La querella interpuesta hace casi 2 años ha sido sobreseída al entender la juez que concurre “cosa juzgada”.
La querella interpuesta hace ya casi dos años por Sanfermines-78: Gogoan!, familiares de Germán Rodríguez, varias personas heridas en aquellos sucesos, la Federación de Peñas de Iruñea, el Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea y apoyada por el propio Parlamento de Navarra, ha sido sobreseida por entender la titular del Juzgado n.º 5 de Pamplona que concurre “cosa juzgada, atendiendo a que los hechos objeto de denuncia fueron objeto de otros procedimientos con anterioridad”.
Ofrenda floral en homenaje a Germán Rodríguez, en julio de este año. Javier Bergasa
Sanfermines-78: Gogoan! ha expuesto en una nota que casi40 años después de que la Justicia “mirara hacia otro lado y afirmase que no procedía juzgar a policía alguno, por no poderse determinar su responsabilidad en aquella criminal agresión, el Juzgado n.º 5 ha hecho un corta y pega de aquellos autos de archivo y ha repetido lo que entonces nos dijeron”.
Después de más de veinte meses en los que el Juzgado no ha practicado diligencia alguna tendente a revisar lo entonces actuado, “la Justicia vuelve a dar un bofetón a la ciudadanía navarra y dice que lo que vieron 20.000 mil personas en la plaza de toros y presenciaron decenas de testigos que afirmaron que Germán Rodríguez fue asesinado por la Policia, solamente existió en su imaginación”.
“En este sentido, nuestra discrepancia con la resolución judicial de sobreseimiento y archivo es total. En primer lugar, porque, tal como ha señalado el Tribunal Supremo, nada impide a un tribunal investigar los hechos cuando otro anterior se ha negado a ello y existan nuevas pruebas, como es el caso. Y en segundo término, porque la aplicación del Derecho Internacional a los crímenes de lesa humanidad es preeminente y exigible, exista o no tipificación propia en la legislación española. Por estas razones, en los próximos días interpondremos el pertinente recurso de apelación contra la resolución dictada”, indica SF78.
“La Justicia española, dispuesta a juzgar los crímenes de lesa humanidad siempre que estos sean cometidos en otros países (Chile: Pinochet; Argentina: Scilingo; El Salvador: Montano…), pero no en el propio, sigue siendo reacia y, en última instancia, cómplice, a la hora de perseguir y juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, en los que se enmarcan los sucesos de Sanfermines de 1978, y otros similares como los de el 3 de marzo vitoriano, los crímenes de Montejurra, la semana negra madrileña, los asesinatos habidos durante la II Semana pro-amnistía, etc.”, continúa la asociación.
Sanfermines-78: gogoan! afirma que lo sucedido en aquellas fiestas no fue casual, sino que se trató de una intervención premeditada. “Un auténtico crimen de Estado incubado en el marco de la Policía y el Ministerio del Interior, cuyo responsable político principal fue el entonces ministro Martín Villa y el Gobierno de UCD”.
Hoy se cumplen 45 años del asesinato de las últimas cinco personas a las que Francisco Franco mandó fusilar. Este 27 de septiembre se cumple el aniversario en el que José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui mancharon de sangre el alba de Barcelona, Burgos y Hoyo de Manzanares (Madrid). A día de hoy siguen impunes los jueces que condenaron, los ministros que convalidaron y los voluntarios que participaron en los piquetes de ejecución de estos asesinatos “legales”. Igual que ocurre con los responsables de los centenares de miles de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y otros múltiples delitos cometidos durante toda la dictadura franquista.
Los asesinatos del 27 de septiembre suponen y representan un crimen de Estado, un crimen internacional, un crimen contra la humanidad, al haberse cometido en un contexto en el que la dictadura franquista, fiel a su política sanguinaria, ejercía una represión sistemática contra la población civil y muy en particular contra todos aquellos que se oponían a la dictadura. Miles de personas se movilizaron en todo el mundo para evitar estos asesinatos, pero Franco decidió morir matando. A pesar de haber transcurrido ya 45 años desde ese funesto día, las familias de los asesinados continúan exigiendo todavía una justicia que se les ha negado en democracia.
Una democracia que, a diferencia de los países que sufrieron regímenes autoritarios y fascistas homologables al español, no ha podido juzgar su dictadura, sus crímenes y a sus criminales, una auténtica excepción en Europa. En torno a esta excepcionalidad democrática española se ha construido un régimen de impunidad único en el mundo, como reconoció el filósofo Jon Elster en un estudio comparado, al afirmar que “el caso español es único dentro de las transiciones a la democracia por el hecho de que hubo una decisión deliberada y consensuada de evitar la justicia transicional”.
Esta impunidad es la base sobre la que se asienta tanto la permanencia del aparato represivo del Franquismo como, sobre todo, el mantenimiento del bloque económico y de poder que transitó de la dictadura a la democracia. Porque si algo caracterizó a la Transición fue que las élites del franquismo transitaron impunemente al nuevo marco constitucional, conservando intactos los privilegios que habían acumulado durante la dictadura y gracias a ella.
Esta sistemática inactividad, omisión e incluso obstrucción activa a cualquier posibilidad de juzgar al franquismo por parte de las autoridades políticas y jurídicas de nuestro país ha motivado que las víctimas de la dictadura hayan tenido que recurrir a instancias internacionales en defensa de sus derechos. Así, han interpuesto las correspondientes querellas por estos hechos ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires, en el que se tramita la denominada querella argentina en virtud del principio de Justicia Universal.
La presentación de dichas querellas originó que el Juzgado argentino imputara en el año 2014, por delitos de homicidio agravado en un contexto de crímenes contra la humanidad, entre otros, a dos ministros franquistas, Fernando Suárez González y José María Sánchez Ventura Pascual –hoy fallecido- y a uno de los vocales auditores que actuó en los Consejos de Guerra que dictaron las condenas a muerte ejecutadas el 27 de septiembre, Jesús Cejas Mohedano.
bien las autoridades judiciales argentinas interesaron su extradición, dichos pedidos fueron denegados por el Consejo de Ministros español en el mes de marzo de 2015. También el Juzgado argentino, durante el año 2016, solicitó que se tomara declaración indagatoria a los imputados por parte de los Juzgados y Tribunales españoles y esa posibilidad también fue rechazada por éstos. Esto es, el Estado español ni investiga ni juzga tan horrendos crímenes, ni colabora, tal y como está obligado, con la justicia argentina para esclarecer y enjuiciar los hechos denunciados. Todo ello a pesar de que tal y como estipulan las normas del derecho internacional de los Derechos Humanos firmadas por España, ninguna ley, práctica o decisión política o judicial puede amparar crímenes contra la humanidad como los que se cometieron sistemáticamente durante toda la dictadura franquista.
Sirva de ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito y ratificado por España antes de que se dictara la Ley de Amnistía, y que establece, en su artículo 15.2, que nada impedirá el juicio y la condena por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.
Hace unos días conocimos el contenido del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática presentada ante el Consejo de Ministros. El contenido normativo que incorpora el citado Anteproyecto, si bien supone un avance muy sustancial en relación con el reconocimiento de determinados derechos a las víctimas de la dictadura y la Transición, en el terreno de la Justicia las medidas que prevé son insuficientes. Básicamente porque no modifica de forma sustancial los elementos jurídicos que esgrimen los Juzgados y Tribunales españoles en múltiples resoluciones para archivar todas y cada una de las acciones penales que se ejercitan.
Estos elementos, como son la Ley de Amnistía de 1977, el principio de legalidad y la prescripción de los delitos, deben ser desplazados, en cuanto a su aplicación, atendiendo al contenido de los Convenios y Tratados Internacionales ratificados por el Estado español en esta materia. Pero los Juzgados y Tribunales españoles no lo hacen, se niegan a hacerlo, y así lo han venido afirmando en sus resoluciones.
