La Larga noche de la impunidad

Eldiario.es/Jacinto Lara y Miguel Urban

• Aunque sea con 45 años de retraso, esta democracia no puede permitirse el lujo de mantener la impunidad del franquismo sobre sus espaldas

Presiento que tras la noche,

Vendrá la noche más larga,

Quiero que no me abandones

Amor mío, al alba.

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Hoy se cumplen 45 años del asesinato de las últimas cinco personas a las que Francisco Franco mandó fusilar. Este 27 de septiembre se cumple el aniversario en el que José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui mancharon de sangre el alba de Barcelona, Burgos y Hoyo de Manzanares (Madrid). A día de hoy siguen impunes los jueces que condenaron, los ministros que convalidaron y los voluntarios que participaron en los piquetes de ejecución de estos asesinatos “legales”. Igual que ocurre con los responsables de los centenares de miles de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y otros múltiples delitos cometidos durante toda la dictadura franquista.

Los asesinatos del 27 de septiembre suponen y representan un crimen de Estado, un crimen internacional, un crimen contra la humanidad, al haberse cometido en un contexto en el que la dictadura franquista, fiel a su política sanguinaria, ejercía una represión sistemática contra la población civil y muy en particular contra todos aquellos que se oponían a la dictadura. Miles de personas se movilizaron en todo el mundo para evitar estos asesinatos, pero Franco decidió morir matando. A pesar de haber transcurrido ya 45 años desde ese funesto día, las familias de los asesinados continúan exigiendo todavía una justicia que se les ha negado en democracia. 

Una democracia que, a diferencia de los países que sufrieron regímenes autoritarios y fascistas homologables al español, no ha podido juzgar su dictadura, sus crímenes y a sus criminales, una auténtica excepción en Europa. En torno a esta excepcionalidad democrática española se ha construido un régimen de impunidad único en el mundo, como reconoció el filósofo Jon Elster en un estudio comparado, al afirmar que “el caso español es único dentro de las transiciones a la democracia por el hecho de que hubo una decisión deliberada y consensuada de evitar la justicia transicional”.

Esta impunidad es la base sobre la que se asienta tanto la permanencia del aparato represivo del Franquismo como, sobre todo, el mantenimiento del bloque económico y de poder que transitó de la dictadura a la democracia. Porque si algo caracterizó a la Transición fue que las élites del franquismo transitaron impunemente al nuevo marco constitucional, conservando intactos los privilegios que habían acumulado durante la dictadura y gracias a ella.

Esta sistemática inactividad, omisión e incluso obstrucción activa a cualquier posibilidad de juzgar al franquismo por parte de las autoridades políticas y jurídicas de nuestro país ha motivado que las víctimas de la dictadura hayan tenido que recurrir a instancias internacionales en defensa de sus derechos.  Así, han interpuesto las correspondientes querellas por estos hechos ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires, en el que se tramita la denominada querella argentina en virtud del principio de Justicia Universal. 

La presentación de dichas querellas originó que el Juzgado argentino imputara en el año 2014, por delitos de homicidio agravado en un contexto de crímenes contra la humanidad, entre otros, a dos ministros franquistas, Fernando Suárez González y José María Sánchez Ventura Pascual –hoy fallecido- y a uno de los vocales auditores que actuó en los Consejos de Guerra que dictaron las condenas a muerte ejecutadas el 27 de septiembre, Jesús Cejas Mohedano.

 bien las autoridades judiciales argentinas interesaron su extradición, dichos pedidos fueron denegados por el Consejo de Ministros español en el mes de marzo de 2015. También el Juzgado argentino, durante el año 2016, solicitó que se tomara declaración indagatoria a los imputados por parte de los Juzgados y Tribunales españoles y esa posibilidad también fue rechazada por éstos. Esto es, el Estado español ni investiga ni juzga tan horrendos crímenes, ni colabora, tal y como está obligado, con la justicia argentina para esclarecer y enjuiciar los hechos denunciados. Todo ello a pesar de que tal y como estipulan las normas del derecho internacional de los Derechos Humanos firmadas por España, ninguna ley, práctica o decisión política o judicial puede amparar crímenes contra la humanidad como los  que se cometieron sistemáticamente durante toda la dictadura franquista.

Sirva de ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito y ratificado por España antes de que se dictara la Ley de Amnistía, y que establece, en su artículo 15.2, que nada impedirá el juicio y la condena por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.

