Dicen que el tiempo lo cura todo, pero no es una afirmación que se pueda aplicar a todos los ámbitos de la vida, al menos, no en lo que se refiere a la memoria histórica en nuestro país.
La dictadura franquista empezó con los asesinatos de miles de ciudadanos y ciudadanas españolas y no terminó con la muerte del titular de la Jefatura del Estado.
Mientras éste se debatía artificialmente entre la vida y la muerte, altos funcionarios estatales, negociaban con los líderes de la oposición a la vez que seguían mostrando con gran dureza aquello de “la calle es mía”.
Elegido para liderar esta transición hacia la monarquía parlamentaria lo fue, nada menos, que un ministro secretario general del Movimiento, Adolfo Suárez , que tiró de uno de los duros del Régimen, uno de los últimos que aún levantaba en el brazo en los años 70, para domeñar a los más levantiscos de entre los suyos, aplastar la resistencia popular y destruir todos los documentos comprometedores de la represión franquista, esta persona era Rodolfo Martín Villa.
Hoy los apóstoles de la Transición, aún en su papel de heroicos e incontestables timoneles de la Nación, defienden a capa y espada, el papel de este espadón del franquismo, que cumplió fielmente con la labor que el Régimen le había asignado.
No es de extrañar , es la forma de justificarse a sí mismos, por su debilidad y entreguismo, y nunca se vio mejor ocasión para afirmar que todo cambió para que lo fundamental siguiera siendo igual.
Hoy es un día histórico, un día para revisar ese sacrosanto momento qué fue la Transición en nuestro país,.
¿por qué les da tanto miedo revisitarla?
Aunque solo sea por respeto a la memoria de esos obreros y manifestantes muertos por la policía mandada por Martín Villa, caiga la vergüenza para los líderes de izquierda y los sindicalistas qué, aún hoy, nos piden que olvidemos y miremos para otro lado, alguno de ellos incluso, nos querría ver en la cárcel por pedir justicia, ¿cabe mayor oprobio?
Que salga la verdad a la luz a ver si averiguamos a qué le tiene tanto miedo la generación política de la transición española.
Artículo en la revista Librepensamiento en su número 101 sobre las mujeres que sufieron la represión durante la guerra de Iván Heredia Urzaiz, doctor en historia. Concretamente habla sobre en encarcelamiento en la prisión de Torrero, Zaragoza.
Mujeres republicanas prisioneras en las cárceles franquistas
En este breve artículo se analiza el microcosmos penitenciario del departamento de mujeres de la Prisión Provincial de Zaragoza, popularmente conocida como cárcel de Torrero, para mostrar los
cambios que se produjeron en la vida de las presas desde el inicio hasta el final de la Guerra Civil.
Durante ese periodo, miles de mujeres fueron encarceladas en Zaragoza por simpatizar o colaborar con las fuerzas políticas aglutinadas en el Frente Popular o, simplemente, por ser hija, madre, esposa o hermana de un destacado republicano. Durante su encierro, tuvieron que hacer frente al hacinamiento de la cárcel, el hambre y la miseria, las enfermedades y la violencia ejercida a través de un férreo sistema disciplinario.
Ese encierro se vislumbra aún más terrible cuando observamos que entre
tanta inmundicia se criaron decenas de hijos e hijas de las presas.
Combatir la impunidad de las más graves violaciones de los derechos humanos
cometidas en la historia moderna de España; ése es el objetivo con que se constituyó la red de ciudades contra la impunidad franquista en todo el estado, y la motivación para interponer a finales del mes de enero del pasado año 2019 en los juzgados de instrucción de Zaragoza de una querella por crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen franquista en este partido judicial, por víctimas directas de torturas y familiares de víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas.
Frente a la pretensiones de esta víctimas, la Audiencia Provincial de Zaragoza ha resuelto cerrar la posibilidad de investigar tales crímenes –Auto de fecha 20/12/2019, Sección Sexta- por considerar que el principio de legalidad penal lo impide, en una interpretación del mismo que consideramos no conforme a derecho y que resulta manifiestamente contraria al derecho internacional de los derechos humanos. El criterio acogido por la Audiencia vacía de contenido las previsiones del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme a los cuales no se pueden dejar de investigar crímenes que sean delictivos según los principios generales del derecho reconocidos a nivel internacional. El organismo encargado de velar por el cumplimiento de este Pacto, y en consecuencia investido de la máxima autoridad respecto de la interpretación del principio de legalidad penal, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, le ha exigido nuestro estado que investigue los crímenes contra la humanidad del franquismo, por lo que constituye una obligación jurídica que habría de tenerse por no controvertida para los Tribunales y las autoridades públicas.
Para justificar su posición desobediente ante este mandato, la judicatura española –en este caso la Audiencia Provincial de Zaragoza, y antes que ella en el procedimiento de referencia el Juzgado de Instrucción núm. 8 de Zaragoza, en fecha 18/07/2019– se apoya en los argumentos de una Sentencia con marcado carácter excepcional dictada por el Tribunal Supremo en el año 2012, que modificó su propia doctrina previa respetuosa con las previsiones del derecho internacional penal al llegar el momento de aplicarla a los crímenes contra la humanidad del franquismo. En aquella Sentencia, el TS llegó a retorcer hasta la trampa la interpretación de los pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el principio de legalidad, confundiendo los criterios sobre competencia temporal respecto de comunicaciones individuales, con los criterios sobre interpretación y aplicación general de un tratado internacional, escogiendo para ello dos decisiones del Comité del año 1988 en relación con Argentina -como si no hubiese emitido el mismo Comité desde entonces resoluciones sobre España específicamente en relación con la obligación de investigar los crímenes contra la humanidad del franquismo-. Por el camino, al copiar el Juzgado de Instrucción de Zaragoza los fundamentos jurídicos del Supremo para archivar nuestra querella no cayó en la cuenta de que se estaba hablando allí de Argentina, e incluyó en el Auto de archivo un error de 9 años respecto de la fecha de entrada en vigor del PIDCP en España; este Tratado entró en vigor aquí en julio de 1977, antes de la Ley de Amnistía, -por lo que la deja sin efecto respecto de los obstáculos de la investigación de los crímenes contra la humanidad del franquismo-, y no en 1986, tal y como se afirma erróneamente en el Auto del Juzgado. A pesar de las evidentes consecuencias jurídicas de tal error de hecho, y de nuestras alegaciones al respecto, a la Audiencia Provincial no le mereció mención alguna en su Auto de confirmación del archivo.
