Décimo aniversario de la Querella Argentina

Este 14 de abril se cumplen 10 años de la interposición en Buenos Aires de la querella argentina contra los crímenes del franquismo por parte de Darío Rivas e Inés Holgado.

Jacinto Lara, uno de los abogados 1ue trabajan en el proceso ha publicado este artículo en el diario Público

https://blogs.publico.es/otrasmiradas/31675/la-querella-argentina-o-el-exilio-judicial/

La querella argentina o el exilio judicial

JACINTO LARA BONILLA

Abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA)

El verbo exiliar se define como el destierro, el extrañamiento o la expulsión de alguien de un territorio.

Hoy 14 de abril, se cumplen diez años desde que se inició la conocida como querella argentina, la causa judicial penalque investiga los crímenes contra la humanidad que se cometieron por la dictadura franquista y todo ello como consecuencia directa de la expulsión de miles de personas de nuestro sistema judicial.

No podemos olvidar que la querella argentina se inició porque los Juzgados y Tribunales españoles, amparados y apoyados por el resto de poderes del Estado, expresaron con toda rotundidad que no tutelarían a todas aquellas personas y sus familiares que sufrieron las más graves violaciones de derechos humanos durante el citado período dictatorial. Esto es, les desterró o exilió judicialmente y les obligó a iniciar una acción penal a más de 10.000 kilómetros de sus territorios –en Argentina- por razones, fundamentalmente, de oportunidad política y no por motivos jurídicos que son los que deben fundamentar cualquier resolución judicial en el marco de un Estado de Derecho. Y es que el exilio, conceptualmente, tiene como eje central motivaciones políticas.

Por tanto, la querella argentina es el producto de un profundo fracaso, desde una perspectiva democrática, del Estado español. Pero, a su vez, es también un ejemplo de solidaridad internacional que pone de manifiesto la importancia y la sustancialidad propia del principio de justicia universal, por medio del cual pudo iniciarse esta acción judicial tan relevante y materializarse en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de la República Argentina, sito en Buenos Aires, en el que se tramita el referido proceso.

La longevidad del proceso es directamente proporcional a los logros conseguidos, debiéndose destacar el principal de ellos: haber otorgado amparo judicial a todas aquéllas personas que han recurrido a la justicia como mecanismo reparador e imprescindible en relación con los graves crímenes que fueron, han sido y son objeto de denuncia.

Ahora bien, el Estado español, fiel a una política de impunidad mantenida y sostenida durante 40 años de democracia, no ha colaborado un ápice en la tramitación de la referida causa penal. Más bien todo lo contrario, ha puesto todos los obstáculos posibles para tratar que el proceso naufragara, que no pudiera continuar tramitándose, denegando sistemáticamente el auxilio judicial que las autoridades argentinas cursaban a las españolas y que le ponían frente a un espejo que reflejaba una imagen ciertamente nefasta y que tan dura y severamente ha sido censurada desde diferentes instancias internacionales.

La respuesta del Estado español contrasta con el enorme entusiasmo y empatía que la querella argentina durante todo este tiempo ha provocado en amplios sectores sociales, políticos y sindicales y, cómo no, contrasta igualmente con el empuje de todas aquéllas personas que día tras día, mes tras mes y año tras año, continúan fortaleciéndola presentando cientos de denuncias que se incorporan a la causa y que conforman una fuente inagotable de energía, de combate y de dignidad.

A día de hoy quedan en el proceso multitud de trámites pendientes de cumplimentarse, desde la toma de declaración judicial a decenas de víctimas y sus familiares, a la toma de declaración indagatoria a los más de quince imputados vivos en la causa, entre ellos a Rodolfo Martín Villa. La declaración de Martín Villa está señalada para el próximo 26 de mayo y es muy probable que tenga que ser suspendida de nuevo como consecuencia de la crisis sanitaria mundial que ha generado la COVID-19.

También el Juzgado argentino tiene pendiente de resolver nuevas solicitudes de imputación, incorporar a la causa nuevas denuncias, así como practicar múltiples diligencias de prueba de carácter documental. Es más, en el momento en el que pueda tomar declaración a uno de los imputados, tendrá que decidir si finalmente lo procesa, lo que permitiría superar la fase de investigación e iniciar la fase de enjuiciamiento.

Así que nadie piense que la querella argentina languidece después de estos diez primeros años, no lo ha hecho y no lo hará, al menos hasta el momento en el que exista un canal adecuado en el Estado español que ofrezca una respuesta adecuada a las ansias y anhelos de justicia de tantas personas a las que se les ha negado durante tanto tiempo.

Por ello, aunque resulte bastante extemporáneo y por una sencilla cuestión de higiene democrática debemos exigirle al Estado español que, de una vez por todas, colabore adecuada y eficazmente en la tramitación de este proceso judicial que, muy a su pesar, continúa fortaleciéndose.

No puedo terminar estas líneas, en este décimo aniversario, sin recordar a mis queridos y admirados compañeros Carlos Slepoy –abogado- y Chato Galante -querellante e impulsor de la CEAQUA-, ambos fallecidos durante la tramitación de este proceso judicial, al haber sido pilares fundamentales en el trabajo desarrollado y  máximos referentes en la defensa del derecho a la justicia.

