto en el Teatro del Barrio recordando a las víctimas de ese sangriento enero de 1977 en Madrid . El próximo martes 21 de enero a las 19 horas con entrada libre
Acto homenaje con motivo de la Semana Negra de Madrid (entre el 22 y el 24 de enero de 1977) cuando fueron asesinados Mari Luz Nágera, Arturo Ruiz y 5 abogados en la calle Atocha. Todo ello a manos de las fuerzas de seguridad o de grupos de ultraderecha. Ficha artística
LA COMUNA es una asociación de represaliadas y represaliados políticos del franquismo constituida en la primavera del año 2011 para dar testimonio directo de las luchas y la represión que caracterizaron los últimos lustros de la larga dictadura franquista, el periodo que se ha dado en llamar el tardofranquismo, como aportación a la lucha contra la impunidad de aquel régimen.
Nuestra asociación toma su nombre de las comunas con las que organizábamos nuestra resistencia en las cárceles, y como aquellas este es un proyecto unitario, por encima de la filiación ideológica o militante de cada cual, abierto a todas las personas que compartimos la experiencia de la represión y la lucha contra la dictadura franquista.
La principal motivación que nos llevó a crear LA COMUNA es la permanente insensibilidad y obstruccionismo de los poderes públicos en nuestro país frente a las demandas de verdad y justicia respecto a los crímenes del franquismo. Lógicamente por ello, nuestra asociación nunca ha contado ni solicitado apoyo oficial de ningún tipo, y basa todo su trabajo en el esfuerzo voluntario.
En LA COMUNA nos integramos en primer lugar un amplio grupo de personas represaliadas (encarceladas, torturadas, exiliadas, etc.) del franquismo, pero nuestra asociación está abierta también a cualquiera que se identifique con nuestro ideario de verdad, justicia y reparación, y que quiera contribuir a acabar con la impunidad de la dictadura.
Déficit democrático de origen del régimen nacido con la transición
La Amnistía de todos los procesos y condenas políticas de la dictadura fue la reivindicación política central de las luchas en la última etapa del franquismo. Pero mediante los entreguistas pactos de la Transición, la amnistía se convierte en una auténtica Ley de Punto Final para los crímenes cometidos por la dictadura, a la vez que intenta borrar también a las víctimas.
En efecto, la Ley 46/1977 de Amnistía elimina toda responsabilidad por los asesinatos, cárceles, procesos, torturas y demás crímenes del régimen franquista, al tiempo que niega cualquier derecho o reconocimiento a sus víctimas, pretendiendo en definitiva la aberración ética de equiparar a quienes formaron parte de la dictadura, la defendieron y se beneficiaron de ella, con quienes lucharon contra ella y fueron represaliados por ello. Frente a ello, numerosas organizaciones memorialistas han venido reclamando verdad, justicia y reparación durante los ya 40 años de vida de una democracia nacida con esa tara de legitimidad que hace de nuestro país una anomalía en el contexto internacional, tal como vienen denunciando reiteradamente los principales organismos internacionales de derechos humanos.
En esa lucha se inscribe LA COMUNA, para testimoniar, en tanto que víctimas directas que aún pueden contarlo, que el franquismo, en contra de falsos relatos negacionistas e interesados, fue una dictadura criminal hasta su final.
Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme al Pais Valencià / Plataforma de
support a la Querella Argentina
Nota de prensa
La fiscalía pide el sobreseimiento de las querellas por torturas en el Franquismo presentadas en octubre en los juzgados valencianos.
Desde la Plataforma de support a la Querella Argentina que impulsa y coordina las c bnmquerellas presentadas hemos de señalar ante esta noticia aparecida en Valencia Plaza lo siguiente:
Primero trasladar el bochorno de nuestras compañeras y compañeros querellantes y de sus abogadas por tener conocimiento a través de los medios de esta noticia y no por directa. Lo que ya es un indicio de por dónde puede transcurrir la recomendación de la fiscalía: falta de sensibilidad y consideración hacia los querellantes, como personas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos. En este país las víctimas de la represión franquista han tenido y tienen un tratamiento indigno y desconsiderado.