Hace unos días conocimos el contenido del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática presentada ante el Consejo de Ministros. El contenido normativo que incorpora el citado Anteproyecto, si bien supone un avance muy sustancial en relación con el reconocimiento de determinados derechos a las víctimas de la dictadura y la Transición, en el terreno de la Justicia las medidas que prevé son insuficientes. Básicamente porque no modifica de forma sustancial los elementos jurídicos que esgrimen los Juzgados y Tribunales españoles en múltiples resoluciones para archivar todas y cada una de las acciones penales que se ejercitan.

Estos elementos, como son la Ley de Amnistía de 1977, el principio de legalidad y la prescripción de los delitos, deben ser desplazados, en cuanto a su aplicación, atendiendo al contenido de los Convenios y Tratados Internacionales ratificados por el Estado español en esta materia. Pero los Juzgados y Tribunales españoles no lo hacen, se niegan a hacerlo, y así lo han venido afirmando en sus resoluciones. 

Aunque sea con 45 años de retraso, esta democracia no puede permitirse el lujo de mantener la impunidad del franquismo sobre sus espaldas. No hay justificación ética, política o jurídica que justifique no remover definitivamente los obstáculos que impiden garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas de la dictadura y sus familiares. No solo se lo debemos a Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo Solla, Ramón García Sanz, Ángel Otaegui y Juan Paredes Manot “Txiki”, los últimos fusilados por el franquismo. Sino que nos lo debemos a nosotros mismos como sociedad, porque una democracia que haga honor a ese nombre, no puede seguir transitando por la larga noche de la impunidad.

Las condenas de los últimos fusilados por Franco no han sido anuladas en la democracia

Público /María Serrano

El dictador siguió matando hasta pocos días antes de su muerte. Los últimos fusilamientos de la dictadura fueron el 27 de septiembre de 1975 

https://m.publico.es/sociedad/2116487/las-condenas-de-los-ultimos-fusilados-por-franco-no-han-sido-anuladas-en-la-democracia/amp

Se cumplen 44 años de los últimos fusilamientos perpetrados por el franquismo el 27 de septiembre de 1975, por pelotones de voluntarios de la Guardia Civil: José Humberto Baena, José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García Sanz (militantes del FRAP), Jon Paredes Txiki, y Ángel Otaegui (de ETA) fueron sus víctimas.

“Escuché los primeros disparos y no sabía si era mi hermano Después, los segundos y los terceros. Hubo un silencio muy grande y vimos bajar riéndose a los miembros de los pelotones de fusilamiento”. 

Relato de Victoria Sánchez-Bravo en Hoyo de Manzanares el 27 de septiembre de 1975

“La consulta de los más de dos mil folios de los procesos que se instruyeron contra ellos no deja lugar a la duda: fueron víctimas de un simulacro de justicia que los sentenció antes de juzgarlos”. Carlos Fonseca sentencia en su libro Mañana cuando me maten la “condena macabra” de aquellos últimos Consejos de guerra que terminaron con la vida de cinco jóvenes militantes de izquierdas. “Las pruebas fueron obtenidas mediante torturas o burdamente manipuladas y se les privó de las mínimas garantías de defensa”. Sus familias nunca han recibido ningún gesto de perdón ni de justicia por aquel crimen. Victoria Sánchez-Bravodestaca en el 44 aniversario de los asesinatos a Público que “ninguno de los gobiernos democráticos ha querido pedir disculpas ni anular esta condena”.

Cuatro Consejos de guerra en el último verano

En el verano de 1975, había pendientesvarios Consejos de Guerra y condenas a muerte en el eclipse del régimen para once militantes, dos de ellos eran mujeres. El primero se celebró en el Regimiento de Artillería de Campaña 63 de Burgos el 28 de agosto. En él fueron juzgados José Antonio Garmendia Artola y Ángel Otaegui Etxebarria, ambos de la organización ETA. Otaegui sería el único ejecutado.

En las dependencias militares de El Goloso, en la capital madrileña, se celebró los días 11 y 12 de septiembre de 1975 un Consejo de Guerra sumarísimo contra militantes del FRAP. De los tres fueron condenados a muerte; solo José Humberto Baena Alonso sería ejecutado en Hoyo de Manzanares (Madrid). Cinco días más tarde había otro Consejo de Guerra sumarísimo contra otros militantes del FRAP. Dos militantes fueron ejecutados, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez-Bravo Solla, en Hoyo de Manzanares.

