FꓤANCISCO JAVIER ЯODRÍGUEZ AMOЯÍN

Anekdotas o lapsus na razón.

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19 abr 2020

La Humanidad que soñamos

Blog Verdad, Justicia y Reparación/Público

Por Jesús Rodríguez Barrio, miembro de La Comuna.

https://blogs.publico.es/verdad-justicia-reparacion/2020/04/18/la-humanidad-que-sonamos/

Entonces los genocidas, los grandes violadores de los derechos humanos, los grandes asesinos de la humanidad habrán recibido un golpe histórico y ya no será posible pensar solamente en el castigo de ellos sino en la prevención del genocidio.

Estas palabras de Carlos Slepoy Prada, nuestro inolvidable Carli, pertenecen al alegato que pronunció el 29/10/1998, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, defendiendo la competencia española para juzqar los crímenes de la dictadura argentina bajo el principio de justicia universal.

El 14/04/2010, invocando este mismo principio, se presentó en Argentina una querella solicitando “el ejercicio de la jurisdicción argentina respecto a crímenes, que ofenden y lesionan a la humanidad, que permanecen impunes en España”. Esta querella, de la que Carli fue uno de los promotores junto a Darío Rivas e Inés García Holgado, dio lugar a la causa 4591/2010 (Querella Argentina) abierta en el Juzgado Criminal y Correccional Federal nº1 de Buenos Aires por la juez María Servini de Cubría. Y en el año 2012 se constituyó en España una red de apoyo a la Querella Argentina, integrada por organizaciones memorialistas, sindicales, sociales y políticas (entre ellas, La Comuna) para impulsar el apoyo a la querella. Esta red cristalizó en la Coordinadora CEAQUA, que desde entonces coordina las acciones judiciales de las víctimas del franquismo dentro y fuera de nuestro país, y de la que Carli y nuestro compañero Chato Galante, recientemente fallecido, fueron incansables militantes desde su creación.

El 18/09/2013, la juez Servini emitió orden de detención internacional contra varios miembros de las fuerzas represivas de la dictadura franquista (entre ellos, el torturador Billy El Niño) a los efectos de practicar declaración indagatoria como imputados en delitos de torturas. Por primera vez, desde el golpe de estado del 18 de julio de 1936, un tribunal imputaba a unos servidores del franquismo por crímenes de lesa humanidad. El auto que motivó esta resolución contenía una sólida argumentación jurídica, basada en los tratados y convenios internacionales y en la jurisprudencia establecida por los tribunales internacionales sobre derechos humanos, incluido el Tribunal Internacional de Nüremberg que sentó las bases de la jurisdicción universal por crímenes de genocidio y lesa humanidad.

La resolución se fundamentaba, igualmente, en las sólidas evidencias que demostraban que la justicia y los poderes del Estado Español estaban bloqueando sistemáticamente la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista, un sistema basado en la injusticia y el crimen que practicó el exterminio y la persecución sistemática contra un grupo entero de la población por motivos políticos y sociales. Una persecución que se extendió, bajo distintas formas, desde el primero hasta el último día de aquella dictadura sangrienta.

El 31/10/2014 la juez Servini emitió orden de detención internacional, también bajo la acusación de crímenes de lesa humanidad, contra una serie de responsables de la dictadura franquista, entre ellos había un ginecólogo, imputado por el robo de bebés, y también jueces, policías y ministros de la dictadura franquista. Uno de estos era Rodolfo Martín Villa, imputado como responsable de los asesinatos cometidos por las fuerzas policiales el día 3 de marzo de 1976 en Vitoria.
Las extradiciones solicitadas por la justicia argentina fueron denegadas en ambos casos. En el caso de los torturadores (Billy El Niño) fue la Audiencia Nacional, mediante una resolución emitida el 30/04/2014, y en el caso de los ministros (Rodolfo Martín Villa) fue el propio gobierno español quien denegó la extradición en marzo de 2015. Pero la Querella Argentina sigue viva y la juez Servini tiene previsto venir a España este año para tomar declaración a Martín Villa, el responsable político, no solo de los crímenes de Vitoria sino también de los que tuvieron lugar en la Semana Negra de 1977 en Madrid y en los Sanfermines de 1978 en Pamplona. Las víctimas de La Transición piden justicia y nosotros no olvidamos.