Aunque sea con 45 años de retraso, esta democracia no puede permitirse el lujo de mantener la impunidad del franquismo sobre sus espaldas. No hay justificación ética, política o jurídica que justifique no remover definitivamente los obstáculos que impiden garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas de la dictadura y sus familiares. No solo se lo debemos a Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo Solla, Ramón García Sanz, Ángel Otaegui y Juan Paredes Manot “Txiki”, los últimos fusilados por el franquismo. Sino que nos lo debemos a nosotros mismos como sociedad, porque una democracia que haga honor a ese nombre, no puede seguir transitando por la larga noche de la impunidad.
El 27 de septiembre de 1976 fueron fusilados 5 hombres luchadores por la libertad. Fueron las últimas personas fusiladas por el franquismo. A pocos meses de morir el dictador. Franco murió matando.
Este sábado 26 de septiembre organizamos, telemáticamente, un homenaje a los últimos fusilados por la dictadura franquista el 27 de septiembre de 1975. Será a 18:30 horas, la misma hora en que el Consejo de Ministros de la dictadura firmaba el enterado de las penas de muerte, un 26 de septiembre de 1975. Los cinco fueron fusilados a la mañana siguiente en Burgos, Barcelona y Madrid.
Con este acto pretendemos realizar un homenaje en este aniversario, sin apartar la vista de la Querella Argentina. No nos cansaremos de pedir Justicia y que se juzguen los crímenes del franquismo. A día de hoy siguen impunes personajes directamente ligados a esas ejecuciones del 75: Fernando Suárez González, Vicepresidente tercero y ministro de Trabajo en 1975, que firmó el enterado de las penas de muerte y que hoy figura como impulsor de la transición y la democracia y es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde 2007. O Jesús Cejas Mohedano, vocal de los Consejos de Guerra de El Goloso, cuya firma validó las condenas a muerte.
El acto contará con la presencia de: Victoria Sánchez-Bravo, hermana de José Luis Sánchez-Bravo; Flor Baena, hermana de Xosé Humberto Baena; Fernando Sierra, procesado en el Consejo de Guerra de El Goloso; Sebastián Martínez, abogado de la familia Puig Antich; y Jacinto Lara, abogado de CEAQUA en la Querella Argentina. La presentación y coordinación correrá a cargo de Ana García, de La Comuna, presxs y represaliadxs del franquismo.
También te animamos a ver el documental producido para este 45 aniversario, en el que hemos recogido testimonios cercanos a LoQueSomos, de las curtidas militancias antifranquistas, imágenes de recuerdo, narraciones de los cuatro supervivientes de aquellos consejos de guerra, el relato-resumen de lo que significó a nivel internacional aquel último zarpazo de muerte. El mundo entero se revolvió contra los macabros fusilamientos: 27 de septiembre 1975. Memorias, un clic!.
Te esperamos este sábado en el homenaje por el 45 aniversario de los últimos fusilados del franquismo.
Hacemos tuya la convocatoria para que la distribuyas y des a conocer.
Enlace para ver la charla de este sábado a las 18;30 horas… https://youtu.be/6G0dHpYYNOk
27 de Septiembre, Día de la Resistencia Antifranquista #27SResistenciaAntifranquista #27sep75 #AlAlba #VientosDeDignidad
La denominada querella argentina es la única acción penal abierta contra el franquismo y sus crímenes en ochenta años. En el Estado español, sus distintos gobiernos se han opuesto siempre a la apertura de cualquier tipo de iniciativa al respecto. La impunidad más absoluta ha acompañado hasta ahora a todos los responsables de aquellos crímenes.
Por esta razón, el proceso abierto por la jueza Servini solo puede merecer nuestro más reconocido apoyo. Los execrables crímenes cometidos por aquella dictadura reclaman ya, sin demora alguna, verdad, justicia y reparación: asesinatos, desapariciones, expolio patrimonial, trabajo esclavo, torturas, sobreexplotación laboral, robo de bebés, persecución por razones de identidad sexual, misoginia civil, social y penal, totalitarismo nacional, cultural y religioso,€. Mientras el franquismo no sea sentado en el banquillo de los acusados, los pilares del actual régimen seguirán asentados en este lodazal.
El próximo 3 de septiembre, la jueza argentina María de Servini ha citado a declarar al exministro franquista Martín Villa, imputado como presunto responsable de distintas actuaciones policiales que forman parte de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo. Se le acusa, entre otros hechos, de la matanza del 3 de marzo de Gasteiz, la agresión criminal habida durante los Sanfermines de 1978, los asesinatos cometidos durante la II Semana pro-amnistía en Euskal Herria, así como otros similares realizados en Madrid, Barcelona, Alacant, Tenerife, Málaga.
Tras las arrogantes y repetidas declaraciones del imputado y sus abogados de tener disposición absoluta de ayudar a la Justicia, el de ahora es el cuarto intento de tomarle declaración. El primero, previsto para el 9 de septiembre de 2019, fue suspendido por razón de la inminente celebración de las elecciones argentinas en octubre de ese año, debido a que la jueza Servini es la máxima autoridad judicial en materia electoral en aquel país. El segundo, previsto para el pasado 20 de marzo, fue retrasado debido al confinamiento por coronavirus existente en el Estado español, aplazándose hasta el 26 de mayo. Y este también tuvo que ser suspendido por la jueza Servini debido a la situación de pandemia vivida esta vez en la propia República Argentina. Por esta misma razón, la toma de declaración a Martín Villa se hará ahora por videoconferencia, desde la sede de la embajada argentina en Madrid.
Nuestra esperanza es que quien es el principal jerarca franquista hoy vivo (jefe nacional del SEU, secretario general del Sindicato Vertical, procurador en Cortes, gobernador civil de Barcelona, ministro de Relaciones Sindicales y ministro del Interior), pase, de ser imputado, a ser formalmente procesado por su participación en los crímenes antes descritos, abriéndose así las puertas a su juicio y condena posterior. Queremos ver a Martín Villa sentado en el banquillo para responder a las acusaciones realizadas por sus víctimas y familiares de éstas. Es por ello que la declaración del próximo 3 de septiembre adquiere una gran importancia, pues puede dar paso a que otros imputados franquistas tengan también que declarar, otras víctimas denuncien nuevos crímenes y la propia justicia española se vea abocada a abrir procesos de investigación de todos los crímenes del franquismo.
En Euskal Herria, numerosos ayuntamientos han dado su apoyo formal a la querella argentina, llegando incluso a declarar a Martín Villa persona non grata. También se han sumado a esta exigencia de justicia las Juntas Generales de Araba y de Gipuzkoa, y el propio Parlamento de Navarra, interponiendo querellas propias o apoyando las realizadas por familiares de las víctimas de los crímenes franquistas. Merece señalarse además que el abanico político que, con distintos grados de intensidad, ha apoyado estas iniciativas, representa a la gran mayoría de las fuerzas políticas democráticas y de izquierdas de nuestro pueblo: EAJ-PNV, EH Bildu, PSE-PSN, EB-IU, Podemos-Ahal Dugu, Geroa Bai,€Cientos han sido a su vez las organizaciones sociales que se han pronunciado en un sentido similar: grupos de memoria histórica, sindicatos, colectivos feministas, ecologistas, juveniles. La exigencia de juicio al franquismo es hoy un clamor muy mayoritario en Euskal Herria.
Por esta razón, el 3 de septiembre estaremos presentes frente a la embajada argentina en Madrid para expresar nuestro apoyo a la querella tramitada por la jueza Servini y nuestra exigencia de juicio para Martín Villa y el franquismo por él representado. Lo haremos junto con decenas de organizaciones de memoria histórica, especialmente con las agrupadas en torno a la Coordinadora estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA). Además de en Madrid, también en el Pais Valencia, Asturias€, se realizarán actos y concentraciones similares.
Aquí, en Euskal Herria, lo haremos en Iruñea, a las 12.00 horas, frente a los juzgados de esta ciudad, en una concentración en la que tomarán parte también representantes de los ayuntamientos y grupos municipales que durante estos años han prestado su apoyo activo a esta exigencia de justicia para con los crímenes franquistas.
