La transición frente a la justicia universal

Viento Sur/Jesús Rodríguez

El día 27 de septiembre se cumplirán 45 años de los últimos fusilamientos del franquismo

La transición frente a la justicia universal

En la mañana del 27 de septiembre de 1975 (ahora se van a cumplir 45 años) seis voluntarios del servicio de información de la Guardia Civil llevaron a cabo la ejecución por fusilamiento de Juan Paredes Manot en un claro del bosque junto al cementerio barcelonés de Sardañola del Vallés. Su jefe superior, como gobernador civil de la provincia, era Rodolfo Martín Villa, que había llegado al puesto en 1974 después de una larga trayectoria como falangista al frente de diversos sindicatos fascistas dentro de la estructura sindical del franquismo. El cargo llevaba anexa la jefatura provincial del Movimiento, partido único creado por Franco a semejanza de los existentes en la Italia fascista y la Alemania nazi. De aquella época (no de 1940) son las conocidas imágenes en las que se le ve haciendo el saludo fascista en diversos actos públicos junto a otros dirigentes políticos.

Martín Villa era un fascista profesional en el año 1974 pero en realidad esto no fue más que un episodio en una importante carrera dentro de los círculos dirigentes del poder político, económico y social, que ha llegado hasta hoy y que enlaza, sin solución de continuidad, la dictadura franquista con el régimen creado sobre la restauración monárquica designada por Franco y consolidada por la constitución española de 1978. Nadie como él representa de forma tan perfecta la continuidad de este régimen democrático español con respecto a la dictadura franquista y ninguna otra personalidad política, muerta o viva, ha reunido las responsabilidades que él asumió en el proceso de reciclaje de la dictadura franquista, eso que se ha denominado La Transición, uno de los periodos más violentos y sangrientos de la historia reciente de España.

Los datos no engañan: el número de víctimas mortales registradas entre 1975 y 1981 (seis años) a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y las bandas fascistas duplica a las registradas en los doce años anteriores. La intensidad criminal de la represión en los años de la transición supera ampliamente a la registrada en los años del franquismo tardío.

Esta represión tuvo como objetivo consolidar el reciclaje del franquismo frente a las ansias de ruptura democrática de la inmensa mayoría de la población y fue realizada por una maquinaria en la que interactuaban de forma inseparable los cuerpos represivos de la dictadura y las bandas fascistas que actuaban bajo la protección policial y que en muchos casos estaban integradas, e incluso dirigidas, por miembros de los diversos cuerpos policiales. De forma sistemática, las fuerzas de seguridad amparaban a los autores y no investigaban estos crímenes. Y la justicia franquista, también reciclada, se encargaba de la protección jurídica de los responsables garantizando su impunidad en los pocos casos en los que fueron identificados.

En la cima de esta estructura represiva estuvo, durante aquellos años críticos, Rodolfo Martín Villa quien, de acuerdo con el principio de responsabilidad del superior, concentra en su persona las responsabilidades por todos estos crímenes.

El día 3 de septiembre de 2020 Rodolfo Martín Villa ha comparecido por fin ante la justicia para dar cuenta de sus responsabilidades. Para vergüenza de la democracia española no lo ha hecho ante un tribunal español sino ante la justicia internacional, representada en este caso por un tribunal de la República Argentina que investiga los crímenes del franquismo y la transición, bajo el principio de justicia universal, habiéndolos calificado como crímenes de lesa humanidad.

Según las informaciones disponibles, la línea de defensa de Martín Villa en su declaración ante la juez Servini se ha concentrado en dos argumentos principales. En primer lugar, en la inexistencia de responsabilidades personales propias respecto a los delitos que se le imputan. Y en segundo lugar, y esto es lo más importante, en la imposibilidad de que se pudiera producir un genocidio (un crimen de lesa humanidad) en España durante los años de la transición en los que se le imputan responsabilidades. No ha comparecido, pues, ante la justicia solo para defenderse a sí mismo sino también, y principalmente, para defender la transición española y el régimen político que se construyó sobre sus cimientos. Fiel y leal hasta el final al Estado construido sobre el reciclaje del franquismo, acude veloz a prestar su último servicio al régimen que ayudó a construir.