El último consejo sumarísimo tuvo lugar el 19 de septiembre en el Gobierno Militar de Barcelona. En él fue juzgado y condenado a muerte Juan Paredes Manot, Txiki, de ETA.

“Policías llegaron al pelotón para jalear las ejecuciones»

El párroco de Hoyo de Manzanares recuerda el escenario de los tres fusilados antes de ser abatidos en aquel municipio madrileño. Fonseca recoge su testimonio y la estampa dantesca que vivió en aquellos momentos. “Además de los policías y guardias civiles que participaron en los piquetes, había otros que llegaron en autobuses para jalear las ejecuciones. Muchos estaban borrachos. Cuando fui a dar la extremaunción a uno de los fusilados, aún respiraba. El teniente que mandaba el pelotón le dio el tiro de gracia”.

Las sentencias de muerte se conocieron poco antes de las nueve de la noche del 26 de septiembre de 1975. Menos de cuarenta y ocho horas antes del fusilamiento. La noticia la daría en televisión el entonces ministro de Información y Turismo de Franco, León Herrera Esteban.

De los once condenados a muerte, se salvaron dos mujeres

Fonseca investigador y autor del libro Mañana cuando me maten relata “la estancia de la sala de prensa del ministerio que rebosaba de periodistas españoles y corresponsales extranjeros, sin capacidad para dar cabida”. Esteban Herrera con gesto grave, tomó asiento, y comenzó a leer el “imperturbable el comunicado”. Nadie daba crédito a aquel veredicto. “Entre la confirmación o la conmutación de todas las penas, como había ocurrido en el Proceso de Burgos, el régimen optó por una solución intermedia, con la que entendía trasladaba un mensaje de firmeza en la lucha contra el terrorismo, sin renunciar a la magnanimidad”, relata Carlos Fonseca sobre lo ocurrido. De los once condenados a muerte, se salvaron dos mujeres. Concepción Tristán López y María Jesús Dasca Penelas, sobre las que pesaba una petición de pena de muerte. Las modificaron por treinta años de reclusión por estar embarazadas.

En medio de aquel juicio tuve que gritar “criminales”

Victoria Sanchez-Bravo tenía 22 años en aquella terrible fecha. Recuerda a Público las horas de espera en el juicio, la angustia y el terror que sufrió delante de aquellos jueces militares, en el momento en el que sentenciaron a su hermano José Luis Sánchez Bravo. Tenía solo 21 años de edad. “Estaba con mi madre y no se me olvida como me salió toda la angustia que tenía dentro. En medio de aquel juicio grité criminales”. Recuerda a Público como los representantes de las embajadas ni los periodistas extranjeros entendían el paripé del Consejo sin “ningún tipo de defensa particular y sin admitir pruebas” por parte de sus abogados.

La familia de Sánchez-Bravo nunca pudo dar en el juicio las pruebas por las que se podía dar a conocer que Sánchez-Bravo y su compañera estaban en Murcia el día del lugar de los hechos. “A pesar de los testigos, vecinos y el taxista que los trasladó y quería testificar para confirmarlo, los abogados no pudieron entregar ninguna prueba. No la admitían”.

“Pedimos indultos hasta a la hermana del dictador”

Victoria recuerda como los abogados les pedían a las familiares recorrer todas las instancias posibles para pedir el indulto. “Incuso fuimos como el padre de Baena, a pedir el indulto al general de Artillería de Estado Mayor, Alfonso Armada, secretario del príncipe de España, Juan Carlos de Borbón. Armada respondería a los familiares “que la solución al problema que plantea se sale de nuestras atribuciones, por lo que nada podemos hacer para favorecerle”.

Fotografia indulto solicitada. / ‘Mañana cuando me maten’

El intento de apoyo por parte del Vaticano, a través del cardenal Tarancón, también fue en vano. “Fue una petición que hicimos para que la Iglesia intercediera pero solo lo hizo a través de la vía diplomática sin luchar por ninguno de los casos”, sentencia a Público.

Victoria destaca como todas las familias de los procesados han quedado en su mayoría destrozadas. En primera mano habla de su madre, de la muerte de dos de sus dos hermanos en plena caída del régimen. “Mi madre ha sufrido, algo indescriptible. Mis tres hermanos pequeños fallecieron en aquellos años. Ella solo pedía que la muerte le llegara lo antes posible”, afirma a Público.