La lucha por la justicia es imparable y la denegación de las extradiciones no significó el final de las exigencias de justicia por parte de las víctimas del franquismo. Desde entonces, invocando el principio de “extraditar o juzgar”, las víctimas del franquismo hemos iniciado diversas querellas judiciales ante la justicia española. Por un lado los gobiernos municipales y autonómicos han iniciado acciones judiciales en representación de sus ciudadanos que fueron víctimas del franquismo. Y, al mismo tiempo, las víctimas de torturas hemos presentado decenas de querellas individuales contra varios torturadores franquistas, entre ellos González Pacheco (Billy El Niño).

Las instituciones y organismos internacionales siguen exigiendo a España que cumpla la legislación y los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Estado Español. Desde el año 2014, los Relatores de las Naciones Unidas Pablo de Greif y Fabián Salvioli han visitado España en diversas ocasiones y han emitido informes muy críticos con respecto al trato que han recibido y siguen recibiendo las víctimas de desapariciones forzosas y otros crímenes de lesa humanidad bajo la dictadura franquista. Los informes han exigido el cumplimiento de los derechos de verdad, justicia y reparación y el establecimiento de garantías de no repetición. Y, de forma particular, han insistido en el enorme déficit que representa la denegación del acceso a la justicia para las víctimas del franquismo que se fundamenta de forma especial en la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, sistemáticamente utilizada como una ley de punto final para garantizar la impunidad de los crímenes del franquismo. Y también las instituciones del Parlamento Europeo se han manifestado de forma repetida para apoyar el acceso efectivo a la justicia de las víctimas del franquismo, derecho que hasta ahora se les ha negado en España.

La justicia española, en sus diversas instancias, ha rechazado hasta el momento todas las querellas presentadas por los crímenes del franquismo, pero la lucha por la justicia no conoce fronteras y una vez más recurriremos a las instituciones internacionales de derechos humanos. Varias de las querellas por torturas, que han sido denegadas por la justicia española, llegarán próximamente al Comité Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

No nos rendiremos nunca. El mejor homenaje que podemos hacer a Darío, Ascensión, Carli, Chato, y todos los luchadores que nos han dejado, es seguir luchando en defensa de la justicia, la verdad y la memoria. Aquí, en España, en Argentina y en el mundo entero. Estamos esperando que haya jueces con dignidad, que se comprometan con la justicia. La justicia de verdad, que es y será siempre la justicia universal.

Luchamos por el presente, porque las víctimas del pasado nunca recibieron justicia y siguen siendo las víctimas de hoy. Pero también, y por encima de todo, luchamos por un mundo mejor para el futuro. Para conseguir, como decía Carli en su inolvidable alegato, que los genocidas se sientan acorralados…….. que se respire mejor en el mundo……y que los derechos humanos no sean los derechos de la humanidad que tenemos en estos momentos, tan vulnerada en sus derechos, tan sometida a estos crímenes, sino los derechos de la humanidad que soñamos.


19 abr 2018

La exhumación de los hermanos Lapeña en el Valle de los Caídos comenzará el próximo lunes

https://www.eldiario.es/sociedad/exhumacion-Lapena-comenzara-Valle-Caidos_0_762573793.html

Un oficio del Patrimonio Nacional informa del inicio de las “actuaciones preliminares” para exhumar los cuerpos de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña

Es la primera exhumación que se ordena en el Valle de los Caídos

 

La exhumación del Valle de los Caídos, pendiente de la autorización de Patrimonio NacionalEl Valle de los Caídos en una imagen de archivo. EFE

 

Los peritos del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción arrancarán el próximo lunes los trabajos preliminares para proceder a la primera exhumación en el Valle de los Caídos con el objetivo de que los restos mortales de dos fusilados durante la Guerra Civil sean entregados a su nieta y reconocer así su derecho a una “digna sepultura”.

Así consta en un oficio de Patrimonio Nacional,  adelantado por la Cadena SER y al que ha accedido eldiario.es, dirigido al Prior Administrador de la Abadía de la San Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera. En él se informa del inicio de los tareas para ejecutar el auto dictado hace dos años por el Juzgado de primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial que autorizó esta exhumación.

En concreto, el documento señala que los días 23 y 24 de marzo se realizarán “las actuaciones preliminares” pendientes por parte del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción, cuyos peritos son especialistas en arquitectura. Los restos mortales estarían en en los columbarios comprendidos entre el 2061 y 2069 de la cripta principal.

