Rajoy repite con la Memoria Histórica: cero euros y olvido a las víctimas del franquismo

eldiario.es/Juanmi Baquero

Desde la entrada del PP en el gobierno la dotación presupuestaria para la Memoria Histórica ha sido 0€. Todo esto unido a la falta de aplicación de la Ley de Memoria Histórica es una seña de identidad de los populares.

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Los PGE para 2018 vuelven a dejar en blanco la dotación presupuestaria para buscar fosas comunes y otras medidas de reparación memorialista.

El Gobierno presidido por Mariano Rajoy camina con paso firme hacia una segunda legislatura de ninguneo a los represaliados por la dictadura franquista.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 vuelven a ignorar a la Memoria Histórica. En el proyecto presentado por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro no hay rastro de partidas económicas destinadas a exhumaciones de fosas comunes y otras medidas de reparación a los represaliados tras el golpe de Estado y durante la guerra civil o la dictadura.

La idea del presidente Mariano Rajoy, “cero euros” para la Memoria Histórica, repite como el estandarte que enarbola, un año más, ante las víctimas del franquismo. El Gobierno conservador repite estrategia para dejar en blanco, y sin efecto, la Ley 52/2007 y caminando hacia una segunda legislatura completa de olvido a las víctimas del franquismo.

El presupuesto estatal para Memoria Histórica estaba destinado de forma principal a financiar intervenciones arqueológicas para recuperar a algunos de los al menos 114.226 represaliados que yacen en las más de 2.500 fosas comunes repartidas en suelo español. Hasta la llegada de Rajoy, que ha convirtiendo en una tónica repetitiva la eliminación de estas cuantías económicas.

“Cero euros” a la Memoria

El primer año del Gobierno Rajoy (PP) ya redujo en casi un 60 por ciento la cuantía que destinó el curso anterior el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). El Ministerio de la Presidencia dirigido por Soraya Sáenz de Santamaría redujo el presupuesto, pasando de 6,2 millones en 2011 a 2,5 millones en 2012.

Ese mismo año, el Consejo de Ministros aprobó la supresión de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, el organismo creado la legislatura precedente para coordinar las exhumaciones de fosas franquistas, para integrarla en un departamento más genérico del ministerio de Justicia, la División de Derechos de Gracia y otros Derechos.

Un año más tarde, en 2013, Rajoy directamente suprimió la partida presupuestaria destinada a Memoria Histórica. El presidente del Gobierno ha cumplido una legislatura completa de olvido y camina con paso firme hacia un segundo mandato de ninguneo a las víctimas del franquismo. Con esos “cero euros” que prometió para derogar en la práctica la legislación memorialista.

Programa sobre ‘La Transición’

No hay dinero público para exhumaciones, por tanto. Una tarea recomendada por Naciones Unidas y a la que hacen frente algunas regiones, asociaciones de derechos humanos e incluso la justicia argentina. Como dijo el actual portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, en una frase que ejemplifica la visión conservadora sobre el asunto: las víctimas del franquismo “se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarle”.

La embestida de Hernando cosechó una denuncia de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) aunque el político popular, más allá de pedir perdón, insistió en la acusación. El único punto donde los PGE 2018 tocan de forma tangencial esta cuestión es la actualización de las prestaciones económicas “a las personas de origen español desplazadas al extranjero durante la guerra civil”, al amparo de la Ley 3/2005.

Del mismo modo, la disposición adicional 71 cita la aplicación de beneficios fiscales para poner en marcha el programa ‘La Transición: 40 años de Libertad de Expresión’. Aunque no quedan concretadas las “actividades específicas” a realizar, el apoyo a dicha iniciativa –prevista del 1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2020– está justificada por su consideración de “acontecimiento de excepcional interés público”.

Los robos de bebés en las Cortes de Aragón

Cortes de Aragón

La Asociación de Niños Robados reclama una declaración institucional a las Cortes de Aragón en apoyo a su proposición de ley nacional para impulsar la investigación de estos delitos

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Este colectivo social ha expuesto hoy, en la Comisión de Comparecencias, las claves de la proposición de ley estatal de bebés robados que han realizado y, para su defensa, han solicitado a las Cortes una declaración institucional de apoyo a esta iniciativa que pretende servir para investigar este trágico episodio

Zaragoza, 03/04/2018.- La Comisión de Comparecencias y Derechos Humanos ha comenzado esta mañana con la intervención de la Asociación “Todos los niños robados son también mis niños”, que ha expuesto las principales líneas de una proposición de ley estatal de bebés robados en la que están trabajando. En este sentido, desde este colectivo han solicitado a las Cortes de Aragón, como primer Parlamento Autonómico que visitan, una declaración institucional de apoyo para esta iniciativa de impulso dirigida al Ejecutivo central.