Boicot de las organizaciones argentinas de DDHH a Rajoy

Plataforma argentina

Las organizaciones de DDHH argentinas no acudieron a la visita que Mariano Rajoy realizó al parque de La Memoria de Buenos Aires y le enviaron un escrito reclamando Justicia para las víctimas del franquismo

Reproducimos el escrito presentado por las Asociaciones firmantes a M. Rajoy

 

Visita de Rajoy: carta de los organismos de derechos humanos
A continuación reproducimos el texto publicado en www.cels.org.ar:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de abril de 2018
Al Señor Presidente del Estado Español
Mariano Rajoy
De nuestra consideración:
Las organizaciones en defensa de los derechos humanos abajo firmantes
saludamos su visita al Parque de la Memoria, en homenaje a las víctimas
españolas del terrorismo de Estado. Al mismo tiempo, deseamos aprovechar la
oportunidad para transmitir nuestra preocupación por el estado de las políticas de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación en España.

En mayo del 2017, Pablo de Greiff, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la
promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No
Repetición, se pronunció recordándole a España que “el Estado debe atender de
forma urgente los reclamos de las víctimas de la guerra civil y del franquismo”. El
Relator señaló como prioridad las exhumaciones, el Valle de los Caídos y la nulidad
de las sentencias arbitrarias adoptadas durante la Guerra Civil y el franquismo. En
su comunicado subrayó que “el Estado tiene una obligación de atender los
derechos de las víctimas y sus familiares y poner fin al sufrimiento de miles de
ellas quienes aún hoy –a veces 80 años después de los hechos, más de 40 años
desde el regreso de la democracia– siguen sin saber dónde se encuentran los
restos de sus seres queridos”.
Queremos recordar también que su país ha sido pionero en la aplicación de la
jurisdicción universal. En su oportunidad, se iniciaron causas judiciales sobre
delitos de lesa humanidad que llevaron justicia a víctimas de la Argentina, Chile,
Guatemala, Sahara, Tíbet, Ruanda, Palestina, Guantánamo, Irak, entre otras. Sin
embargo, una serie de decisiones del Estado Español limitaron el efecto de esta
institución legal eficaz contra la impunidad. Primero, en 2009 cuando la Audiencia
Nacional restringió su actuación a investigar acusados de delitos de lesa
humanidad cometidos en países extranjeros con la condición de que se
encontraran en territorio del Estado español, o que las víctimas fueran españolas o
si concurriera algún vínculo de conexión relevante con España. Además, la
judicialización exigía que ningún tribunal internacional u otro tribunal competente
haya abierto una investigación. En 2014, una nueva reforma prácticamente
eliminó la aplicación de la jurisdicción universal.
En Argentina, con fundamento en el principio de justicia universal, se tramita
desde hace ocho años el único proceso en el mundo en el que se investigan
los crímenes del franquismo. Frente al escenario de impunidad, numerosas
familias, víctimas del franquismo se presentaron ante la justicia argentina. Un caso emblemático es el de Ascensión Mendieta, quien con 88 años en 2013
declaró ante la jueza Servini de Cubría, por su padre Timoteo, quien fue fusilado
en 1939 y enterrado en una fosa común en el cementerio de Guadalajara. Tras
varios exhortos de la magistrada solicitando trabajos de búsqueda en distintas fosas y análisis de ADN, Ascensión pudo encontrar los restos de su padre.

De acuerdo a fuentes con acceso a la causa, los pedidos de exhumación,
recolección de testimonios y las imputaciones encaminadas por la jueza Servini de
Cubría, han sido resistidas por diversas instituciones españolas que deberían dar
urgente respuesta. De igual manera, los pedidos de extradición no han sido
respondidos. Para agravar la situación, la Fiscalía General de Estado instruyó a los
fiscales para que los juzgados de provincias abandonaran la colaboración con la
querella argentina. Estas demoras han hecho que a lo largo de estos años de
investigación en nuestro país varios imputados han fallecido.
En este sentido, deseamos solicitarle que adopte las medidas necesarias para que
el Estado español juzgue a los ciudadanos españoles acusados de crímenes de lesa
humanidad cometidos durante la dictadura franquista o, en su caso, extradite a los
imputados en la causa n° 4591/2010 que se instruye en el Juzgado Criminal y
Correccional Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza María
Romilda Servini de Cubría.
Los crímenes aberrantes a los que nos referimos afectan a la humanidad y por eso
importan a la comunidad internacional. Es derecho de las víctimas lograr verdad y
justicia para no olvidar y para que no suceda nunca más. Por todas estas razones
le solicitamos, como Jefe del Estado Español, que impulse medidas que
contribuyan a la Memoria, Verdad y Justicia de las víctimas de la guerra civil y el franquismo.
Saludamos a Usted muy respetuosamente,
Abuelas de Plaza de Mayo
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Comisión Memoria, Verdad y Justicia – Zona Norte
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina
Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)