Lamentablemente, se vuelve a demostrar certero y vigente el diagnóstico sobre la existencia de “una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos –creando- un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura“, así como respecto al resto de los delitos denunciados (Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, “Observaciones Preliminares del GTDFI al concluir su visita a España”, de 30/09/2013).
Pero no se limitan los obstáculos a la judicatura. La política de impunidad del Estado a este respecto se comprueba lamentablemente conformada por la obstaculización desde los tres poderes públicos del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas de los graves crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. La judicatura se sigue apoyando en la excepcionalidad jurídica emanada de la Sentencia del Tribunal Supremo a la que nos hemos referido ya, así como en la interpretación forzada de una Ley de Amnistía, cuya modificación –proposición de ley a tal efecto- los grupos parlamentarios socialistas, populares y de ciudadanos, el pasado año, se negaron ni tan siquiera a que pasase la toma de consideración. El poder legislativo se niega asimismo a eliminar los –pretendidos- obstáculos legales en los que se apoyan los tribunales, modificando la Ley de Amnistía o el principio de legalidad internacional. El poder ejecutivo mantiene una política de memoria que pretende poner el foco en acciones simbólicas con una fuerte carga política, pero deja fuera todas las acciones necesarias para impulsar el acceso a la tutela judicial efectiva de las víctimas de estos crímenes, como por ejemplo, mantener el Acuerdo del Consejo de Ministros que negó la extradición a Argentina de 19 imputados en la Querella Argentina, o la obstaculización a la toma de declaración de Martín Villa en el procedimiento penal de la querella argentina.
No falta derecho, lo que falta es voluntad política y voluntad judicial para acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo; lo ha afirmado en fecha reciente el Relator especial de la ONU para el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y las evidencias no dejan de darle la razón.
La conferencia “Franquismo después de Franco” ha contado con la participación en la cámara europea de colectivos memorialistas y víctimas del franquismoLos eurodiputados han anunciado que van a ayudar a impulsar “grupos hermanos de memoria” con representantes franceses y portugueses
Los participantes en la conferencia «Franquismo después de Franco». / Unidas Podemos Cambiar Europa
Trabajar con más intensidad si cabe tras el avance de la ultraderecha. Ese es uno de los mensajes que el Grupo de Memoria Histórica en el Parlamento Europeo quiere transmitir tras las últimas elecciones generales en nuestro país. Así lo han explicado con motivo de la celebración de la conferencia “Franquismo después de Franco”, que ha contado con la participación en la cámara europea de diferentes colectivos memorialistas y de víctimas del franquismo.
En la presentación de la jornada han intervenido los eurodiputados Miguel Urbán (Podemos), Ana Miranda (BNG), Izaskun Bilbao (PNV), Clara Aguilera (PSOE) y Diana Riba (ERC). “Queremos trabajar con más intensidad tras el auge de la ultraderecha”, ha afirmado Bilbao en un encuentro con periodistas. Hay que recordar que este grupo de trabajo está formado por los eurodiputados citados junto a Sira Rego (IU), Pernando Barrena (EH-Bildu) y Ernest Urtasun (En Comú Podem). Comenzaron sus actividades durante la pasada legislatura en Europa.
Para la representante del PNV es necesario “europeizar las políticas españolas de memoria”. Considera la eurodiputada que no se cumplen los “estándares europeos”. En este sentido ha contado, como anécdota, la estupefacción de ciertos eurodiputados franceses o portugueses que los han acompañado en visitas, por ejemplo, al Valle los Caídos.
Los eurodiputados presentes han anunciado, dentro de ese aumento de actividad mencionado, que van a ayudar a impulsar “grupos hermanos de memoria” con representantes franceses y portugueses. “El objetivo es intentar hablar de memoria democrática en su contexto político internacional”, ha destacado Urbán.
“España es una excepción en Europa, es el único país que no podido juzgar sus crímenes”, ha afirmado el eurodiputado de Podemos. “Hay que exhumar el franquismo de las instituciones”, ha añadido. El grupo de memoria ha animado a los colectivos memorialistas presentes durante la jornada a presentar demandas en la Comisión de Peticiones europea porque hay un “desamparo judicial efectivo de las víctimas del franquismo”. Además, han mostrado su intención de conseguir que los colectivos de víctimas sean recibidos por la Comisión Europea, algo que ya han intentado durante estos años.
Por su parte, Ana Miranda ha denunciado las dificultades para acceder a los archivos públicos y documentación relacionada con el franquismo y la existencia, hoy en día, de hasta 13 fundaciones franquistas. Por otra parte, ha recordado que gracias a este grupo de memoria se consiguió impedir un acto que la Falange Española pretendía realizar en el Parlamento europeo.
Historias de represión
La conferencia ha comenzado con la mesa “Verdad y memoria: recuperar la historia de la represión”. Telmo Comesaña, presidente de la asociación viguesa por la Memoria del 36, ha afirmado que “hay que condenar el franquismo” y “anular los juicios sumarios”. “A partir de ahí se puede desmontar el tinglado”, ha añadido. Para Comesaña, la existencia de fosas comunes “son un problema de Estado”. “Es muy loable lo que están haciendo algunas regiones pero uno de los problemas que veo en todo esto es que nos falta unión. Trabajar por libre no funciona”, ha destacado, al tiempo que afirmaba que “en España se están vulnerando los derechos humanos” por cuestiones de este tipo.