Queremos que acabe ya esa vergonzante y cómplice impunidad que nació en la dictadura, atravesó la Transición y ha llegado hasta nuestros días. Estamos convencidos además de que, llevar a feliz puerto la querella iniciada, servirá para abrir las puertas a un saneamiento profundo de los importantes vicios y deficiencias democráticas que arrastra el actual régimen, a los que, por si fuera poco, se han sumado en los últimos años escandalosos recortes en materia de libertades democráticas, legislación penal y política penitenciaria.
FIrman este artículo: Fermín Rodríguez(Sanfermines-78: Gogoan!), Andoni Txasko (Martxoak 3 Elkartea), Josu Ibargutxi (Goldatu Elkartea), Julia Monge (Intxorta Elkartea), Luis Fuentes (CNT Euskadi). Plataforma vasca contra los crímenes del franquismo
El portavoz de la asociación Martxoak 3, Andoni Txasko, confía en que tras la declaración de Martín Villa, prevista para el 3 de septiembre, la jueza vea indicios suficientes para su procesamiento.
La jueza argentina María Servini, que investiga los crímenes del franquismo, ha citado a declarar para el próximo 3 de septiembre al exministro Rodolfo Martín Villa por vía telemática desde la embajada de Argentina o desde una representación consular de este país en el Estado español.
Se trata de un paquete procesal en el que se incluyen la matanza del 3 de marzo del 76 en Vitoria-Gasteiz. El portavoz de la asociación de víctimas “Martxoak 3 de marzo“, Andoni Txasko, confía en que “esta vez sí, Martín Villa declare ante la jueza y sea procesado por su implicación en los crímenes del franquismo“
De nuevo la jueza argentina señala fecha para toma de declaración indagatoria a quien se considera responsable de varias de las muertes violentas de los últimos años del franquismo y los primeros de la transición
“Por resolución de fecha 27 de julio de 2020, dictada por la Jueza Servini de Cubría, como titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de la República Argentina, se ha acordado tomar declaración indagatoria, por vía telemática, a Rodolfo Martín Villa en la representación consular o embajada del citado país en España para el próximo 3 de septiembre de 2020“. Así lo ha informado la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo, CEAQUA en un comunicado.
Esta jueza argentina es la encargada de investigar diferentes crímenes del franquismo y de la Transición incluidos en la llamada “querella argentina”. “Después de múltiples intentos para que dicha declaración se produjera, de la obstaculización constante del Estado español para impedir la misma, desde CEAQUA expresamos nuestro deseo de que finalmente el citado acto procesal pueda celebrarse”, añade el texto remitido a los medios de comunicación.
Desde CEAQUA recuerdan los hechos por los que se imputan delitos de homicidio agravado en un contexto de crímenes contra la humanidad a Martín Villa por parte del Juzgado argentino. Son los siguientes:
– Masacre del 3 de marzo de 1976 sucedida en Vitoria/Gasteiz, siendo Ministro de Relaciones Sindicales.
– Muerte de Rafael Gómez Jáuregui el 12 de mayo de 1977 en Rentería; de José Luis Cano Pérez el 14 de mayo de 1977 en Pamplona; de Francisco Javier Núñez el 15 de mayo de 1977 en Bilbao; de José María Zabala Erasun el 8 de septiembre de 1976 en Hondarribia: de María Norma Menchaca el 9 de julio de 1976 en Santurce; y de Arturo Ruiz García el 23 de enero de 1977 en Madrid.
– Sucesos acontecidos en la ciudad de Pamplona los días 8/9 de julio de 1978 durante la celebración de las Fiestas de San Fermín.
“Esperemos que Martín Villa, tal y como ha expresado en reiteradas ocasiones, cumpla con su obligación y se persone en la fecha indicada para que puedan las autoridades judiciales argentinas tomarle declaración indagatoria, pues una vez que se produzca, la Jueza María Servini de Cubría, podrá resolver lo que proceda respecto a su procesamiento”, concluyen.
Artículo que recoge los trabajos de los presos del franquismo construyendo carreteras. Uno de los querellantes en la querella argentina contra los crímenes del franquismo acompañó al redactor.
Desgraciadamente ya está fallecido. Prácticamente no quedan testigos de los trabajos esclavos de los presos y presas del franquismo
Entre Guipúzcoa y Navarra, trazamos un itinerario por carreteras preciosas que ocultan una historia terrible: fueron construidas por presos republicanos.
https://bit.ly/3huhj9d
Luis Ortiz Alfau (señalado en el centro), con otros trabajadores forzados. ARCHIVO DE LUIS ORTIZ ALFAU
Tuvo que venir Luis Ortiz Alfau, pocos días antes de cumplir 100 años, a mostrarnos cosas que nunca habíamos visto en los sitios por los que siempre pasamos. En la primera rampa de Jaizkibel, una de las carreteras más frecuentadas por los ciclistas guipuzcoanos, aún resisten unos muros ruinosos entre la vegetación.
-Aquí nos amontonaban a los presos que construimos estas carreteras. Nos lo hemos callado toda la vida. Yo he pasado medio siglo invernando como los osos, y ya sabéis que los osos, cuando se despiertan, tienen mucha hambre y están muy activos, ¿no?
Más que un oso, Luis parecía un pajarito: un hombre con boina que no llegaba al metro sesenta, delgado, de movimientos muy ágiles, que achinaba los ojos y acercaba el oído para escuchar mejor. Aquel día de septiembre de 2016 viajó desde su casa en Bilbao hasta Jaizkibel, 250 kilómetros ida y vuelta en el coche de su amigo Valentín, para desvelar una placa entre las ruinas. Hasta muy poco antes de morir con 102 años, viajaba a los homenajes a las víctimas del franquismo, a los desenterramientos de esqueletos en fosas y trincheras, a las mesas redondas para contar su historia de la guerra como voluntario de la Izquierda Republicana, su testimonio del bombardeo de Gernika, la batalla de Elgeta, el frente de Catalunya, la huida a Francia, los campos de concentración, los trabajos forzados, la represión de una posguerra interminable.
-Es que no queda nadie más, así que tengo que venir y dar testimonio.
Hasta que escuchamos a Luis no nos habíamos dado cuenta. Nuestros mejores recorridos ciclistas (Jaizkibel, Erlaitz-Pikoketa, Arkale, Aritxulegi, Agina, Artesiaga…) siguen precisamente las carreteras construidas por los trabajadores forzados de la posguerra: carreteras solitarias, serpenteantes, asomadas al mar, sumergidas en bosques, montaña arriba, montaña abajo, carreteras absurdas por las que apenas circulan coches. Son una maravilla: fueron un horror. Los ingenieros no las proyectaron con ninguna lógica civil, sino con una lógica militar antigua. Entre 1939 y 1945, las nuevas autoridades franquistas construyeron estas carreteras cerca de la frontera con Francia porque temían invasiones y querían rutas para subir a las fortificaciones de la montaña, pasar tropas de un valle a otro, comunicar puestos remotos. Podían permitirse estas obras tremendas porque contaban con mano de obra barata: quince mil presos republicanos en Guipúzcoa y Navarra, a los que castigaban y de paso inculcaban “el hábito profundo de la obediencia”, como decían los reglamentos de aquellos batallones. No tenían ningún delito que imputarles, no les hicieron ningún juicio ni les dictaron ninguna condena. Igual que a otros cien mil en toda España, los clasificaron como “desafectos al régimen” y los mandaron a picar piedra a valles remotos. Construyeron carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, pantanos y canales, con un beneficio para el Estado de 780 millones de euros, según cálculos de Isaías Lafuente.
Carretera de Aritxulegi y Agina. ANDER IZAGIRRE
-A mí me empujaron con un fusil y me dijeron tira p’alante. Ese fue todo el contrato que me hicieron -contaba Luis.