En segundo lugar, los argumentos filtrados que se utilizan para proponer el sobreseimiento de estas querellas se basa en las recomendaciones que realizara la Fiscalía General del Estado en 2016, respondiendo entonces a las peticiones de apoyo judicial que la jueza argentina Maria
Servini -responsable de la causa conocida como Querella Argentina que juzga en aquel país los crímenes del franquismo- realizara a la justicia española para llevar a cabo adecuadamente su investigación.
Básicamente la negativa de la fiscalía se basaba en señalar que los hechos han
prescrito, en el principio de legalidad y en la existencia de la Ley de Amnistía de 1977.
Pero esta interpretación de la Ley por parte de la Fiscalía contradice el Derecho Internacional de Derechos Humanos que, a la vez, está incorporado a nuestro propio ordenamiento jurídico. Lo hemos señalado en diversas ocasiones:
a) Los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles.
b) El principio de legalidad internacional, consagrado en multitud de Tratados y
Convenios internacionales –a título de ejemplo citaremos el artículo 15.2 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos- obliga al Estado español a investigar y enjuiciar crímenes que, aunque no estuvieran tipificados como tales en su propia normativa interna, tendrían tal consideración en virtud de los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional, tal y como acontece en
este caso.
c) La Ley de Amnistía no despliega efecto alguno que pueda impedir u obstaculizar la investigación y enjuiciamiento de crímenes contra la humanidad, tal y como han expuesto en reiteradas ocasiones los expertos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en consonancia con la doctrina de los diferentes tribunales internacionales.
En 2020 la Fiscalía debería de actualizar sus argumentos para así no vulnerar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de los querellantes, teniendo en consideración que las víctimas de torturas y vejaciones sufridas durante el franquismo por parte de miembros de la
Brigada Político Social y de la Guardia Civil, reclaman su derecho a la justicia. Un derecho que les pertenece y que el sistema judicial debería de proteger en lugar de seguir negando la investigación de los crímenes del franquismo y actuando a favor de la impunidad.
Aduce que los hechos han prescrito y los posibles culpables estarían amparados por la Ley de Amnistía de 1977. Ahora el juez deberá tomar una decisión.
La Fiscalía pide que se archiven todas las querellas presentadas en València contra los torturadores de la dictadura franquista
Aduce que los hechos han prescrito y los posibles culpables estarían amparados por la Ley de Amnistía de 1977. Ahora el juez deberá tomar una decisión.
La Fiscalía de València ha pedidoarchivar la causa que agrupa numerosas querellas contra torturadores policiales durante la dictadura de Francisco Franco en un juzgado valenciano, ya que, según la Fiscalía General del Estado, los hechos han prescrito y los posibles culpables estarían amparados por la Ley de Amnistía de 1977.
La Fiscalía del Estado ordenó en julio de 2019 a la de València que pidiera el sobreseimiento. Ahora, en un escrito, la Fiscalía Provincial de València cumple esa orden.
La causa, de la que es competente el Juzgado de Instrucción número 15 de València y en el que se han acumulado varias querellas porque coincide la identidad de acusados y hechos, es una de las últimas abiertas contra torturadores del franquismo en los juzgados españoles, la gran mayoría de las cuales ha sido inadmitida o ha sido luego archivada.
Todas ellas derivan de la llamada querella argentina de víctimas del franquismo que siguió un juzgado criminal federal de ese país, que envió comisiones rogatorias a los tribunales españoles que fueron rechazadas.
En la circular que la Fiscalía del Estado envió a la valenciana recordaba que ya se opuso a aquellas comisiones rogatorias enviadas desde el juzgado argentino, no solo por la competencia sobre los mismos de la Justicia española, sino por las mismas razones que ahora llevan a solicitar este sobreseimiento: porque los hechos están prescritos y les es de aplicación la Ley de Amnistía.