María Lores es nieta de una víctima represaliada y ha sido la siguiente en intervenir. Su relato ha sido en primera persona, familiar. “Una historia de silencio”. Isolina, su abuela, perdió a su marido, fusilado en 1936. “Isolina guardó silencio como forma de no morir en vida, pero el suyo no era un silencio vacío porque estaba lleno de memoria”. La madre de María, Lola, también creció con ese silencio. “Para los míos el silencio era una forma dolorosa de protegernos”. Lores ha reivindicado el papel de la mujer en una represión silenciada: “Las mujeres son perseguidas no sólo por sus propias acciones políticas sino en muchos casos por razones de parentesco, es decir por ser madre, esposa, novia o hermana”. “Ellas, las que quedaron, son las que nos acompañaron hasta aquí”.
Para finalizar esta primera parte, Laura Díez, de la Asociación 13 Rosas de Asturias, ha destacado que “las mujeres fueron víctimas de una serie de represión específica por el hecho de ser mujeres”. En este sentido ha recordado los fusilamientos de Las 13 Rosas. Y ha recordado las palabras del miembro de Vox, Javier Ortega Smith, sobre ellas. Su asociación ha interpuesto una demanda por injurias y calumnias. “Estamos esperando al acto de conciliación, no creo que venga”, ha afirmado. Se le pide que se retracte de sus declaraciones, 10.000 euros que serán donados a un colectivo que trabaje en exhumaciones, además de su presencia en dichos trabajos. Lores ha leído también una carta de Constanza Page, sobrina nieta de Julia Conesa, una de las asesinadas.
El expolio franquista
El siguiente bloque se titulaba “El expolio de la dictadura vigente en la actualidad”. Manolo Monge, de la Comisión Por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña, ha enumerado una serie de “restos del franquismo” aún vigentes. Entre otros ha destacado la fortuna de la familia Franco, el Pazo de Meirás, las 2.300 fosas, la desaparición forzada de niños y niñas, los jueces franquistas que perviven en el poder judicial o los títulos nobiliarios, militares golpistas que mantienen todos los honores. “¿Hasta cuándo seguiremos con esta injusticia y vergüenza? ¿Asumirá el nuevo Gobierno nuestras demandas?”, ha concluido.
El periodista Juan Miguel Baquero, autor del libro El país de la desmemoria, ha denunciado el papel de grandes empresas españolas que usaron el trabajo esclavo. Algunas de ellas forman parte del Ibex 35 hoy en día. “Sabemos también que, de estas fortunas que se hicieron hay algunas gestionadas por las familias y otras por fundaciones fascistas que siguen siendo legales y además tienen patrimonio”, ha destacado. Sobre este asunto ha denunciado el papel de la Fundación Francisco Franco o de la Fundación ProInfancia Queipo de Llano. “Su nombre es una broma macabra, es la persona que más huérfanos ha dejado en el Sur de España”, ha afirmado.
Sobre el Pazo de Meirás ha intervenido el investigador Carlos Babío. Su trabajo, reflejado en el libro Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio, le ha supuesto dos querellas de la familia Franco por injurias y calumnias. “El Pazo de Meirás es un mal llamado regalo que se le obliga a pagar a todo un pueblo”, ha destacado. Actualmente el proceso para recuperar el espacio está en proceso de demanda civil. “El Pazo se lleva reclamando desde que murió Franco. Desde los 70 las administraciones públicas en Galicia están reclamando la devolución”; ha recordado.
Varios de los participantes en la conferencia. / M.M.
Justicia, verdad y reparación
El último bloque se ha denominado “El derecho a la justicia, acabar con la impunidad del franquismo”. Sol Luque, de la Asociación Todos los Niños Robados son también mis Niños (integrante de CeAqua), ha sido la primera en intervenir. “El derecho a la justicia, 44 años después, sigue sin aplicarse a sus víctimas”. Para Luque, el robo de bebés “es uno de los episodios más espeluznantes de la historia reciente”. “Esto no solamente fue un negocio y tenía relación con el franquismo”, ha añadido. En su exposición ha recordado que las denuncias se archivan en un “porcentaje escandaloso”. “Incluso cuando existen pruebas, las denuncias no prosperan. La prescripción se sitúa como una de las principales razones del archivo. Luque ha anunciado que volverán a presentar una proposición de ley, aprobada por unanimidad el año pasado. “Es muy probable que no se admita por unanimidad ahora”, ha comentado. En cuanto a las iniciativas judiciales, además de seguir participando en la Querella argentina, en breve se interpondrán querellas en los juzgados españoles por el robo de bebés como delitos contra la humanidad, una iniciativa judicial trabajada en CeAqua desde 2017 para delitos de torturas y que ahora será aplicada al robo de bebés, tal y como ha estado previsto en la hoja de ruta de CeAqua desde sus inicios.
Por su parte, Mercedes Sánchez, integrante de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA), ha destacado los escasos avances que se han dado desde la administración pública respecto a la recuperación de restos de personas desaparecidas en fosas. Además, ha criticado que la Ley de Memoria Histórica se deja a la suerte del color político de turno. En este sentido ha recordado que Mariano Rajoy no invirtió ni un euro en la ley además se jactó de ello. “Es de sentido común no andar removiendo todo el tiempo el pasado”, señalé en su momento el expresidente.
