Víctimas de franquismo presentan 12 querellas por asesinatos y torturas en Paterna para “derribar el muro de impunidad”

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Asociaciones de Víctimas del Franquismo del cementerio de Paterna (Valencia) han presentado 12 querellas en los juzgados de la localidad valenciana por asesinatos y torturas franquistas en el conocido como Paredón de España en la inmediata posguerra para “derribar el muro de impunidad y silencio” y garantizar que no se vuelva a repetir.

Así lo han explicado este viernes en rueda de prensa en València el miembro de plataforma de apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) y portavoz de las querellas interpuestas, Ángel González; la abogada de El Roble y letrada en el procedimiento, Aradia Ruiz; el también abogado de El Roble y letrado en las querellas, Guillermo Noguera; el presidente de la Fosa 128, Daniel Galán; la presidenta de la Asociación de la Fosa 126, María Navarro; y el presidente de la asociación Saca del 8-11-39, Antoni Balansà.

En este contexto, han detallado que las 12 querellas presentadas corresponden a 12 asesinados en el cementerio de Paterna –en el que fueron ejecutadas 2.238 personas: 2.219 hombres y 19 mujeres–, que fueron víctimas de sentencias dictadas por militares golpistas en Consejos de Guerra, bajo la acusación de “auxilio o adhesión a la rebelión”.

El portavoz del procedimiento ha destacado que, con el hallazgo de los primeros restos con signos de tortura y muerte violenta, han procedido a denunciar para que la justicia investigue y judicialice estos crímenes, que consideran que son “crímenes de lesa humanidad”.

“El muro de impunidad y silencio caerá más pronto que tarde; sus grietas son cada vez mayores. Por la verdad silenciada, la justicia negada y por la reparación olvidada”, ha aseverado González, que se ha mostrado esperanzado de que el derecho a la justicia “sea atendido”.

La letrada Ruiz ha lamentado que, en las anteriores querellas presentadas, los juzgados alegaron que los restos tenían más de 20 años, por lo que el delito estaba prescrito; al tiempo que ha asegurado que los jueces “no tienen en cuenta toda la maquinaria internacional que dice que las desapariciones forzosas no prescriben hasta que no se encuentran los restos”.
“Que se investigue de una vez qué pasó”

Asimismo, ha puntualizado que las querellas se han interpuesto contra militares, aunque no han nombrado a todos los que hubieran querido porque los documentos estaban dañados, y ha añadido que el objetivo no es sentarles en el banquillo, si no “que se investigue de una vez qué pasó” y que no quede impune.

En la misma línea, ha sostenido que la querella rebate los argumentos del Tribunal Supremo, que “cerró cualquier intento de investigar los crímenes del franquismo”, ya que España seis meses antes de publicar la ley de Amnistía se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que considera que la ley es “nula de pleno derecho”.

“No buscamos venganza, buscamos justicia. Tenemos la esperanza de que prospere, que acepten al menos alguna querella e investiguen para garantizar que no se vuelva a repetir, porque los derechos humanos no se negocian”, ha resaltado Ruiz, a la vez que ha advertido que, de no hacerlo, “el mensaje que se manda es que se hace un golpe de Estado, nos convertimos en el segundo país del mundo con más desaparecidos, roban 300.000 bebés incluso en democracia y aquí no pasa nada”.
Llegar “hasta donde haga falta”

En caso de no conseguir justicia por parte de las instancias judiciales nacionales, González ha resaltado que “no van a cejar” y llegarán hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “Llegaremos hasta donde haga falta”.

Por su parte, Noguera ha respondido al diputado de Vox en Andalucía que llamó a los defensores de memoria histórica “buscadores de huesos”, y ha destacado que se trata de un calificativo “incompleto”: “Somos buscadores de huesos de personas asesinadas por defender la democracia”, ha aseverado.