Esta identificación con el régimen es fácil de entender: durante todos los años transcurridos hasta el día de hoy, Rodolfo Martín Villa ha consolidado una impresionante trayectoria dentro del poder político y empresarial del reino de España. Más aún, los poderes públicos y los medios de comunicación oficiales ensalzan constantemente su trayectoria como uno de los padres de la democracia española y uno de los artífices de la transición modélica que nos condujo hasta ella. La guinda de este pastel fue el ingreso en el año 2013 como miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas como reconocimiento a su trayectoria ejemplar en defensa de la democracia española. Es normal, él fue uno de los políticos más determinantes para garantizar la continuidad de la estructura fundamental de los poderes económicos, sociales y políticos del franquismo en el régimen monárquico del 1978. Y todo ello garantizando la impunidad de los franquistas (de la cual él mismo ha sido uno de los principales beneficiarios) bajo la jefatura del rey designado por Franco, actualmente huido del país para eludir las investigaciones por corrupción y que, como no podía ser menos, también recibe los elogios del señor Martín Villa.

En los días previos a la comparecencia ante la justicia del día 3 de septiembre hemos asistido al vergonzoso espectáculo de ver a todos los gobernantes de la monarquía española, supuestamente democrática, apoyar públicamente a un imputado por crímenes de lesa humanidad. A esta vergüenza se han sumado algunos exdirigentes sindicales que hicieron su carrera al amparo de la restauración monárquica y también José Borrell, el actual responsable de la política exterior de la Unión Europea, en clara contradicción con todos los acuerdos de las instituciones europeas respecto a la justicia universal.

Amparado en la impunidad de los crímenes franquistas, el torturador franquista González Pacheco (condecorado por Martín Villa con la medalla al mérito policial en el año 1976) eludió la acción de la justicia hasta el día de su muerte. Y la impunidad, apoyada en la Ley de Amnistía-Punto Final y garantizada por todos los poderes del Estado (especialmente el poder judicial neofranquista) ha sido el muro que ha protegido también hasta hoy a Rodolfo Martín Villa. Un muro contra el cual se han estrellado hasta ahora todos los intentos de las víctimas por ejercer uno de los derechos humanos más fundamentales: el derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, el derecho a la justicia.

Nosotros sabemos, y la justicia internacional debe saber, que juzgar a Martín Villa es juzgar crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en España durante el franquismo y la transición. Y los hechos, acreditados y ampliamente documentados ante la justicia, son implacables: Martín Villa debe dar cuenta como principal responsable, por acción o por omisión, de al menos doce muertes denunciadas ante la justicia argentina causadas por el aparato represivo que estaba bajo su control.

Las víctimas reales causadas por la represión policial y parapolicial en aquellos años son muchas más, en algunos casos incluso anónimas, y se cuentan por cientos incluyendo, además de los muertos, una gran cantidad de heridos de gravedad con importantes secuelas. Pero no es una cuestión de número, lo importante es que fueron el resultado de la violencia sistemática ejercida contra un grupo entero de la población española, que había luchado durante años contra la dictadura franquista en defensa de los derechos políticos y sociales y que en ese momento exigía un cambio democrático real.

El terror sistemático contra esa parte de la población fue imprescindible para imponer los pactos de la transición en los cuales Rodolfo Martín Villa tuvo, efectivamente, un papel fundamental. Pero no es el que defiende y proclama toda la maquinaria mediática e institucional que se ha volcado en su apoyo. Sin la represión que él dirigió no habría sido posible conseguir el reciclaje integral de todas las estructuras de poder franquistas en el nuevo régimen democrático español 1/. Las víctimas que ocasionó esta represión (errores según su opinión) son de su exclusiva responsabilidad. Los delitos que se le imputan son crímenes de lesa humanidad.