Mayte Parejo, abogada y vicepresidenta de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, ha explicado que la proposición, que han presentado a  todos los grupos políticos del Congreso, “intenta ser muy pragmática, muy concreta, ya que prioriza lo fundamental para que se comience a trabajar de forma real con mecanismos y recursos en favor del derecho a la verdad”. A continuación, ha comentado que, en los últimos años, “están naciendo iniciativas nacionales e internacionales para que las victimas puedan encontrar a sus hijos robados”, mientras que, asimismo, ha reclamado “actuaciones y mecanismos estatales que permitan la investigación”.

Por su parte, Soledad Luque, portavoz de la asociación “Todos los Niños Robados Son También Mis Niños”, ha comentado que el trabajo de su colectivo gira en torno a tres ámbitos: el social, acompañando a las víctimas en la búsqueda; el político, promoviendo medidas e iniciativas, y, por último, el judicial, participando en acciones como apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo.

”Es mucho tiempo y muchas víctimas. Estamos en 2018 y cuarenta años después estos crímenes siguen sin resolverse, ni se están buscando, ni hay nadie en la cárcel”, ha lamentado Luque. Además, por otra parte, esta representante ha denunciado que las resoluciones de organismos internacionales como la ONU “no se están cumpliendo”. Por otro lado, ha expuesto que algunas leyes de memoria democrática de diferente comunidad autónomas como la de Aragón incluyen la realidad de los bebés robados. “Celebramos la inclusión, pero para que su aplicación sea efectiva debemos dotar de un marco estatal para hacer posible su cumplimiento”, ha finalizado.

El diputado del PP Fernando Galve ha tomado la palabra por parte del Grupo Popular. “Estamos hablando de delitos muy graves y es obligación de todos los poderes públicos poner todos los recursos encima de la mesa para que ante estos hechos, en caso de que se demuestren, se pague por ellos”, ha defendido. En su opinión, “es de justicia y no puede ser de otra manera”. Galve, durante su intervención ante la Comisión esta mañana, también ha apostado por “un compromiso firme para investigar” y “medidas en el ámbito de la justicia”.

El socialista Enrique Pueyo ha agradecido “la gran labor” de la asociación ante “una atrocidad que se ha producido en España durante tantos años”. “Una realidad cruenta que ha vivido nuestro país en las últimas décadas”, ha expuesto. Para el portavoz del PSOE, “actuaron con total impunidad a merced del régimen y, después, del dinero”. “Que te arrebaten un hijo recién salido de una madre tiene que ser muy doloroso, pero aún más el desamparo de saber que es mentira. Necesitamos cerrar esta tragedia cuanto antes con una investigación efectiva”, ha manifestado.

Para Itxaso Cabrera, encargada de posicionar a Podemos, “es una atrocidad” el relato expuesto esta mañana en Comisión. “En tiempo democrático también se han producido casos. Atenta contra los derechos y la democracia”, ha relatado. En su opinión, “ha imperado la impunidad de los más poderosos” con “robos auspiciados por el régimen y negocio de quienes regían las normas y sus intereses privados y particulares”. “La cifra es incalculable. Miles de mujeres con el corazón roto y los brazos vacíos”, ha lamentado.

La portavoz del PAR en esta Comisión, Lucía Guillén, ha calificado la propuesta de las comparecientes como “muy importante”. “Un tema tapado durante mucho tiempo está cobrando fuerza desde el año 2000. Hay que avanzar como sociedad y para ello hay que cerrar capítulos. Este lleva abierto cuarenta años, es hora de buscar soluciones”, ha manifestado esta compareciente. Guillén también ha defendido que “todavía muchas preguntas no tiene respuesta porque, hasta ahora, por desgracia, no ha habido justicia”.

Por parte de Ciudadanos, Jesús Sansó ha valorado como “un honor ser el primer Parlamento autonómico que escuche estas reivindicaciones”. Este diputado ha asegurado que “los españoles no hemos superado el trauma que supuso la Guerra Civil y la dictadura posterior”. “Para que una herida pueda curarse, antes debe ser limpiada”, ha sentenciado este portavoz. En su opinión, “es imprescindible conocer la verdad”. “Verdad, justicia, reparación y no repetición”, ha añadido haciendo suyas las palabras de expresadas por las comparecientes.

Desde el Grupo Mixto, Carmen Martínez (CHA) ha recordado que “los niños perdidos son también parte de las víctimas del franquismo”. “Pasamos de hablar de niños perdidos a bebés robados. Continuó durante décadas apoyado en un entramado legal que entonces existía y pertenecía a un móvil ideológico y económico”, ha lamentado. Para ella, “la petición de hoy es de justicia y CHA va a trabajar y apoyar para conseguir esa declaración institucional”. “Nuestro grupo no es ajeno al dolor y a las búsquedas”, ha añadido.