Marlaska rechaza el centro de memoria en la cárcel en Carabanchel

La Plataforma Ciudadana por el Centro de Memoria de la Cárcel de Carabanchel ha recibido respuesta a su petición de crear un espacio para recuperar y proteger la historia de la prisión construida por presos durante el franquismo. El Ministerio del Interior ha denegado la petición alegando “planeamiento urbanístico sobre esos terrenos”

El Salto/Álvaro Lorite

https://www.elsaltodiario.com/carabanchel/marlaska-promociona-ladrillo-frente-memoria-carabanchel

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa telemática del 27 de abril.

La Plataforma por un Centro de Memoria Cárcel de Carabanchel envió el pasado 22 de mayo una carta por correo certificado al Ministerio del interior para solicitar un espacio para recuperar, transmitir y reflexionar en torno a las luchas populares y la represión política durante el periodo y la dictadura y la transición.

Tal y cómo relató El Salto, la mayor parte de la que fuera la cárcel más grande del Estado español fue demolida en 2008 por orden del Gobierno del PSOE, dejando la mayor parte del terreno como solar abandonado, a excepción del antiguo hospital, que fue designado como Centro de Internamiento para Extranjeros.

No es la primera solicitud que el colectivo enviaba, ya que en enero de 2019 cursaron la misma demanda con el apoyo de varias asociaciones, entre las que se incluía el Colegio de Arquitectos de Madrid, argumentando que no existía ningún impedimento urbanístico, económico ni legal para iniciar la reconversión del espacio.

Desde la plataforma manifiestan su “decepción” ante la respuesta recibida el miércoles 10 de junio, en la que la directora de gabinete del ministro, Rocío García Romero, alega escuetamente que “actualmente se encuentra en curso la tramitación de la promoción de la ejecución del planeamiento urbanístico de estos terrenos”.

La respuesta parece encaminada a continuar con el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) que, desde el cierre de la prisión en 1999 preveía que los terrenos servirían para la construcción de edificios de renta libre, a pesar de que las presiones vecinales consiguieron que se modificase el plan para incluir un hospital. Tras ello, se firmaron varios proyectos urbanísticos que no se han llevado a cabo en los que parte del terreno se cedía para viviendas y parte para el hospital, reservando siempre una parte para Interior.

La respuesta va en contra del propio discurso del Gobierno y de la ley de Memoria Histórica, presentada por el propio PSOE, que habla de la protección de lugares en los que se hayan “desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados con la lucha del pueblo español por sus derechos y libertades democráticas, así como la represión y violencia”. Un relato que encaja en la historia de la prisión.

“Recibir respuestas con este nivel de desprecio solo revela que no contamos con interlocución solvente con este Ministerio, que elude cualquier solicitud de reunión”, señalan desde la plataforma. Aseguran que no cesarán en sus intentos de presión para impulsar ese centro de memoria. Un centro que, indefectiblemente, tendrá que contar que fue el propio PSOE el que ordenó derribar la mayor parte del histórico lugar.

NdP: sobre la aprobación de la PNL sobre condecoraciones a funcionarios y autoridades franquistas

Tres ayuntamientos vascos se querellan por crímenes del franquismo y de la transición

Público/Danilo Albin

https://m.publico.es/politica/2100593/tres-ayuntamientos-vascos-se-querellan-por-crimenes-del-franquismo-y-de-la-transicion

Las corporaciones de Andoain, Eibar y Bergara presentarán sendas denuncias por casos de asesinatos y torturas. Figuran entre ellos tres condenados en el Proceso de Burgos, así como dos víctimas del Batallón Vasco Español.

Adiós al silencio. Agur al olvido. Pero no será un adiós ni un agur cualquiera, sino con membrete judicial y una irreductible esperanza de justicia. Este miércoles, el ayuntamiento de Andoain radicará una querella judicial por los crímenes cometidos durante el franquismo y la transición contra vecinos de esa localidad guipuzcoana. 48 horas después, las corporaciones de Eibar y Bergara acudirán también a los tribunales para pedir justicia.

Así, en un juzgado y junto a las víctimas, los gobiernos municipales que han trabajado para sacar adelante estas querellas dedicarán su última acción de la legislatura –el sábado se conforman las nuevas corporaciones- a la memoria de quienes sufrieron la muerte y la tortura. Es, en el fondo, un acto cargado de simbolismo, pero también un reclamo de verdad, justicia y reparación para quienes padecieron estos crímenes.

“Son medidas de última hora adoptadas por los gobiernos municipales cesantes, antes de que se formen los nuevos y, aunque muy apurados de tiempo, consideramos que los actos son muy importantes para consolidar la implicación de las instituciones en la lucha contra la impunidad y garantizarla en el futuro”, señaló el colectivo memorialista Goldatu en una nota de prensa.

