La AVT y el sindicato policial SUP han denunciado a Alejandra Matamoros,
abogada de Hasél. El Movimiento Antirrepresivo de Madrid incide en que las
denuncias se enmarcan dentro de una “campaña de acoso y derribo”
Por
Guillermo Martínez en www.elsaltodiario.com
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| Alejandra Matamoros, abogada de Hasél. Foto cedida |
Denunciada por enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la
Policía Nacional, Alejandra Matamoros se reafirma en sus palabras. Esta
abogada, que defiende al rapero Pablo Hasél, reivindica el derecho de
odiar a la Policía y defiende que la tortura en el Estado español es una
realidad estructural. Aunque la avalan los datos oficiales del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ), el Sindicato Unificado de Policía (SUP)
vio en sus declaraciones un posible delito de injurias y calumnias al
cuerpo armado. Por otra parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo
(AVT) ha rescatado un vídeo en el que aparece la letrada para denunciarla
por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo. A ello se suma la
posible apertura de un expediente deontológico por parte del Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a raíz de una queja de la
Confederación Española de Policía (CEP) y que actualmente se encuentra en
la primera fase informativa. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto?
La entrada en prisión de Pablo Hasél suscitó
numerosas movilizaciones
en su apoyo por todo el Estado español, y algunas de ellas terminaron en
fuertes disturbios,
sobre todo en Barcelona y una noche en Madrid. Durante esos días la
abogada participó en algunos debates televisivos. En uno de ellos dijo que
la Policía española torturaba, algo que no gustó al SUP y denunció por un
posible delito de injurias y calumnias.
En España se tortura
Precisamente, ayer 9 de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
ha condenado a España
por una agresión policial que tuvo lugar en septiembre de 2012 tras el
Rodea el Congreso. Estrasburgo también incide en que la agresión no fue
investigada debidamente en los tribunales españoles. La sentencia obliga
al Estado español y no a los agentes antidisturbios que pegaron a la
denunciante, pues ha sido imposible reconocerlos al no llevar visible su
número de identificación, a indemnizarla con 1.000 euros.
Carlos Morales, portavoz del sindicato policial SUP, explica que
“denunciamos a la señora Matamoros por reivindicar el derecho de odiar a
la Policía, pero también por sus declaraciones sobre que en los cuarteles
de la Guardia Civil se torturaba todos los días y en el resto de Cuerpos
también”. Los datos oficiales ofrecidos por el CGPJ recogen que entre 2013
y 2019 se efectuaron 448 condenas por el delito de tortura.