La exhumación tendrá lugar después de que hace dos años el juez José Manuel Delgado Seoane admitiera la petición de Purificación Lapeña respecto a su abuelo y su tío abuelo Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás.

Recientemente, el prior se comprometió a retirar el proceso contencioso-administrativo tramitado en la Audiencia Nacional que impedía las exhumaciones de víctimas de franquismo, avaladas por la Justicia.

Los hermanos Lapeña fueron fusilados en Calatayud en 1936 y trasladados al Valle de los Caídos, al entender que “el derecho a una sepultura digna está indisolublemente unido a la dignidad propia de todo ser humano, con independencia a la forma en la que falleció”.

El magistrado acordó que se inscribiera en un registro público que Manuel Lapeña, fundador de la CNT de Calatayud, desaparecido el 27 de julio de 1936 y con acta de defunción del 14 de agosto de ese año, fue fusilado por las autoridades en el barranco de La Bartolina y enterrado en una fosa común, “sin que conste juicio con condena a pena de muerte conforme legislación vigente en el momento de los hechos, con carácter legítimo”.

Y que su hermano Antonio Ramiro, tras ocultarse de las autoridades, se entregó en octubre de 1936, y fue fusilado el 20 de octubre de 1936 en la tapia del cementerio municipal de Calatayud, enterrándose sus restos en una fosa común, sin que tampoco conste juicio con condena a pena de muerte conforme legislación vigente en el momento de los hechos.

El juez consideró que existe una “alta probabilidad” de que los restos cadavéricos se encuentren en los columbarios comprendidos entre el 2061 y 2069 de la cripta principal, por lo que entiende que la “única forma de acreditarlo” es a través de la prueba de ADN.

El auto valoraba el criterio del Tribunal Supremo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la jurisdicción civil para defender que los familiares de las víctimas tienen derecho a pedir su identificación, regularizar su situación y darles una digna sepultura, lo que supone la entrega de los restos cadavéricos.

 

Los hermanos Lapeña: la trágica historia de los dos primeros exhumados en el Valle de los Caídos

http://www.abc.es/espana/madrid/abci-hermanos-lapena-tragica-historia-primeros-exhumados-valle-caidos-201607270029_noticia.html

De los hermanos Lapeña se cree que fueron fundadores de la CNT en su pueblo natal, Villaroya de la Sierra. Algo que nunca se ha llegado a demostrar. Lo que sí se sabe es que ambos militaban en el sindicato, motivo por el que fueron fusilados. Manuel Lapeña (en la imagen de la izquierda sobre estas líneas), era técnico veterinario en Villaroya de la Sierra. Su muerte quedó registrada el 14 de agosto de 1936, casi un mes después de su desaparición. Su cuerpo apareció en el barranco de La Bartolina (Calatayud) y fue enterrado en una fosa común para, en 1959, ser trasladado al Valle de los Caídos por orden del Ministerio de Gobernación. Su hermano Antonio Ramiro (a la derecha) era herrero. Huyó en octubre de 1936, para después entregarse y ser fusilado; también sus restos terminaron en el Valle de los Caídos. En ambos casos, no existe constancia de un juicio cuya condena fuera la pena de muerte.

Tras años en los juzgados, su nieta y sobrina nieta obtuvo ayer el visto bueno para poner en marcha laprimera exhumación en el Valle de los Caídos.

El juez resolvió que sus cuerpos tienen una «alta probabilidad» de encontrarse en los columbarios comprendidos entre el 2061 y el 2069 de la cripta principal del Valle de los Caídos, y que la única forma de probarlo es a través de una prueba de ADN. Esta decisión pone punto final a las demandas que María Purificación Lapeña, nieta y sobrina nieta de los desaparecidos, ha interpuesto reclamando una muestra genética que le permitiese enterrar los restos de sus familiares.

Lapeña acudió a la Justicia por primera vez en 2012, y en 2014 recurrió al Tribunal de Estrasburgo para demandar a España al considerar que inclumplía el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Su objetivo era de que la Audiencia Nacional tomara una muestra del perfil genético que permitiese cotejar su ADN con el de su abuelo y su tío abuelo. Ahora, Patrimonio Nacional inicia los trámites para encontrar el mejor método para poner en marcha los trabajos en el complejo, que aún no tienen fecha prevista.

 
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