El Juzgado Criminal y Correccional nº 1 de Buenos Aires, que preside la juez federal María Servini de Cubría, tiene ante sí en los próximos días la responsabilidad de devolver a las víctimas del franquismo y la transición española la confianza en la justicia. La verdadera justicia: la que persigue el genocidio, la que no prescribe y actúa en cualquier país del mundo, la justicia universal.

Jesús Rodríguez Barrio es activista de La Comuna, Presos y Represaliados del Franquismo y participa en la Querella Argentina como víctima de torturas.

Notas:

1/ Como botón de muestra podemos citar que en el año 1982 nueve de las trece jefaturas superiores de policía que existían por todo el país estaban ocupadas por antiguos miembros de la Brigada Político-Social. Los miembros de la Brigada Social siguieron ejerciendo durante muchos años importantes responsabilidades en las fuerzas policiales de la democracia y en el año 2013 todavía la jefatura de la policía nacional en Leganés estaba a cargo de un antiguo miembro de la policía política franquista, imputado por crímenes de lesa humanidad en la querella argentina.

Un día histórico: Martín Villa ante la justicia

CTXT/Luis Suárez-Carreño

En memoria de Carlos Slepoy y Chato Galante, que lo hicieron posible.

Este jueves 3 de septiembre se ha producido un hecho trascendental en la historia de España: la toma de declaración indagatoria de Rodolfo Martín Villa ante la jueza María Servini, titular del Juzgado nº 1 de Buenos Aires, por teleconferencia en la embajada argentina en Madrid. Esta declaración es probablemente el primer trámite judicial en un proceso abierto por crímenes cometidos por el franquismo, entendiendo por franquismo no solo el periodo hasta la muerte del dictador, sino también los años de la Transición, cuando se mantuvieron las instituciones y leyes antidemocráticas de la dictadura y el aparato represor de esta siguió aplastando las libertades civiles.

Rodolfo Martín Villa, cuando era gobernador civil de Barcelona (1975). Paco Élvira

https://ctxt.es/es/20200901/Firmas/33340/Luis-Suarez-Carreno-Martin-Villa-justicia-Argentina-franquismo-impunidad.htm

Precisamente son de este último periodo, en concreto de los años 1976 a 1978, los crímenes que se achacan, a título de responsable máximo de los cuerpos armados que los cometieron –o ampararon–, a Martín Villa, que durante esos años fue ministro, primero de Relaciones Sindicales (1975), luego de Interior (ministerio que hasta 1977 se llamó de Gobernación), en aplicación del principio básico en derecho de “la responsabilidad del superior”.

Ya se ha repasado sobradamente estos días en los medios la singular y dilatada biografía del encausado, por lo que ahorraré su repetición. Solamente, para quienes se acaben de caer de un guindo (o sean muy jóvenes), recordaré rápidamente unos trazos: de precoz figura en los sindicatos fascistas de la dictadura, a ministro postfranquista y predemocrático en la Transición, y muñidor de los pactos de la Moncloa, para acabar reposando en sucesivos consejos de administración de grandes empresas, públicas y privadas, cobrando los favores prestados como político.

También se ha informado de los crímenes de los que se le acusa: un total de 12 homicidios y cientos de heridos causados por las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo su mando como ministro, o por fuerzas parapoliciales de extrema derecha ayudadas o protegidas por aquellas. Pero, aunque sea reiterativo, permítanme que quiera de nuevo recordar los crímenes y nombrar a las víctimas: – Vitoria, 3 de marzo de 1976. Asesinato de Romualdo Barroso, Francisco Aznar, Pedro Martínez Ocio, José Castillo y Bienvenido Perea; obreros tiroteados cuando celebraban una asamblea en la iglesia de San Francisco; los dos primeros murieron allí mismo, los tres últimos posteriormente, por las heridas allí recibidas.

– Arturo Ruiz: asesinado en una manifestación por fascistas parapoliciales el 23 de enero 1977 en Madrid.

– Rafael Gómez Jáuregui: asesinado en Rentería, el 12 de mayo de 1977, por la Guardia Civil.