El siguiente turno ha sido para Miguel Ángel Gómez, “Gus”. Este integrante de la Asamblea Republicana de Vigo ha relatado en primera persona las torturas vividas en la dictadura. “La sociedad española quedó sometida a la dictadura por el miedo”, ha afirmado. Con 18 años, en 1971, sufrió la primera detención. Lo encerraron en la Dirección General de Seguridad (DGS) y fue sometido a tres días de interrogación y golpeos. “Gus” ha descrito multitud de métodos de tortura sufridos en sus carnes: “Corro”, “gallinita ciega”, “el pato”, “el quirófano” o “la tortura del sueño”, entre otros. Este expreso del franquismo sufrió la dureza de “Billy el Niño”. El policía torturador lo apuntó con sus pistolas y fue golpeado incesantemente. “Gus” ha reconocido que pensó en colaborar con ellos para delatar a sus compañeros por el dolor sufrido. No lo hizo. “Gus” está personado en la querella argentina y también contra “Billy El Niño”.
Rosa García Alcón forma parte de la asociación La Comuna. Y también ha relatado las torturas a las que fue sometida. “Actuaban impunemente. No tenían que justificar las detenciones. La mayoría de detenciones eran un secuestro. A mí me detuvieron de noche, a las 11. Nadie supo dónde estaba yo hasta 6 días después”, ha narrado. Con 18 años, en 1975, le aplicaron la ley antiterrorista. También tuvo la desgracia de toparse con “Billy El Niño”. “Le gustaba crear terror. Gritaba, golpeaba, tiraba de los pelos, etc. Las mujeres no nos libramos de los malos tratos y torturas. Te atacaban en lo moral, diciendo que éramos putas o guarras. Nos impedían lavarnos incluso cuando teníamos la menstruación”, ha contado visiblemente emocionada. García Alcón también forma parte de la querella argentina y presentó otra contra “Billy El Niño”.
Para finalizar han intervenido Jana Calero e Irene Álvarez, del grupo de “Avogados Novos de Vigo”. “Nuestro papel como abogadas es ser una herramienta transformadora de la sociedad”, ha destacado Calero. “Tenemos un compromiso contra la impunidad”, ha afirmado Álvarez. Ambas han explicado las dificultades técnicas para que prosperen las querellas judiciales. Tanto la Ley de Amnistía como la prescripción por no ser considerados delitos de lesa humanidad dificultan los juicios por torturas. En su opinión, es necesario ir agotando todos los niveles judiciales hasta llegar a instancias internacionales que tengan competencias. “Nuestra lucha como juristas se dirige a obligar al Estado español a cumplir con sus obligaciones”, han afirmado.
VÍDEO | CONEXIÓN BRUSELAS»Hay un hilo de impunidad del franquismo que llega hasta la democracia»
Chesús Calvo recurre a la ficción en viñetas para contar la historia de los soldados republicanos hechos prisioneros y forzados a trabajar para reducir sus condenas
Chesús Calvo, con su cómic ‘Esclavos de Franco’. Juan Manzanara / Zaragoza
«En el día de hoy, cautivo y desarmado…». Esa es la señal para que Julián, un soldado republicano, se lance a la huida y trate de cruzar el Pirineo aragonés hacia Francia. No llegará muy lejos: es apresado y conducido a un campo de prisioneros franquista, donde permanece cautivo bajo el sistema del denominado Patronato para la redención de penas. ¿Su delito? Haber sido combatiente por la legalidad republicana y ser «hijo de republicano». Así arranca ‘Esclavos de Franco’ (GP Ediciones), un cómic con el que el dibujante Chesús Calvo se ha propuesto «mostrar una parte de nuestra historia que mucha gente aún desconoce».
En su seminal trabajo ‘Cautivos’, el historiador zaragozano Javier Rodrigo escribe que bajo el epígrafe de «campos de concentración» franquistas se establecieron «las más variadas formas de reclusión temporal, ilegal y arbitraria», en un modelo indefinido que fue variando conforme avanzó la guerra y luego la posguerra. Con todo, en sus distintas formas tuvieron en común «una misma función social: la de humillar, encuadrar, clasificar, represaliar la disidencia».
Con ese fin, ya desde 1937, los soldados republicanos que no fueron directamente ejecutados sumariamente ni reincorporados, tras comprobar su idoneidad ideológica, al bando sublevado, aquellos que se quedaron en una «zona intermedia», empezaron a ser destinados a realizar trabajos forzosos para pagar su -a ojos del nuevo régimen- culpa.
«Vi un reportaje en televisión sobre el tema y me impresionó cómo el Franquismo usó a presos para construir carreteras, pantanos… y también el Valle de los Caídos, ahora tan de actualidad», cuenta Chesús Calvo. Con esto en mente, y tras documentarse, trazó una historia en la que imagina a un soldado cualquiera «como vehículo para contar la historia». Del mismo modo, opta por no situar la acción en ningún campo de prisioneros concreto, si bien «la principal referencia fue el de Miranda de Ebro».
El frío, el hambre, el adoctrinamiento, el miedo constante, la enfermedad, las penurias del trabajo… ‘Esclavos de Franco’ muestra las penalidades por las que pasaron los cautivos del régimen. Sin embargo, lejos de pretender ceñirse a los detalles históricos, Chesús Calvo explica que su afán con ‘Esclavos de Franco’ ha sido «remarcar cómo la guerra abocó a personas normales, no héroes, a vestirse de uniforme, empuñar un fusil y matar a desconocidos». «Nunca olvidamos nuestro primer muerto… Es imposible. El problema es cuando te acostumbras a disparar… y a matar», le confiesa un compañero de barracón al protagonista.
Viñeta de ‘Esclavos de Franco’, de Chesús Calvo. GP Ediciones
«Pacto de silencio»
Quique Gómez, de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, firma el prólogo de la obra. Al otro lado del teléfono, recuerda que «los campos de trabajo vinieron tras los campos de concentración; tras eliminar a los elementos que consideraban ‘peligrosos’, empiezan a pensar con un criterio economicista: había que reconstruir el país que habían dejado destrozado, y quién mejor que los ‘rojos'».