El rechazo a la causa argentina ha llevado a las víctimas del franquismo a presentar querellas en varios juzgados de València que retornan a la jurisdicción española «desligándose con ello de la querella argentina», recordaba también la Fiscalía de Estado antes de afirmar que «pese a ello, los criterios sostenidos por la Fiscalía General no se han modificado».
Y, así, reiteraba que pese a que esta causa es diferente de la llamada querella argentina, «el sustrato de las querellas es sustancialmente idéntico y procede reiterar los argumentos que fueron emitidos, oponiéndose a la pretensión de inicio de las actuaciones judiciales que tengan como finalidad la persecución de hechos prescritos y a los que sea de aplicación la Ley de Amnistía».
Ahora el juez valenciano deberá tomar una decisión, aunque tanto la Audiencia Nacional como la Audiencia Provincial de València y otros juzgados coinciden con el criterio de la Fiscalía: han archivado causas o, en el caso de la Audiencia Nacional, se ha opuesto a la entrega de Billy el Niño a Argentina.
La Audiencia de Madrid dejó el pasado 19 de diciembre vista para deliberación y votación la revisión de la sentencia que condenó a Teresa Rodríguez a indemnizar a la familia del exministro franquista por un tuit crítico. El Ministerio Público considera los juicios franquistas «ejecuciones arbitrarias» y que la pena a la dirigente de Podemos, de confirmarse, podría instaurar una «suerte de censura»
La Audiencia de Madrid dejó vista para deliberación y votación en una providencia del pasado 19 de diciembre la revisión de la sentencia que condenó en primera instancia a Teresa Rodríguez por este tuit, publicado el 2 de marzo de 2018: «Hoy hace 44 años de la ejecución a garrote vil de Salvador Puig Antich. De entre los responsables de su asesinato Fraga fundó el PP y Utrera Molina fue enterrado el año pasado al son del cara al sol por miembros del mismo partido. Ellos siguen, nosotr@s también».
La jueza de primera instancia María del Rosario Campesino Temprano había aceptado la demanda por derecho al honor que presentó la familia del exministro franquista ya fallecido José Utrera Molina y condenó el pasado mes de mayo a Rodríguez a borrar el tuit y a pagar 5.000 euros como indemnización. En el mismo fallo también fue condenado el exdirigente de Podemos en Castilla-La Mancha, Alfredo Díaz Cardiel, por otro tuit: «Hoy hace 44 años asesinaron, con garrote vil, Salvador Puig Antich. El ministro de Franco que ordenó ese asesinato fue José Utrera Molina. Vean la opinión que de él tiene el ex ministro de Justicia del PP. Alberto Ruiz Gallardón. juzgen la catadura de estos fascistas».
La magistrada hizo descansar su sentencia en la consideración de que Rodríguez llamó «asesino» a Utrera Molina, cosa que la secretaria general de Podemos no hizo realmente y así lo admite la propia jueza en el fallo, en el que escribe lo siguiente: «Es evidente la carga ofensiva del término asesino, que aunque en este caso no se utiliza textualmente, resulta de lo señalado por la demandada en el tuit referido».
Además del recurso de Rodríguez, la Fiscalía emitió también el pasado mes de julio, tras la condena, un contundente escrito, que envió al juzgado de la jueza Campesino, sobre el caso –y al que ahora ha tenido acceso Público– en el que emite demoledoras reflexiones al respecto del fallo de primera instancia, al que impugna de cabo a rabo, y también sobre la impunidad del franquismo y la libertad de expresión.
Crímenes franquistas
Primero, la fiscal Carmen Palomar Linares, manifiesta que el tuit no llama «asesino» a Utrera Molina. «El tuit al considerarle “responsable de un asesinato” estaba calificando el hecho de la ejecución a muerte como tal, a la luz y con arreglo a la normativa vigente en el momento de emitirse y divulgarse el tuit».
La Fiscalía se remite al artículo 3.2 de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que declaró «ilegítimos los consejos de guerra constituidos por motivos políticos por ser contrarios al derecho, vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo». Luego añade como elemento «destacable» la «numerosa historiografía al respecto denominando a estas ejecuciones a muerte, dictadas por los consejos de guerra en la época franquista» como de «crímenes de estado», «crímenes franquistas».