El absurdo de Jaizkibel
En Lezo, a nueve kilómetros de San Sebastián, arranca la subida a la montaña costera de Jaizkibel. Por aquí han subido los mejores corredores del último medio siglo durante la Clásica de San Sebastián, la Vuelta al País Vasco, incluso el Tour de Francia, por aquí subimos una y otra vez los ciclistas de la zona. Ahora, al pasar ante la placa que inauguró Luis en la primera rampa, ya no podemos ignorar los restos de los barracones de los presos, los almacenes, las cocinas. Nos damos cuenta también de lo absurda que es esta carretera: si ya existe la nacional que va directa de San Sebastián a Irún, ¿para qué sirve este itinerario sinuoso que sube y baja por una montaña despoblada?
Superamos unas rampas duras, con desniveles del 10% y el 12%, hasta pasar a la ladera oceánica de Jaizkibel. Allí subimos ya más suave, asomados a los acantilados y con vistas a casi toda la costa vasca, desde el faro de Biarritz hasta el cabo de Matxitxako. Luego bajamos veloces hacia el fuerte de Guadalupe, el motivo por el que existe esta carretera: una mole de 30.000 metros cuadrados con muros, fosos, búnkeres, baterías, nidos de ametralladoras, patios, túneles, alojamiento para seiscientos soldados y cañones que apuntaban a la frontera francesa, a Hendaia, a la desembocadura del Bidasoa. Lo levantaron en 1900 y enseguida, con el nacimiento de la aviación, ya no servía para nada. Pero los franquistas mandaron a miles de presos a construir la carretera de Jaizkibel solo para disponer de otro acceso hasta esta fortaleza, donde instalaron un observatorio y algunas ametralladoras. Si abrieron la carretera por la vertiente océanica, mucho más abrupta que la vertiente interior, era porque así quedaba oculta y no podían bombardearla desde Francia.
El fuerte de Guadalupe nunca sirvió para nada, que es lo mejor (lo único bueno) que se puede esperar de sitios así. Y la carretera quedó para uso casi exclusivo de ciclistas, montañeros y turistas.
Luis Ortiz Alfau, ante la casa en la que estuvo dos años en Vidángoz. ANDER IZAGIRRE
El campamento Babilonia
Pasamos de Hondarribia a Irún, donde una pequeña carretera sigue la orilla del arroyo Arantzate hacia el sur. Debería terminarse en la base de las Peñas de Aia, un poderoso macizo de granito, pero allí obligaron a los presos a abrir una subida brutal (cuatro kilómetros al 10%) hasta un viejo fuerte abandonado en la cumbre de Erlaitz, para bajar luego a Oiartzun. En esa bajada está el caserío de Pikoketa, donde las tropas franquistas fusilaron a trece milicianos que defendían un pequeño puesto en la montaña. Un monolito y una placa recuerdan los nombres de las víctimas, muchas de ellas chicas y chicos entre 16 y 18 años. Y casi al final de la bajada, junto al poste kilométrico 1, quedan otros restos muy tenues: unos suelos de cemento entre la hierba. Las viejas fotos aéreas lo confirman: justo ahí estaban los barracones de los presos que construyeron la carretera. A su lado permanecen el caserío Markelainberri y el caserío Babilonia, que dio nombre a este asentamiento de esclavos.
‒¡El campamento Babilonia! -recordaba Luis Ortiz Alfau. Después de un año y medio como trabajador forzado en el valle pirenaico del Roncal, lo destinaron aquí otro año más. A los presos los tenían hacinados en barracas, vestidos con ropas mínimas para resistir las heladas, con los pies envueltos en trapos porque no tenían ni alpargatas. Los despertaban a fustazos, les daban una taza con infusión de cebada y los mandaban a picar rocas y a palear tierra, para abrir el desmonte de la futura carretera. En la pausa del mediodía les servían un poco de caldo con algún garbanzo viudo. Los presos cazaban lagartos para comérselos crudos, robaban las mondas de patata que los vecinos del pueblo echaban a los cerdos, roían los nabos que otros vecinos les dejaban medio escondidos en el camino. Muchos murieron de hambre, de neumonía, de agotamiento. Si no rendían lo suficiente, les daban palizas y los tenían trabajando de noche.
Y así un día y otro día y otro día. Y otro día y otro día y otro día.
‒Nunca supimos cuánto tiempo íbamos a estar allí ‒decía Luis, que era el administrador de la compañía porque sabía llevar cuentas y escribir a máquina, y así se libró de los peores trabajos. Su testimonio es muy valioso porque conoció desde dentro los mecanismos del régimen esclavista: la corrupción de los militares, la reventa de alimentos en el mercado negro, la arbitrariedad con la que castigaban, la impunidad con la que fusilaban a los presos, cuyos certificados de defunción tenía que redactar el propio Luis, disimulando siempre los hechos.
-No sabíamos si iban a ser unas semanas, unos meses o toda la vida. A veces te desesperabas, pero qué ibas a hacer.
Qué ibas a hacer: carreteras.
-Los cocineros preparaban la comida en unos peroles enormes. Un día estaban haciendo el caldo con una pata de vaca. Al acabar, cogieron el hueso y lo tiraron al monte. Entonces salió corriendo un prisionero y se lanzó a por el hueso, a ver si podía chuparlo un poco. Es que nos hacían pasar un hambre horrible. Cogió el hueso, pero casi al mismo tiempo apareció un perro vagabundo, que tendría tanta hambre como él, también se tiró a por el hueso y empezaron a pelearse. Fue un espanto. El perro le destrozó el brazo izquierdo al pobre hombre, le quitó el hueso de vaca y le dejó sangrando, todo el brazo desgarrado. Echaba sangre por todos lados.
Luis se llevaba las manos a las sienes.
‒Todavía tengo pesadillas con aquello. Los gruñidos, el brazo destrozado, toda esa sangre.
Terminamos la bajada cerca del barrio de Gurutze. Desde allí quedan setecientos metros hasta el alto de Arkale, por otra carretera que construyeron los presos para acceder a los túneles y búnkeres excavados en estas peñas, desde las que vigilaban el corredor estratégico San Sebastián-Irún. Aún se pueden recorrer, linterna en mano, si preguntamos en los alrededores y si los encontramos en el bosque cercano a la carretera.
La boca del infierno
El túnel de Aritxulegi. ANDER IZAGIRRE
Desde Oiartzun pasamos a Navarra por la GI-3420, atravesando los puertos de Aritxulegi y Agina. Esta carretera recorre 19 kilómetros por unas montañas en las que hay unos pocos caseríos desperdigados, por un trazado sinuoso que se mete en los bosques, que se apoya en muros y contramuros para bajar a los barrancos, que atraviesa un túnel de fama negra. Esta carretera enlaza un pueblo de 10.000 habitantes (Oiartzun) con otro de 2.700 (Lesaka). Y antes ya se podía ir de uno a otro por la carretera nacional del Bidasoa. ¿Hicieron semejante obra para acortar quince minutos el trayecto entre dos pueblos tan pequeños, a través de unas montañas despobladas?
No. Esta carretera es una consecuencia directa de la Guerra Civil. En agosto de 1936, las tropas franquistas bajaban por el Bidasoa hacia Irún cuando se encontraron con que los republicanos habían volado el puente de Endarlatsa, y no tuvieron más remedio que emprender una marcha penosa a través de las montañas para llegar a Oiartzun y de allí a Irún. Comprobaron que la ruta del Bidasoa era muy vulnerable. Así que al acabar la guerra decidieron construir una carretera por aquí, por los pasos de Aritxulegi y Agina, una alternativa para mover tropas entre San Sebastián y el Bidasoa. No tenía sentido civil, nunca tuvo uso militar, pero cuatro mil presos abrieron esta carretera endiablada con pico, pala, dinamita y carretillas.