Para Gómez, una de las explicaciones al «pacto de silencio de la Transición», que también rodeó a estos pelotones de trabajo forzoso, fue que «muchas empresas, con nombres y apellidos, se beneficiaron de esa mano de obra en la construcción de infraestructuras, en un modelo que se prolongó más allá del fin de la II Guerra Mundial; si eso se hubiera revisado hubiera llevado a reclamaciones de gran importancia». «No se puede olvidar esto, porque formó también parte de la represión económica», apunta.
Medio millón de vencidos
Cerca de medio millón de vencidos pasaron por un centenar largo de campos de concentración, según los datos que reunió Javier Rodrigo en ‘Cautivos’ -un libro al que luego han seguido otros, como ‘Los campos de concentración de Franco‘, del periodista Carlos Hernández-. Rodrigo explica en esta obra que «sólo el cierre de Miranda de Ebro [en 1947] puso fin al modelo franquista de campos», pero también señala que «eso no significó ni el fin de los trabajos forzosos en España, ni tan siquiera el fin de recintos y campos que bien podemos denominar de trabajo, como los habilitados por Regiones Devastadas, Colonias Penitenciarias y Destacamentos Penales».
Un ejemplo de esto último es la construcción del pueblo nuevo de Belchite, de la que se encargaron los trabajadores concentrados en los barracones de ‘Rusia‘, así llamados porque allí vivían ‘rojos’.
Rodrigo, en las conclusiones de ‘Cautivos’, apunta que «las consecuencias de la larga duracion del sistema concentracionario franquista fueron la interiorización de sus valores por parte de los internos. No tanto de los explícitos, como la reeducación política y moral, sino sobre todo de los implícitos. El miedo, el silencio, la delación. Valores sobre los que se sustentó la dictadura militar de Franco durante cuarenta años de exclusión y olvido».
A finales del mes de enero de este año 2019 se presentó en los juzgados de instrucción una querella por crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen franquista en Zaragoza, con objeto de tratar de hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de tales violaciones graves de los derechos humanos, y poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos durante el franquismo.
La resolución del Juzgado de Instrucción núm. Ocho de Zaragoza, notificada en el día de hoy 18/07/2019 cuando se cumplen 83 años del golpe militar franquista, por la que se archiva esta querella -con base principalmente en una interpretación de la ley de amnistía y una concepción del principio de legalidad penal incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, es contraria al derecho internacional de los derechos humanos y desatiende las obligaciones que en este ámbito pesan sobre los poderes públicos, reiteradas incesantemente por los máximos organismos de Naciones Unidas al gobierno de España.
Lamentablemente, se vuelve a demostrar certero y vigente el diagnóstico sobre la existencia de “una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos –creando- un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura”, y que los criterios interpretativos empleados por los tribunales en casos como el presente suponen que “esta combinación de factores es contraria a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España” (Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, “Observaciones Preliminares del GTDFI al concluir su visita a España”, de 30/09/2013).
Tal y como declaró en su última visita a España el Relator especial de la ONU para el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición respecto de la persecución de los crímenes del franquismo por los poderes públicos en España, las carencias no tienen que ver con el derecho o las herramientas jurídicas para abordar el fenómeno, sino con la voluntad de hacerlo.
Muy resumidamente, las razones jurídicas que sostienen la necesidad de investigar los crímenes durante el franquismo se basan en:El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, que entró en vigor en España en julio de 1977, -con anterioridad a la Ley de Amnistía- establece que “toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados –derecho a la vida, a la libertad, a no ser sometido a torturas,…-podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales –artículo 2.3.a)-, y respecto del principio de legalidad y de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras desfavorable, establece que en nada se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.
La Constitución Española dispone –artículo 96.1- que “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”. En el artículo 10.2: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, máximo intérprete del PIDCP, ha exigido en su último informe sobre España, de 20/07/2015 respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el franquismo:“El Estado parte debe impulsar activamente las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos del pasado.El Estado parte debe velar por que en estas investigaciones se identifiquen a los responsables, se los enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas”.-En el mismo sentido se han pronunciado el Comité contra las desapariciones forzadas, el Comité contra la Tortura, y el anterior Relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición-.El propio Tribunal Supremo, antes de revisar sus criterios en STS de 27/02/2012 con ocasión del pronunciarse sobre la posibilidad de investigar los crímenes del franquismo, en Sentencia de 1/10/2007 –caso Scilingo-, estableció:“Las previsiones del Derecho Internacional Penal consuetudinario, las normas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y convenios suscritos por España, concreta y especialmente el CEDH y el PIDCP, deben ser tenidas en cuenta al interpretar y aplicar las normas de derechos interno, de forma que resulte conducente a la efectiva protección de los Derechos Humanos esenciales. Nada impide, por lo tanto, la persecución de hechos que, aun calificados conforme al derecho interno como delitos ordinarios de asesinato y detenciones ilegales, deban ser considerados como crímenes contra la Humanidad conforme al Derecho Internacional Penal”.
————————————————————————————————————————— Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza – ALAZalazzgz@gmail.com
En Zaragoza, a 18 de julio de 2019
La jueza elige el 18 de julio para archivar la querella zaragozana contra el franquismo
Las cortes de Aragón aprueban por unanimidad una Proposición No de Ley de Bebés Robados, a partir de la petición de CeAqua en el Parlamento aragonés el pasado 3 de abril, sobre la necesidad de que se cree una Ley estatal de bebés robados.
Este apoyo institucional llega a pocos días del registro de la Proposición de Ley estatal de Bebés Robados que impulsa esta organización en el Congreso de los Diputados.
Amicale Mathausen recopila en una web las identidades y las historias del millar largo de republicanos de Huesca, Zaragoza y Teruel que fueron deportados a los campos de concentración hitlerianos tras exiliarse en Francia
Liberación del campo de concentración de Mauthausen en 1945. DONALD R. ORNITZ
Los republicanos aragoneses sufrieron especialmente la saña represora del nazismo: más de un millar de los alrededor de 9.000 españoles que fueron deportados a Mathausen, principalmente, y a otros campos de concentración eran originarios de lo que hoy es esta comunidad; y, de los 5.000 que fallecieron en esos siniestros recintos antes de su liberación en 1945, un total de 651 tenían sus raíces en Huesca, Teruel o Zaragoza.