Asimismo, Galán ha relatado que la verdad siempre la han tenido, “oculta bajo seis metros de tierra, pero latente”, y considera que solo podrán pasar página “eliminando esta anomalía democrática”; mientras que Navarro ha criticado que en la actualidad resurjan “políticos y partidos que exaltan sin vergüenza la época más oscura del país”, y Balansà ha apuntado que piden justicia porque están “convencidos de que nuestra democracia es madura”.
“No somos ingenuos”

Preguntado por si la situación política está ligada a este tema, González ha resaltado que “la lucha por la memoria y por acabar con esta etapa histórica está totalmente ligada a la situación política actual, para que haya democracia plena”.

“Desde el punto de vista de víctima del franquismo, creemos que es una cuestión de derechos humanos, que no debería ser de derechas o de izquierdas, sino que cualquier fuerza política honrada y decente estaría obligada a defender los derechos de todas las víctimas; pero no somos ingenuos y sabemos que es patrimonio de la izquierda, que se cierre una etapa que dura 80 años”, ha recalcado González.
“El lujo de no condenar el franquismo”

En la misma línea, Ruiz ha criticado que España sea el único país europeo en el que “cualquier político se puede permitir el lujo de no condenar el franquismo”; mientras que Noguera ha destacado que es “cuestión de demócratas y fascistas”.

Por otra parte, González ha agradecido a la Diputación de Valencia la exhumación de seis fosas desde 2017 -la 82, 113, 22, 128, 94 y 112- y tiene prevista dos más para 2019: la 115, en la que ya han comenzado los trabajos, y la 127.

Didáctica de una exhumación extremeña

Público/Blog Verdad, Justicia y Reparación

Por Antonio Pérez, miembro de La Comuna.

Artículo informando del logro de exhumar una fosa en una mina en Extremadura

http://m.publico.es/columnas/110576403238/verdad-justicia-reparacion-didactica-de-una-exhumacion-extremena

Hasta hace varias semanas, nadie sabía si en el fondo de una mina abandonada yacían realmente los esqueletos de una parte de los republicanos que los franquistas habían fusilado en 1936 en la comarca de Valencia de Alcántara (Cáceres). Mantenida durante 80 años, la tradición oral así lo creía y, en los pocos estudios publicados, amputados por la ausencia absoluta de documentos oficiales, se aventuraba que los mártires de la mina de Terrías “serían unos once”o, como máximo, 16. Los lugareños tampoco sabíamos si los habían arrojado vivos o muertos; menos aún si los verdugos habían tirado en la mina algunas granadas para provocar derrumbes. Aunque era harto probable, ni siquiera sabíamos con certeza si entre esos restos se encontraban los de Amado Viera, el joven alcalde republicano que no quiso huir porque ‘nada ilegal he hecho sino todo lo contrario’.Pues bien, hoy sabemos que los mártires de Terrías ascienden a cuarenta y ocho (48), cuatro veces más de lo especulado en los libros. También sabemos con alguna certidumbre que fueron fusilados en la bocamina y que no se arrojaron bombas pero sí cal viva. Y lo sabemos porque, gracias a un convenio de la Diputación de Cáceres y del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, se han logrado exhumar 48 huesos pélvicos sacros –a efectos aritméticos, un dato más rápido que los cráneos- y las míseras prendas de 48 claros varones.

Además de las instituciones citadas, esta proeza de la arqueología del conflicto contemporáneo se la debemos a la directora de la exhumación, la Dra. Laura Muñoz, quien no dudó en descender 30 metros por el cañón de la mina hasta sumergirse en los varios metros de agua y lodo que escondían los restos. Aunque esta arqueóloga contaba con amplia experiencia en otras exhumaciones en llano, superar los roces políticos locales e investigar en el fondo de una angosta y angustiosa mina que alcanzaba la capa freática representaba un reto técnico, metodológico e incluso físico, cuyo resultado sólo cabe definir como hazaña diplomático-científica.