El túnel de Aritxulegi, justo en la cima del puerto, fue el escenario de los sufrimientos más atroces. Los presos picaban el granito a mano durante horas para colocar algunos cartuchos y avanzar con las voladuras. Testigos de la zona como Xebe Sistiaga explican que debían avanzar sesenta centímetros diarios en la perforación del túnel, bajo amenaza de castigos, horas extra, más hambre. Segundo Pagadizabal, un carretero que vio a Franco cuando vino a inaugurar el túnel en 1948, recordaba cómo a veces llegaba algún esclavo a su caserío:
-Venían medio muertos, muy pálidos, arrastrados. Les dábamos un poco de queso y un trago de vino, y resucitaban. Si encontraban por ahí un nabo, lo pelaban y se lo comían crudo. Hasta las mazorcas de maíz se las comían crudas: crac-crac-crac…
En Oiartzun abundan los recuerdos de aquellos trabajadores fantasmagóricos que pululaban por la montaña, hambrientos, descalzos, sufriendo tifus, sarna, tuberculosis, arreados a fustazos monte arriba y monte abajo. Cuando uno de ellos se fugó, los militares escogieron a siete al azar y los fusilaron. Bajaron los cadáveres en camillas improvisadas con dos palos y una manta. Los cuerpos se bamboleaban monte abajo, recordaba el vecino Joxe Maia, y así los llevaron hasta el cementerio de Rentería. Sus actas de defunción están en el Ayuntamiento.
Habrá pocos tramos más dulces para pedalear que esta carretera de los esclavos: la bajada de Aritxulegi hasta el embalse de Endara, la subida de cuatro kilómetros por el hayedo hasta el alto de Agina, la bajada curveante hasta Lesaka. Quien sigue una huella debe un agradecimiento. Los ciclistas que recorremos esta carretera deberíamos, por lo menos, contar su historia.
Escultura de Mikel Iriarte en Artesiaga. ANDER IZAGIRRE
El camino injusto
De Lesaka a Irurita, remontamos el Bidasoa. Primero entre las montañas que estrechan el valle, luego por un paisaje más amplio, un oleaje de colinas verdes, bosques, arroyos, maizales, palacios de piedra rosada, caseríos blancos desperdigados en las praderas como dados lanzados en un tapete. En Irurita empieza otro tramo ideal para ciclistas: los 27 kilómetros hasta Eugi a través del puerto de Artesiaga, otro trabajo de esclavos.
La carretera sube dulce, con alguna rampa dura, con descansos, con vistas cada vez más altas sobre el valle verde, los caseríos blancos, el bosque oscuro. Poco antes de llegar al collado, en un montículo al borde de la carretera instalaron en 2009 unas planchas y barras de acero corten: es una escultura de Mikel Iriarte, titulada Bidegabeko bidea (El camino injusto). Parece hermoso, quizá demasiado optimista, que en euskera “injusto” se diga “bidegabea”: literalmente, “sin camino”. Un panel recuerda que 1.756 presos construyeron esta carretera entre 1939 y 1941, y que otros 3.463 trabajaron en las fortificaciones del Baztán. El vizcaíno Francisco Barrena asistió a la inauguración de la escultura y contó que pasaron hambre, frío y mucho dolor, que los castigaban por cualquier cosa, que por ejemplo les hacían cavar un agujero y luego rellenarlo, o que les colgaban al cuello sacos con diez kilos de piedras y que se pasaban la jornada entera trabajando con esa carga que los destrozaba, que pasaban tanta hambre que una vez, en invierno, bajaron hasta el pueblo porque alguien les dijo que había una gallina muerta, y que allí la encontraron, entre la nieve, y se la comieron.
Al día siguiente de la inauguración, la escultura amaneció chorreando pintadas negras. Las firmaba Falange Baztán, proclamaban varias veces “Viva Cristo Rey” y dejaban una serie de amenazas en un euskera apretado: “39n irebazi giñun ta beti irebaziko” (“ganamos en el 39 y siempre ganaremos”), “Rojos kontuz ibili” (“rojos, andad con cuidado”). La limpiaron y ahora aparece bien cuidada. Quizá sería buena idea incluir una foto de aquel ataque en el panel informativo al borde de la carretera, porque los autores de las pintadas negras completaron de manera involuntaria pero muy efectiva el mensaje de la escultura: la justicia, la necesidad, la actualidad de la memoria.
Epílogo hasta Pamplona
El pueblo de Eugi, en la orilla de un pantano, a los pies de los bosques del Quinto Real, es un destino estupendo para terminar el recorrido. Si queremos completar la etapa hasta Pamplona, poco después de Eugi podemos tomar la pequeña carretera NA-2520, otra obra de los trabajadores forzados, para cruzar el alto de Egozkue y bajar a Olague. En la periferia norte de Pamplona, una carretera bacheada sube desde Artika hasta el Fuerte de San Cristóbal, en la cumbre del monte Ezkaba, donde hacinaron y maltrataron a cientos de presos republicanos. El 22 de mayo de 1938 emprendieron una fuga extraordinaria que terminó en masacre: de los 795 escapados, los guardias y militares asesinaron a más de doscientos en las siguientes horas y días, detuvieron a todos los demás y solo tres se salvaron pasando a Francia tras una caminata de varias jornadas.
Rojoynegro.info/Macarena Amores García
El 3 de marzo de 1976 la policía franquista ataca a las y los trabajadores que estaban en asamblea por la huelga general de Vitoria. Mueren 5 personas y cientos resultan heridas
“HemoscontribuidoalapalizamásgrandedelaHistoria“
http://bit.ly/2x7qGJv
Vitoria-Gasteiz, Álava. Son las 17’00 horas del 3 de marzo de 1976 en el barrio obrero de Zaramaga. Los trabajadores de la ciudad, más de 4.000 en lucha contra el decreto de topes salariales y por unas condiciones de trabajo dignas, celebran una asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís. En realidad llevan desde enero organizando protestas, pero ese día logran pararlo todo tras un seguimiento masivo de la huelga convocada. En pocos minutos agentes de la Policía Armada atacarán el lugar en el que están reunidos todos. Y esta es la reproducción por escrito de la conversación entre mandos policiales a través de la radio de los patrulleros en los que se encuentran, justo antes de producirse la brutal agresión…
«V-1 a Charlie. Cerca de la iglesia de San Francisco es donde más grupos se ven. Bien, enterados».
«Charlie a J-1. Al parecer en la iglesia de San Francisco es donde más gente hay. ¿Qué hacemos? Si hay gente ¡a por ellos! ¡Vamos a por ellos!»
«J-1 a Charlie. Charlie, a ver si necesitas ahí a J-2. Envíalo para aquí para que cubra la espalda de la iglesia.»
«J-3 a J-1 Estamos en la iglesia. ¿Entramos o qué hacemos? Cambio».
«…Entonces lo que te interesa es que los cojan por detrás. Exacto».
«J-1 a J-2 Haga lo que le había dicho (acudir en ayuda de Charlie a Zaramaga). Si me marcho de aquí, se me van a escapar de la iglesia. Charlie a J-1. Oye, no interesa que se vayan de ahí, porque se nos escapan de la iglesia.
…Mándennos refuerzos, si no, no hacemos nada; si no, nos marchamos de aquí; si no, vamos a tener que emplear las armas de fuego. Vamos a ver, ya envío para allí un Charlie. Entonces el Charlie que está, J-2 y J-3, desalojen la iglesia como sea. Cambio. No podemos desalojar, porque entonces, entonces ¡Está repleta de tíos! Repleta de tíos. Entonces por las afueras tenemos Rodeados de personal ¡Vamos a tener que emplear las armas! Cambio. Gasead la iglesia. Cambio. Interesa que vengan los Charlies, porque estamos rodeados de gente y al salir de la iglesia aquí va a ser un pataleo. Vamos a utilizar las armas seguro, además ¿eh? Charlie a J-1. ¿Ha llegado ya la orden de desalojo a la iglesia? Sí, sí la tiene J-3 y ya han procedido a desalojar porque tú no estabas allí. Muy bien, enterado. Y lástima que no estaba yo allí».