Por ello, remata la fiscal Palomar, «el tuit no tilda de asesino a Utrera Molina sino que califica la ejecución a muerte de Puig Antich por un consejo de guerra, declarado por ley ilegal, como un asesinato».
«Entendemos –añade el escrito– que al haber sido declarados ilegítimos los consejos de guerra por motivos políticos y carecer por ello de legitimidad [… ello] convierte a las condenas pronunciadas por dichos tribunales, desde la perspectiva actual democrática, en condenas arbitrarias y ejecuciones arbitrarias, al carecer de cobertura jurídica y convertir la ejecución a muerte en un hecho no justo».Utrera Molina justificó las penas de muerte franquistas en una entrevista de 2014
La responsabilidad de Utrera Molina
En segundo lugar, la fiscal Palomar afirma que Utrera Molina tuvo una responsabilidad de tenor “político” en la condena a muerte –avalada por el Gobierno del dictador al que pertenecía Utrera Molina– de Salvador Puig Antich en 1974.
Así lo recoge el Ministerio Público en el escrito enviado al juzgado: «La participación y responsabilidad de Utrera Molina en la ejecución a muerte de Puig Antich se colige de que como miembro del consejo de ministros –en su calidad de vicepresidente y ministro del movimiento– revisó la pena de muerte de Puig Antich por mandato legal […] y, resultando que el Gobierno no condonó la pena de muerte y por ello no usó de la prerrogativa, […] la pena de muerte se ejecutó».
La fiscal Palomar añade el siguiente razonamiento: «La responsabilidad de los acuerdos adoptados en los Consejos de Ministros se regula[ba] en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Estado […]: El presidente y los demás miembros del Gobierno son solidariamente responsables de los acuerdos tomados en los Consejos de ministros».
Y en este punto introduce la participación de Utrera Molina: «[De ello] se colige la responsabilidad, que entendemos política, –precisa la fiscal– de Utrera Molina en la ejecución a muerte de Puig Antich por cuanto fue responsable de la decisión adoptada […] y por ello participó con una responsabilidad política siendo el último eslabón por el cual la condena a muerte de Puig Antich se cumplió».
«Claro está que la no aplicación de la prerrogativa de gracia no era una obligación, como por dos veces señala la sentencia que impugnamos [la que condenó a Rodríguez], pero […] era una opción a tomar y, por ello, la no condonación de la pena de muerte […] tiene una carga intencional», razona la fiscal.
Una suerte de censura
En tercer lugar, Palomar también cree que condenar a cualquiera hoy por valora las condenas a muerte franquistas supondría instaurar «una suerte de censura».
Para llegar a esta conclusión la Fiscalía recuerda que la sentencia de la magistrada Campesino propugnaba que cuando se dictó la sentencia que condenó a muerte a Puig Antich «era de aplicación el ordenamiento jurídico vigente [entonces] y por tanto, […] se estima que hacer responsable de un asesinato» a Utrera Molina fue una «intromisión ilegítima al derecho al honor».
La Fiscalía liquida también este razonamiento de la jueza de primera instancia, con un sencillo argumento: «Si bien cuando se dictó la sentencia [contra Puig Antich] se aplicó la normativa vigente a esa fecha, el cambio normativo operado en la fecha de divulgación del tuit permite bajo el amparo de la libertad de expresión la valoración de aquellas condenas a muerte».
La fiscal Palomar remacha: «Vetar tal libertad supondría instaurar una suerte de censura y considerar hoy, desde la perspectiva democrática, que las ejecuciones a muerte consecuencia de las sentencias dictadas por los consejos de guerra considerados ilegales, constituyen un asesinato no se convierte en una expresión innecesaria para plasmar la opinión, ni tiene una intencionalidad vejatoria, sino de crítica política».
La Fiscalía agrega además que la crítica de Rodríguez tiene «un valor de causa de justificación al ser necesaria para transmitir un pensamiento en un debate social abierto sobre un tema de interés público» y que cuenta «con una base fáctica».