– José Luis Cano Pérez: asesinado por la Policía Armada en Pamplona, el 14 de mayo de 1977.

– Francisco Javier Núñez: asesinado mediante torturas por policías el 15 de mayo de 1977, en Bilbao.

– José María Zabala Erasun, asesinado el 8 de septiembre de 1976 en Hondarribia, por la Guardia Civil.

– María Norma Menchaca: asesinada por fascistas parapoliciales el 9 de julio de 1976 en Santurce.

– Germán Rodríguez: asesinado a tiros el 8 de julio en Pamplona por la policía nacional.

Sin olvidar que en los casos de Vitoria y Pamplona hubo, además de esas víctimas mortales, cientos personas fueron heridas, muchas de ellas tiroteadas por la policía; ni que la mayoría de los crímenes siguen impunes, o, si algunos de sus culpables han sido perseguidos y castigados, como en el caso de Arturo Ruiz, estos han sido rápidamente excarcelados o ayudados a huir.

Es importante subrayar que las acusaciones están respaldadas por años de investigación, testimonios directos, pruebas y documentación laboriosamente reunida; dossieres técnicamente consistentes gracias al trabajo silencioso y altruista de un gran equipo de letrados y letradas, además del apoyo de las organizaciones que forman parte de la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua). Aunque resulte una obviedad, conviene dejar constancia de que ni se trata de acusaciones ligeras o improvisadas, ni el juzgado instructor argentino habría aceptado imputaciones como la de Martín Villa si los expedientes aportados no tuvieran la necesaria consistencia indiciaria y probatoria.

La primera Transición: franquismo sin Franco

Martín Villa ha argumentado en su defensa, al parecer, que no se puede hablar de una situación de genocidio durante la Transición, negando así el carácter de lesa humanidad de los crímenes para alegar su prescripción y su posible beneficio por la amnistía.

¿Pero fueron crímenes aislados, casuales? La respuesta la brinda el propio ‘espíritu de la Transición’ de la no-ruptura, de la perpetuación del sistema represivo franquista: Como es bien sabido, los posfranquistas que negociaron los pactos de la Transición, entre los que estaba, por cierto, Martín Villa, impusieron esa continuidad del aparato militar, policial y judicial, como instrumento de control y chantaje a la naciente democracia. Durante la primera Transición, este siguió con la inercia de la represión a tope. Por eso, los casos en los que Martín Villa está imputado son solo una pequeña parte de los crímenes políticos cometidos por las fuerzas ‘del orden’ y los grupos parapoliciales de extrema derecha durante esos años: se estima que las muertes por motivos políticos a ellos achacables en esos años rondan las 140 (desde la muerte de Franco hasta finales de 1980); sin olvidar, de nuevo, personas heridas y otros daños colaterales.

En otras palabras, la no-ruptura y la impunidad, y por lo tanto la no depuración de los cuerpos represivos –incluso con los mismos torturadores que alternaban su puesto oficial con el trabajo ‘voluntario’ en las tramas parapoliciales y las bandas armadas ultra–, supusieron la continuidad, durante los años posteriores a la muerte de Franco, de la represión sistemática, institucionalizada y planificada por parte del Estado de toda forma de oposición.

Los crímenes de la Transición fueron, por lo tanto, crímenes de lesa humanidad de un franquismo sin Franco, como lo habían sido los que perpetró el mismo régimen con Franco. En este periodo el papel de Franco lo ejerció el jefe de Estado de recambio elegido por él: el Borbón. Este, al menos hasta la Constitución promulgada en diciembre de 1978, fue, técnicamente, un dictador.

Los custodios del régimen del 78 cierran filas

El simple anuncio de la toma de declaración a Martín Villa por parte de la jueza argentina ha producido una marejadilla en los habitualmente remansados estanques donde languidecen los nenúfares de la transición. Los cuatro expresidentes y varios exsindicalistas, convocados por el encausado, se han apresurado a enviar misivas a la jueza loando al personaje y su trascendente papel en la Transición. Cartas que, por lo insólito –incluso, procesalmente improcedente–, se han convertido de hecho en el centro de la noticia en los días previos a la toma de declaración.