«Intento comunicar, pero nadie contesta. Deben estar en la iglesia peleándose como leones. ¡J-3 para J-1! ¡J-3 para J-1! Manden fuerza para aquí. Ya hemos disparado más de dos mil tiros. ¿Cómo está por ahí el asunto? Te puedes figurar, después de tirar más de mil tiros y romper la iglesia de San Francisco. Te puedes imaginar cómo está la calle y cómo está todo. ¡Muchas gracias, eh! ¡Buen servicio! Dile a Salinas, que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Aquí ha habido una masacre. Cambio. De acuerdo, de acuerdo. Pero de verdad una masacre».
La Policía Armada, una institución que había sido creada justo después de la finalización de la Guerra Civil por el régimen fascista de Francisco Franco, rodeó el edificio donde se encontraban concentrados los miles de trabajadores en asamblea. A pesar de las peticiones del párroco, la Policía Armada decidió atacar la iglesia con botes de gases lacrimógenos que en pocos minutos sembraron el caos y el desconcierto entre los trabajadores, provocando momentos de pánico. Los “grises”, como así se les conocía a los miembros de este cuerpo armado, predecesor del Cuerpo Nacional de Policía o Policía Nacional, decidieron “esperar” la salida de los primeros trabajadores. Estos fueron apaleados sin piedad, pero también recibieron disparos de pelotas de goma y fuego real.
Aquella masacre, como bien reconocen los propios mandos policiales responsables del operativo en las conversaciones que mantienen a través de la radio de los patrulleros, se saldó con 150 personas gravemente heridas y 5 trabajadores asesinados: Pedro Martínez Ocio (27 años), Francisco Aznar Clemente (17 años), Romualdo Barroso Chaparro (19 años), José Castillo García (32 años) y Bienvenido Pereda Moral (30 años). No fueron los únicos fallecidos. Días después, como respuesta a esta actuación criminal de la Policía Armada del Gobierno español, tuvieron lugar protestas en otras ciudades que fueron igualmente reprimidas con tanta o más dureza. Murieron otros dos trabajadores en las mismas: Juan Gabriel Rodrigo Knafo (Tarragona) y Vicente Antón Ferrero (Basauri).
Los responsables políticos de la mayor masacre contra la clase obrera durante la “modélica transición” tienen nombres y apellidos. Principalmente el Ministro de Gobernación en aquel momento, Manuel Fraga Iribarne, y, Rodolfo Martín Villa, Ministro de Relaciones Sindicales del Estado español en 1976.
Martín Villa, con vida en la actualidad, también está “perseguido” por otros crímenes de lesa humanidad cometidos durante esta etapa de nuestra historia más reciente, como el asesinato de García Caparrós en Málaga en 1977 o los sucesos de Sanfermines en 1978. Entrecomillamos la palabra “perseguido” porque solo se le señala desde el pueblo, desde el movimiento civil que pide justicia para las víctimas del tardofranquismo en nuestro país. Todavía, más de cuatro décadas después de todos estos hechos, el Estado de Derecho en el que vivimos se anda pensando si procesar o no a este criminal. Seguramente morirá en una cama, tranquilamente, escapando de sus actos. Y de esto también habrá responsables políticos, sean del color que sean.
Manuel Fraga, ministro franquista, ha tenido el “honor” de pasar a la historia denominándose “padre de la Constitución española”, después de llevarse años sirviendo a un régimen represor y limitador de derechos y libertades. Esa Constitución de 1978, que Fraga “parió”, supuso para muchísimas personas una traición que a día de hoy es una gran falacia que solo sirve para apuntalar los privilegios de quienes llevan toda la vida ocupando las instituciones “democráticas” (llámense socialistas, socialdemócratas, conservadores, ciudadanos o “patriotas madrugadores”).
Lejos de admitir el crimen de Vitoria, Fraga tuvo la indecencia de manifestar abiertamente que aquellos hechos debían servir de ejemplo a todo el país. Es decir, que se tuvieran en cuenta aquellas consecuencias por quienes pudieran estar considerando que tras la muerte del dictador las cosas iban a cambiar rápidamente. Nada más alejado de las verdaderas intenciones de quien siempre se sintió orgulloso de su pasado.
Muchxs somos hijxs del Estado de Bienestar, esa ilusión creada por los traidores de la clase trabajadora a partir de 1982 y con la que se intentó empequeñecer el recuerdo de nuestra gente, la que de verdad se jugaba el tipo en las calles, entre pistoleros a sueldo de un régimen que no ha muerto aún.
Intentaron convencernos de que todo había pasado ya, que eran y son otros momentos históricos y que la sociedad se construye día a día, con sacrificios y renuncias.
Van listxs quienes piensen que renunciaremos a la historia y al ejemplo de nuestra gente.
Macarena Amores García
Mañana se cumplen 44 años de la masacre del 3 de marzo del 76, en Vitoria. Andoni Txasko, de la asociación “Víctimas 3 de marzo”, nos habla de las expectativas que tienen para este aniversario.
Mañana se cumplen 44 años de la masacre del 3 de marzo en Vitoria, donde murieron cinco obrerospor cargas de la Policía. Todo sucedía en 1976, a pocos meses de morir Franco.
Hoy queremos saber en qué punto están las diferentes iniciativas que la Asociación Víctimas 3 de marzo, está llevando a cabo, por la memoria, y si hay o no novedades en la querella argentina contra los crímenes del franquismo.
Hace unos días comparecían pidiendo a las instituciones voluntad política para acabar con la impunidad por aquellos crímenes, y que permitan a la jueza María Servini tomar declaración, en España, al exministro Rodolfo Martín Villa. Declaración que se prevé se realice en unos días, el 20 de marzo, en la embajada argentina de Madrid.
Hablamos de todo ello con Andoni Txasko, portavoz de la Asociación Víctimas 3 de marzo
Por resolución de fecha 4 de diciembre de 2019, dictada por la Jueza Servini de Cubría, como titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de la República Argentina, se acordó tomar declaración indagatoria a Rodolfo Martín Villa en la correspondiente representación consular o embajada del citado país en España.
Para ello cursó un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, a fin de solicitarle que instruyera a los representantes de la embajada o del consulado argentino en Madrid, a efectos de que arbitraran los medios necesarios para que el Juzgado se constituyera en dicho lugar y pudiera tomar la declaración indagatoria acordada.
Por medio de Nota número 1145/2020 remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto argentino, de fecha 28 de enero de 2020, al Juzgado de la que es titular María Servini de Cubría, le informaba que el Ministerio de Justicia español se había opuesto a que se pudiera tomar declaración indagatoria a Martín Villa en la embajada de la República Argentina en Madrid, pues consideraba que el ”medio idóneo” para ello era efectuar un requerimiento a través de una solicitud de asistencia internacional (exhorto internacional).
Pues bien, la toma declaración indagatoria por parte del Juzgado de María Servini de Cubría presenta los siguientes antecedentes:
– La Jueza Servini de Cubría dictó en el año 2014 orden de detención internacional con fines de extradición contra Martín Villa. La solicitud de extradición fue rechazada por acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de marzo de 2015.
– Como consecuencia de la denegación de la extradición, posteriormente, la Jueza Servini de Cubría, cursó una primera comisión rogatoria (auxilio judicial internacional) para tomar declaración indagatoria a Martín Villa en los Tribunales españoles, siendo rechazado este primer pedido por el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid en el mes de octubre de 2016.
– Posteriormente, libró una segunda comisión rogatoria (auxilio judicial internacional) en el año 2018. Esta segunda comisión rogatoria fue rechazada igualmente por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por medio de Auto de fecha 22 de octubre de 2018. En este Auto el propio Juez de la Audiencia Nacional le indicaba al Juzgado argentino que la Jueza María Servini de Cubrí, en lugar de utilizar el exhorto internacional podía utilizar distintos mecanismos para tomarle declaración a Martín Villa compareciendo en lugares dependientes de la soberanía argentina en España como el consulado o la embajada.