Amical Mathausen la asociación que desde 1962 aglutina a las víctimas españolas de los campos de concentración nazis y a sus familiares, ha recogido sus 1.015 identidades y las historias de 61 de ellos en la web Aragoneses Deportados, una base de datos que supone un “compromiso con la memoria de la deportación republicana” y que seguirá creciendo con más información.
La web es un epílogo en vivo de la investigación que Juan Calvo plasmó en “Itinerario e identidades. Republicanos aragoneses deportados a los campos nazis”, el último de los libros que el Gobierno de Aragón publicó en 2011 dentro del programa Amarga Memoria anes de que el Gobierno PP-Par de Luisa Fernanda Rudi lo cortacircuitara y dejara sin fondos.
“La web sale de la publicación del libro, en el que quedó mucha información por plasmar, y la investigación ha seguido creciendo”, explica Calvo, natural de Ejulve (Teruel) y miembro de Amical desde 2005, que recuerda cómo entre el volumen escrito y la versión virtual se han añadido seis deportados más a la lista y se han ido completando las biografías de otros hasta superar las seis decenas.
“Creíamos que sería interesante dar a conocer los datos básicos de los deportados”, anota, por lo que el año pasado la asociación se presentó al concurso de subvenciones del Gobierno de Aragón para proyectos de memoria democrática, cuyos fondos han permitido materializar el proyecto.
Un habitante de cada 25, un deportado de cada nueve
La presencia de aragoneses entre las víctimas del nazismo estuvo cerca de triplicar el peso demográfico que sus tres provincias tenían en la España de los años 30: apenas sumaban uno de los 24 millones de habitantes del país al comienzo de la guerra civil, pero de ellas salieron uno de cada nueve deportados.
Varios factores explican la elevada presencia de aragoneses en el sur de Francia al acabar la guerra civil. “La mayor parte de ellos eran residentes del Aragón republicano –explica Calvo- que habían cruzado los Pirineos tras episodios como La Bolsa de Bielsa, y a ellos se les sumaron los que llegaron en el invierno de 1939, después de la batalla del Ebro y la retirada de Catalunya”, destino principal de la emigración local en las décadas anteriores.
Un tercer bloque, más escaso, lo componen quienes habían emigrado al país vecino en las primeras dos décadas del siglo XX por motivos económicos y que, tras la invasión alemana, serían deportados como miembros de la Resistencia francesa a la ocupación nazi y el Gobierno colaboracionista de Vichy.
Unos y otros, exiliados de la guerra y emigrantes afincados en Francia, pasarían por Mathausen y otros campos de concentración nazis por dos itinerarios.
El campo de concentración de Mauthausen.- AFP
Prisioneros de guerra, refugiados, apátridas y resistentes
Tras pasar inicialmente por campos de refugiados como Saint-Cyprien, Argelès-sur mer o Gurs, el Gobierno francés comenzó a mediados de 1939 a organizar compañías de trabajadores extranjeros que adscribía a unidades militares y que se ocupaban de trabajos de infraestructuras, como la construcción de las defensas de la Línea Maginot.
Presos trabajan en el campo de concentración de Mauthausen
Tras la invasión alemana, miles de ellos fueron capturados por los nazis y recluidos en campos de prisioneros. Sin embargo, el armisticio que el Gobierno de Petàin firmó con Hitler dejó a los republicanos españoles, al no reconocerlos como soldados, en un limbo jurídico que acabaría costándole la vida a miles de ellos: la Gestapo, tras ser declarados “enemigos del régimen” por los alemanes, comenzó a detenerlos por centenares en los mismos campos de prisioneros y a trasladarlos a Mathausen, al que llegaron alrededor de 7.000 entre 1940 y 1941.
“Eran civiles, pero no había ningún Estado que se hiciera cargo de ellos”, indica Calvo. Mientras el franquismo se desentendía de ellos, Alemania los declaraba apátridas y los enviaba a los campos de exterminio, donde eran marcados con el triángulo azul.
Los resistentes, entre los que había unos 2.000 españoles, comenzaron a llegar a los campos, primero a algunos como Buchenwald o Dachau y desde allí a Mathausen, a partir de 1941 desde las cárceles francesas en las que eran inicialmente recluidos. Su marca era el triángulo rojo de los civiles considerados presos políticos.
“Es fundamental no olvidar la barbarie del nazismo”
“Es fundamental recordar a los aragoneses asesinados en los campos de concentración como Mauthausen para que no se olvide la barbarie que supuso el nazismo y el fascismo en nuestro continente”
Las duras condiciones de supervivencia en los campos y las acciones de exterminio de los nazis acabaron con la vida de más de 5.000 de esos 9.000 deportados españoles. Casi uno de cada ocho eran aragoneses, de nuevo un peso superior al demográfico por la intensidad que el exilio tuvo en lo que hoy es esta comunidad.
La web, que incluye referencias actos memorialistas sobre la deportación, enlaces a webs vinculadas a la materia y referencia a otras víctimas de los campos, contiene un buscador que permite rastrear las identidades de los deportados por varios criterios.
“Miles de aragoneses como los que se presentan en la base de datos de Amical Mauthausen tuvieron que huir de nuestra región por la guerra y la dictadura franquista” ”, indicó el director general de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario del Gobierno de Aragón Embid. Que anotó que “los aragoneses no podemos por tanto olvidarnos de aquellos que huyen de otras guerras y buscar refugio en nuestra tierra.
“Es fundamental recordar a los aragoneses asesinados en los campos de concentración como Mauthausen para que no se olvide la barbarie que supuso el nazismo y el fascismo en nuestro continente”, añadió.