Los santos esqueletos están depositados en un laboratorio universitario y sólo nos queda esperar a que la ciencia forense –necesariamente lenta-, los identifique. En este paso, Conchita Viera, hija del alcalde fusilado, octogenaria e incansable motor de la exhumación, ha dado una estremecedora lección de dignidad: ha declarado que, una vez identificados, si las demás familias de los mártires así lo deciden, por su parte opina que todos los restos podrían descansar en un mausoleo común: “Si llevan 81 años juntos, pueden seguir juntos”. Toda una lección de humanidad para el mundo y, en especial -aunque ella no lo haya pensado así-, para uno de los ejecutores, ese vecino nonagenario con buena salud y mejor patrimonio que, huelga añadirlo, nunca ha respetado la ley de Memoria Histórica.

Pese al rotundo éxito de la exhumación, subsiste una sombra que sólo podrá ser disipada por la colaboración ciudadana: como, gracias a la memoria popular, se han rescatado 48 restos –repito, cuatro veces el número previsto por esa estadística oficiosa de víctimas del franquismo que siempre se queda corta-, a efectos de cotejo del ADN será difícil que aparezcan todos los familiares de todos los fusilados. Y aquí surge un problema que, a mi juicio, no ha sido suficientemente estudiado: el éxodo de los deudos de los represaliados, un fenómeno que es más notorio en el mundo rural que en el citadino. Al igual que en tantos otros pueblos, en esta comarca, los franquistas no se limitaron a fusilar, encarcelar arbitrariamente y expoliar el patrimonio de los republicanos sino que, además, expulsaron de ella a los “malos españoles”. Más aún, como este exilio interno duró demasiadas décadas, los deportados han perdido a la fuerza el contacto con sus raíces.

Cuando se ha hecho pública la exhumación, han surgido bastantes exiliados que, desde los puntos más lejanos, han querido saber si alguno de sus familiares estaba en Terrías –es la colaboración ciudadana antes citada-. Es probable que muchos recuperen a sus antepasados pero, aun así, habrá otros hijos y nietos que nunca llegarán a enterarse porque de aquella tierra que fue de sus mayores siguen sin querer saber nada: ésta y no otra es la España verdaderamente rota y, en su rompimiento, hay culpables conocidos y víctimas de varias generaciones.

Ahora bien, en el medio rural, ¿podríamos cuantificar el exilio interno que ocurrió en, digamos, entre 1936 y 1950? Será difícil porque la demografía oficial huye de este problema hasta el extremo de no reconocerlo. O, peor aún, lo tergiversa ubicándolo temporalmente a partir de 1950 –justo cuando se apaciguó el ritmo de deportaciones- y, además, situándolo en el marco de las migraciones rurales a zonas industrializadas. Es decir, interpretándolo desde una aséptica perspectiva desarrollista que sólo se materializaría muchos años después.

Sin embargo, del éxodo rural de 1936-1950 no se habla porque sus sinrazones fueron políticas. De hecho, para avanzar en este tema, el primer obstáculo metodológico estriba en que no hay un único criterio estadístico-demográfico que defina qué es lo rural. Por ello, debemos recurrir a las estadísticas más objetivas. Una de ellas, es guiarnos por los municipios menores de 5.000 habitantes. En este sentido, en 1930 la población ‘rural’ representaba el 40% mientras que la población ‘urbana’ –es decir, en núcleos mayores de 50.000 habitantes- era del 19%. Si saltamos al año 1950, encontraremos que el porcentaje de ‘rurales’ había caído al 33% y el de ‘urbanitas’ había crecido hasta el 30%. Teniendo en cuenta que en el lapso escogido no puede hablarse de verdadera industrialización, podemos concluir que aquel colosal exilio interno no se debió a esos motivos económicos con los que ahora quieren enmascarar lo que fue un éxodo relativamente más numeroso que el de “vente a Alemania, Pepe”. Ya ven, la exhumación de una mina extremeña no sólo ha destapado la longeva inhumanidad del caciquismo rural sino que, además, nos enfrenta a un factor olvidado del tan cacareado rompimiento de la Patria.

http://www.hoy.es/extremadura/exhumacion-mina-terria-20180401002255-ntvo.html