– Martín Villa, tal y como se indica en el Auto dictado por el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención y su voluntad de prestar declaración ante la Jueza María Servini de Cubría.
Los hechos por los que se imputan delitos de homicidio agravado en un contexto de crímenes contra la humanidad a Martín Villa por parte del Juzgado argentino son los siguientes:
Masacre del 3 de Marzo de 1976 sucedida en Vitoria/Gasteiz, siendo Ministro de Relaciones Sindicales.
Muerte de Rafael Gómez Jáuregui el 12 de mayo de 1977 en Rentería; de José Luis Cano Pérez el 14 de mayo de 1977 en Pamplona; de Francisco Javier Núñez el 15 de mayo de 1977 en Bilbao; de José María Zabala Erasun el 8 de septiembre de 1976 en Hondarribia: de María Norma Menchaca el 9 de jul io de 1976 en Santurce; y de Arturo Ruiz García el 23 de enero de 1977 en Madrid.
Sucesos acontecidos en la ciudad de Pamplona el día 8/9 de julio de 1978 durante las Fiestas de San Fermín.
Conclusiones:
1.- El Gobierno del Estado español se niega, una vez más, a que la Jueza Servini de Cubría tome declaración indagatoria en la denominada querella argentina a Martín Villa, en este caso, en la embajada argentina en Madrid y para ello:
Interfiere en el poder jud icial argentino indicándole a la Jueza lo que debe hacer: remitir un auxilio judicial internacional. Como ya ha sido expuesto, se ha remitido en dos ocasiones dicho auxilio siendo rechazado por las autoridades jud iciales españolas. Esto es, le indica una vía ya explorada y cuyo resultado ha sido negativo incurriendo en grave contradicción con lo prescrito al respecto por la propia A udiencia Nacional española que le ofrecía dicha posibilidad al Juzgado argentino.
Obstaculiza una decisión que corresponde ejecutar únicamente, conforme a la propia soberanía argentina, al poder judicial y al Gobierno del citado
Se niega a colaborar con las autoridades judiciales argentinas en un proceso penal que se tramita, en aplicación del principio de Justicia Universal, y cuyo objeto es la investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista.
Incumple, una vez más, con lo requerido al respecto por diferentes mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Continúa en la misma línea mantenida por los anteriores Gobiernos de España negando el acceso a la justicia a las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista.
2.- El Gobierno de España, una vez más, ampara a criminales franquistas, garantizándoles una situación de impunidad que contraviene frontalmente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional.
Miembros de varios Grupos Parlamentarios han registrado una pregunta al Ministro de Justicia para reclamar el porqué de la denegación de autorización a la Jueza Servini para realizar la indagatoria a Martín Villa.
El Ministerio de Justicia bloquea que la juez argentina que instruye la causa contra los crímenes del franquismo tome declaración al exministro de Interior desde la embajada argentina en Madrid.
Rodolfo Martín Villa comenzó su carrera política en el SEU y fue una de las figuras destacadas del Movimiento Nacional en el Tardofranquismo.
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a que la juez María Servini tome declaración indagatoria a Rodolfo Martín Villa, ministro de Interior en el primer gobierno posterior a la muerte del dictador Francisco Franco, en el marco de la querella argentina contra los crímenes del franquismo.
La declaración, programada para el 20 de marzo en la embajada argentina en Madrid, ha sido de nuevo aplazada, según adelantó ayer Público, después de que el Ministerio de Justicia —desde el 13 de enero en manos de Juan Carlos Campo—, rechazara la solicitud formal para la toma de declaración, argumentando que esta se debía haber realizado a través de un exhorto internacional.
Martín Villa es una de las 22 personas imputadas en la querella argentina contra los crímenes del franquismo. En su caso, la querella investiga su papel, como ministro de Interior, en la masacre de Vitoria, en la la policía mató a cinco personas durante una jornada de huelga.
Desde que en 2010 comenzó la instrucción de la causa, el Gobierno, con PP o con PSOE, ha obstaculizado la investigación. A la primera comunicación de la magistrada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en octubre de 2010 preguntando si se estaban investigando en España los crímenes del franquismo, la Fiscalía General del Estado, con Cándido Conde-Pumpido —actualmente magistrado del Tribunal Constitucional— a la cabeza, respondió ocho meses después con un documento sin firma en el que aseguraba que se habían tramitado varios casos. Tres años antes, la Audiencia Nacional había acordado la incompetencia de Baltasar Garzón para instruir la causa que había abierto en 2006 por crímenes del franquismo.
Un año después, Servini volvía a intentar tomar declaración a Martín Villa, además de a Billy el Niño y al exministro Utrera Molina. Para retrasar la declaración de la juez, el Ministerio de Justicia le reclamó el listado de preguntas que iba a hacer a los imputados y pocos meses después la Fiscalía General del Estado, ahora con Consuelo Madrigal, ordenaba a las fiscalías provinciales que suspendieran las declaraciones de las acusaciones que se habían programado en varios juzgados en torno a la querella argentina contra los crímenes del franquismo, una circular que a día de hoy no ha sido anulada.
En octubre de 2018, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata rechazaba una nueva petición para tomar declaración a Martín Villa, estaba vez en España, aduciendo que los delitos que habría cometido estarían prescritos. Fue el propio Martín Villa el que, ante esto, pidió declarar ante la juez en Madrid o en Buenos Aires. La juez programó la declaración en la capital argentina para el 9 de septiembre de 2019, aplazándola después a diciembre y nuevamente a marzo, por videoconferencia, desde la embajada argentina en Madrid.
“Es una injerencia inaceptable del Gobierno español”, afirman desde la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua).
Con la participación de Sabino Cuadra, autor del libro, abogado, sindicalista y político.
Otrxs ponentes por confirmar.
Sábado, 8 de julio de 1978. Pamplona. Plenos Sanfermines. Franco hace ya casi tres años que ha muerto pero el franquismo sigue aún muy vivo. Ese día, decenas de policías rodean la plaza de toros, que está a rebosar, cuando varios jóvenes bajan al ruedo con una pancarta en la que piden la amnistía y unos Sanfermines sin presos. Es la excusa de la Policía franquista para irrumpir en el coso, preparar “las bocachas” y tirar con todas las energías, lo más fuerte que pudieron. Pelotas de goma, botes de humo, gases lacrimógenos y balas. Dejaron decenas de heridos, algunos de gravedad, en el interior de la plaza. Muchos más en los exteriores. El joven militante de LKI Germán Rodríguez caía abatido por una bala de la Policía Armada.
Después de más de 40 años, Sabino Cuadra Lasarte, basándose en el informe que redactaron las Peñas sanfermineras en aquel entonces, en documentos desclasificados recientemente y en trabajos monográficos elaborados desde distintos ámbitos, reconstruye pormenorizadamente el ambiente anterior y posterior y los propios hechos, situando lo ocurrido aquel 8 de julio en un contexto de crímenes contra la humanidad cometidos a lo largo de la dictadura y de la llamada Transición. Porque, aunque sus perpetradores sigan impunes y la versión oficial nos cuente otra cosa, no fueron errores. Y no les importó matar.
Este libro es una coedición entre Txalaparta y la asociación Sanfermines 78: gogoan! Los derechos de autor serán destinados íntegramente a sufragar los gastos de la querella contra Martín Villa por crímenes contra la humanidad.
Los concejales Aranguren yAsiron (de pie) hablan con Contreras y Etxeberria (Amapola del Camino) antes del Pleno. (Iñaki Porto)
Continúa así el proceso judicial empezado en 2016, con el voto en contra de Navarra Suma.