Un oficio del Patrimonio Nacional informa del inicio de las “actuaciones preliminares” para exhumar los cuerpos de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña
Es la primera exhumación que se ordena en el Valle de los Caídos
El Valle de los Caídos en una imagen de archivo. EFE
Los peritos del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción arrancarán el próximo lunes los trabajos preliminares para proceder a la primera exhumación en el Valle de los Caídos con el objetivo de que los restos mortales de dos fusilados durante la Guerra Civil sean entregados a su nieta y reconocer así su derecho a una “digna sepultura”.
Así consta en un oficio de Patrimonio Nacional, adelantado por la Cadena SER y al que ha accedido eldiario.es, dirigido al Prior Administrador de la Abadía de la San Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera. En él se informa del inicio de los tareas para ejecutar el auto dictado hace dos años por el Juzgado de primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial que autorizó esta exhumación.
En concreto, el documento señala que los días 23 y 24 de marzo se realizarán “las actuaciones preliminares” pendientes por parte del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción, cuyos peritos son especialistas en arquitectura. Los restos mortales estarían en en los columbarios comprendidos entre el 2061 y 2069 de la cripta principal.
La exhumación tendrá lugar después de que hace dos años el juez José Manuel Delgado Seoane admitiera la petición de Purificación Lapeña respecto a su abuelo y su tío abuelo Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás.
Recientemente, el prior se comprometió a retirar el proceso contencioso-administrativo tramitado en la Audiencia Nacional que impedía las exhumaciones de víctimas de franquismo, avaladas por la Justicia.
Los hermanos Lapeña fueron fusilados en Calatayud en 1936 y trasladados al Valle de los Caídos, al entender que “el derecho a una sepultura digna está indisolublemente unido a la dignidad propia de todo ser humano, con independencia a la forma en la que falleció”.
El magistrado acordó que se inscribiera en un registro público que Manuel Lapeña, fundador de la CNT de Calatayud, desaparecido el 27 de julio de 1936 y con acta de defunción del 14 de agosto de ese año, fue fusilado por las autoridades en el barranco de La Bartolina y enterrado en una fosa común, “sin que conste juicio con condena a pena de muerte conforme legislación vigente en el momento de los hechos, con carácter legítimo”.
Y que su hermano Antonio Ramiro, tras ocultarse de las autoridades, se entregó en octubre de 1936, y fue fusilado el 20 de octubre de 1936 en la tapia del cementerio municipal de Calatayud, enterrándose sus restos en una fosa común, sin que tampoco conste juicio con condena a pena de muerte conforme legislación vigente en el momento de los hechos.
El juez consideró que existe una “alta probabilidad” de que los restos cadavéricos se encuentren en los columbarios comprendidos entre el 2061 y 2069 de la cripta principal, por lo que entiende que la “única forma de acreditarlo” es a través de la prueba de ADN.
El auto valoraba el criterio del Tribunal Supremo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la jurisdicción civil para defender que los familiares de las víctimas tienen derecho a pedir su identificación, regularizar su situación y darles una digna sepultura, lo que supone la entrega de los restos cadavéricos.
Los hermanos Lapeña: la trágica historia de los dos primeros exhumados en el Valle de los Caídos
De los hermanos Lapeña se cree que fueron fundadores de la CNT en su pueblo natal, Villaroya de la Sierra. Algo que nunca se ha llegado a demostrar. Lo que sí se sabe es que ambos militaban en el sindicato, motivo por el que fueron fusilados. Manuel Lapeña (en la imagen de la izquierda sobre estas líneas), era técnico veterinario en Villaroya de la Sierra. Su muerte quedó registrada el 14 de agosto de 1936, casi un mes después de su desaparición. Su cuerpo apareció en el barranco de La Bartolina (Calatayud) y fue enterrado en una fosa común para, en 1959, ser trasladado al Valle de los Caídos por orden del Ministerio de Gobernación. Su hermano Antonio Ramiro (a la derecha) era herrero. Huyó en octubre de 1936, para después entregarse y ser fusilado; también sus restos terminaron en el Valle de los Caídos. En ambos casos, no existe constancia de un juicio cuya condena fuera la pena de muerte.
Tras años en los juzgados, su nieta y sobrina nieta obtuvo ayer el visto bueno para poner en marcha laprimera exhumación en el Valle de los Caídos.
El juez resolvió que sus cuerpos tienen una «alta probabilidad» de encontrarse en los columbarios comprendidos entre el 2061 y el 2069 de la cripta principal del Valle de los Caídos, y que la única forma de probarlo es a través de una prueba de ADN. Esta decisión pone punto final a las demandas que María Purificación Lapeña, nieta y sobrina nieta de los desaparecidos, ha interpuesto reclamando una muestra genética que le permitiese enterrar los restos de sus familiares.
Lapeña acudió a la Justicia por primera vez en 2012, y en 2014 recurrió al Tribunal de Estrasburgo para demandar a España al considerar que inclumplía el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Su objetivo era de que la Audiencia Nacional tomara una muestra del perfil genético que permitiese cotejar su ADN con el de su abuelo y su tío abuelo. Ahora, Patrimonio Nacional inicia los trámites para encontrar el mejor método para poner en marcha los trabajos en el complejo, que aún no tienen fecha prevista.
La Asociación de Niños Robados reclama una declaración institucional a las Cortes de Aragón en apoyo a su proposición de ley nacional para impulsar la investigación de estos delitos
Este colectivo social ha expuesto hoy, en la Comisión de Comparecencias, las claves de la proposición de ley estatal de bebés robados que han realizado y, para su defensa, han solicitado a las Cortes una declaración institucional de apoyo a esta iniciativa que pretende servir para investigar este trágico episodio
Zaragoza, 03/04/2018.- La Comisión de Comparecencias y Derechos Humanos ha comenzado esta mañana con la intervención de la Asociación “Todos los niños robados son también mis niños”, que ha expuesto las principales líneas de una proposición de ley estatal de bebés robados en la que están trabajando. En este sentido, desde este colectivo han solicitado a las Cortes de Aragón, como primer Parlamento Autonómico que visitan, una declaración institucional de apoyo para esta iniciativa de impulso dirigida al Ejecutivo central.