Más allá de lo contradictorio de esta búsqueda de apoyos a última hora por parte de Martín Villa, frente a la confianza hasta ahora mostrada en su inocencia, el principal efecto de las cartas ha sido el de desnudar a sus remitentes ante la opinión pública. Políticamente, como supuestos demócratas de toda la vida que acuden en tropel a defender a ciegas –pues no conocen el expediente acusatorio ni este parece interesarles lo más mínimo– a un relevante epígono franquista; éticamente, porque demuestran poner su complicidad con este muy por delante de los derechos de las víctimas y el respeto a la independencia judicial. Semejante carencia de criterio, no ya democrático, sino simplemente humanitario, resulta alarmante al punto de preguntarnos en manos de quién hemos estado.

La ocurrencia misma de exponer los méritos del imputado para echarle una mano es tan absurda que sorprende en personas adultas: ¿qué tendrá que ver la supuesta astucia política de Martín Villa con sus responsabilidades como “la porra de la Transición”? ¿O es que, por ejemplo, es incompatible ser un maltratador con ser también un buen vecino y ejemplar empleado? ¿O ser un jefe de Estado campechano con ser al mismo tiempo un corrupto y evasor fiscal? Ni son incompatibles, ni lo uno exime o redime de lo otro.

Por lo demás, la operación cartas-de-gente-importante-para impresionar-a-una-jueza ha generado un animado debate social sobre el que podríamos llamar “club del 78”, ese conglomerado de resistentes que se han plantado en la excepcionalidad del inmediato posfranquismo al grito de aquí no nos mueve ni dios. Misma caterva que tuvo a bien regalarnos recientemente otro momento de pasmo, también vía capitular, con motivo de la tocata y fuga del campechano emérito. La cartita, en aquella ocasión, iba firmada por una nutrida nómina de exministros y altos cargos del PSOE y PP, pero igualmente recurría a la Transición a modo de vacuna que inmuniza (o ‘impuniza’) de ronchas y sabañones (faltas y delitos) a sus protagonistas de por vida.

La herencia del 78: fin de un tabú

Y no perdamos de vista que ese muro –el de la sacralización de la Transición y del régimen del 78– no pretende blindar únicamente la impunidad de los crímenes ‘políticos’ franquistas: protege igualmente crímenes como el trabajo esclavo y el expolio masivos con los que se fundaron algunas de las fortunas y grupos empresariales actuales; pero es también el mismo dique que impide replantear cuestiones como la forma de Estado, el derecho a la autodeterminación, los privilegios eclesiásticos, etc. En definitiva, una jaula en la que algunos quieren mantenernos de por vida.

Volviendo al momento histórico, aun cuando los abogados de la querella han insistido en que no se trata de ningún juicio político, que la querella contra Martín Villa no va sobre la Transición, sino sobre hechos muy concretos, los argumentos de la defensa y las cartas en su apoyo han desplazado, por el contrario, el plano de la discusión al de la política, y en concreto, a la ejemplaridad del proceso de Transición y a la vigencia del régimen del 78.

Su empecinamiento es, paradójicamente, el que suscita el debate social sobre mitos como el de la transición pacífica y armoniosa. Aunque son ya numerosos los estudios desmontando esa fábula, la comparecencia de un dinosaurio de la política española como Martín Villa ante un tribunal tiene un potente efecto en la percepción de nuestra historia reciente, multiplicado en esta ocasión por la línea de defensa del imputado y sus defensores.

Mientras ese debate va madurando, aseguremos de momento, por las víctimas y la memoria democrática, luz y taquígrafos sobre estos crímenes y sus responsables políticos. Procrastinada una y otra vez, bienvenida sea por fin esta primera visita de la justicia a un pasado en penumbras.

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Luis Suárez-Carreño, miembro de La Comuna presxs y represaliadxs del franquismo.