Victoria llegó incluso a hacer lo imposible como plantearse acudir ante la casa de Pilar Franco. “Allí estuvimos esperando hasta que llegó y nos atendió. Decía que estuviéramos tranquilas, que nos les iba a pasar nada. Y no hizo nada por salvarlos”.

«Que sea la última que dicte un tribunal militar»

Carlos Fonseca recuerda en su libro la lucha incansable de otros familiares como Fernando Baena que “en aquellos meses viajaba a Madrid solamente para veinte minutos escasos de contacto” con su hijo. José Humberto pudo verse con los suyos antes de la ejecución, como relata su padre en su diario personal. “Llegamos a las seis y media a la puerta de la prisión. Los funcionarios inmediatamente nos llevaron a su presencia y pudimos abrazarnos”.

La carta de despedida de José Humberto fue entregada a su familia el 30 de septiembre, tres días después del fusilamiento:

“Me ejecutan mañana de mañana. Quiero daros ánimos. Pensad que yo muero, pero que la vida sigue (…) Cuando me fusilen mañana pediré que no me tapen los ojos para ver la muerte de frente. (…) ¿Recordáis lo que dije en el juicio?: «Que mi muerte sea la última que dicte un tribunal militar». Ese era mi deseo, pero tengo la seguridad de que habrá muchos más”.

En la mañana de la ejecución Victoria Sánchez-Bravo estuvo acompañada por el abogado Fernando Salas y su familia. “Cuando salimos de la cárcel, los policías nos insultaban. A mi madre le dijeron disparates, como que su hijo era un asesino e iba a recibir su merecido”.

El periodista alemán, Friedrich Kassebeer, corresponsal del Süddeutsche Zeitung estuvo en aquellos momentos en Hoyo de Manzanares. En el libro de Fonseca señala que que estaba vigilado por la Guardia Civil, que nos detuvo en dos controles para identificarnos antes de dejarnos continuar”. A pesar de que la ejecución era público, nadie podía acceder a la zona.

Txiki y Otaegui, los únicos reconocidos como víctimas

Flor Baena, hermana de José Humberto es la única testigo de la familia que sigue con la lucha abierta tras el fallecimiento de sus padres. “Busco justicia, no venganza. La vida no se la va a devolver nadie, pero quiero que al menos se reconozca que mi hermano fue asesinado, y no un asesino”.

En el año 2000 pudo presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para reclamar la nulidad de la condena. Sin embargo, relata a Público como se “rechazó la pretensión alegando que la Constitución no estaba vigente cuando ocurrieron los hechos”. Recurrió en 2015 entonces al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La demanda fue desestimada. Cinco años después se negaría de nuevo el requerimiento ante Comité de Derechos Humanos de la ONU. La resolución indicaba, según aclara Carlos Fonseca en su libro que “los hechos ocurrieron antes de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” de este organismo.

Flor presentó el 23 de abril de 2012 una denuncia en el Juzgado número 1 de Buenos Aires y forma parte de la conocida querella argentina. A pesar de haber agotados todas las vías, continua sin perder la esperanza.

Mikel Paredes, hermano mayor de Jon Paredes Manot, Txiki, ha sido “el único familiar testigo directo de su muerte” que presenció aquel 27-S en Cerdanyola (Barcelona). “Ahora da charlas y participo en actividades en escuelas para que los más jóvenes conozcan de primera mano la devastación que produce la violencia”.

Merche la prima de Ángel Otaegui, se ha convertido en la principal conocedora del caso y que transmite hoy su legado. Cuando asesinaron a su primo tenía solo doce años de edad.

Txiki y Otaegui fueron los únicos de aquellos cinco fusilados reconocidos en noviembre de 2012 por el Gobierno vasco, como víctimas de la violencia de motivación política al haberse vulnerado su derecho a un juicio justo.

Causa de la muerte, shocktraumático

El testimonio del párroco es bastante crudo y concluye cómo los familiares identificaron los cuerpos tras el asesinato. “Las familias recibieron los certificados de defunción firmados por el teniente médico. Se inscribía como causa de la muerte shock traumático, y los de inscripción en el Registro Civil y licencia para dar sepultura emitidos por el juez de paz Juan Egido”.

El fotógrafo Gustavo Catalán Deus recuerda que delante de los féretros “había militares, policías, abogados y algún familiar. La tensión era enorme”. No faltaban ni los temidos agentes de la BPS. Fonseca describe la escena. Y como “desde el famoso comisario Saturnino Yagüe a Billy el Niño vistieron corbatas de colores chillones para la ocasión”.