Mayte Parejo, abogada y vicepresidenta de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, ha explicado que la proposición, que han presentado a todos los grupos políticos del Congreso, “intenta ser muy pragmática, muy concreta, ya que prioriza lo fundamental para que se comience a trabajar de forma real con mecanismos y recursos en favor del derecho a la verdad”. A continuación, ha comentado que, en los últimos años, “están naciendo iniciativas nacionales e internacionales para que las victimas puedan encontrar a sus hijos robados”, mientras que, asimismo, ha reclamado “actuaciones y mecanismos estatales que permitan la investigación”.
Por su parte, Soledad Luque, portavoz de la asociación “Todos los Niños Robados Son También Mis Niños”, ha comentado que el trabajo de su colectivo gira en torno a tres ámbitos: el social, acompañando a las víctimas en la búsqueda; el político, promoviendo medidas e iniciativas, y, por último, el judicial, participando en acciones como apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo.
”Es mucho tiempo y muchas víctimas. Estamos en 2018 y cuarenta años después estos crímenes siguen sin resolverse, ni se están buscando, ni hay nadie en la cárcel”, ha lamentado Luque. Además, por otra parte, esta representante ha denunciado que las resoluciones de organismos internacionales como la ONU “no se están cumpliendo”. Por otro lado, ha expuesto que algunas leyes de memoria democrática de diferente comunidad autónomas como la de Aragón incluyen la realidad de los bebés robados. “Celebramos la inclusión, pero para que su aplicación sea efectiva debemos dotar de un marco estatal para hacer posible su cumplimiento”, ha finalizado.
El diputado del PP Fernando Galve ha tomado la palabra por parte del Grupo Popular. “Estamos hablando de delitos muy graves y es obligación de todos los poderes públicos poner todos los recursos encima de la mesa para que ante estos hechos, en caso de que se demuestren, se pague por ellos”, ha defendido. En su opinión, “es de justicia y no puede ser de otra manera”. Galve, durante su intervención ante la Comisión esta mañana, también ha apostado por “un compromiso firme para investigar” y “medidas en el ámbito de la justicia”.
El socialista Enrique Pueyo ha agradecido “la gran labor” de la asociación ante “una atrocidad que se ha producido en España durante tantos años”. “Una realidad cruenta que ha vivido nuestro país en las últimas décadas”, ha expuesto. Para el portavoz del PSOE, “actuaron con total impunidad a merced del régimen y, después, del dinero”. “Que te arrebaten un hijo recién salido de una madre tiene que ser muy doloroso, pero aún más el desamparo de saber que es mentira. Necesitamos cerrar esta tragedia cuanto antes con una investigación efectiva”, ha manifestado.
Para Itxaso Cabrera, encargada de posicionar a Podemos, “es una atrocidad” el relato expuesto esta mañana en Comisión. “En tiempo democrático también se han producido casos. Atenta contra los derechos y la democracia”, ha relatado. En su opinión, “ha imperado la impunidad de los más poderosos” con “robos auspiciados por el régimen y negocio de quienes regían las normas y sus intereses privados y particulares”. “La cifra es incalculable. Miles de mujeres con el corazón roto y los brazos vacíos”, ha lamentado.
La portavoz del PAR en esta Comisión, Lucía Guillén, ha calificado la propuesta de las comparecientes como “muy importante”. “Un tema tapado durante mucho tiempo está cobrando fuerza desde el año 2000. Hay que avanzar como sociedad y para ello hay que cerrar capítulos. Este lleva abierto cuarenta años, es hora de buscar soluciones”, ha manifestado esta compareciente. Guillén también ha defendido que “todavía muchas preguntas no tiene respuesta porque, hasta ahora, por desgracia, no ha habido justicia”.
Por parte de Ciudadanos, Jesús Sansó ha valorado como “un honor ser el primer Parlamento autonómico que escuche estas reivindicaciones”. Este diputado ha asegurado que “los españoles no hemos superado el trauma que supuso la Guerra Civil y la dictadura posterior”. “Para que una herida pueda curarse, antes debe ser limpiada”, ha sentenciado este portavoz. En su opinión, “es imprescindible conocer la verdad”. “Verdad, justicia, reparación y no repetición”, ha añadido haciendo suyas las palabras de expresadas por las comparecientes.
Desde el Grupo Mixto, Carmen Martínez (CHA) ha recordado que “los niños perdidos son también parte de las víctimas del franquismo”. “Pasamos de hablar de niños perdidos a bebés robados. Continuó durante décadas apoyado en un entramado legal que entonces existía y pertenecía a un móvil ideológico y económico”, ha lamentado. Para ella, “la petición de hoy es de justicia y CHA va a trabajar y apoyar para conseguir esa declaración institucional”. “Nuestro grupo no es ajeno al dolor y a las búsquedas”, ha añadido.
El Ayuntamiento de Zaragoza, en cumplimiento de la moción aprobada en Pleno el 23 de diciembre de 2015, da los primeros pasos para interponer una querella criminal a los efectos de iniciar una investigación por los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista en la ciudad de Zaragoza.
En una reunión del consejero de Cultura, Fernando Rivarés, con la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA) y la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA) se ha decidido abrir un Oficina de atención a las víctimas para recoger los testimonios y documentar los hechos que permitirán elaborar un informe que servirá como base para presentar la querella en los tribunales.
Zaragoza forma parte de la Red de ciudades contra la impunidad que pretende practicar la justicia y la reparación a las víctimas de los delitos contra la humanidad perpetrados por el franquismo.
El Valle de los Caídos en una imagen de archivo. EFE
