Ayuntamiento de Madrid: otra humillación a las víctimas del franquismo
Fundación 1º de Mayo/Ramón Górriz y José Babiano
El ayuntamiento ha aprobado la retirada de las calles a nombre de Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero
Como es conocido, el pleno del Ayuntamiento de Madrid del pasado 28 de octubre aprobó con los votos de PP, Ciudadanos y Vox una resolución destinada a eliminar del callejero de la capital los nombres de los dirigentes históricos socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto. La propuesta de resolución, de deficiente sintaxis, vino de la mano del grupo de extrema derecha y fue defendida en el pleno por su concejal Javier Ortega Smith. Ortega Smith cuenta en su haber con una sucinta pero laudatoria obra de Falange, el partido fascista español por excelencia y de su fundador, José Antonio Primo de Rivera. La fecha de aprobación de la resolución no es una mera casualidad. Se produce un par de semanas después de la aprobación en el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática contra el que han apuntado sus baterías la derecha mediática.
Como ya han dado cumplida cuenta los medios de comunicación la resolución se sustenta en un cúmulo de falsedades y manipulaciones sobre la II República y la Guerra Civil plagiadas de la literatura histórica franquista y que repiten los historiadores aficionados negacionistas. Al PP y a Ciudadanos se les ocurrió la idea, que gustosamente aceptó Vox, de fundamentar la resolución en el artículo 15 de la llamada Ley de Memoria Histórica; es decir, la Ley 52/2007. Han tenido que retorcerla porque ese artículo se refiere a la exaltación de la sublevación de 1936, de la guerra y la represión durante la dictadura. Desde ese punto de vista la resolución es ilegal.
Por supuesto, la resolución municipal pasa por alto el hecho de que tanto Prieto como Largo Caballero fueron ministros y en el segundo caso también presidente del Gobierno de la República. Se trata, por lo tanto, de altos dignatarios de un régimen legal y legítimo. Y no sólo eso, sino que los crímenes atribuidos son pura invención.
A la derecha franquista le gusta decir que la guerra civil tuvo su origen en un supuesto golpe de estado en octubre de 1934, en lugar de en un golpe militar con planes de exterminio. Lo cierto es que ni Largo Caballero ni Prieto perpetraron golpe de estado alguno en octubre de 1934. Lo que hicieron fue convocar una huelga general. De hecho, a Largo Caballero le detuvo la policía en su propio domicilio.
Largo Caballero fue ministro de Trabajo entre 1931 y 1933, desplegando una amplia labor legislativa en materia sociolaboral. Hasta tal punto que académicamente se considera que fue en ese momento cuando surgió el Derecho del Trabajo en España. Ya en la guerra nada tuvo que ver con el orden público en Madrid, que estaba en manos del poder local. En cambio, fue labor fundamental suya la restitución del Estado republicano frente a la multiplicidad de poderes surgidos como respuesta al golpe de estado. Multiplicidad de poderes y también violencia política en la retaguardia republicana que no puede entenderse con las gafas del presente, sino en su contexto. Un contexto en el que a buena parte de los trabajadores y de los campesinos pobres les dio por pensar que el combate contra el fascismo iba parejo con la lucha por un nuevo orden social de carácter emancipatorio.
Tanto Indalecio Prieto como Largo Caballero murieron en el exilio, huyendo de una muerte segura en manos de los vencedores. Largo Caballero, además, pasó por los campos de concentración nazis. De manera que el Ayuntamiento al posicionarse contra una victima de los campos nazis se posiciona con los victimarios.
A los partidos que conforman la mayoría de la corporación madrileña todo esto les da igual. No es que en la argumentación de la resolución haya errores sobre la historia, como se ha dicho estos días. Más bien es que la derecha y la extrema derecha siguen leyendo el pasado en términos de victoria. En todo caso, la resolución ha de pasar por Junta de Gobierno donde ha de fundamentarse debidamente, si no se quiere incurrir en ilegalidad.
Por otro lado, la resolución municipal destinada a eliminar a Largo Caballero y a Prieto cuenta con antecedentes. Martínez Almeida ya eliminó la estela conmemorativa con los nombres de los más de dos mil madrileños fusilados en las tapias del cementerio del Este después de la guerra. Una humillación a las víctimas, bajo la argucia de que una parte de ellos fueron chekistas. Chekistas porque así lo determinaron una serie de consejos de guerra franquistas ilegales e ilegítimos, cuyas actuaciones y sentencias serán anuladas próximamente por la Ley de Memoria Democrática. Tampoco la resolución sobre la expulsión de Largo Caballero y Prieto será la última humillación a las víctimas del franquismo porque la derecha y la extrema derecha están cambiando su posición: del “no hay que remover el pasado para no reabrir heridas” han pasado a disputar en el campo de la memoria histórica con su propio enfoque filofranquista.
Martínez Almeida necesita sentir la suficiente presión social como para evitar llevar a efecto la ignominiosa resolución del pasado 28 de septiembre. Es una batalla que le corresponde ante todo a las asociaciones de víctimas y al movimiento memorialista en su conjunto. Sabemos que existen sensibilidades y preocupaciones diversas, pero el ataque del Ayuntamiento, que, como decimos, no será el último, afecta a todas las víctimas y a la totalidad del memorialismo. Se necesita torcer el rumbo de revisionismo histórico emprendido por la corporación municipal madrileña.
En este contexto, la iniciativa del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática significa una importante movilización política. Hace falta ahora una movilización social para conjurar las amenazas de revisionismo histórico y llevar a buen puerto una norma que garantice, por fin, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para las víctimas de los crímenes del franquismo.