El Ayuntamiento de Pamplona seguirá buscando la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes cometidos por el régimen franquista en la capital navarra, ahora ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Consistorio dará así continuidad al proceso comenzado en el año 2016 en colaboración, a título personal, con los vecinos de Pamplona Joaquín Roa Ortigosa, Moisés Garzón Villanueva, Gloria Bosque Ezquer y Ángel Sanz Montero. La querella pretende ir al fondo de los hechos represivos que afectaron a ciudadanos y trabajadores y concejales del Ayuntamiento. La votación para trasladarla ante la Organización de Naciones Unidas contó con el voto favorable de EH Bildu, PSN y Geroa Bai (14) y en contra de Navarra Suma (13).
Previa intervención de los grupos políticos, el representante del colectivo de memoria histórica Amapola del Camino, Ramón Contreras, se dirigió ante todos los miembros del Pleno municipal en defensa de trasladar la iniciativa ante la ONU. Contreras, acompañado también por la integrante del colectivo memorialista Lourdes Etxeberria, defendió la petición por parte de la víctimas del franquismo en Navarra por ser “cívica y de justicia, por lo que la apoyamos como asociación”. Contreras destacó también que los Derechos Humanos deben ser pilares del sistema democrático actual. “Tarde o temprano esa losa de la inacción política tiene que caer”, expresó.
A favor de seguir promoviendo la querella se manifestaron los representantes de los tres grupos de la oposición. Joxe Abaurrea (EH Bildu) detalló el proceso de la querella desde su impulso, y que por ahora ha sido desestimada en todas las instancias. “Esperamos que la ONU de un dictamen favorable”, remarcó Abaurrea. Esporrín, que al igual que todos los grupos agradeció la asistencia al colectivo memorialista, recordó que “es obligación de los Estados perseguir los crímenes que se cometen en sus territorios”. Por Geroa Bai, Patxi Leuza, expresó que “se lo debemos a las personas que fueron asesinadas o represaliadas”.
La asociación Sanfermines-78: gogoan! y Fermín Rodríguez, hermano del joven muerto por disparos de la Policía en los sanfermines de 1978, han presentado una querella contra el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su antecesor, Juan Ignacio Zoido, por un presunto delito de «inutilización u ocultación de documentos».
Los incidentes se desencadenaron con la entrada de la Policía Nacional en la plaza de toros de Pamplona durante la corrida del 8 de julio de 1978, en plenos Sanfermines, con motivo de la colocación de una pancarta en favor de la amnistía y continuaron después en las calles de la ciudad, donde murió el joven Germán Rodríguez y seis personas más resultaron heridas de bala. La Policía Nacional disparó a un joven en la plaza de toros de Pamplona durante la corrida del 8 de julio de 1978
Los querellantes afirman que el artículo 413 del Código Penal establece que “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años”.
Al respecto indican que la Comisión de Interior del Congreso debatió un informe policial sobre los sucesos de los sanfermines de 1978, solicitado por la Cámara Baja y encargado por el entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, que a su vez contenía otros tres informes del General Subinspector de la Policía Dionisio Bartrech, el Gobernador Civil de Navarra Ignacio Llano y el Subdirector General de la Policía, José Sáinz.
Llegó al Tribunal Supremo
Este triple informe fue requerido como prueba por la acusación particular dentro del sumario abierto en relación con la muerte de Germán Rodríguez y reclamado en varios ocasiones -incluso a través del Tribunal Supremo-, pero «nunca fue remitida» a pesar de que, de haber sido aportada, «habría tenido sin duda alguna influencia evidente en el proceso».
Añaden que en diciembre de 2017 varios diputados solicitaron el citado informe al Ministerio del Interior, entonces dirigido por Juan Ignacio Zoido, pero la respuesta recibida en mayo de 2018 dice que «no hay en los registros constancia» del mismo y una respuesta igual se obtuvo en julio de 2018 ya con Grande-Marlaska como ministro cuando los diputados reiteraron la petición.
Para la asociación Sanfermines-78: gogoan! estos hechos «muestran una clara voluntad obstruccionista por parte de la Administración del Estado y sus distintos responsables en relación con la investigación de los hechos de Sanfermines de 1978 y, en particular, la comisión del delito de inutilización u ocultación de documentos al que se refiere el artículo 413 del Código Penal».
El sábado 28 de septiembre se ha vuelto a colocar en Pamplona la placa en recuerdo y homenaje a las personas reprimidas en los Sanfermines del año 1978, que ha sido varias veces sustraída
Inauguración de la nueva placa de la escultura Gogoan, en memoria de los Sanfermines de 1978. (Sanfermines 78 Gogoan)
El colectivo Sanfermines 78 Gogoan ha inaugurado este sábado, en el marco de los actos de la celebración de las fiestas de San Fermín de Aldapa, la placa de la escultura Gogoan, instalada en memoria de los sucesos de Sanfermines de 1978 y que había sido sustraída tras varios ataques durante este verano.
La placa fue respuesta el pasado lunes por el Departamento de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra. Junto a la reposición se procedió a cimentar de manera más sólida la zona en la que se ubica el soporte que contiene la misma.
Esta escultura, junto con la estela de homenaje a Germán Rodríguez, fueron declarados Lugares de la Memoria Histórica de Navarra por el Ejecutivo el pasado 18 de junio.
Con motivo de la inauguración de la nueva placa, decenas de personas se han dado cita en la avenida de Roncesvalles de Pamplona en un acto que ha contado con un aurresku, los zanpantzar, una fanfarre, la presencia de las peñas y txistularis.
El colectivo Sanfermines 78 Gogoan quería introducir la inauguración de la nueva placa dentro de las actividades que se están realizando con motivo de las fiestas de San Fermín de Aldapa para «recordar así aquellos otros de 1978 con los que, en alguna medida, se trató de recuperar las fiestas reventadas por la agresión policial padecida durante los Sanfermines».
Las corporaciones de Andoain, Eibar y Bergara presentarán sendas denuncias por casos de asesinatos y torturas. Figuran entre ellos tres condenados en el Proceso de Burgos, así como dos víctimas del Batallón Vasco Español.
Adiós al silencio. Agur al olvido. Pero no será un adiós ni un agur cualquiera, sino con membrete judicial y una irreductible esperanza de justicia. Este miércoles, el ayuntamiento de Andoain radicará una querella judicial por los crímenes cometidos durante el franquismo y la transición contra vecinos de esa localidad guipuzcoana. 48 horas después, las corporaciones de Eibar y Bergara acudirán también a los tribunales para pedir justicia.
Así, en un juzgado y junto a las víctimas, los gobiernos municipales que han trabajado para sacar adelante estas querellas dedicarán su última acción de la legislatura –el sábado se conforman las nuevas corporaciones- a la memoria de quienes sufrieron la muerte y la tortura. Es, en el fondo, un acto cargado de simbolismo, pero también un reclamo de verdad, justicia y reparación para quienes padecieron estos crímenes.
“Son medidas de última hora adoptadas por los gobiernos municipales cesantes, antes de que se formen los nuevos y, aunque muy apurados de tiempo, consideramos que los actos son muy importantes para consolidar la implicación de las instituciones en la lucha contra la impunidad y garantizarla en el futuro”, señaló el colectivo memorialista Goldatu en una nota de prensa.
En tal sentido, el papel de los grupos de memoria histórica ha sido clave a la hora de impulsar estas denuncias. “Aquí hicimos un informe sobre las vulneraciones de derechos humanos desde el 16 de agosto de 1936, hasta finales de los setenta. Hemos incluido a torturados, muertos, heridos y exiliados”, señaló a Público Xabier Lasa, integrante del grupo de memoria histórica Oroituz de Andoain.
No en vano, en la querella que se formalizará este miércoles se personarán trece denunciantes, entre las cuales hay algunas víctimas de torturas por parte de la Guardia Civil en el ya desaparecido cuartel de Andoain. “Aquello fue un pequeño Intxaurrondo”, comenta Lasa. Asimismo, entre los querellantes también estará un familiar de José Ramón Ansa, el joven de esa localidad guipuzcoana que fue asesinado por el Batallón Vasco Español (BVE) en mayo de 1979.
Ofrenda floral en homenaje a Germán Rodríguez, en julio de este año. Javier Bergasa