En tal sentido, el papel de los grupos de memoria histórica ha sido clave a la hora de impulsar estas denuncias. “Aquí hicimos un informe sobre las vulneraciones de derechos humanos desde el 16 de agosto de 1936, hasta finales de los setenta. Hemos incluido a torturados, muertos, heridos y exiliados”, señaló a Público Xabier Lasa, integrante del grupo de memoria histórica Oroituz de Andoain.

No en vano, en la querella que se formalizará este miércoles se personarán trece denunciantes, entre las cuales hay algunas víctimas de torturas por parte de la Guardia Civil en el ya desaparecido cuartel de Andoain. “Aquello fue un pequeño Intxaurrondo”, comenta Lasa. Asimismo, entre los querellantes también estará un familiar de José Ramón Ansa, el joven de esa localidad guipuzcoana que fue asesinado por el Batallón Vasco Español (BVE) en mayo de 1979.

Un tribunal desestima el recurso de un denunciante de un delito de lesa humanidad y de torturas durante el franquismo

• Se rechazan los argumentos del querellante porque la denuncia ya ha prescrito y no puede existir irretroactividad penal
• En España, a diferencia de otros países, así como por lo dispuesto por la ONU, los delitos de lesa humanidad y de tortura no son imprescriptibles

Infolibre

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/06/11/un_tribunal_desestima_recurso_denunciante_delito_lesa_humanidad_torturas_durante_franquismo_95891_1012.html

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso de un denunciante de un delito de lesa humanidad y de torturas por parte de la Brigada Político Social durante el franquismo, que reclamaba que el caso siguiera adelante y no se decretara la prescripción de los delitos que había acordado un Juzgado de Instrucción, según informa Europa Press. El tribunal rechaza estos argumentos porque la querella se impuso casi 48 años después de los hechos, porque no puede existir irretroactividad penal y porque los delitos de lesa 

humanidad cometidos antes del 1 de octubre de 2004 no pueden ser perseguidos al no haber ratificado España la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de las Naciones Unidas del 26 de noviembre de 1968, por lo que no puede ser aplicable este texto internacional.

Ello impide, pues, la persecución en España de los hechos susceptibles de ser calificados como tal delito, cuya comisión es anterior al 1 de octubre de 2004«, apunta la sala en una resolución fechada el 21 de marzo de este año, en la que el tribunal rechaza el recurso interpuesto frente al auto del 30 de enero de 2019 del Juzgado de Instrucción número 7 de Valencia y lo confirma en su integridad. El recurrente alegaba vulneración a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción por entender que los hechos son constitutivos de tortura y de lesa humanidad. Los hechos objeto de denuncia se basan en la detención y posterior tortura sufrida por el querellante en el año 1971 por parte de, entre otros, el querellado, miembro de la entonces denominada Brigada Político Social en la ciudad de Valencia. Se refiere también la querella a que entre los días 23 y 24 de abril del mismo año fueron detenidas varias personas contrarias al régimen franquista en las que participaron, entre otros, los querellados, que aislaron a la víctima, le dejaron incomunicado, sin ropa de abrigo y sin recibir prácticamente alimentos y bebida durante una semana. 

Además, fueron golpeados en los interrogatorios, según procedimientos que se describen en la querella, por lo que se produjo un juicio de faltas contra los policías, que fue sobreseído en diciembre de 1972 por un juez especial.

«Irretroactividad penal»

El tribunal argumenta que el recurso no puede prosperar, puesto que la querella se interpuso casi 48 años después de sucedidos los hechos, mucho antes de la entrada en vigor del artículo 607 bis del Código Penal, «lo cual plantea no solo una cuestión de irretroactividad penal -por la cual nadie puede ser condenado por un delito y/o una pena que no estuviera prevista por ley anterior a su perpetración-, sino también de prescripción. Los delitos más graves prescriben a los 20 años de su perpetración, subraya. Frente a ello, el recurrente alegaba que debe aplicarse un principio de lesa humanidad para continuar con la investigación, a lo que la sala responde: «Su argumentación choca con la ya interpretada por el Tribunal Supremo, en sentencia del 1 de octubre de 2007, en el sentido de que para la aplicación directa de dichas previsiones internacionales es requisito sine qua non una transposición al derecho interno de las mismas. De lo contrario, los tribunales españoles excederían con creces su jurisdicción al actuar como tribunales internacionales y no sujetos, por ello, a la ley española».

Regulación que «todavía no se ha producido»

La sala añade que «no es discutible, por otro lado, la potente protección internacionalfrente al delito de torturas, ni tampoco que diversos tratados internacionales de los que España es parte, tiendan a que los estados firmantes eliminen la prescripción del delito de tortura, así como que el comité internacional contra la tortura dependiente de la ONU critica que en España el delito de tortura no sea imprescriptible, pero todo este cuadro normativo internacional lo que refleja es un principio de deber ser, respecto a la necesidad de que nuestro ordenamiento jurídico penal interno haga una regulación en tal sentido, cosa que todavía no se ha producido».